Cúpula sobre Sistemas Alimentares da ONU expõe descolamento entre posições oficiais dos países latino-americanos e demandas da sociedade. Brasil de Bolsonaro cria realidade paralela, enquanto Argentina de Fernández ignora contradições do agronegócio
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Los agroquímicos no son inocuos, dañan. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) publicó un estudio que prueba lo nocivos que son en el desarrollo de los niños. Informe crucial porque Argentina es un país agroexportador que en 20 años (desde 1991 hasta 2011) ha aumentado un 1.279% su uso de químicos, según datos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Tan solo en el año 2018 se utilizaron 525 millones de kg/l de herbicidas en nuestros suelos, en información de la ONG Naturaleza de Derechos.
La falta de estadísticas oficiales acerca de efectos de agrotóxicos en niños hace que la investigación de la SAP sea un hito sin precedentes, algo que marca un antes y un después en la pediatría. Según los autores, “si bien hay múltiples publicaciones que dan cuenta de diversos efectos perjudiciales de los agroquímicos sobre la salud, no disponemos en el ámbito pediátrico nacional de un documento que resuma los hallazgos sobre los efectos de los agrotóxicos en la población infantil ni aborde esta problemática de modo integral”.
En su informe, la SAP advierte que la salud infantil está en riesgo porque los agrotóxicos son capaces de generar efectos tales como déficit de atención, autismo e hiperactividad, llegando incluso hasta enfermedades neurodegenerativas, cáncer hematológico y tumores sólidos. Alarmantes casos sobre los que poco se ha dicho, explica el doctor Pablo Cafiero, Pediatra del Desarrollo y Jefe de Clínica del Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Hospital Garrahan, quien trabajó en la realización del octavo capítulo del estudio. “Dentro de los agentes más relevantes por sus efectos en la salud humana se encuentran los agrotóxicos. Estos efectos han sido pobremente definidos y subestimados, y en general, no se incluyen en los programas de enseñanza formación de grado y post grado.”
La investigación recorre a lo largo de 12 capítulos un exhaustivo análisis de la incidencia de tóxicos en los niños pero también en la tierra, aplicando una lectura sistémica y multidisciplinaria porque participan ingenieros, médicos y científicos.
A fines del 2018, la Relatora Especial de ONU sobre el Derecho a la Alimentación reveló que el glifosato “se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías”, proponiendo a la agroecología como una solución exitosa y viable. Pero dejar de usar agroquímicos parece ser un tema tabú, algo inpensable, mientras en otros países como Francia o México han implementado proyectos con el objetivo de reducir a cero el uso de tóxicos para el año 2035.
Medrardo Ávila Vázquez, médico pediatra, neonatólogo y docente, explica en el séptimo capítulo del informe de SAP que los pueblos cercanos a donde se usan agrotóxicos están expuestos a un riesgo preocupante. Porque los pesticidas, ya examinados por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, son en su mayoría cancerígenos con distintos niveles de evidencia.
En Argentina el químico más utilizado es el glifosato, acerca del cual dice Ávila Vázquez: “Los estudios de genotoxicidad del glifosato enfatizan la ocurrencia de daño en las cadenas de ADN. Cuando el daño no puede repararse, cuando es irreparable, esas células no son eliminadas. Pueden aparecer y persistir mutaciones celulares que dan origen a un linaje autónomo de células sin control, conformando el comienzo de la biología manifiesta del cáncer”.
El asma es uno de los efectos más recurrentes de los químicos en cuestión. “La exposición a tóxicos ambientales puede explicar la tendencia en ascenso de las tasas globales de asma puesto que la investigación epidemiológica ha correlacionado la exposición a sustancias químicas ambientales como pesticidas y otros con tasas crecientes de asma. Y pruebas experimentales han documentado a algunos químicos como agentes causales capaces de producir desequilibrios inmunológicos característicos del asma” explica.
Dentro del informe, en el séptimo capítulo, se expone el caso de Monte Maíz, una ciudad del sureste de la provincia de Córdoba. Allí, en 2014 miembros de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC realizaron un estudio a solicitud del intendente de la localidad. Utilizaron la misma metodología que el Estudio Internacional sobre Asma y Enfermedades Alérgicas en Niños (ISAAC), y encontraron datos preocupantes: más de la mitad de los niños de 13 y 14 años de Monte Maíz debe usar bronco dilatadores inhalados. Es decir, alto riesgo de padecer asma por el simple hecho de vivir en ese lugar.
María Gracia Caletti, pediatra nefróloga y consultora del Hospital Garrahan, considera que el nuevo estudio de la SAP, titulado “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”, nació para cubrir una desatendida deuda del Estado argentino con sus ciudadanos: falta de leyes, incumplimiento de las existentes, ausencia de personal de salud capacitado en el tema, falta de concientización de la población y ausencia de registros médicos y estadísticas, entre otros factores. La actividad agropecuaria, dice la doctora Caletti, “está implementada según criterios principalmente económicos, y encuentra al país con una serie de deficiencias que impiden el control del uso de los agrotóxicos y así la protección de la salud de la población”.
Ignacio Bocles, médico y docente de la Cátedra de Embriología de la Facultad de Medicina de la UBA, se encargó del noveno capítulo del informe junto con el doctor Damián Markov. Estudiaron los efectos de los agrotóxicos en el desarrollo embrionario y en el sistema nervioso infantil. En diálogo con bocado, Bocles asegura que existe poca información para pediatras en cuanto a los daños que los pesticidas generan en el desarrollo embrionario debido a una óptica del trabajo: la medicina hospitalocéntrica, centrada en diagnóstico y tratamiento, olvida las causas.
“Frecuentemente pensar solo en el diagnóstico y el tratamiento te hace miope a una problemática mucho más rica”, dice y explica que por eso el estudio no solo aborda la cuestión médica, también otros espectros de un asunto complejo.
Bocles afirma que hay mucho que aún no se sabe, y que el escenario es altamente arduo. La carga de contaminación es en sí muy compleja, dice, ya que en el aire conviven interacciones de muchos químicos distintos, y cada combinación en cada cuerpo genera efectos distintos. Al preguntarle por qué esto afecta particularmente a los niños, el docente de embriología explica: “En un niño hay muchas más chances de generar un daño crónico con el que cargará con él por el resto de su vida”. Ello porque en los primeros años de vida, mientras se configuran importantes herramientas del desarrollo del menor, el niño presenta una vulnerabilidad particular. Y así “los elementos que están en el ambiente configuran las posibilidades de desarrollo en múltiples variables. Eso aumenta la probabilidad de aparición de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, la generación de alteraciones en la motricidad, o la afección de reguladores hormonales en el eje sexual o tiroideo, por ejemplo”.
Para elaborar la sección de embriología que compone al capítulo el estudio se nutrió de modelos animales, así como de estudios hechos en humanos. “Utilizamos muchos modelos animales ya que la forma de entender estas anomalías congénitas o estos problemas del desarrollo es a través de un modelo muy controlado”, explica Bocles porque ante la inserción de un agroquímico en el espacio de los animales los efectos son más fáciles de evaluar.
A un año y medio del primer caso de COVID 19 se han difundido numerosas estadísticas oficiales al respecto. Sin embargo, no hay estadísticas oficiales acerca de los efectos de los agroquímicos desde hace más de 20 de años. Consultado sobre esa falta de información, Bocles asegura que la existencia -o ausencia- de estadísticas tiene razones claras: “Si hay algo que la pandemia demuestra es que cuando la decisión de registrar activa y dinámicamente está, se ejecuta fácilmente. La falta de información es una decisión política”. Atender a los efectos de agrotóxicos resulta urgente porque no es un tema de pocos, concluye el experto. “Todos nosotros, población urbana y rural, estamos afectados por estos mismos químicos que llegan a nuestros organismos, y no tenemos ningún poder de decisión al respecto. No sabemos cuáles son los alimentos que más tóxicos tienen, y está fuera de la discusión institucional que decidamos si se produce así o no en nuestro territorio”.
Tierra del Fuego es una provincia que en las últimas horas convirtió a la Argentina en el primer país del planeta en frenar la salmonicultura. Esta ley en favor del medio ambiente representa la finalización de un largo proceso que comenzó en 2018.
La salmonicultura moderna es una actividad que se basa desde hace más de 50 años en encerrar a los salmones en jaulas flotantes en el mar, donde se los mantiene a base de alimento peletizado y antibióticos por el resto de sus vidas. Este proceso implica un alto riesgo para el medio ambiente, ya que el enriquecimiento excesivo de un ecosistema o los casos de escape de las especies de las jaulas al mar abierto, causan no solo la depredación de otras especies sino también la trasmisión de bacterias que se encontraban concentradas en la jaula, diseminando enfermedades.
La ley recientemente aprobada prohíbe tanto el cultivo como la producción de salmónidos en aguas fueguinas, a modo de poder “asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos”. Sin embargo, también se contemplarán actividades de cultivo para repoblar, y se reconocerán los proyectos existentes de acuicultura, por lo que no representa una prohibición total.
El caso de Chile ha servido a Tierra del Fuego como un modelo de lo que no debe ocurrir. Chile es el segundo productor mundial de salmón a nivel global. Tan solo hacia el año 2005 exportaba 614 toneladas de salmón anualmente, un 38% de la producción global. Para ello, esta industria que crece a pasos agigantados ha ido refinando sus técnicas de explotación. Para mantener sus números estratosféricos, en 2014, la industria chilena usó 567 toneladas de antibióticos, un número sin precedentes.
Además de esto, en Chile ocurrieron escándalos en los últimos años que generaron revuelo a nivel mundial. El más influyente para que en Tierra del Fuego pasara la legislación contra la salmonicultura fue el ocurrido hace pocos meses, en el que casi 6000 toneladas de peces murieron debido al crecimiento de una marea de algas nocivas generadas por la propia industria. Si bien en 2016 el florecimiento de algas se había llevado la vida de aproximadamente 40.000 toneladas, que al ecosistema se le sigan añadiendo cantidades descomunales de materia orgánica y no se tomen las medidas necesarias es alarmante.
Sin embargo, personas como Daniel Schteingart, director del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), se opusieron al cambio. Schteingart dijo al medio Futurock que no estaba bien festejar la prohibición de actividades productivas, explicando que “Si solo se pone el problema ambiental creo que estamos mirando el problema de forma incompleta”.
El paso que la provincia argentina de Tierra del Fuego dio es sin duda pionero en el área, y se espera que se acoplen otros territorios para seguir protegiendo el ambiente.
En 2016 la sociedad colombiana dio los primeros pasos de una batalla que recién empezaría a ganar en 2021. La ley de comida chatarra, como se conoce en ese país al paquete de medidas que comienza con sellos negros que identifiquen nutrientes críticos y termina con una sociedad que ya no compra con naturalidad bebidas azucaradas y snacks como si fueran alimentos adecuados, obtuvo el voto afirmativo de la Cámara de Senadores a solo tres días de terminar el período legislativo. Colombia ingresará así a los países con políticas públicas que preservan el derecho a la salud por encima de los intereses comerciales, un lugar en el que ya están Chile, México, Perú y Uruguay. Sin embargo aún no se puede cantar victoria: en los próximos días tendrá lugar la conciliación del texto final, una instancia en la que la industria espera aprovechar para boicotear el triunfo. “Estamos felices pero no es momento de bajar los brazos”, dice Carolina Piñeros, Directora Ejecutiva de la Red PaPaz, una de las organizaciones más implicadas en esta batalla.
¿Consideran que la #LeyComidaChatarra es una buena ley? ¿Qué implica?
Sí, es una buena ley y es necesaria para la población colombiana. Su objetivo es garantizar el acceso a información clara, veraz, oportuna, visible, idónea y suficiente, sobre los productos ultraprocesados, tanto comestibles como bebidas, que se ofertan en el país, con el objetivo de mitigar los hábitos alimentarios inadecuados.
El alma de la Ley es implementar de un etiquetado frontal de advertencia para todos los productos comestibles o bebibles, clasificados de acuerdo con el nivel de procesamiento, que evidencie los contenidos de edulcorantes o los excesos de azúcares, grasas saturadas, sodio.
El sello de advertencia deberá ser de alto impacto preventivo, claro, visible, legible, de fácil identificación y comprensión para los consumidores, con mensajes inequívocos que adviertan al consumidor de los contenidos excesivos de nutrientes críticos y la presencia de edulcorantes.
Estas etiquetas deberán estar en el frente de los empaques y su forma, leyenda y tamaño será determinada por el Ministerio de Salud acorde con la mejor evidencia científica disponible libre de conflicto de interés.
El Ministerio de Salud también deberá determinar el perfil de nutrientes para el país, acorde con los lineamientos y recomendaciones de OPS y OMS.
Colombia tuvo quizás uno de los caminos más turbulentos para llegar a esta instancia, ¿quiénes fueron los lobistas más importantes? Entre las marcas, ¿las empresas locales como Postobón o las internacionales como Nestlé y Coca Cola?
La ANDI (asociación Nacional de Industriales) de manera permanente ha hecho públicas sus posturas de desacuerdo con los artículos que consideramos centrales en este proyecto. Pero también sabemos que contratan empresas que hacen la tarea de presionar a los tomadores de decisión. Sumado a que en Colombia muchos Congresistas y partidos políticos reciben dinero para sus campañas de las grandes industrias.
A lo largo de la discusión, a través de estos congresistas, han presentado proposiciones que buscan modificar el proyecto de ley, evitando, por ejemplo, que se haga referencia a los niveles de procesamiento como un criterio para definir qué productos deberían contener el etiquetado. También han recomendado como referente el CODEX alimentario, el cual desconoce la clasificación de los productos debido a su nivel de procesamiento ni plantea umbrales para definir el exceso de nutrientes críticos. Adicionalmente, han hecho énfasis en incluir declaraciones en salud en productos que contengan sellos frontales de advertencia, lo cual puede producir efectos contrarios a los que se buscan con la #LeyComidaChatarra, en la medida que pueden confundir al consumidor.
Lamentablemente, la presencia del Ministerio de Salud ha sido muy pobre en los debates de esta Ley y el que ha estado presente es el Ministerio de Comercio, quien ha estado al lado de estas Industrias y de los gremios.
¿El impuesto a las bebidas azucaradas en qué instancia se encuentra?
Se ha buscado que el impuesto a las bebidas azucaradas sea discutido en el contexto de las reformas tributarias presentadas por el Gobierno. En el último articulado presentado por el Ejecutivo para su discusión en el Congreso no fue incluida, a pesar de ser una recomendación de las comisiones de expertos consultadas.
En este momento, el proyecto de reforma fue retirado y no está en discusión; sin embargo, se sabe que se está preparando un nuevo texto y esperamos que el impuesto a las bebidas azucaradas sea incluido. En caso de no ser así, hay varios congresistas que han afirmado públicamente la necesidad de que lo incluyan en la propuesta de reforma, posiblemente ellos lo presentaran vía proposición durante el debate.
Desde la sociedad civil se ha puesto mucha insistencia en su conveniencia, también es una medida que goza de aceptación por parte de la ciudadanía. Estamos listos para hacer incidencia y lograr que se debata y apruebe en el congreso.
William Dermody, vocero de la asociación de bebidas estadounidense, afirmó que gravar las bebidas no tendría ningún tipo de incidencia en la obesidad. ¿Qué opinión tienen ustedes?
Existe evidencia científica libre de conflicto de interés que señala que el impuesto sí reduce el consumo, que es lo primero que se busca, con el tiempo esta reducción aporta a los objetivos en salud propuestos.
Por ejemplo, en México: El consumo de dichos productos disminuyó 9.7% en el 2015. De igual forma, dos años después de implementado el impuesto las compras de agua embotellada se incrementaron 2.1%. El número de consumidores de Bebidas Endulzadas disminuyó después del impuesto, mientras que el número de NO–consumidores aumentó. Después de la implementación del impuesto, la probabilidad de convertirse en no-consumidor aumentó en 4.7 puntos porcentuales, y la probabilidad de ser un consumidor bajo se incrementó en 8.3 puntos porcentuales.
En Berkeley, las ventas de bebidas azucaradas disminuyeron 9.6% en las tiendas en un año, igual ocurrió en Reino Unido y en otros países dónde se ha implementado.
Justamente estudios en Colombia prevén que al implementarse un impuesto no menor a 20% el consumo de estas bebidas se reduciría en 32%
¿Cuán poderosa es la industria azucarera en Colombia?
Muy poderosa. En Colombia esta industria es dueña de la de bebidas azucaradas y de comestibles y dulces ultraprocesados. Han impedido y bloqueado medidas que promueven la disminución de consumos no saludables. Muchos de los escenarios de decisión pública están capturados por estas industrias, tienen un enorme poder para influir en decisiones. Han logrado además crear un frente común liderado por la ANDI, que en varias oportunidades ha actuado acompañado de otros gremios FENALCO (Comerciantes), ANDA (Anunciantes), e incluso de asociaciones que la industria financia como ACTA y ALACCTA. Lamentablemente, en lugar de ser regulados participan o, más bien, bloquean las decisiones de salud pública.
¿Qué rol juegan y han jugado los medios de comunicación en estos procesos?
Algunos medios de comunicación masivos son también propiedad de los mismos dueños de empresas de bebidas azucaradas, lo que hace nuestra tarea un poco más difícil. Hemos sufrido vetos a la divulgación de nuestros mensajes en la TV abierta nacional (pueden ver los mensajes en www.nocomasmasmentiras.org y en www.villanabebidaazucarada.org). Por esa razón en el 2018 acudimos a una acción de tutela, acción legal que ganamos hasta la última instancia. Gracias a ese triunfo las organizaciones de la sociedad civil podemos pautar mensajes de bien público en TV. A su vez, tenemos una estrategia de relacionamiento con periodistas, comunicadores y plataformas, muchos de ellos independientes, que nos han ayudado enormemente a amplificar el mensaje. Ellos han sido claves para que muchas más personas en Colombia entiendan lo que es la #LeyComidaChatarra, vean con buenos ojos el #ImpuestoSaludable a las bebidas azucaradas, nos ayudan a sumar voces que presionan a los tomadores de decisión y, además, visibilizan las malas prácticas de la industria que denuncia la sociedad civil.
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