No hay Amazonas B

Por: Redacción Bocado

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es acusado de ecocidio por sus devastadoras acciones en el Amazonas, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) emitió las claves para proteger el suelo que aún queda sin deforestar en un reporte.

Sí, es mucho para digerir pero podemos ir por partes.

Bolsonaro, presidente de Brasil desde 2019, ha tenido un mandato marcado por la deforestación del Amazonas. Solo entre enero y agosto de ese año se arrasó con el equivalente a 60 campos de fútbol por hora. Ello porque el mercado demanda productos como soja, minerales o carne, para los cuales se utilizan estrategias como  criados en territorios no permitidos, minería ilegal, y apropiación de tierras.

Brasil cuenta con políticas que tienden a controlar y reducir la deforestación, una forma de prevenir que desaparezca lo que de bosque amazónico queda. Sin embargo, poco parecen importarle estos objetivos a Bolsonaro: según la Política Nacional por el Cambio Climático, la tasa de deforestación debería haberse reducido a 3.925km2 para 2020. Lejos de esto, entre agosto de 2019 y julio de 2020 se llegó al pico de 10.129km2 de selva deforestados.

No es solo desde el gobierno de Bolsonaro que se descuida al Amazonas. Si bien el actual presidente brasileño ha hecho de la explotación del territorio un patrón estratégico recurrente, su predecesor Michel Temer tuvo una política similar. Tanto que resultó envuelto en causas de corrupción ligadas a la deforestación.

La toma de tierras deforestando y luego introduciendo ganado es una práctica común en la Amazonía brasileña por las empresas privadas y un decreto lleno de lagunas es lo que ha permitido que tenga amparo legal. Conocido como “el decreto para los acaparadores de la tierra”, la ley MP759 extendió la cantidad de hectáreas que se pueden reclamar como propias al Estado desde 1.500 a 2.500, y ofreció lo que en la práctica es amnistía para quienes cometieron este delito en tierras públicas entre 2004 y 2011.

Especialistas del mundo de la protección al medio ambiente han elevado su voz contra estos actos y en particular han denunciado la responsabilidad de Jair Bolsonaro en la deforestación. William Bourdon, abogado especializado en crímenes de lesa humanidad, y los caciques Raoni Metuktire y Almir Suruí, solicitaron que se investigara al presidente brasileño en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. “Considerando la devastación del Amazonas, estamos corriendo contra el reloj” explicó Bourdon. Acuden a instancias internacionales de justicia porque en Brasil es altamente dificultoso enjuiciar a Bolsonaro, junto con el riesgo que implica.

Otra voz crítica del gobierno brasileño ha sido el ambientalista Carlos Rittl: “El gran logro de Bolsonaro en términos de medioambiente ha sido la trágica destrucción de bosques que convirtió a Brasil en quizás uno de los mayores enemigos del medio ambiente global y en un paria internacional también”, dijo.

El peor enemigo del Amazonas (como lo describe Rittl) debe, de todos modos, mostrar una imagen de la selva que engañe al mundo, que conserve su flora y fauna. Como ejemplo, el recorrido turístico de tres días por el Amazonas que el vicepresidente Hamilton Mourão hizo con embajadores mostrándoles sólo las zonas más protegidas como la ciudad de Manaos y la región selvática del norte. Un evento criticado  por ambientalistas.

Marcio Astrini, director ejecutivo de la coalición civil brasileña Observatorio del Clima, explicó: “El gobierno preparó un itinerario que no muestra la realidad de la Amazonía: el abandono de los pueblos indígenas, la apropiación de tierras, la minería ilegal y la deforestación incontrolada. Es una farsa.”

Greenpeace Brasil, también preocupado por la estrategia del presidente, publicó una carta en la cual ofrece un recorrido paralelo que mostraría efectivamente la desgarradora realidad amazónica. “Esto no es más que propaganda mediática que no representa la realidad” dijo Cristiane Mazzetti, activista por el Amazonas en Greenpeace.

Mientras el gobierno permite deforestación, el Amazonas está en riesgo. Se quema. Arde tanto que se está comenzando a considerar uno de los escenarios más penosos: el cambio de una selva cerrada a una sabana abierta con muchos menos árboles. Basados en experiencias anteriores, especialistas han concentrado esta teoría en un documento científico. 

Brasil no muestra preocupación. Por el contrario, el gobierno federal redujo el presupuesto para la aplicación de la ley en un 27,4% este año.

Pero hay esperanzas, dice la Organización de Naciones Unidas (ONU). Y marca que “la clave para mitigar el cambio climático y conservar la biodiversidad” está en los pueblos originarios.

Con tradiciones milenarias, ellos han demostrado a lo largo del tiempo un concepto de la Tierra muy distinto  al modelo capitalista. “Los bosques no son vistos como un lugar donde sacas recursos para aumentar tu dinero, son vistos como un espacio donde vivimos y eso se nos da para proteger a las próximas generaciones”, dijo Myrna Cunningham, la presidenta del Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe (Filac), uno de los organismos que cooperó con la FAO en el documento.

Las grandes empresas ven al suelo como un capital capaz de generar ganancia a toda costa mientras que los pueblos originarios lo ven como una entidad que los sostuvo desde el comienzo de sus días, alguien a quien deben respeto y rinden culto.

Más del 80% de la superficie que los indígenas ocupan en la Cuenca Amazónica está cubierta de bosques y esos territorios tienen más especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios que todas las áreas protegidas del país fuera de ellos, indica el reporte de la FAO titulado “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques – Una oportunidad para la acción climática en Latinoamérica y el Caribe”, basado en la revisión y análisis de cerca de 300 estudios. Hablamos de un territorio comparable al tamaño de Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Noruega y España juntas, porque el 60% de los 404 millones de hectáreas que los indígenas ocupan en América Latina está en la Cuenca Amazónica.

Otro dato sorprendente de la conservación que los pueblos originarios hacen del territorio son las emisiones de carbono. Entre 2003 y 2016, la vegetación amazónica capturó alrededor del 90% de las emisiones de carbono debido a la deforestación en zonas próximas haciendo que, en otras palabras, no se produzca casi ninguna emisión neta de carbono en sus territorios.

A pesar de esta información, existe en algunos casos una limitación de esfuerzos de los gobiernos en apoyo de los derechos colectivos a la tierra, o una reducción de la financiación de servicios ambientales para apoyar la generación y protección de bosques.

Entre el 2000 y el 2012, en las tierras indígenas a las que se les otorgaron títulos legales, las tasas de deforestación fueron de entre un medio y un tercio de lo que fueron en otros bosques con características ecológicas similares.

Los pueblos originarios cumplen un rol muy valioso al proteger a la tierra como lo hacen y costaría menos de 45 dólares por hectárea el trazado de un mapa y las gestiones que restan para otorgarles los títulos de propiedad que les corresponderían. En los lugares donde se les reconocieron sus derechos se obtuvieron resultados favorables a la biodiversidad y la conservación,

El reporte de la FAO plantea la necesidad de avanzar en cinco categorías determinadas para poder preservar la biodiversidad:
1. Fortalecer los derechos territoriales colectivos.
2. Compensar a las comunidades indígenas por sus servicios ambientales.
3. Facilitar la gestión comunitaria.
4. Revitalizar culturas y conocimientos tradicionales.
5. Fortalecer la gobernanza territorial y las organizaciones indígenas.

Los pueblos originarios poseen un conocimiento ancestral invaluable, el de vivir en armonía con la naturaleza. Sin embargo, durante los últimos años Brasil ha demostrad vivir en fuego contra la naturaleza.

El Banco Santander financió a empresas cárnicas brasileñas relacionadas con la deforestación de la selva amazónica

El banco español suscribió con las gigantes JBS, Marfrig y Minerva al menos 1.375 millones de dólares entre 2013 y 2019

Por: Nazaret Castro, con la colaboración de Amigos de la Tierra

El Banco Santander está entre las entidades financieras europeas señaladas por financiar a empresas cárnicas brasileñas directamente vinculadas con la deforestación en la selva amazónica. Así lo muestran los datos recolectados por la ONG Global Witness junto a la holandesa Profundo y que fueron facilitados por Amigos de la Tierra. A mediados de 2020, una investigación de The Guardian, el Bureau of Investigative Journalism y Repórter Brasil demostró que, entre 2013 y 2019, diferentes bancos afincados en territorio europeo financiaron con 12.000 millones de dólares (unos 10.000 millones de euros) a empresas como JBS, Marfrig y Minerva, que acaparan, según datos de Greenpeace, el 70% del ganado que es criado y sacrificado en la Amazonía brasileña.

Según los datos obtenidos, el Santander suscribió con estas empresas al menos 1.375 millones de dólares (unos 1.170 millones de euros) entre 2013 y 2019, mayoritariamente a través de la compra de bonos, que alcanzaron los 1.367 millones de dólares. Marfrig fue, con notable diferencia, la mayor beneficiaria de las inversiones del banco español, con 1.127 millones de dólares en bonos. Es además la empresa con la que ha tenido una relación más continuada en el tiempo y se han encontrado inversiones prácticamente todos los años desde 2013, con la excepción de 2015. La segunda empresa que recibió más financiación por parte del Santander fue JBS, con 200 millones de dólares en bonos en 2013, y finalmente Minerva, con 40 millones en 2014. El Santander también adquirió acciones en las tres empresas, por un total de 8,7 millones de dólares. En este caso, fue JBS la principal receptora con cerca de 7 millones de dólares.

El Santander fue así el segundo banco europeo con una mayor financiación a estas tres empresas, sólo por detrás de la británica HSBC. En el ranking general se sitúa en sexto lugar, por detrás de cuatro bancos brasileños, además de la ya citada HSBC. No obstante, los datos han sido elaborados a partir de informaciones públicas y podrían no estar completos. Los bancos a menudo compran bonos y acciones en representación de clientes que invierten a través de sus fondos de inversiones, asegura el Bureau of Investigative Journalism.

Por su parte, JBS, Marfrig y Minerva son las principales empresas del sector del mundo. Entre ellas, JBS es la líder mundial. En 2012, faenó diariamente 85.000 cabezas bovinas, 70.000 cerdos y 12 millones de aves, que comercializó en 150 países.

Diversas investigaciones revelaron en los últimos años el vínculo que existe entre la industria ganadera y la aceleración en la deforestación de la selva amazónica. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE), nueve de cada diez focos de incendio en áreas destinadas al agronegocio fueron en suelo destinado a la cría de ganado. Y otra investigación del Instituto Imazon mostró en 2019 que el 70% de los incendios sucedieron en zonas de compra de empresas cárnicas. “El Amazonas está siendo rematado para la producción de carne; hay estados donde hay más vacas que personas”, apunta Soledad Barruti, periodista especializada en alimentación. “Los incendios son la herramienta necesaria para el avance de ese modelo, que va de la mano de la violencia y la expulsión de los pueblos indígenas, que son los principales preservadores de la naturaleza y los territorios”, añade la periodista argentina.

La deforestación en la Amazonía se ha disparado este año, con un aumento del 9,5%, la cifra más alta de los 12 últimos años, según el INPE. Esta tendencia viene agravándose con el gobierno de Jair Bolsonaro, ya que en 2019, su primer año de gobierno, la deforestación en la Amazonía creció un 86% respecto del año anterior; y en el caso del Pantanal, un ecosistema igualmente biodiverso y vulnerable, el incremento alcanzó el 573%, según datos del INPE. Como alerta el informe Quemando la Amazonia de Amigos de la Tierra, estas cifras se deben principalmente a la acción humana.

 “Los incendios son una de las acciones dentro de esta red bien articulada con el propósito de aumentar la explotación de los bienes comunes para obtener lucro. De esta manera, se sostiene la cadena mundial de productos básicos agroalimentarios y minerales controlados por las empresas multinacionales”, sostiene Amigos de la Tierra en un informe, en el que se subraya que la falta de supervisión de los proveedores no exime a las empresas de responsabilidad en ese proceso.

En el caso concreto de Marfrig, la empresa que recibe el grueso de la financiación del Banco Santander otorgada a estas empresas, la organización Global Witness encontró en una investigación recién publicada que había comprado, entre 2017 y 2019, 89 ranchos con más de 3.300 hectáreas deforestadas, “todas ilegales”, según el documento. Marfrig es considerado el segundo productor mundial de vacuno, una empresa que exporta productos a cerca de 100 países, incluida España.

Elusión de responsabilidades

Según el informe Restituir el suministro de alimentos de la UE, de Amigos de la Tierra, cuando la Unión Europea calcula cómo impacta en la deforestación, no incluye el papel que desempeñan las entidades financieras que promueven ese modelo. “Los bancos desempeñan una función fundamental” desde hace más de dos décadas, subraya este informe, que aboga por imponer la obligación estricta y vinculante jurídicamente del deber de vigilancia a los bancos, dentro del marco del futuro Tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos, que está actualmente en negociación.

El Banco Santander rechaza su complicidad con la devastación de la selva amazónica. “La entidad ha formulado políticas sectoriales específicas que contienen los criterios para analizar los riesgos sociales y medioambientales derivados de las actividades de nuestros clientes en sectores sensibles”, afirma el Banco a través de su departamento de prensa. La entidad afirma que ha tenido en cuenta “los acuerdos que habían firmado las empacadoras de carne con Greenpeace y el Ministerio público del Gobierno brasileño en relación con el abastecimiento de carne”. Añade que “Santander Brasil trabaja con una empresa de imágenes satelitales de vanguardia que monitoriza 5.000 propiedades” que financia y que esa empresa, cuyo nombre no ha facilitado a este reportaje, “suministra información a diario sobre embargos relacionados con áreas deforestadas, trabajo en condiciones de esclavitud y otros problemas”, de modo que “si se comprueba la existencia de alguna situación ilegal, Santander Brasil tiene la facultad contractual de declarar el vencimiento anticipado de la deuda y exigir su pago”.

El Banco Santander se refiere al acuerdo que surgió cuando, en 2009, una investigación realizada por Greenpeace junto al Ministerio Público Fiscal (MPF) brasileño desenmascaró el rol del sector cárnico en la destrucción de la selva, como detalla el informe A Farra do Boi (El atracón del buey). Dada la repercusión mediática del caso, JBS, Marfrig y Minerva firmaron, junto al MPF, un “compromiso de ajuste de conducta” (TAC o Termo de Ajustamento de Conduta) y adhirieron a unos “Criterios mínimos para operaciones con ganado y productos bovinos en escala industrial en el bioma Amazonia”.

“Lavado de ganado”

Sin embargo, las empresas agropecuarias y sus proveedores han logrado sortear los compromisos adquiridos en el llamado “TAC de la Carne”, como han demostrado investigaciones de Greenpeace, Repórter Brasil y Amnistía Internacional. El Ministerio Público Fiscal brasileño no se mostró severo con los incumplimientos de los compromisos adquiridos: antes bien, consideró satisfactorios los resultados de empresas con hasta un 30% de compras irregulares en 2016, y optó por no punir a ninguna de las compañías auditadas. En 2018, una nueva auditoría del MPF detectó irregularidades en el 19% de las compras de JBS. La Marfrig decidió no someterse a la fiscalización, por lo que no existen datos al respecto.

Lo cierto es que, una década después del acuerdo, alrededor del 65% del área deforestada en la selva amazónica se destina a pastos para el ganado, y ese dato sugiere que, más allá de irregularidades específicas, los sistemas de rastreabilidad no están funcionando. Esto sucede porque cuando estas empresas dicen que controlan la procedencia de sus proveedores, están hablando únicamente del proveedor final. La cadena es mucho más larga y difícil de trazar. Es lo que se ha llamado “lavado de ganado” (lavagem de gado): los proveedores irregulares se encargan de la cría durante las primeras etapas de vida del animal, y lo venden después a un proveedor que no está directamente implicado en casos de deforestación ni trabajo esclavo. Es ese hacendado “limpio” el que se ocupa de la etapa inmediatamente anterior al sacrificio y de la venta directa a la empresa frigorífica.

¿Avances en sostenibilidad o en greenwashing?

A la vista de la presión internacional, en 2020 tanto Marfrig como Minerva y JBS reafirmaron los compromisos asumidos en 2009 y se excusaron de sus escasos avances hasta la fecha argumentando que el sistema brasileño de trazabilidad de ganado dificulta el análisis de los “proveedores indirectos”. Marfrig Global Foods anunció un ambicioso programa de sostenibilidad para la próxima década, con un presupuesto de 500 millones de reales (unos 74,4 millones de euros), y se comprometió a monitorear a sus proveedores en la Amazonia de aquí a 2025, y en el Cerrado y otros ecosistemas, para 2030.

Para Greenpeace Brasil, el verdadero problema es la falta de voluntad política: “Si los compromisos se hubiesen tomado realmente en serio, el sector entero ya estaría operando sobre criterios mínimos y controlando a todos los proveedores a lo largo de la cadena, y el gobierno estaría apoyando con asistencia técnica la concesión de créditos a quienes quieren producir con menos impacto”, señala la organización. Y la expectativa es que la actividad de estas empresas siga creciendo. Se estima que las exportaciones serán el principal motor del sector y que, para satisfacer la demanda nacional e internacional, Brasil llegará en 2029 a sacrificar 52,9 millones de cabezas de ganado vacuno, un 17,7% más que en 2019. Este aumento se verá acelerado si se lleva a cabo la ratificación del Tratado comercial entre la Unión Europea y MERCOSUR, según el cual Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay podrían exportar 99.000 toneladas más de vacuno a la UE con impuestos reducidos, por lo que las importaciones de vacuno a la UE podrían aumentar en un 30%.

Por su parte, el Banco Santander, como también Bradesco e Itaú, suscribió un compromiso con la preservación de la Amazonia en julio de 2020. “Para que el plan sea eficaz, es fundamental que se intensifiquen las medidas de protección de la selva amazónica, coordinando las acciones de los bancos con el gobierno y las iniciativas públicas”.

El riesgo es que este tipo de acuerdos deriven en greenwashing (lavado verde), a través de medidas como el “fomento de instrumentos financieros verdes” o el apoyo a tecnologías vinculadas a la “bioeconomía”, que tienen más que ver con la llamada “economía verde”, que avanza en la financiarización de los bienes comunes, que con una verdadera apuesta por la sostenibilidad.

A ello se suma, de nuevo, la amenaza de la ratificación del acuerdo comercial UE-MERCOSUR, que puede suponer el aumento de la inversión en actividades de deforestación por parte de las instituciones financieras de la Unión Europea. Según Mute Schimpf, Responsable de Alimentación de Amigos de la Tierra Europa, “este acuerdo facilitaría las actividades de los bancos y los inversores de la UE en la financiación de la deforestación en los países del Mercosur, agravando así la amenaza a la que se enfrentan los bosques y las tierras de las comunidades”.