El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cerró 2020 prohibiendo la producción de maíz transgénico y la utilización de glifosato. En estos días una investigación publicada en el diario inglés The Guardian saca a la luz la feroz presión que la industria buscó ejercer en el gobierno en vísperas al decreto.
Por: Redacción Bocado
López Obrador puso fin al 2020 con un decreto en favor de la preservación de la soberanía alimentaria mexicana: prohibió de una vez por todas la siembra y cultivo de maíz transgénico (y el consecuente uso de glifosato) en el territorio mexicano. Así, se estableció el último día del mandato del presidente (31 de enero de 2024) como fecha límite de un período de transición que servirá a México para obtener alternativas que “permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y del ambiente”.
Decretado esto, queda claro que el glifosato Roundup, el herbicida más vendido del mundo, creado por la compañía Monsanto hoy en manos de Bayer, permanece afuera del país. Es un gran desafío para México: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que más de un 60% del territorio de producción mexicano utiliza herbicidas químicos.
Lo que a nadie podía escapársele era que la multinacional que hasta hoy, y pese a la clasificación de posible cancerígeno otorgada por el Centro Internacional de Investigaciones sonbre el Cancer (IARC, OMS), sostiene la inocuidad de su producto, iba a dar batalla.
Hace al menos un año Bayer lidia con el fallo en contra que emitió la corte estadounidense tras una demanda multimillonaria encarada por usuarios del producto hoy víctimas de cancer. Y parece que ese contexto les ha ayudado a pulir sus argumentos a favor del glifosato, todos plasmados en correspondencias secretas sostenidas entre funcionarios del gobierno de Donald Trump y representantes de esa industria.
El periódico The Guardian expuso el martes por la mañana la correspondencia electrónica de la empresa químico-farmacéutica Bayer Monsanto y del lobby de compañías agroquímicas CropLife America con funcionarios de Estados Unidos que tenía como fin presionar al gobierno mexicano para que no llevaran a cabo el decreto que prohibía el herbicida. Estos e-mails fueron obtenidos mediante una solicitud de transparencia por parte de la ONG Centro para la Diversidad Biológica (CBD), y luego compartidos con el medio británico.
Es comúnmente sabido como el lobby industrial entabla una férrea relación con el poder a la hora de resolver sus problemas. Sin embargo, lo que olía a podrido en Dinamarca ahora está expuesto ante todos. Uno de los ejemplos más claros de esto es uno de los e-mails enviados por una representante de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) a un miembro de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) con un planteo crudo: “ver cómo podríamos usar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA) para resolver estos problemas”. Y es mismo Matthew Siordia, director de USMCA, quien había recibido un e-mail pocos meses atrás que indicaba como la industria agroquímica estaba “presionando” a los Estados Unidos para que incluyeran el asunto en el Tratado.
La alarma para la industria química se encendió a finales de 2019, luego de que México rechazara seguir importando glifosato de China. A fin de ese año Stephanie Murphy, ejecutiva de asuntos gubernamentales de Bayer envió un e-mail a una de las directoras de USTR, vaticinando que, si bien de momento los problemas económicos no habían llegado, llegarían en un futuro, y que ya se encontraban trabajando de manera cercana con el Servicio de Agricultura Extranjero (FAS) en la embajada de Estados Unidos en México.
La alianza es clara. Correspondencia entre el presidente de CropLife y el embajador de USTR hablando de los 20 mil millones de dólares que estarían en riesgo si México avanzaba con el decreto nos demuestran una vez más como el interés económico es lo que rige la relación entre la industria y el poder político. “Le pido a México reevaluar estas solicitudes y otorgar permisos de importación”, decía Lightizer, en ese entonces representante de comercio estadounidense, luego de asegurar que el glifosato tenía un historial de seguridad demostrado.
Así como lo hicieron ahora lo habían hecho en 2019 en Tailandia, con el mismo modus operandi. Cuando los funcionarios de un país que cuenta con un 90% de maíz transgénico sembrado se alían con la industria que lo produce, solo se puede decir una cosa: los lobbies andan sueltos.
Para acceder al artículo de The Guardian: https://www.theguardian.com/business/2021/feb/16/revealed-monsanto-mexico-us-glyphosate-ban
