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En agosto de 2018 Uruguay, bajo el mandato de Tabaré Vázquez, se sumó a Chile y a Perú como los primeros países en América en adoptar el sistema de rotulado frontal de advertencia. El decreto encerraba una trampa: establecía un período de 18 meses de adaptación para las marcas, un tiempo que dejaba demasiado margen para el lobby.
Así, el decreto que garantiza el derecho a la información de los consumidores y posibilita la elección de alimentos saludables en un contexto crítico de aumento de las enfermedades metabólicas estuvo solo a un tris de ser aplicado. Pero en setiembre de 2020, con el gobierno de Lacalle Pou, se publicó un nuevo decreto que dilataba los plazos por primera vez. Una investigación de Stephanie Galliazzi para Bocado, que se publicará en la próxima semana, revela en detalle los grupos de interés que se movilizaron para frenar o debilitar esta política pública.
Con los nuevos plazos, la expectativa estaba puesta para la aplicación integral del decreto a partir del 1º de febrero. Pero el 26 de enero, por comunicación oficial, la ciudadanía uruguaya se enteraba de que una cantidad de productos que habían sido descubiertos con exceso de azúcar, grasas y sal agregadas no serían rotulados. Fue el Ministerio de Industria el encargado de hacer el anuncio del corrimiento de los límites del perfil de nutrientes.
Lo que obtuvieron las marcas es la posibilidad de vender por libres de sellos productos con un 20% más de sodio (de 400 a 500mg), 30% más de azúcares (de 10 a 13g), 45% más de grasas saturadas (de 9 a 13g) y 50% más de grasas totales (de 4 a 6g) en porciones de 100 gramos o 100 militros. Uno de los ejemplos más contundentes son las Bridge, galletas típicas de Uruguay que debido a las flexibilizaciones mencionadas ya no recibirán más el octógono que indica exceso de grasas saturadas. También son los helados de Conaprole quienes se salvan de las etiquetas de grasas totales.
Todas estas flexibilizaciones dejan fuera de la advertencia a una gran parte de los yogures y de los postres lácteos, reduciendo así el alcance del rotulado.
La medida desató críticas por doquier. El doctor Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, publicó en su cuenta de twitter: “Así, menos alimentos serán rotulados. Priorizan los intereses de la industria sobre la prevención de las Enfermedades no Trasmisibles, una pandemia reconocida. Sin respaldo científico. En contra de pautas internacionales. Juan Pueblo perjudicado. Rechazo total a esta decisión.”
Otra de las críticas de mayor contundencia fue el comunicado de la Alianza de la Sociedad Civil para el control de las Enfermedades No Transmisibles (A-ENT), que indicó: “Era de esperar que el cambio en una política de salud pública lo definiera el Ministerio de Salud Pública basado en información científica, libre de conflictos de interés. Sin embargo, nos vimos sorprendidos cuando el cambio de la normativa es propuesto por el Ministerio de Industria, Energía y Minería”.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) indicó en 2015 que, entre 1999 y 2013 se observó un aumento del sobrepeso en adultos del 52,5% al 64,9%, coincidiendo estos datos con la triplicación del consumo de bebidas azucaradas y la de otros alimentos con excesiva cantidad de azúcares.
Los datos son alarmantes, y exigen acciones contundentes.
¿Es mejor una mala política pública que la falta de ella? Si de acceso a la información y derecho a la salud se trata todo pareciera indicar que este decreto, aplicada por fuera de los criterios científicos, confundirá a los consumidores y será perjudicial para aquellas personas que busquen los sellos para orientar su alimentación.
En un país donde el agua potable escasea 133 mil millones de litros de agua son utilizados por la industria de comida ultraprocesada que además de provocar enfermedades crónicas destruye la naturaleza.
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