Etiquetado en Uruguay:
la salud (de la industria) primero
por Stephanie Galliazzi • Uruguay
Publicado el 10 febrero 2021
Fue pionero en el Mercosur al proponer una política de rotulado frontal. Pero después de casi tres años de dilataciones, se puso en marcha en este país una normativa que flaquea en sus exigencias hacia los fabricantes de ultraprocesados. Diálogos a puertas cerradas en Presidencia marcaron gran parte de las reglas del juego.
Desde hace un año las góndolas en Uruguay confunden. Galletitas con los tres octógonos posaron meses al lado de otras, igualmente hiper azucaradas, sin ninguna advertencia. Yogures de todo tipo y color; juguitos a base de jarabe de maíz de alta fructosa, colorantes y perfumes que intentan asemejarse a una fruta; legumbres enlatadas con exceso de sodio; cereales varios: productos que se vendieron sin ningún octógono. Y mientras las marcas se enfrentan desde hace meses a una competencia desleal entre quienes acataron en tiempo y forma las medidas del rotulado octogonal y quienes se apoyaron en las dilataciones del gobierno, los consumidores quedaron totalmente desorientados.
Todo este escenario se iba a esclarecer a partir del 1º de febrero, cuando comenzaría a regir el Decreto 246 de 2020. Pero eso no sucedió. Porque a menos de una semana de su entrada en vigencia, el gobierno uruguayo aprobó otra normativa (Nº 34/021) bajo la cual los valores límite de los alimentos con excesos de azúcar, grasas y sodio se flexibilizaron. Paradójicamente, el nuevo decreto se publicó bajo el logo del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y no — como correspondía y como se publicaron los decretos anteriores — bajo la insignia del Ministerio de Salud Pública (MSP). Entonces, sí, Uruguay tiene un sistema de rotulado obligatorio vigente, pero no hay tantos motivos para celebrar.
Resulta que Uruguay tiene un decreto de etiquetado de alimentos desde 2018, fue pionero con el rotulado en el Mercosur e internacionalmente es destacado por haber planteado hace más de dos años un sistema que establece que los productos comestibles altos en sodio, azúcar y grasas deben llevar un octógono negro de advertencia. Pero por más de dos años y medio el decreto original — el 272 de 2018 — reposó en tinta y papel. El que lo siguió, el 246, alimentó las expectativas pero nunca entró en vigencia. Y ahora, rige un decreto que, además de ser más flexible, no está siendo fiscalizado. Quedó en evidencia que la salud no es lo primero.
Rompe los ojos la manera en la que se dilató una iniciativa que apunta a contribuir en la reducción de enfermedades no transmisibles. Uruguay está entre los países latinoamericanos que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), registraron el mayor aumento en el consumo de ultraprocesados: entre el 2000 y el 2013 fue de un 146%. Paralelamente, se incrementaron las cifras de obesidad y sobrepeso: actualmente, un 37,2% de la población adulta presenta sobrepeso y 27,6% obesidad; 4 de cada 10 niños mayores de cinco años padecen alguna de esas problemáticas. Se trata de un país donde el principal problema en materia de seguridad alimentaria no es el hambre, sino la malnutrición, que afecta a un 34% de los niños en edad escolar.
Hasta el 26 de enero, el sistema de rotulado que se esperaba en Uruguay era uno. A partir de ese día, se supo que las reglas del juego serían otras. Los cambios avalaron que productos de mala calidad nutricional quedaran sin advertencia. Entre los grandes beneficiados entran los yogures y los postres lácteos.
Bajo los nuevos parámetros, el valor límite por cada 100 gramos de productos sólidos se elevó de 400 a 500 miligramos para el sodio, de 10 a 13 gramos para el azúcar, de 9 a 13 gramos para las grasas totales, y de 4 a 6 gramos para las grasas saturadas. Es decir que, en relación al decreto de 2020, los productos sólidos podrán contener un 25% más de sodio, un 30% más de azúcar, cerca de un 45% más de grasas totales y un 50% más de grasas saturadas.En el caso de los alimentos líquidos, se mantienen los valores límite cada 100 mililitros que estaban establecidos en el decreto de 2020. Pero como la nueva normativa exceptuó del cálculo de azúcares a la lactosa, el límite de varios productos líquidos también se vio afectado a favor de los ultraprocesados.
“Defensa a la industria”
“Se vieron beneficiados muchos yogures, postres lácteos y quesos. También pueden zafar jugos, refrescos, barritas de cereales y algunas galletas”, ejemplificó el nutricionista y autor del libro Saber Comer, Miguel Kazarez. El profesional entiende que la flexibilización de los límites es “una clara defensa a la industria antes que a la salud de los ciudadanos”. Por eso, cuestiona: “¿En qué estudios científicos se basaron para hacer estas modificaciones? Porque la propuesta inicial estaba basada en evidencia científica.”
En Uruguay, la industria operó bajo los mismos lineamientos con los que incidió en el resto de los países en los que se discutió el etiquetado. Como explicó Kazarez, la estrategia siempre tiene a la dilatación de los tiempos como eje central, junto con la negación y la propuesta de alternativas sin evidencia científica. “Se excusaron con argumentos banales y simplistas. Todo esto responde a un interés económico. Deberíamos conocer cuál fue el criterio que utilizó el gobierno ahora, porque dudo que alguna literatura establezca las recomendaciones que acaban de dar.”
Gastón Ares, ingeniero alimentario y doctor en química que integra el Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República, participó de la redacción del proyecto de 2018 y fue de los académicos más involucrados en todo el proceso de etiquetado en Uruguay. Al experto, lo que más le preocupa del nuevo decreto es que implica otra prórroga más. Porque, si bien entró en vigencia, todavía no se comenzará a fiscalizar. Además de que ya hay actores de la industria —como el presidente de la Cámara Industrial de Alimentos, Fernando Pache— que manifestaron en los medios que hasta mediados del año hay envases que no tendrán los octógonos correspondientes.
Según dijeron públicamente dirigentes del MIEM, el nuevo decreto retoma los lineamientos de 2018. No obstante, si bien en sodio y grasas los límites son bastante similares, en azúcares no. “En los lácteos, la cantidad de azúcar permitida es casi el doble. Es un cambio muy importante, especialmente porque son consumidos por la población infantil y porque tienen un marketing muy intenso que los vende como productos saludables”, explicó Ares. Y cuestionó: “Si la idea era volver al decreto 272, ¿para qué tuvimos un año de prórroga?”
Elecciones y marcha en reversa
Las dilataciones y marchas en reversa que tuvo el proceso dejaron en evidencia el poder de la industria sobre la salud. Desde 2018 hasta febrero de este año pasó de todo. Hubo prórrogas sobre la vigencia del decreto a merced de las empresas de ultraprocesados, se presentaron cerca de 10 recursos de revocación, se gestó todo un raid mediático principalmente protagonizado por representantes de la industria que presentaron sus argumentos en contra del etiquetado y hubo — y acá está uno de los puntos más importantes para comprender las estrategias empresariales y políticas — cambio de mando en el gobierno.
Los primeros pasos se dieron en 2016, cuando se formó un grupo interdisciplinario para trabajar en la redacción del decreto. Allí participaron representantes de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; Economía y Finanzas; Educación y Cultura; Desarrollo Social y Salud Pública. Además, se sumaron la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la OPS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En 2017 el gobierno abrió un período de consulta pública de más de dos meses para quien quisiera dar su opinión y, por supuesto, la industria opinó.
“Esto hizo que el decreto se flexibilizara. Se cambiaron los perfiles de los nutrientes y el plazo para que las empresas se adaptaran a la norma, que iba a ser de 12 meses, se estipuló en 18 meses”, recordó la nutricionista Ráquel Sánchez. Ella integra la Alianza de la Sociedad Civil para el Control de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) — organización que se puso al hombro la campaña en defensa del rotulado en Uruguay — y la organización Consumidores y Usuarios Asociados. De esa forma, el 29 de agosto de 2018 se aprobó el decreto N°272/18.
Casualidad o intencionalidad pura, la entrada en vigencia y fiscalización de esa norma se marcó para el 1° de marzo de 2020, el mismo día en el que asumiría el nuevo gobierno. Esa decisión fue definida por el Frente Amplio, la coalición de izquierda que estaba al frente de la administración en ese momento. En ese entonces, por delante estaba, además, la campaña electoral, en la que todos los partidos políticos reciben donaciones por parte de empresas privadas.
El Frente Amplio perdió la elección con el Partido Nacional y hubo un cambio de signo político en el país. En febrero de 2020, a menos de dos semanas de entrar en vigencia el decreto, trascendió en el diario El Observador que el gobierno entrante, liderado por el presidente Luis Lacalle Pou, no priorizaría su fiscalización. Y, a 11 días de asumir el mando, el jerarca que sucedió a Tabaré Vázquez firmó otro decreto mediante el cual otorgó una prórroga de 120 días más para la implementación del decreto 272. ¿Qué pasó cuando ese plazo venció el 28 de junio? Absolutamente nada. Recién el 2 de setiembre el gobierno aprobó otro decreto (Nº 246/020) con el que pateó la fecha de entrada en vigencia del etiquetado obligatorio para febrero de 2021 y determinó modificaciones a la norma anterior.
En lugar de establecer los excesos de sodio, grasa y azúcar en base al sistema recomendado por la OPS, que se basa en la proporción de calorías por productos, el decreto 246 fue más exigente y fijó el cálculo en función de la cantidad de nutrientes cada 100 gramos o 100 mililitros del producto. Pero esos límites exigentes solo fueron una pantalla. Los que se establecieron meses después con el decreto que finalmente entró en vigencia este año son más contemplativos con la industria.
“Los 18 meses no fueron arbitrarios. ¡Oh casualidad! la obligatoriedad empezaba el primer día de marzo. Y después vino el Covid, salió el presidente a decir ‘hay que activar los motores de la economía’ y se armó el Fondo Covid”, comentó el sociólogo miembro de la Alianza, Diego Rodríguez. Ese fondo se creó para financiar las situaciones derivadas de la emergencia sanitaria y recibe, entre otros ingresos, aportes de empresas privadas. El diario uruguayo La Diaria solicitó mediante un pedido de acceso a la información pública el detalle de las empresas que donaron dinero al fondo, pero el gobierno se negó a brindar estos datos.
Aunque el Covid no fue planificado, como sí lo fueron las tácticas que utilizó la industria a su favor, sirvió para que ciertas empresas pudieran hacer publicidad y ejercer presión “colaborando”. Coca-Cola, por ejemplo, donó una ambulancia al Ministerio de Salud Pública y McDonald’s ofreció sus productos comestibles de forma gratuita al personal de salud.
El gobierno se amparó desde la llegada de la pandemia en el discurso de “la salud primero”. Pero dejó que la industria modificara un decreto que pretendía ser una herramienta más para luchar contra las enfermedades no transmisibles, la principal causa de muerte en Uruguay y en el mundo. Enfermedades que, además, generan costos millonarios a nivel de salud pública anualmente. Pero sí, “la salud primero”.
Una ambulancia le bastó a Coca Cola para tener una foto con el presidente Lacalle Pou. Foto: gobierno Uruguay
Con Presidencia, a puertas cerradas
Pocos días antes de entrar en vigencia el decreto, el hermetismo por parte del gobierno aturdía. No se sabía cuáles iban a ser las modificaciones a la norma anterior — cambio anunciado en diciembre — ni cómo se fiscalizaría. Bocado intentó comunicarse sin éxito con jerarcas del MSP, del MIEM y de Presidencia. Pero ningún responsable quiso dar entrevistas sobre el tema.
Si bien el MSP y el MIEM fueron durante buena parte del proceso que comenzó en 2018 los encargados de manejar los hilos que movieron a un lado y el otro el rumbo del etiquetado, distintas fuentes del ámbito de la salud y de organizaciones de la sociedad civil involucradas contaron a Bocado que las últimas presiones por contemplar los reclamos de la industria y establecer límites más permisivos llegaron por parte de Presidencia.
En tanto la tesitura de la actual administración del MSP, encabezado por el ministro Daniel Salinas, fue la de respetar las reglas del juego que se habían pautado en 2018 y defender el etiquetado obligatorio como herramienta de lucha contra el avance de las enfermedades no transmisibles. Aunque el ministerio quedó solo dentro del gobierno al dar esta batalla. Esto quedó demostrado con la dilatación de las negociaciones interministeriales que finalmente concluyeron en el decreto que comenzó a regir este mes, que le otorga el liderazgo al MIEM.
Cabe recordar, además, que el actual Director General de Salud, Miguel Asqueta, participó activamente en la defensa del rotulado cuando era miembro de la Alianza ENT, antes de asumir su actual cargo.
En una discusión que, se supone, es materia de salud pública, la industria tomó en más de una ocasión las riendas del asunto y dejó en evidencia lo naturalizado que está el lobby en Uruguay. Desde las modificaciones que lograron con el primer decreto de 2018 hasta los últimos diálogos a puertas cerradas con el gobierno actual — administración en la que encuentran mayor receptividad —, la industria demostró que puede barajar las cartas del poder político.
Expertos patrocinados
Desde que comenzó la discusión en torno al posible rotulado frontal en 2016 hasta que el decreto 34 entró en vigencia el primer día de febrero de 2021, las idas y vueltas políticas estuvieron fuertemente determinadas por la injerencia incisiva y sostenida de la industria. Este sector contó con más minutos y caracteres en los medios de comunicación locales que los representantes de la sociedad civil que militaron a favor del rotulado. Como afirmó el sociólogo Rodríguez, “hubo un acceso diferencial en la prensa, porque ellos tienen la llegada y el poder económico”.
Los actores que tomaron un rol protagónico en la batalla contra el etiquetado fueron la Cámara industrial de Alimentos (CIALI) — que asocia a 78 compañías entre las que están, por ejemplo, Coca-Cola, PepsiCo, Grupo Bimbo y Nestlé (empresa que inauguró en 2018 su segunda planta industrial en Uruguay) —, con su presidente Fernando Pache como principal vocero; y la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén (AIMA), con el abogado Martín Montoro, del estudio Dentons Jiménez de Aréchaga, como su representante legal. También otros empresarios manifestaron su postura crítica sobre el etiquetado en notas puntuales.
Los intereses de las marcas de ultraprocesados también fueron defendidos mediante otros mecanismos no tan explícitos. La industria también se las ingenió para hablar a través de “expertos en” que apuntaron contra el decreto en momentos clave de la discusión en distintos medios. Entonces, se sumaron a la discusión académicos que — sin declarar su conflicto de interés ni explicitar que detrás de sus evaluaciones técnicas se podían solapar los intereses de las marcas — salieron a explicar por qué el decreto 272 no era adecuado.
El Grupo Disco — propietario de las cadenas de supermercados Disco, Devoto y Geant —, por ejemplo, es cliente de Espina Consultores. Esta agencia de comunicación organizó una gira mediática encabezada por dos ingenieras químicas de la Facultad de Química de la Universidad de la República (institución pública), quienes manifestaron su desacuerdo con el decreto de etiquetado. Ambas docentes, Alejandra Medrano y Adriana Gámbaro, dieron entrevistas y presentaron argumentos críticos sobre el etiquetado elaborados desde el departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CYTAL) de la facultad.
Desde el CYTAL, en voz de diferentes docentes, se realizaron reparos al decreto en distintas entrevistas, pero también en instancias académicas, como una jornada abierta que se organizó para discutir el tema el 11 octubre de 2018 en la sala de actos de la Facultad de Química. Algunas de las críticas de los representantes de este departamento fueron que las medidas de rotulado no eran las más adecuadas para lograr cambios en los hábitos alimentarios ni para reducir la prevalencia de enfermedades no transmisibles como el sobrepeso y la obesidad. A su vez, criticaron el perfil de nutrientes que estaba establecido en la primera norma. Otro de los argumentos, que también fue uno de los caballitos de batalla de representantes de la industria como la CIALI y AIMA, fue que el decreto iba en contra de los compromisos asumidos por Uruguay en el marco del Mercosur.
Durante el primer período de discusión, el CYTAL fue la única área académica de la Universidad de la República (UdelaR) que se opuso al decreto. En contrapartida, sectores de la universidad como el Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar, y el Observatorio del Derecho a la Alimentación apoyaron fervientemente el proyecto.
Por su parte, Medrano brindó una serie de entrevistas en 2017 y 2018 donde declaró, entre otros puntos, que el etiquetado de los alimentos en paquete (y criticó que se utilice el término “ultraprocesados” para estos) no es suficiente para reducir los índices de obesidad y sobrepeso, como sí lo es la educación. La doctora en química también reparó en que el etiquetado excluye los excesos de alimentos que naturalmente llevan ciertos nutrientes y ejemplificó con que el azúcar de la miel es igualmente perjudicial que el se incorpora en una mermelada.
Además de ser docente de la facultad de química, la experta es presidenta de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ALACCTA) — patrocinada en sus revistas y congresos por empresas como Coca-Cola y Danone. Pero Medrano no declaró su conflicto de interés en ninguna de las intervenciones públicas opuestas al sistema de rotulado.
Consultada por Bocado sobre este asunto, la docente contestó que lo que la llevó a opinar de temas como el del etiquetado fue su “compromiso con la sociedad y el poder llevar la voz de la ciencia”. También dijo que no se sintió presionada. “No tengo ningún tipo de vínculo con la industria ya que mi perfil es totalmente científico, como es el caso de la doctora Gámbaro”.
Sobre los profesionales que conforman ALACCTA, afirmó que, “en el momento de dar nuestra opinión, nos expresamos y relacionamos hechos basados en la ciencia, informamos el fundamento de nuestras opiniones con datos precisos y damos ejemplos claros”. Y agregó: “Basamos nuestros pareceres en las regulaciones internacionales. Y en este caso Codex ya está tratando el tema y sería deseable que las normas de los países respeten los lineamientos que marca”.
Según la ingeniera alimentaria, “el patrocinio de empresas del sector agroalimentario a eventos y congresos de ciencia y tecnología no involucra ningún requisito y de ningún modo implica que los miembros de ALACCTA y sus asociaciones miembros transmitan el parecer de la industria”.
También le consultamos a Medrano por el vínculo con Espina Consultores durante las entrevistas que brindaron por distintos medios con Gámbaro, pero la profesional no contestó nada al respecto.
Los eventos de Alaccta son un desfile de corporaciones afectadas por políticas públicas. Y una trinchera en su defensa
En una entrevista radial con el programa “No Toquen Nada”, emitido desde Montevideo, Medrano participó junto a Alejandro Cattivelli. En esta instancia, el ingeniero, que participó de la nota como miembro de la Asociación de Ingenieros Alimentarios del Uruguay (AIALU) para manifestar la postura crítica de la asociación ante el etiquetado, declaró su conflicto de interés. Es que su apellido es reconocible para los uruguayos: forma parte de Cattivelli Hnos, una de las empresas nacionales más importantes en materia de productos cárnicos y embutidos, que claramente se ve afectada por la norma que establece la advertencia octogonal.
En diálogo con Bocado, Cattivelli justificó su aparición en los medios criticando al rotulado con que “en realidad, hubo una sola entrevista en la que hablé sobre el tema”. Según el empresario, desde el programa radial invitaron a la AIALU para hablar sobre un documento que plasmaba la posición de la asociación frente al decreto. “La postura que manifestamos fue la de la asociación, y no tenía ninguna relación con mi lugar en la empresa”, agregó.
Otra de las ingenieras alimentarias que visitó varios medios locales fue la argentina Susana Socolovsky, quien en los últimos años disertó en contra de los sistemas de rotulado en distintos países de América Latina. En Uruguay, la mayoría de los medios que la entrevistaron la presentaron como experta en etiquetado y como consultora en innovación tecnológica de alimentos. Pero la doctora también es miembro de ALACCTA y de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (hasta hace algunos meses era la presidenta), que tiene entre sus principales socios empresariales a Coca-Cola y Arcor.
Una de las últimas apariciones de Socolovsky en este país fue en su rol como conferencista en el Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos (Innova), organizado por Latitud Fundación LATU. Que “el consumidor no está preparado para el uso del etiquetado frontal” fue uno de los argumentos que utilizó en su discurso allí contra la norma. Organizadores del evento dijeron que la doctora en química fue invitada por parte del comité científico de Innova, que tiene entre sus miembros a algunos de los docentes locales que criticaron el etiquetado en la prensa.
Además de pertenecer a asociaciones como ALACCTA o AIALU, el vínculo de algunos de los actores de la academia que manifestaron críticas al decreto con la industria se da a través del financiamiento de proyectos de investigación.
El apellido de Alejandro es reconocible para los uruguayos: forma parte de Cattivelli Hnos, una de las empresas nacionales más importantes en materia de productos cárnicos y embutidos
Que no sea ley
Que la norma que regula el etiquetado de alimentos sea un decreto y no una ley le dio más capacidad de acción a las empresas, que entre 2018 y 2020 presentaron recursos de revocación, mecanismo que sirve para dilatar la entrada en vigencia de la norma.
Mediante un pedido de acceso a la información pública, Bocado accedió a un conjunto de esos recursos. Entre las empresas involucradas se encuentran marcas de chacinados como Schneck y Sarubbi, importadoras como Sebamar — que trabaja con firmas como Nestlé y Garoto — y Ponty, y fabricantes de pastas como Avanti y 5 Estrellas.
El vaivén de las modificaciones en la normativa y la falta de claridad en las fechas de entrada en vigencia y fiscalización alimentaron todavía más la disconformidad de algunas empresas. A modo de ejemplo, mientras la marca nacional Portezuelo etiquetó sus productos de cara al 1º de marzo de 2020, El Trigal, también uruguaya y competencia de la anterior en varios productos, no lo hizo en casi ninguno de sus paquetes — que en su gran mayoría tiene excesos de azúcares y grasas.
Es importante destacar que, si bien Lacalle Pou prorrogó la entrada en vigencia del decreto semanas después de asumir, las empresas no tenían porqué saber esto. Se supone que antes del primer día de marzo debían tener todo pronto para vender sus productos con el rotulado. Solo algunas lo respetaron. El resto esperó la contemplación del nuevo gobierno. Y tuvo suerte.
A su vez, sucedió que las modificaciones planteadas por el decreto 246 de 2020 perjudicaron a empresas que desde hacía dos años venían modificando sus productos en base al cálculo de nutrientes sobre calorías, como se establecía en el decreto 272. En efecto, entre las últimas empresas en presentar un recurso de revocación contra el etiquetado obligatorio estuvieron Avanti Paysandú y 5 Estrellas, ambas dedicadas a la fabricación y comercialización de masas y pastas.
Estas empresas reclamaron que durante dos años se prepararon bajo los parámetros del decreto 272, invirtiendo, por ejemplo, en investigación y desarrollo para elaborar productos entre un 10% y 20% reducidos en sodio, grasa y grasas saturadas. De esa forma, afirman en el recurso, bajaron la cantidad de productos que debían llevar sellos. Pero con las modificaciones que se hicieron en 2020, expresan, “fuimos perjudicados no solo por la variación en los límites, sino además porque se eliminó el descuento de componentes provenientes de ingredientes naturales”.
Quizá ahora algunas de las empresas que lograron bajar los índices de grasas, azúcares o sodio de sus productos lo vuelvan a subir. Las nuevas reglas lo permiten.
Constitución, Mercosur y efectos económicos
Otra de las quejas, en forma de recursos de revocación, llegó por parte de la empresa Juan Sarubbi S.A y Sucesión Carlos Schnek S.A — ambas elaboran y exportan productos de origen animal (en su mayoría, embutidos que deberán llevar la advertencia por exceso de grasas y sodio). Estas firmas presentaron por separado recursos en 2018 con argumentos similares. Sostuvieron que el decreto limita el derecho a la propiedad, industria, comercio y profesión, que, al estar garantizados en la Constitución, deberían ser limitados mediante una ley de “interés general”.
Pero ese argumento fue rebatido desde la División de Servicios Jurídicos del Estado que, en respuesta al recurso presentado por Schnek, manifestó: “El derecho a la salud es un derecho fundamental inherente a la personalidad humana, siendo incluso preexistente a la Constitución, y éste tipo de derechos no precisan para su aplicación efectiva y vigencia que se haya dictado una ley.”
En 2018 y 2020, un conjunto de empresas importadoras representadas legalmente por Martín Montoro presentaron recursos de revocación contra el decreto de 2018 y contra el de 2020. El principal argumento sobre el que se apoyan es que el rotulado debe armonizarse con la normativa del Mercosur y discutirse en el marco de esta organización regional. ¿Qué implicaría esto? Años de discusión, y más dilatación.
Pero mientras Montoro se apoya en que existe la necesidad de armonizar con el Mercosur, Brasil y Argentina — dos de los Estados parte con más peso — discuten sus propias normativas de etiquetado. Y el segundo país lo hace con una ley que en su contenido es más exigente que el decreto uruguayo. ¿No cambia esto el argumento que se defiende desde 2018 desde la AIMA?
El abogado vocero de la asociación dijo a Bocado que el hecho de que los países vecinos discutan sus reglas de etiquetado “es bueno, porque nos permite avanzar en el diálogo regional”. Entonces, que Uruguay avance en ese sentido, ¿no sería también positivo? Según el abogado que representa a los importadores, “a Uruguay no le conviene ser punta de lanza”.
Otro de los argumentos sostenidos por la industria desde que se discute el etiquetado obligatorio tiene que ver con sus supuestos efectos económicos: que aumentaría los precios, que con la normativa se perderían empleos, que se reducirían las ventas del mercado local, que el comercio exterior se vería afectado. Pero hay evidencia suficiente que demuestra lo contrario. A modo de ejemplo, un estudio que realizaron los investigadores chilenos Camila Corvalán y Guillermo Paraje, contratados por la FAO, concluyó que en Chile no hubo impacto en el empleo ni en los salarios de las industrias del sector alimenticio después de un año y medio de implementarse la ley de etiquetado.
Más allá de esta discusión, y de la posibilidad de que aumenten los precios de productos de pésima calidad nutricional — y si lo hacen, ¿no sería una oportunidad para que el mercado local fomente los productos naturales?—, la cuestión que resuena de fondo es la de los costos que representa el tratamiento de las enfermedades no transmisibles a nivel de salud pública.
La nutricionista Sánchez subrayó que el costo que tiene para el Sistema Integrado de Salud el tratamiento y rehabilitación de las ENT es millonario. En efecto, entre las respuestas técnicas del área de Nutrición de la Dirección General de Salud que se elaboraron para los recursos de revocación presentados, se detalla información al respecto: “Se estima que únicamente las ENT cuestan anualmente al país más de US$ 775 millones por concepto de costos directos (consultas, estudios diagnósticos, tratamiento, etc.) e indirectos (pérdida de jomadas laborales y productividad, etc.)”.
A su vez, se expresa que el tratamiento de la obesidad “también representa un enorme costo económico para el país, ya que se estima que el costo anual de atención asociado con la obesidad sería de US$ 500 millones para el año 2020, lo que corresponde al 1% del producto bruto interno”.
Sucede que el costo millonario de estas enfermedades se solapa como un gasto asumido desde hace décadas, y la cantidad de muertes que ocasionan no se identifica en el corto plazo. Mientras tanto, el lobby no espera, y la industria se mueve bajo las reglas de la inmediatez. En un país pequeño como Uruguay, donde coloquialmente se repite que “nos conocemos entre todos”, los intereses cruzados quedan todavía más en evidencia. Por eso, Sánchez argumenta que “a nivel de medidas que contribuyan a la salud, como con el etiquetado, el MSP quedó solo, porque estuvieron por encima motivos económicos”. Claro, se refirió a los motivos económicos de un sector en particular, que es el de la industria alimentaria.
