Brasil: Ministerio de Justicia exonera misionero a cargo de la coordinación de indígenas aislados

Salida de Ricardo Lopes Dias está siendo celebrada por indigenistas

El misionero Ricardo Lopes Dias fue exonerado hoy (27) de la Coordinación de Indígenas Aislados de la Fundación Nacional del Indio (Funai), puesto que ocupó por nada más que nueve meses. Vinculado a la pastora Damares Alves, ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, tuvo su gestión puntuada por críticas de entidades indígenas y funcionarios de Funai, además de disputas judiciales.

Dias representaba los intereses de los evangélicos que defendían cambios en la política de protección a los aislados, como muestra la serie de investigaciones periodísticas publicadas por Bocado. El misionero trabajó por 10 años en Misión Nuevas Tribus de Brasil (MNTB), en el Valle de Javari, Amazonas. El local alberga la más grande concentración de pueblos aislados del mundo. En su lugar, fue nombrado Marcelo Fernando Batista Torres, funcionario de carrera que trabajó en Acre (Norte de Brasil) con esas poblaciones.

Los funcionarios de Funai celebran la caída de Dias. “Estamos felices, tenemos la expectativa de que la situación mejore, de que se pueda componer un equipo con experiencia en el tema”, dijo un funcionario. 
La salida del misionero, según fuentes indigenistas que aceptaran hablar con Bocado bajo condición de anonimidad, se relaciona con la presión internacional respecto a Amazonia y a la ineptitud del gobierno brasileño para lidiar con los pueblos aislados y proteger a los indígenas en medio a la pandemia del Covid-19. “Él se volvió un espantapájaros, odiado por el propio equipo de Funai”, afirma una fuente del sector.

Servidor de fundación indígena en Brasil: “Nuestro jefe es nuestro principal rival”

"Nuestro jefe es nuestro principal rival", cuenta servidor de fundación encargada de la política indígena de Brasil

por Tatiana Merlino Brasil
Foto: Mário Vilela/Funai

Después de la victoria electoral de Jair Bolsonaro, en 2018, funcionario encargado de proteger pueblos aislados recibió orden oficial de llevar misioneros a territorios indígenas. “Me dijeron que, si yo no lo hiciese, designarían a otra persona.”

Entre 2010 y 2019, el biólogo Daniel Cangussu trabajó como coordinador del Frente de Protección Etnoambiental (FPE) Madeira Purus de la Fundación Nacional del Índio (Funai), actuando en la ubicación, protección y seguimiento de pueblos indígenas aislados y de reciente contacto de la región de los ríos Madeira y Purús, en el sur de Amazonas, en Brasil. Trabajó junto a los pueblos de reciente contacto Suruwahás y en acciones de ubicación de los aislados de Hi-Merimã y de todos los demás aislados no identificados de la región.

Funai es la institución encargada de toda la política indigenista en Brasil. La política de no contacto con los indígenas y respeto al aislamiento voluntario fue instituida por el gobierno brasileño en 1987, en medio a la elaboración de la nueva Constitución, que reconoció una serie de derechos antes negados.

Aunque evalúe que Funai tuviese una vigilancia eficiente. El seguimiento del territorio Hi-Merimã siempre fue un desafío, porque la población es grande y se desplaza por un área muy extensa. “Y en el entorno viven muchos misioneros que quieren evangelizar a los indígenas aislados”, cuenta Daniel. “Nosotros hacíamos seguimiento del estado de salud de los funcionarios cuando actuábamos con los Suruwahás o en el territorio Hi-Merimã. Pero esa no es una preocupación de los misioneros”, critica.

Acampamento Hi-Merimã | Foto: Daniel Cangussu

Cantos evangélicos

El departamento de coordinación de Funai encargado de los pueblos indígenas aislados fue creado con el objetivo de garantizar su protección y de las tierras en que viven, impidiendo invasiones. Actualmente, hay registro de 114 grupos de aislados, de los cuales 28 están confirmados – los demás aún están siendo evaluados.

Cuando Daniel comenzó a trabajar en la región, en 2010, ya había ocurrido una retirada de misioneros de la tierra en que viven los Suruwahás. La ausencia de Funai permitió que los misioneros actuasen en la región. “Hasta hoy los indígenas conocen cantos evangélicos, hablan de ‘jeshua’, refiriéndose a Jesús”.

En 2018, Daniel expulsó a un misionero que había entrado ilegalmente a la tierra Hi-Merimã. “Él [el misionero] sintió incentivado con la nueva coyuntura [elección de Bolsonaro] para realizar una expedición”. La entrada ocurrió luego de de que Daniel organizase, a pedido de los propios indios Jamamadi, una ida hasta la tierra indígena del pueblo vecino. Poco después, el misionero organizó otra expedición exactamente a la misma región. “Organizamos un viaje oficial emergencial y lo invitamos a retirarse. Se abrieron un proceso de seguimiento del Ministerio Público Federal y un proceso administrativo interno de Funai”, cuenta. 

El misionero, Steve Campbell, convive con los Jamamadi desde niño, cuando llegó con sus padres, también misioneros, en 1963.

Mapa do Complexo Territorial Médio Purus | Elaboração: CTI/Funai

Expedición con misionero

El funcionario de Funai cuenta que el momento de mayor tensión de su vida profesional ocurrió un mes después de que Jair Bolsonaro venciera la elección presidencial de octubre de 2018. 

Daniel fue designado por el presidente de Funai para organizar una visita a la tierra indígena de los Suruwahá. El pedido era para que la comunidad recibiese una visita de la indígena Muawaji Suruwahá, que había sido retirada de la tierra indígena por la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai) años antes para llevar a su hija a Brasilia donde recibiría tratamiento médico. Muawaji y su hija no volvieron.

Pero la visita no sería realizada por Muji solamente – ya convertida en evangélica e integrante de la organización Jóvenes con una Misión – sino que la acompañaban sus hijos y el misionero, Darci Azevedo Cunha. Darci ya había vivido en la misma tierra indígena, antes de ser retirado por decisión del Ministerio Público. 

La solicitud para la visita había sido realizada por el entonces senador y pastor evangélico Magno Malta, que en esa época tenía como asesora a la hoy ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves. “Fui obligado por el presidente de Funai, por presión de Magno y Damares, a entrar a la tierra indígena con un misionero”, lamenta Daniel. Damares es fundadora de la ONG Atini, investigada por el Ministerio Público Federal por tráfico y secuestro de niños.

Daniel cuenta que en un primer momento se resistió a organizar la visita. “Dije que estuve haciendo lo opuesto [impedir la entrada de misioneros a tierras indígenas] durante diez años. Me dijeron que, si yo no lo hiciese, designarían a otra persona”.

La visita duró una semana y fue tensa, en la evaluación de Daniel. El misionero, que habla la lengua de los Suruwahá, mantenía conversaciones reservadas con algunos de los indígenas. “Se estableció un ambiente tenso. Me sentí mal por usar la logística de Funai para apoyar a los misioneros, por saber qué representaban. Fue como un anuncio de lo que vendría luego”, dice, refiriéndose al nombramiento de Ricardo Dias al cargo de jefe de coordinador responsable por los pueblos aislados – Ricardo, pastor evangélico, fue finalmente despedido en el 27 de noviembre.

Presidente da Funai, Marcelo Xavier, em audiência com a Ministra Damares Alves | Foto: Willian Meira/MMFDH/Funai

Casa de conversión en Brasilia

Muwahi vive hoy en Brasilia, capital de Brasil, con dos hijos, [en una comunidad] con otros indígenas retirados por Sesai de otras tierras indígenas y que nunca volvieron a sus lugares de origen. Son indígenas formados para ser pastores, de acuerdo con el funcionario de Funai. “Su estrategia es: si los misioneros no logran entrar a las tierras indígenas, envían indígenas convertidos, ya que no se puede impedir la entrada a indígenas a las aldeas”.

Muwaji Suruwaha | Foto: Reprodução/Atini

Daniel cuenta que tuvo conflictos con Damares y misioneros a lo largo de nueve años a causa de las embestidas en áreas de indígenas aislados o de reciente contacto. Tener que acompañar a un grupo a las malocas un mes después de la elección “fue un mensaje inmediato”. 

 

Poco después de la expedición, a inicios de 2019, Daniel solicitó ser trasladado de su función en el sur de Amazonas. “Mi presidente [de Funai] es un comisario de la Policía Federal que nombró a un misionero para asumir la Coordinación General de Indígenas Aislados y de Reciente Contacto. Nuestro jefe es nuestro principal rival. Esa es la única manera que tengo para explicar lo que es tener a un misionero al mando de nuestras políticas. Es muy triste, nos degrada en todos los sentidos”, dice. “Si un puñado de indígenas es evangelizada, para los misioneros valió el precio, aunque muchos otros mueran.”

Por qué la industria alimentaria adora las lupas de Brasil



Por: Bocado | Argentina


Un comprador tarda seis segundos en hacer una elección en la góndola. En este corto lapso los mensajes en los productos son un misil: inducen o frenan la compra.

Por eso, desde que existe el supermercado como espacio de consumo alimentario, los productos tienen publicidad en sus etiquetas. Y la gente compra y luego de comprar come (o invita a comer a bebés, a niños). Las elecciones comandadas por la publicidad no tendrían nada de malo si no fuera porque la población hoy muere más por la comida que por el cigarrillo. La combinación de azúcar, grasa, sal, calorías vacías, edulcorantes, todo maquillado con aditivos que rellena los paquetes nos está matando.

Frente a este panorama, los rotulados frontales de advertencia surgen como un intento de procurar verdad: una mediación entre lo que ofrece la marca y lo que realmente da. Un derecho: acceso a la información y, con ella, a la salud.

De acuerdo con estudios realizados en varios países de la región, los octágonos negros resultaron ser el rotulado de advertencia más claro, rápido y preciso para desalentar el consumo de los comestibles y bebidas más problemáticos. Desde que Chile lo puso en juego en 2016, lo adoptaron después Perú, Uruguay y México. Sin embargo, hay un país que tomó otro rumbo: Brasil, que se aventuró en un rotulado que nadie había probado antes, las lupas.

Un signo de menor tamaño que los octágonos — tan chiquito que se necesita una lupa de verdad para encontrar y entender qué dice la lupa impresa —; un dibujo complejo de descifrar y, por ende, de menor impacto. Algo tan complejo que, en los seis segundos frente al producto, probablemente el consumidor podría pasar por alto. “Más blanco que negro — explicaría un diseñador —, es menos intenso”. “Más amable”, dice la industria en defensa de un modelo que la mayoría de los países ha descartado.

Por otra parte, mientras que el octágono remite a señales viales que en todo el mundo significan “alto”, la lupa indica para el lector una invitación, un esfuerzo: deténgase,vamos a ver.

Tan favorables son las lupas para las empresas alimenticias que en Brasil quien primero la aplaudió fue la Rede Rotulagem, un grupo compuesto por 21 entidades que incluye asociaciones de supermercados, industrias lácteas,industrias cárnicas y farináceos. “El modelo aprobado por ANVISA (la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) cumple los objetivos propuestos desde el inicio del proceso normativo”, dijeron los portavoces de las grandes industrias.

Pero no han aclarado cuáles objetivos supuestamente cumplen las lupas.

De hecho, oficialmente en los debates que se han dado en el país, se ha aclarado bastante poco. ANVISA comenzó a hablar de rotulados en 2014, cuando Brasil publicó una versión actualizada de la Guía alimentaria. Con ese documento la directriz que daba el país a la población era tan clara como problemática para las marcas: “Para estar saludables hay que evitar los ultraprocesados”, decían las guías. Desde ese momento la industria se sentó a la mesa para intentar cambiar la directiva científica.

En ese contexto y luego de evaluar todos los rotulados que hay en el menú — desde los semáforos que tiene Ecuador, hasta el sistema NutriScore promovido por la industria láctea e implementado en algunos países de Europa, hasta los octágonos que tanto éxito mostraban en los estudios — eligieron las lupas: el rotulado menos probado, menos efectivo y por eso menos inconveniente para el negocio de vender ultraprocesados.

Se espera que las lupas lleguen a los supermercados brasileros en 2022. Sin embargo los estudios que se hicieron hasta ahora muestran que si el objetivo de un rotulado es ayudar a hacer elecciones informadas en la góndola, no lo cumplen. En una investigación canadiense con una muestra de 11.000 participantes, sólo el 12.7% de las personas identificó a las lupas como buen sistema mientras un 37% consideró que los octágonos eran más efectivos, mientras un 33.9%. opinó en favor de otros modelos con formas de alerta y un 15.6% dijo no saber al respecto.

Pero no es solo la parte gráfica lo que falla en Brasil, el modelo de las lupas también está tomando un perfil de nutrientes “débil”. Esto es, cómo se evalúa que un ingrediente sea excesivo. Si el límite permitido para entender un exceso de azúcar por ejemplo es laxo, permite que muchos de los alimentos que son nocivos para el consumidor puedan salvarse de ser rotulados. Eso es lo que ocurre con el sistema elegido en Brasil: es más blando que otros. El de la OPS (Organización Panamericana de la Salud)por ejemplo que ha sido el parámetro para el etiquetado en México, y que ha sido incorporado al proyecto de ley de rotulado que se debate por estos días en Argentina.

En Brasil la industria tomó tanto protagonismo en el debate legislativo que incluso se obturó la posibilidad de que hubiera dos instancias de aplicación de la norma, una más permisiva — aplicada para darle un tiempo de adecuación a las marcas — y otra más estricta — que hoy ya no existe más.

El perfil de nutrientes más débil posible y un signo de difícil interpretación: eso milita la industria y en Brasil lo está consiguiendo.

Según trabajos comparativos si se aplicara el perfil de la OPS un 61% de los productos de la góndola quedarían rotulados. Mientras que con el perfil aprobado por ANVISA la medida solo alcanzará al 41%.

Así, por ejemplo el polvo para leche chocolatada Nescau, a pesar de contener 13 gramos de azúcares agregados, no llevará el signo “exceso de azúcar agregada”. Y las galletitas Club Social estarán libres de portar un alerta de “altas en grasas saturadas”.

“Argentina debería seguir el camino de Brasil”, exigieron distintos representantes de la industria en estos días en que el etiquetado de alimentos se debate en el parlamento argentino dejando claro hacia dónde están orientando en este momento sus armas.

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Salir de la caverna

Salir de la caverna

por Redacción Bocado México

Hace unas semana Mexico, que logró la mejor ley de etiquetado que existe hasta ahora y empezó a ver en las góndolas qué significa tener los productos marcados de una forma clara, veraz y de rápida interpretación. Comestibles chatarra que no parecerán inocuos nunca más, otros que se ofrecen como saludables muestran tener tres sellos, y hasta los cotidianos como el café, cuatro. Una recorrida fotográfica para ver, admirar y copiar.

Antes del etiquetado frontal, México intentó varias veces disuadir sobre el consumo de comida chatarra. En 2014 prohibió la venta de esos productos en escuelas y también aprobó más impuestos sobre bebidas azucaradas, pero al parecer ninguna medida había sido suficientemente fuerte. Ahora nadie puede ignorar los octágonos negros.

Desde el 2014 existe en México una ley que prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas de todos los niveles de educación básica (Ley General de Salud), solía ser frecuente encontrar golosinas, papas fritas, bebidas azucaradas. Siempre hay alguna tiendita — kiosco — enfrente, al lado o cerca. También personas que instalaban una mesa temporal y autos estacionados que se transforman en pequeños negocios sobre ruedas. Refrescos y comida chatarra es lo que ofrecen: hoy todos esos productos están marcados, algunos con la leyenda “evitar su consumo en niños”.

Exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de calorías son algunas de las leyendas del etiquetado frontal en México. Cuando el producto es pequeño, como un chocolate o un paquete de chicles, igualmente lleva un pequeño octágono que dice 2 sellos, 3 sellos o lo que corresponda.

México es el mayor consumidor de refrescos y bebidas azucaradas del mundo. Un promedio de 150 litros por persona al año mientras en Estados Unidos el promedio es de 100 litros y en el resto del mundo ronda los 25 litros, según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt, 2019). Y en Chiapas, un estado que tiene al 76% de su población en la pobreza y sufriendo falta de agua, el consumo de refrescos es 32 veces mayor al promedio mundial. Chiapas es la región donde se bebe más Coca-Cola en todo el mundo.

El etiquetado frontal obligatorio comenzó a regir en México el 1 de octubre de 2020. Aunque en su aprobación influyó el contexto de la pandemia, en la cual el país ha sufrido estragos por sus elevados índices de diabetes, obesidad y sobrepeso, no es una medida apresurada. Expertos y organizaciones no gubernamentales emprendieron esa pelea desde hace más de una década.

Cuando empezó a regir el etiquetado mexicano, la Organización Mundial de la Salud lo halagó “por estar por encima de los intereses comerciales”. Las grandes empresas de la industria alimenticia, en cambio, se mostraron reticentes. Y el primer día de vigencia, el 1 de octubre de 2020, al menos 30 grandes consorcios se ampararon, es decir presentaron recursos legales para evitar marcar sus productos. Ejemplos: Unilever, Coca-Cola, Hershey, Ferrero Rocher y otros.

El subsecretario de Salud de México, Hugo López Gatell, llamó a las gaseosas “veneno embotellado” y el escándalo se encendió. En el peor momento de la pandemia, el funcionario que también es impulsor del etiquetado, señaló directamente a los fabricantes de bebidas azucaradas. ¿Qué respondieron ellos? Denunciaron que el gobierno mexicano los “estigmatiza”.

En tiempos de pandemia por Covid19, México ha hecho explícita una estrategia que va más allá e la atención médica. El gobierno y la secretaría de Salud lanzaron el etiquetado frontal de alimentos mientras la secretaría de Educación Pública incorporó un materia obligatoria en la currícula de todo el nivel educativo: Vida saludable. 

Exceso de lobby

Argentina podría convertirse en el próximo país en tener una ley de rotulado frontal de advertencia con sellos negros, como Chile, Perú y México. O podría ser otro más de los países donde triunfan los conflictos de interés y el lobby en detrimento del derecho a la información y a la salud.

Por: Redacción Bocado

Siete días atrás Argentina estaba cerca de tener un rotulado frontal de alimentos con octágonos negros de advertencias para productos con exceso de azúcar, grasa, sal y calorías, y también para productos con cafeína y edulcorantes no recomendables especialmente para las infancias. A pesar de las presiones de Coca Cola que intentaron afectar el proyecto hasta último momento, el modelo que inauguró Chile y perfeccionó México se plasmó en una ley que tuvo el respaldo de sesenta y cuatro senadores y sólo tres votos en contra (los legisladores de las provincias azucareras). Los argumentos que dieron para oponerse fueron entre desopilantes y bizarros: que se estaba demonizando a ese ingrediente que era orgánico y natural, que no se estaba teniendo en cuenta el hambre, que las barritas de cereal light iban a tener advertencias como los yogures…

Apenas la ley obtuvo dictamen favorable en Senadores, en cuestión de horas el jefe de la cámara de Diputados (hacia donde avanzó el proceso legislativo de aprobación), Sergio Massa, viajó al norte del país. A Tucumán, una de las provincias que lidera a la industria azucarera argentina y prometió a los gobernantes “atender la potencia que tiene el sector azucarero”.

¿Qué significaba esa promesa? Que iba a desenfundar la primera de las estrategias que han sido empleadas sistemáticamente para obturar el rotulado frontal en cualquier país que se le haya animado: la demora. Sergio Massa pasó el proyecto de ley a seis comisiones para que fuera debatido antes de ingresar al tratamiento oficial. Eso podría significar una postergación de años. El escándalo estalló en redes sociales bajo el hashtag #ExcesoDeLobby, lo que obligó a Massa a reducir el mismo día las comisiones a la mitad, aunque no hay garantía de que el proceso se agilice.

Enseguida se reavivaron las otras estrategias que por 10 años han impedido que en Argentina exista siquiera un debate sobre rótulos: confundir y propagar miedo.

Ideas apocalípticas del tipo La ley va a quebrar el sistema, porque enlazan supuestos como Coca Cola va a vender menos, el kiosco de la escuela también y el Mercosur va a desbarrancarse. Es ese espacio de cooperación comercial de América del Sur, el Mercosur, el que es utilizado como el instrumento más efectivo para boicotear sistemáticamente los avances de todos los países que lo conforman aduciendo una necesidad de consenso para homologar rótulos.

Foto: Miguel Tovar

La discusión dentro del Mercosur parece de locos. Porque las normativas no dicen nada como que hay que acordarlo todo. Pero la presencia de la industria en cada una de las reuniones es imbatible. Uruguay fue el primer país del bloque en animarse a sancionar la ley de rotulado frontal y debió enfrentar el bullying del resto, que pretendían avanzar sobre su autonomía. Pero la alegría duró poco. Cambio de gobierno mediante, las marcas encontraron en Mercosur el espacio para postergar la aplicación a 2021 y dejar a Uruguay en un limbo: si el espacio de comercio internacional acuerda un camino común (el que sea) ese país también deberá adoptarlo.  Curiosamente, Brasil también logró generar un etiquetado de advertencias pero diferentes: “lupas” que aparecen ahí donde hay ingredientes problemáticos que destacar, con un diseño gráfico tan particular que se vuelve mucho más débil que el de los octágonos negros. Además que su perfil de nutrientes es más laxo, exponiendo solo a aquellos productos que tienen excesos evidentes y permitiendo que se oculten los productos ofrecidos como saludables a pesar de tener excesos de nutrientes críticos. “El peor sistema de rotulados que se ha aplicado hasta ahora” según un estudio canadiense. Tan complicado resulta el modelo brasileño que los legisladores argentinos opositores a la ley toman las lupas como ejemplo. “Si Brasil es más amable con sus rótulos, nos mudamos para allá”, dicen.

Daniel Funes de Rioja, titular de COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, la cámara que engloba a todas las marcas de Argentina), catalogó de “demonizadora” y poco razonable a la medida de octógonos negros. La Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (Amcham) ya habría enviado tres notas a las comisiones que tratarán el tema, expresando su opinión negativa. A todos los anteriormente nombrados se les suma Juan Luis Manzur, médico y político que gobierna actualmente la Provincia de Tucumán, quien fue Ministro de Salud Nacional entre 2009 y 2015, en férrea alianza con las azucareras. Juntos, Manzur y  Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Salud del Senado, han atacado la ley de rotulado y defendido públicamente al ingrediente:  “Así como está el proyecto victimiza o pone al azúcar en un lugar que no se merece (…) El azúcar es natural, más sano que los edulcorantes. Necesitamos un proyecto de ley para acercarnos a Mercosur, y este definitivamente no lo es”.

Otro sector que se opone a que los consumidores tengan acceso a la información es el de nutricionistas y médicos que trabajan frecuentemente para las marcas alimenticias. Personas como Sergio Britos, director de CEPEA (Centro de Estudios Sobre Políticas y Economía de la Alimentación) y profesor asociado de nutrición en la Universidad de Buenos Aires, quien trabaja frecuentemente para Danone (que tiene un catálogo de yogures y postres infantiles con exceso de azúcar), comenzó la campaña #PorUnBuenEtiquetado. Publicó un artículo en su cuenta en LinkedIn, en el cual cataloga al proyecto de excluyente, afirmando que solo apunta a limitarse a nutrientes cítricos (como azúcar y sal) sin contribuir a mostrar los nutrientes “buenos” que los productos pueden tener (como vitaminas sintéticas agregadas). Britos también compartió por Instagram reuniones sobre la iniciativa YINI, financiada desde el Instituto Danone: una serie de estrategias para la promoción de cualidades y características de los yogures, en las que se evaden las altas cantidades de azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa y/o edulcorantes que muchos poseen. Es tan poderoso el alcance de los financiadores de estas ideas, que la semana anterior terminaron siendo propagadas por el periodista de espectáculos Jorge Rial a través de su cuenta de Twitter. Rial es Management de Minta Group, empresa encargada de posicionar marcas en medios masivos. Y uno de sus principales clientes es Danone. Además está en pareja con Romina Peirano, también nutricionista, y embajadora de Activia, uno de los yogures azucarados de Danone.
Entre los comentarios destacados al post de Britos aparece la directora del Centro Katz y directora de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), Mónica Katz, quien aprovechó para sumar su apoyo: “Argentina se debe una discusión transversal”. Después, por medio del diario Infobae, Katz se dijo alarmada ante la posibilidad de que su nieta encontrara rótulos negros sobre los productos que ella le indica comer.

Foto: Miguel Tovar

Las opiniones de Mónica Katz no son ingenuas porque también colabora con la industria alimentaria. La SAN recibe financiamiento de empresas como PepsicO, Danone y Arcor, pero además ella personalmente, entre sus últimos trabajos, estuvo encargada de desarrollar el rotulado “La porción justa”, una campaña de la transnacional de alimentos y golosinas Arcor. Así la empresa encontró en Argentina la forma de implantar un sello verde -propio y único- con cual indica la porción de chatarra que recomiendan diariamente, como si tal cosa existiera. Así, en las góndolas argentinas hay productos marcados como “la porción justa” cuando en Chile, Perú y Uruguay tienen entre dos y tres sellos negros de exceso.

“Argentina va a tener una ley de rotulado frontal”, dijo unos meses atrás Ginés Gonzalez García, el actual Ministro de Salud. Y a priori todos estamos de acuerdo. Pero ahí hay una trampa: una mala ley puede ser peor que ninguna, y hacia eso apunta el lobby actual: “más amable como la de Brasil”, “que agregue nutrientes buenos”, “que tenga un perfil de nutrientes distinto”. Nuestro ministro de salud, González García, es el fundador de la universidad privada Isalud, que tiene una carrera de nutrición dirigida por el médico mediático Alberto Cormillot. Cormillot fue funcionario en el gobierno anterior inaugurando la dirección de Alimentación Saludable desde donde tomó una única medida: firmar una acuerdo con la cámara de empresas de la industria alimentaria COPAL, que les garantiza una silla en todas las reuniones donde se debaten políticas públicas relacionadas a la alimentación. Además Cormillot es una marca: hay una línea de productos con su nombre, muchos altos en azúcar y edulcorantes.

Además de confundir y asustar, el lobby anti-etiquetado tiene por estrategia interferir: Correr los límites que se establecen en el proyecto de ley actual (que son los que sugiere la Organización Panamericana de la Salud) para adoptar unos más laxos (los que sugiere la industria).

“Buscan debilitar el sistema de perfil de nutrientes que fue desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud”, dice Ignacio Porras, licenciado en Nutrición y director de SANAR, una sociedad de nutrición libre de conflictos de interés que tiene representación en todo el país. Porras explica que para ser útil, la ley debe mantener tanto su sistema de rotulado octagonal como el perfil de nutrientes de la OPS.

La oposición a la ley es férrea pero su apoyo también. No solo SANAR lo comanda desde la sociedad civil sino también la Fundación Interamericana de Nutrición, UNICEF, OPS y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) que publicó una carta pidiendo el tratamiento urgente de una ley que protege principalmente a niños y niñas.

Actualmente los activistas se esfuerzan por sostener el perfil de nutrientes y resumir el trabajo de Comisiones, para que el proyecto sea tratado a modo de plenario. Quien tiene el poder de decisión en ese aspecto es la diputada Cecilia Moreau, y ha dicho que el viernes 13 convocará a una primera reunión informativa.

En el congreso argentino se debate más que una ley: existe una guerra de conflictos de interés acechada por una de las industrias más poderosas del mundo. Un poderoso sector que entre ingenios y grandes marcas alimenticias ha logrado nada menos que mantener ocultas las cantidades de endulzantes que se agregan a los productos, convirtiendo a los consumidores de procesados y ultraprocesados en protagonistas de un experimento: comer azúcar, escondida bajo 56 nombres.