Ni tests ni funeral: los trabajadores contaminados que JBS se esfuerza por ignorar
por Marcos Hermanson Pomar • Brasil
Publicado el 15 marzo 2021
Funcionaria embarazada contrajo brucelosis, tuvo un parto prematuro y perdió a su bebé poco después. Animales sin vacunar, falta de equipos de protección e intentos de culpar a los funcionarios: un paso a paso de las estrategias de la mayor productora de carne del mundo.
Un juego de pelota informal en una cancha en la ciudad de Alta Floresta, al norte de la provincia de Mato Grosso, casi en la divisa con la provincia de Pará. Leandro Porperio disfruta uno de sus raros momentos libres.
Se para en el medio de la cancha, arqueado. Siente un dolor raro en el pecho. Sin poder correr, pide dejar la partida. No volverá a jugar ese día.
Igual que otros colegas del frigorífico JBS en Alta Floresta, Porperio ha contraído brucelosis, una enfermedad silenciosa, transmitida por la bacteria brucella abortus.
La bacteria brucella salta del buey al hombre y causa trastornos graves, cuando no se trata. Resulta en fiebres intermitentes, dolores musculares, cansancio, y puede atacar órganos como el corazón y el hígado, causando infecciones específicas.
Entre 2013 y 2015, decenas de trabajadores contrajeron la enfermedad en los frigoríficos de JBS en las ciudades de Alta Floresta, Confresa y Vila Rica en la provincia de Mato Grosso.
Una de las funcionarias estaba embarazada en el momento del contagio, lo que resultó en un parto prematuro y en la muerte del bebé.
Por lo menos diez de los trabajadores contaminados fueron a la Justicia y obtuvieron el derecho a indemnizaciones por daños materiales causados por el contagio.
En tres de los casos, los procesos concluyeron en acuerdos entre las partes. En los demás, la Justicia determinó el pago de los valores exigidos.
En paralelo, tramitaron acciones civiles públicas impulsadas por el Ministerio Público del Trabajo (MPT) con el fin de obligar a JBS a realizar exámenes de detección de brucelosis entre sus funcionarios.
La empresa se resistió, apeló del fallo, alegó – y continúa alegando – que no había conexión entre la enfermedad y el trabajo realizado por sus colaboradores.
Con las apelaciones, logró demorar las acciones que siguen sin resolverse.
Comprar vacunas y descartarla luego
Pero vamos a dar un paso atrás. Para entender mejor esta historia, será necesario contarla a partir del pasto en donde engordan al ganado que será sacrificado en el frigorífico de Alta Floresta.
Allí, en el mismo municipio, o en las ciudades vecinas de Apiacás, Carlinda, Nova Monte Verde y Nova Bandeirantes.
En una finca de la región, proveedora de JBS, la brucella acaba de contaminar una res no inmunizada. Allí es práctica común comprar B19, la vacuna para brucelosis, y descartarla.
Como las inspecciones son escasas, basta que el productor adquiera la vacuna y presente la factura para obtener el documento titulado Guía de Tránsito Animal (GTA), que sirve para atestiguar la sanidad del rebaño.
“La inmunización es obligatoria, pero el productor se deshace de la vacuna, porque el coste de aplicarla es alto y las inspecciones son pocas”, cuenta Evandro Navarro, presidente del sindicato que representa a los trabajadores de la carne en la región de Alta Floresta.
El problema es reconocido por el órgano de defensa agropecuário de Mato Grosso, Indea, es una nota técnica de octubre de 2013.
“Los productores deberían realizar tests de detección y aplicar la vacuna, pero no quieren tener pérdidas económicas”, dice Juliana Cequinel, bióloga y funcionaria de la Secretaría de Salud de la provincia de Paraná, que ha actuado ya en el combate a tres surtos de brucelosis en frigoríficos de la provincia.
Bien alojada en su anfitrión, la brucella viaja tranquila, ignorada, entre la finca de engorde y el frigorífico. Ella ha elegido a una res que, aunque sin vacunar, va a obtener un certificado de sanidad.
Y no pierde tiempo. Antes de llegar, ya va atacando a su anfitrión y causándole lesiones típicas de la enfermedad, generalmente ubicadas en el ligamento cervical del animal.
La brucella también tiene preferencia. Si puede, ataca primero a los órganos reproductivos de la víctima, sea humana o animal. Cuando el blanco es una vaca preñada, el resultado es puede ser el aborto espontáneo.
Pero digamos que el anfitrión llegó vivo al frigorífico, y fue sacrificado allí. Eso le impone a la bacteria un desafío a su supervivencia. Ella necesita hallar, rápido, un nuevo sitio para vivir.
Sin máscaras o protectores oculares – “solamente gorro, botas y guantes de látex”, de acuerdo a lo que cuenta Leandro -, los funcionarios de la línea de frente, en el sacrificio y en la inspección sanitaria, son una presa fácil.
JBS argumenta que solamente trabaja con ganado vacunado, y que el personal del sistema de inspección federal – contratado por la propia empresa – es capaz de discriminar y descartar las piezas con lesiones típicas de brucelosis.
Pero antes de que la pieza llegue al sector de inspección – donde también se han dado casos de contagio – ella pasa por los trabajadores del sector de sacrificio.
Ellos son los responsables de desangrar y deshuesar al animal, y por ese motivo tienen contacto con sangre, vísceras y heces que pueden estar contaminadas.
En las registros de la causa judicial laboral abierto por Jairo Leal Machado, portador de brucelosis y ex-funcionario de JBS Vila Rica, el perito técnico Alexandre Volkmann, designado por la Justicia para realizar una inspección en el sitio, registra: “Los equipos de protección entregados al autor [Jairo] no son suficientes para neutralizar el contacto de sangre con la piel [y] vías respiratorias, […] quedando manos, brazos, piernas, rostro y otras partes del cuerpo expuestos a la acción de salpicaduras.”
“La sangre salpica de la boca”
Los hermanos Fabio y Raildo Xavier trabajan en el sector de sacrificio, fue allí donde contrajeron la enfermedad.
La función de Fabio era retirar el cuero del buey después de aturdirlo – de darle el tiro con una pistola de aire comprimido en la cabeza.
Como el buey no siempre estaba totalmente incapacitado luego del tiro, Fabio dice que era común iniciar la tarea antes que estuviese muerto: “A veces realizábamos la tarea con el animal aún vivo, porque el supervisor se disgustaba si se detuviese la línea de trabajo”.
Colgado de un cable de acero, cabeza abajo, el buey se debate y vuelve más sangriento y difícil la tarea de los empleados. Cuando eso ocurre, la posibilidad de contagio es mayor: “La sangre salpica la boca”, cuenta Fabio.
En entrevista por teléfono, Fabio relata que descubrió la enfermedad después de haber sido despedido de JBS, al intentar conseguir un nuevo empleo en el frigorífico Alvorada da Floresta, un competidor menor, ubicado en la misma ciudad.
Al contrario de JBS, el frigorífico Alvorada realizaba test de infección de brucelosis. El resultado positivo impidió su contratación – portadores de brucelosis no pueden trabajar en contacto con alimentos, a causa del riesgo de contaminar la carne que manipulan.
La salida de Raildo fue distinta. Cansado del trabajo, se desligó 90 días antes del despido de su hermano mayor. Los síntomas aparecieron meses después, ya lejos del frigorífico: “Yo sentía mareos, dolor en la espalda, en las articulaciones, y cansancio”, dice.
Raildo cuenta haber buscado a JBS, que no quiso ayudarlo con el tratamiento médico: “Dijeron que yo podría haberme contaminado bebiendo leche en caja”.
La literatura médica registra que la brucelosis puede contraerse al beber leche no pasteurizada o comiendo carne mal cocinada pero, también deja claro que en el grupo de riesgo para la enfermedad están los profesionales que tienen contacto directo con bovinos, vivos o muertos.
Tratadores de animales, peones de estancias y funcionarios de frigoríficos son los más vulnerables a la bacteria.
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Los juicios
Desde 2009, por fuerza de un decreto federal, la brucelosis está en la lista de las enfermedades ocupacionales típica de trabajadores de frigoríficos.
Cuando el empleado de frigorífico contrae la enfermedad y enjuicia al empleador, le corresponde al empleador probar que el contagio no ocurrió en las instalaciones de la empresa.
Es una inversión de la obligación de prueba de culpa, se considera al empleador culpable a menos que pruebe lo contrario, prevista por la Ley Federal 11.430/2006.
Por eso, durante las audiencias ante el juez, los abogados de JBS hacen de Sherlock Holmes.
“¿De dónde era la carne que comía usted? ¿Usted bebía leche?”, pregunta el abogado de la empresa al trabajador Jairo Leal, en una audiencia realizada a mediados de 2014.
“Me preguntaban si yo frecuentaba parrilladas, si ya había trabajado en estancias en las que se sirviera carne poco cocida”, recuerda Fabio Xavier, refiriéndose al juicio que le hizo a la empresa en el Tribunal del Trabajo de Alta Floresta, en 2015.
“JBS siempre afirma que la contaminación no ocurrió dentro del frigorífico”, cuenta Luis Cussi, abogado que ya representó, según sus cuentas, a 17 trabajadores portadores de brucelosis en juicios contra la empresa.
“Por eso se resisten a hacer exámenes, principalmente en el momento del despido”, argumenta. Sería una confesión de culpa: el trabajador entró sano y salió contaminado.
Al final de la acción de Jairo Leal, la jueza Janice Schneider comprendió que la responsabilidad era de JBS.
Condenó a la empresa a pagar indemnización por daños materiales, en el valor de R$ 50 mil, y una pensión integral hasta que el trabajador estuviese curado.
En su fallo, Schneider recuerda que “la empresa dejó de ofrecer los equipos de protección necesarios” y que, “en caso de haber realizado exámenes periódicos de detección de brucelosis, la enfermedad podría haberse diagnosticado más temprano”, facilitando su tratamiento.
No haber facilitado los Equipos de Protección Individual, y la negativa a realizar test de detección son infracciones al item 36.9.4.2 de la Norma Regulatoria 36, que establece condiciones mínimas de trabajo en el sector frigorífico.
El caso de Jairo terminaría algunos días después de la sentencia, con un acuerdo de R$ 200 mil a su favor.
El día 20 de octubre de 2016, Schneider emitió un fallo semejante en relación al juicio abierto por Raildo Xavier.
Condenó a JBS a reintegrarlo al cuadro de funcionarios y pagarle una indemnización de R$ 30 mil, además de horas extras y prima de insalubridad.
Antes que el juicio fuera a segunda instancia (cuando la parte derrotada apela del fallo), Raildo y JBS hicieron un acuerdo en valor de R$ 35 mil, excluyendo la obligación de reintegro y cerraron el juicio.
El juicio de su hermano, Fabio, tuvo destino parecido, con valor menor: R$ 21 mil.
El extraño caso del dictamen médico rasurado
El lector de los juicios de Alta Floresta y Confresa verá que esta es una historia de violaciones laborales que se acumulan, en que la brucelosis entra como un secundario que acaba por ser el centro de las atenciones.
Para el abogado Edmilson Boteco, que también representó a algunos trabajadores contra la empresa en la región, “el pasivo laboral [en el frigorífico] es muy grande. Son muchos los casos de funcionarios lesionados en hombro y columna, por ejemplo, que siguen trabajando”.
“Ellos afirman que no hay riesgos en el trabajo, y por eso no pagan la prima de insalubridad”, dice una funcionaria oída por este equipo, que hoy mueve un juicio contra la empresa.
La funcionaria cuenta que cuando comenzó a quejarse de dolores en la espalda y los brazos, escuchó de una encargada que era “una quejica”. Un experto que consultó le concedió una baja médica, pero el documento fue rechazado por la médica del frigorífico en ese momento, Daniela Taufer.
“La médica dijo que el problema era en apenas un brazo y me puso otra vez a trabajar”, recuerda la trabajadora.“Estuve cuatro días trabajando con un solo brazo, el otro, inmovilizado”.
El derecho de ausentarse del trabajo por motivos médicos está garantizado por el Artículo 6º de la Ley Federal nº605, de 1949. De acuerdo con la Resolución 15/95, del Consejo Federal de Medicina, los dictámenes médicos sólo se pueden rechazar cuando una junta médica evalúa que el trabajador está apto para trabajar.
Portadora de brucelosis, la funcionaria de JBS de Vila Rica, Luziene Reis fue despedida por justa causa (cuando no cabe indemnización) el 19 de julio de 2014, con el argumento de que habría rasurado un dictamen médico.
El doctor que emitió el dictamen fue invitado como testigo al juicio y presentó el dictamen original, explicando que él mismo se había confundido al momento de escribir el período de baja médica.
En febrero de 2016, cuando los recursos de JBS se agotaron, Luziene salió victoriosa del tribunal con R$78 mil. El valor reunía horas extras, horas de desplazamiento al trabajo, prima de insalubridad e indemnización por daños morales.
¿Dónde está el riesgo que estaba aquí?
En su fallo de la Acción Civil Pública 447-12, de enero de 2016, la jueza Janice Schneider hace hincapié en un cambio en tres importantes documentos elaborados por JBS Confresa acerca de las condiciones de trabajo en el ambiente del frigorífico.
Son muchos nombres y siglas, por eso intente no confundirse: Programa de Prevención de Riesgos Ambientales (PPRA), Dictamen Técnico de Condiciones de Ambiente Laboral (DTCAL) y Programa de Control Médico de Salud Ocupacional (PCMSO).
Hasta el año 2013, tanto el DTCAL como el PPRA – ambos elaborados por el ingeniero Jandir Svierk Filho – certificaban que los trabajadores de los sectores del corral, sacrificio, extracción de vísceras e inspección de sanidad estaban expuestos a riesgos biológicos.
El concepto de riesgo biológico en el ambiente de trabajo está definido por la Norma Técnica Regulatoria nº de la Secretaría Especial de Previdencia y Trabajo del Ministerio de la Economía: “Contacto [de los trabajadores] con carnes, glándulas, vísceras, sangre, huesos, cueros, pelos y excreciones de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas (carbunculosis, brucelosis, tuberculosis)”.
Siguiendo el DTCAL y PPRA, la médica responsable por el PCMSO, Cassinelli Pes, registró la exigencia de realización de exámenes de contratación, despido y periódicos de detección de brucelosis entre los funcionarios de los sectores que tenían el riesgo biológico constatado.
En 2014, después de que comenzaron a surgir los primeros juicios laborales – fueron cinco en el año anterior y tres en aquel mismo mes – la constatación de riesgo biológico desaparece del programa de prevención y del dictamen técnico.
El programa de control médico, a su vez, pasa a exigir el examen de brucelosis solamente en el momento de contratación de nuevos funcionarios.
Los profesionales responsables por los documentos eran los mismos: Jandir Filho y Cacineli Pes.
Los ítemes 36.9.4.1 y 36.9.4.2 de la Norma Regulatoria 36 determinan que el empleador tiene la obligación de identificar y controlar – “incluso por medio de seguimiento del cuadro clínico de los trabajadores” – los riesgos biológicos presentes en las plantas frigoríficas.
Si el riesgo está identificado en el programa de prevención y en la certificación técnica sobre ambiente de trabajo, la empresa tiene que tomar medidas adecuadas para eliminarlo o controlarlo.
Hasta el año 2013, mientras el riesgo biológico constó en el programa de prevención, la unidad de Confresa aún realizaba los tests de detección.
Con el inicio de los juicios laborales y el cambio de interpretación del ingeniero Jandir y de la médica Cacineli, esa política se interrumpió.
Cuando la jueza Janice Schneider clasificó los cambios como fruto de una “nítida intención de enmascarar los reales números de brucelosis”, el abogado de JBS en ese juicio, Thiago Caravella, contestó que en los tres años anteriores “solamente 17 empleados presentaron resultado positivo para brucelosis, y 9 de ellos ni siquiera trabajaban en contacto directo con el producto producido por la empresa”.
En la segunda instancia el Juez de Apelación Pedro Girardello clasificó como ilícita la conducta de la empresa y anotó “[de acuerdo con los registros] de dictámenes técnicos adjuntados a los registros, las condiciones actuales del frigorífico siguen iguales a las verificadas en los años de 2012/2013, no habiendo justificación, por lo tanto, para los cambios en la evaluación de riesgos de PPRA y DTCAL”.
Entre setembro de 2014 e maio de 2015, 231 animais com lesões sugestivas de brucelose foram abatidos na JBS de Confresa (ver imagem).
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Una jueza pone a JBS en las cuerdas
De diez causas judiciales laborales y dos causas civiles públicas a las que tuvimos acceso, solamente una no pasó por las manos de la jueza Janice Schneider, que estuvo a cargo del Juzgado de lo Laboral de Confresa y Alta Floresta entre 2013 y 2016.
Mientras estuvo en el Juzgado de Confresa, entre 2013 y 2015, la magistrada condenó a JBS en por lo menos seis juicios laborales y una acción civil pública.
La magistrada registró varias veces, en los fallos, que el Poder Ejecutivo era co–responsable del problema: “Es surreal la situación observa. ¿Cómo puede ser admisible que el servicio de inspección federal registre en sus informes diarios tantos casos de ‘lesiones sugestivas de brucelosis’ y no se haya dignado a solicitar la realización de un examen de sangre para confirmar los indicios?”
En los frigoríficos de gran porte, el trabajo de inspección sanitaria se ejecuta por parte de trabajadores de las mismas empresas y se coordina por inspectores veterinarios del Servicio de Inspección Federal (SIF), del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa).
En 2019, una operación de la Policía Federal que se inició a causa de una denuncia registrada en el Juzgado de lo Laboral de Cofresa cumplió 15 órdenes de búsqueda e incautación contra agentes veterinarios vinculados a SIF/MAPA que actuaban en frigoríficos de JBS en Cofresa, Vila Rica y otras ciudades de la provincia, sin incluir Alta Floresta.
La denuncia fue formalizada por una ex funcionaria que afirma que fue coaccionada a pagar soborno a los veterinarios de SIF en el frigorífico de Confresa.
El objetivo del soborno, según ella, era relajar los criterios de inspección y acelerar la entrega del certificado de sanidad que permiten la comercialización y la exportación de la carne.
El soborno era registrado como “consultoría de marketing” en los libros del frigorífico.
Antes que el juicio fuera a la apelación, JBS y la trabajadora denunciante cerraron un acuerdo en el valor de R$450 mil. El pacto fue homologado por la jueza Schneider en abril de 2015.
En el inicio de 2016, Janice Schneider fue trasladada al Juzgado de lo Laboral de Alta Floresta, donde condenó a la empresa en al menos cuatro juicios semejantes.
En el juicio civil público 61-23, iniciado por el Ministerio Público del Trabajo, ella determinó que JBS pasase a realizar exámenes de detección de brucelosis durante la admisión, despido y periódicamente – a cada seis meses – a todos sus funcionarios.
También ordenó que, dada la gravedad de los casos, el frigorífico pagase una multa de daños morales colectivos en el valor de un millón de reales.
JBS apeló y obtuvo una reducción, tendrá que pagar 100 mil reales, pero no pudo cancelar la obligación de realizar los exámenes. Disconforme, comenzó a discutir distintos puntos de la sentencia y ahora espera la decisión de un tribunal colegiado, sin fecha para reunirse.
Le preguntamos a la fiscal Ludmila Pereira Araujo –que hoy cuida de las investigaciones civiles que involucran JBS en Alta Floresta – si la actitud de la empresa ha cambiado a lo largo de los años.
La fiscal contestó de manera sencilla, remitiendo a los recursos y apelaciones infinitas: “Infelizmente no. Como se puede ver en el resumen del proceso, JBS se niega insistentemente a realizar los exámenes.”
El fin
En 2015, una funcionaria del sector de inspección federal de la unidad de Alta Floresta contrajo brucelosis durante el embarazo. El bebé nació prematuro, con seis meses de gestación, y falleció 70 días después.
Según una fuente oída por este equipo, JBS no pagó el examen de detección de la enfermedad. Tampoco tomó la iniciativa de hacerse cargo del velorio del bebé.
Leandro Porperio era colega de equipo de la funcionaria contaminada. Hoy trabaja por su cuenta. Dice que ya no se siente como antes. Tiene dolores de columna, por el trabajo repetitivo en el frigorífico, y el cansancio crónico que la bacteria dejó como herencia. No volvió a jugar a la pelota.
Con amargura, recuerda que es uno de los pocos portadores de brucelosis que perdió el juicio contra JBS. Su juicio se tramitó en 2015.
¿Qué dice la empresa?
Consultada, JBS contestó que no comenta acciones judiciales en marcha y tampoco discute informaciones médicas de colaboradores, en consideración al Sigilo Ético-Profesional y a la Ley General de Protección de Datos. La empresa afirma que el uso de equipos de protección individual es una exigencia estándar en todas sus instalaciones, porque la seguridad de sus colaboradores es prioridad y rechaza prácticas contrarias a la salud y a la seguridad de los equipos. Para prevenir la brucelosis, afirmó que adopta las directrices de la Instrucción Normativa nº 10 de 2017, del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, recibiendo en sus frigoríficos solamente animales que lleven la Guía de Tránsito Animal (GTA).
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