Havanna de troya

Por: Redacción Bocado

Argentina es el primer país en el mundo entero en preaprobar el trigo transgénico HB4. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en conjunto con la empresa de biotecnología agrícola Bioceres, llevaron a cabo una modificación genética en la semilla de trigo otorgándole un superpoder perfecto para el campo: la resistencia a la sequía.

Sin embargo, el trigo HB4 es un caballo de troya. Porque acarrea un aliado superpeligroso: el herbicida glufosinato de amonio, que detiene la fotosíntesis de las malezas. En laboratorios lo hicieron resistente a ese químico. Sobrevive a él pero a nuestras pastas, a nuestro pan y a todo lo que se elabore con el nuevo trigo llegarán los residuos de este tóxico.

Un producto peligroso. La evidencia de la neurotoxicidad y de la genotoxicidad del glufosinato llevó a los miembros de la Unión Europea (UE) a prohibir su comercialización a fines del 2013.

Pocos días atrás, la empresa Havanna, conocida regionalmente por sus emblemáticos alfajores con dulce de leche, acordó con Bioceres empezar a elaborar algunos productos con el novedoso trigo transgénico HB4. Y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), organización que pelea contra el uso de transgénicos y agrotóxicos, comenzó inmediatamente una campaña en contra del nuevo ingrediente mediante el hashtag #ChauHavanna.

En un tuit publicado el 17 de mayo, la UTT compartió que el uso del trigo transgénico “aumenta el uso de agroquímicos más tóxicos que el glifosato”, significa un “mayor riesgo a la contaminación genética a otros trigos” y “consolida el poder de concentración del agronegocio”.

Debido a toda la repercusión que generó el tema, Havanna comunicó este fin de semana que deshacía su alianza con Bioceres. Voceros de Havanna hablaron por medio del portal CarbonoNews: “No vamos a opinar de la campaña. Sin embargo y centrados en nuestros clientes y consumidores, como hacemos siempre, les hemos dicho que, en primer lugar, al día de hoy todos los productos desarrollados en Havanna no han tenido ningún tipo de intervención por Bioceres. En segundo lugar, el acuerdo es absolutamente embrionario al tal punto que ni siquiera se ha producido ni una primera reunión entre los equipos de desarrolladores para analizar hacer algo en conjunto. Y, en tercer lugar, y lo más importante, es que cada vez que Havanna lanza un producto al mercado primero es testeado por sus clientes y consumidores y luego se informa por todos los medios toda la información adicional que requiera el producto.”

Para comprender la oposición a la alianza Havanna-Bioceres (o alfajor-trigo transgénico), que logró un triunfo innegable, Bocado dialoga con Fernando Frank, Ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de la Pampa y coautor del Atlas del Agronegocio transgénico en el Cono Sur.

– ¿Cómo se vuelve Argentina el primer país del mundo en aprobar el trigo transgénico?

La aprobación de trigos transgénicos se viene intentando desde hace más de 20 años en varios países del mundo pero no se dio por el rechazo masivo de los y las consumidores/as. Argentina fue uno de los primeros países del mundo en aprobar semillas transgénicas. El primer caso fue la soja RR, en 1996. Desde 1998, se aprobaron muchos eventos también para maíz. Hoy es uno de los pocos países del mundo que los cultiva masivamente. A la vez se trata de un país donde se producen grandes cantidades de granos y harinas de trigo.

Nuestro país permitió la consolidación jurídica y económica de un sector de los agronegocios, que hoy intenta dar saltos muy peligrosos en su construcción histórica de poder. En concreto, la preaprobación del trigo HB4 en Argentina se da por el poder de lobby de la empresa Bioceres, por el poder de un puñado de funcionarios afines a los agronegocios como Basterra, Solá, Scioli y Salvarezza, y por el rol clave de periodistas como Delattorre en Página12 y Huergo en Clarín.

Pueden hacerlo de manera inconsulta, impune y secreta porque cuentan con una legislación intencionadamente laxa: la CONABIA es controlada por las mismas empresas reguladas, y en ningún momento se prevé participación ciudadana, ni del Congreso Nacional.

– ¿Por qué debe preocuparnos la instalación de trigo transgénico en Argentina? ¿Y cómo se pone en perspectiva eso mismo, pero en cuanto a Latinoamérica entera?

Los impactos negativos de los monocultivos transgénicos son muchos, y los sistematizamos en el Atlas del Agronegocio transgénico en el Cono Sur.

En particular con el trigo HB4 de Bioceres vemos como un problema grave el riesgo de que crezca la exposición a agrotóxicos, sobre todo el herbicida llamado glufosinato de amonio. También es grave el peligro de contaminación genética por el paso, intencional o no, de genes desde el trigo HB4 a trigos no transgénicos, y por el intercambio, legal o ilegal, de granos para semilla. Esto es sistemáticamente negado por Bioceres, pero está reconocido como riesgo incluso por la CONABIA en su informe sobre el trigo, publicado en 2016.

Con respecto a Latinoamérica por una parte están los riesgos asociados al consumo alimentario, en los países que hoy consumen harinas y panificados exportados desde Argentina. Además, como sucedió con la soja RR, está el riesgo de entrada, legal o ilegal, de semillas transgénicas a los países que cultivan trigo, y que serían contaminados con los transgenes del trigo HB4.

– ¿Con qué argumentos se resistió el resto del mundo?

Hay un rechazo masivo a los transgénicos centrado en los riesgos sanitarios del consumo de alimentos derivados de granos transgénicos. A la vez crece la conciencia sobre cómo impacta el consumo de derivados de transgénicos en los territorios de los países productores. Como sucede con otras actividades extractivistas como el fracking, la megaminería o las megarepresas, los grandes capitales transnacionales, a través de los agronegocios, ven en nuestros países territorios de sacrificio para producciones que consumen las clases medias y altas desde los mercados globales.

– ¿Por qué la industria utiliza un producto como el alfajor Havanna para promocionarse?

No lo sabemos. Hasta hoy, la negativa de las empresas y de los estados en etiquetar transgénicos se basó en reconocer el rechazo generalizado a los transgénicos por parte de los y las consumidores/as.  Además, vimos en los últimos años cómo el capital global concentrado apostó por emprendimientos empresariales de agricultura orgánica certificada, y otras formas de “Greenwashing”. El acuerdo de Bioceres y Havanna va a contramano de estas dos tendencias, y no sabemos hoy cómo van a evaluar ellos la política publicitaria que tuvieron en estas semanas: si como un error, o como un acierto en sus cálculos de riesgos e inversiones.

Los alfajores industriales son productos ultraprocesados que tienen todos los problemas de cualquier ultraprocesado: excesos en nutrientes críticos, incorporación de aditivos riesgosos para la salud humana, entre otros. Reemplazar a los alimentos mínimamente procesados y a las preparaciones culinarias caseras por procesados y ultraprocesados nos está llevando en Argentina a un desastre sanitario sin precedentes: las enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, afecciones cardiovasculares, etc.) no paran de crecer en prevalencia y como causas de muerte. Por eso la recomendación de las guías alimentarias de rechazar a los ultraprocesados.

En mi opinión Havanna, con su presencia en 13 países, con 350 locales, y su desarrollo centrado en comestibles ultraprocesados no es una empresa seria y responsable que “dio un mal paso”, sino una empresa capitalista consecuente, que replica lo más dañino de la industria alimentaria de ultraprocesados, y por lo tanto co–responsable de la pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Seamos claros: de aprobarse la ley de etiquetado de advertencia que tiene media sanción, los alfajores que son vendidos como símbolo de relax, placer y pertenencia de clase, van a tener octógonos negros que advertirán que se trata de comestibles peligrosos y dañinos, y además se prohibirá a la empresa publicitarlos entre niños y niñas.

– ¿Quiénes están detrás de la campaña de boicot? ¿Qué se propone? ¿Tienen pensado extenderla a otros países?

La campaña de boicot está en crecimiento y es muy diversa. El objetivo es movilizar a la opinión pública para que el Bioceres y el gobierno nacional entiendan que este tipo de decisiones no puede ser tomadas por un puñado de empresarios y funcionarios, a puertas cerradas. Tienen que abrir los debates. Y cuando los abran escucharán que el rechazo es masivo, y que no es caprichoso, mentiroso ni miedoso como se afirma desde Bioceres sino sólido, basado en evidencias de los desastres de los monocultivos transgénicos y del consumo de ultraprocesados en Argentina y la región. Que tiene que ver con la defensa de una alimentación sana, diversa y agroecológica.

Además, esperamos que otras empresas que hoy reciben ofertas de parte de Bioceres para ser parte de sus negocios tomen nota del reclamo diverso, masivo y basado en evidencias, de un sector importante de la sociedad argentina.

¿Cómo se desarrolló la lucha contra la alianza Havanna-Bioceres por parte de quienes se oponían?

El primer objetivo, que era romper el silencio y sumar voces críticas, se cumplió e incluso superó las expectativas. Hasta este conflicto, muchas personas no habían escuchado hablar del trigo HB4 ni de Bioceres. Tampoco sabían cómo se decide la aprobación de semillas transgénicas en Argentina.

Cuando la gente escucha los riesgos que los transgénicos implican, y que además se decide a espaldas de las voces críticas y de la opinión pública, lo lógico es que se indignen y se movilicen, como lo hizo cada uno de nosotros en distintos momentos. Estamos en un momento de definiciones: si el Gobierno escucha el “NO” rotundo y diverso, tiene que recapacitar, y volver atrás la preaprobación del trigo HB4.

¿Cómo ve la posibilidad de que otras empresas hagan un convenio similar con Bioceres?

Bioceres está proponiendo, desde la página web “Generación HB4” un modelo de agricultura por contrato, similar al que Monsanto proponía con la tecnología “Intacta”: el usuario usa la tecnología y paga un canon. Además de buscar tierras para producir en estos sistemas de contrato, van a seguir buscando empresas elaboradoras como Havanna y otras, para colocar sus productos al margen de los mercados tradicionales de granos (molinos, acopiadores, exportadores, etc.), que ya se han manifestado contra el trigo HB4.

¿Qué significa la marcha atrás de Havanna para la lucha contra el HB4?

Los representantes de Havanna dijeron, textualmente “La alianza con Bioceres está en una etapa inicial de investigación para el uso. Nuestro compromiso es con los clientes, garantizando la excelencia y calidad de nuestros producto”

Todavía no dijeron que no van a seguir trabajando con Bioceres. Es importante, sin embargo, que no hayan repetido las mentiras de Bioceres sobre “sustentabilidad”, “agricultura regenerativa” y balance de carbono. Esperamos, como decíamos, que escuchen las diversas voces que se manifestaron contra el acuerdo, y no sólo a sus “focus groups”, a CEOs y funcionarios pro agronegocios. Y que formalicen el rechazo con claridad, y pasemos a hablar de otros temas.

Cuidado, lobby suelto

Se reunén con periodistas solo bajo estricta confidencialidad y producen material para “educar” a sus empleados. Mientras actúan en la sombra, se expresan públicamente a través de sus sociedades y cámaras de negocio. Las marcas detrás de las cosas que amamos comer y beber, tienen hace meses un único objetivo: evitar a toda costa que en Argentina se sancione la ley de etiquetado frontal de alimentos.

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Noticias puercas

Dos noticias en la región acerca de granjas industriales porcinas. Un noticia buena y la otra aún no se define, dependerá de lo que resuelva el Banco Mundial.

Por: Redacción Bocado

El pueblo maya Homún, en el estado mexicano de Yucatán,  batalla desde finales del 2016 con una gran planta de cría intensiva de cerdos, propiedad de la empresa Producción Alimentaria Porcícola. A casi cinco años de iniciada la pelea, la comunidad logró un gran triunfo: la Suprema Corte de Justicia del país dio la razón.

Luego de varias instancias, el máximo tribunal mexicano dictaminó este miércoles 19 de mayo la suspensión definitiva de la contaminante granja porcina, que deberá mantenerse cerrada hasta la resolución definitiva del juicio. En la corte suprema de México hubo unanimidad de los votos, dándole de este modo un rotundo triunfo a la oposición a los medios de producción que contaminan las aguas, el aire y la salud.

Como ha sido denunciado y documentado en múltiples ocasiones, las granjas porcinas intensivas implican un tipo de producción que causa amenazas al territorio que van desde la contaminación del agua, en este caso de una de las reservas geohidrológicas más importantes de México, el llamado Anillo de los Cenotes, hasta el daño en la salud de habitantes de la zona. En otras palabras, los derechos humanos del pueblo Homún estaban siendo violados por la granja porcina.

La resolución dictada por la justicia mexicana responde a una demanda presentada por 6 niños de Homún, quienes denunciaron permisos irregulares y riesgo de daños ambientales. Una pelea que había logrado una primera suspensión al aprobarse una demanda de amparo en 2018. Se trata de una historia en verdad heroica: 6 niños pararon legalmente a una granja montada de forma ilícita con aproximadamente 49.000 cerdos. 

Si bien este es un gran paso para México y Latinoamérica, sin duda restan muchos otros  por dar en el camino a sistemas alimenticios sustentables.

En Ecuador, una coalición de grupos y Organizaciones No Gubernamentales de la Sociedad Civil Global exige al Banco Mundial (BM) que no otorgue un préstamo de 50 millones de dólares solicitado para ampliar una granja industrial en ese país. Las ventajas en producción alimentaria que la granja ofrece son inversamente proporcionales a las repercusiones sanitarias, sociales y medioambientales que generaría.

Ya en 2010 hubo escándalos relacionados a los residuos vertidos en los ríos, actividad típica de las mega granjas que implica contaminación del agua que los pueblos aledaños utilizan para pescar, regar, bañarse y hasta cocinar.

Ahora, la procesadora ecuatoriana de alimentos PRONACA busca financiación para expandir sus operaciones de carne vacuna, porcina y avícola. De conseguir el préstamo se posicionaría como un monopolio gigantesco porque hoy en día ya controla más del 50% de la producción de carne de cerdo y aves de corral en el país. Los pequeños productores son y serían también damnificados por el crecimiento exponencial de PRONACA.

Es remarcable el lazo que existe entre el Banco Mundial y la procesadora. Porque, aún cuando viola los compromisos climáticos del BM en cuanto a reducción de emisiones, ha recibido al menos 120 millones de dólares en préstamos desde el 2004. 

Ahora Ecuador se encuentra a la espera de una reunión del directorio de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del banco. Este viernes 22 de mayo decidirán si otorgan o no el préstamo.

Agroecología vs Agroindustria: quién nos alimentará.

Un mundo donde se produce cada vez más comida pero también se tira un 35% de lo que se produce y 820 millones de personas viven con hambre. Ahí (sobre) vivimos. ¿Qué lugar tiene la agroecología, cuál es su presente y cuál podría ser su futuro? El Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas, la plataforma intergubernamental más importante en materia de seguridad alimentaria, debate cuál sería el modelo deseable para el trabajo del campo. Bocado entrevista a Magdalena Ackermann Aredes, quien participa en ese decisivo debate como co-facilitadora del Grupo de Trabajo sobre Agroecología del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas.

Por: Redacción Bocado – Foto: UTT.

“Nuestros sistemas alimentarios están fallando y la pandemia COVID-19 está empeorando aún más las cosas”, dijo António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. Y no cabe ninguna duda: en los últimos 50 años, la capacidad de producir comida del mundo ha aumentado de manera exponencial en un 300% pero  paradójicamente la cantidad de personas que sufren hambre son  820 millones (más de un 10% de la población total del planeta, donde somos 7800 millones de seres humanos). Por otro lado, si bien creció la capacidad de producción, la capacidad de desperdicio acompañó al aumento: el 35% de la comida producida se tira.

La situación de la agricultura en el mundo es complicada, ha admitido Naciones Unidas, pero “la buena noticia es que sabemos lo que tenemos que hacer para corregir el rumbo. Los científicos están de acuerdo en que la transformación de nuestros sistemas alimentarios es una de las herramientas más poderosas para cambiar el rumbo” .

Como parte del camino que ha trazado la Organización de las Naciones Unidas para alcanzar los “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible” de aquí a 2030, se puso en marcha un proyecto a realizarse en septiembre de este año: la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios. Esto es, un evento que pretende lanzar nuevas medidas que logren sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles.

Este evento parece no tomar en cuenta un órgano de la ONU que existe en Roma desde hace varias décadas. El Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) nació a raíz de la crisis mundial del hambre de los años setenta con el objetivo de catalizar la toma de decisión por parte de gobiernos, sector privado, sociedad civil y otros actores del sistema alimentario con un único objetivo: eliminar la inseguridad alimentaria y la malnutrición.  

Actualmente se encuentran en curso las negociaciones sobre el documento de “Recomendaciones de Políticas del CSA sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores”, que comenzaron en los últimos días de marzo de este año y se definirán en los siguientes días en Roma. Están fuertemente impulsadas por la sociedad civil global a través de un extenso trabajo participativo del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC). En las negociaciones pueden participar hasta 138 países, pero los que más están contribuyendo al debate son Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Indonesia, México así como la Unión Europea, Suiza, Senegal y Mali. Estas negociaciones gestarán un documento común con gran peso político y podrían avizorar lo que podría ocurrir en septiembre en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas, donde se espera que se construya un camino para la alimentación, como ocurrió en París contra el cambio climático.

Pero no todos los países están de acuerdo con la agroecología como opción, por el contrario, buscan a toda costa defender el agronegocio. Países agroindustriales como Argentina, Brasil y Estados Unidos demuestran su rechazo y ejercen un fuerte lobby en contra.

De hecho, estos países, intentando defender durante las negociaciones su sistema de producción agroindustrial, han propuesto que se analicen incluso otros enfoques innovadores nacidos del corazón del agro. Durante la segunda ronda de negociaciones, la representación de Argentina presentó un borrador con comentarios y observaciones pro-industria. En contraparte, decenas de organizaciones y más de tres mil personas presentaron una carta abierta al gobierno argentino para exigir que se apunte a “un modelo de agricultura que, en el marco de la diversidad y la producción en armonía con la naturaleza, busque hacer realidad el imperioso derecho humano a la alimentación adecuada y la Soberanía Alimentaria”.

Los modelos en juego, desde dentro

Consultada por Bocado, Magdalena Ackermann Aredes, co-facilitadora del Grupo de Trabajo sobre Agroecología del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas (CSA), explicó los puntos fundamentales a tener en cuenta en la actual discusión internacional.

En este momento se está dando un debate para pensar las políticas relacionadas a la agroecología en Naciones Unidas y en septiembre habrá una cumbre para pensar sistemas alimentarios más sostenibles, ¿qué podría decirnos sobre ambos eventos?

El Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas (CSA) es la plataforma intergubernamental más inclusiva en materia de seguridad alimentaria y nutrición. En el marco del CSA, se llevan a cabo procesos de convergencia política para acordar sobre documentos que puedan contribuir a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada para todas, condición necesaria para alcanzar el Objetivo de desarrollo sostenible 2 de erradicar el hambre en el mundo.

Dentro del mismo marco del CSA es que se están negociando las recomendaciones políticas sobre “enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores” desde finales de marzo de este año.

El Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) es un participante activo del CSA, por lo cual viene siguiendo muy de cerca y contribuyendo a este proceso.

Desde el MSC, se abogó por mucho tiempo la necesidad de que el CSA lleve adelante un proceso sobre agroecología, dado que es la realidad y el medio de vida de la mayoría de las personas representadas en los 11 sectores que conforman el MSC.

El MSC viene compartiendo sus prioridades para este proceso a través de varios medios, incluyendo una sesión informativa pública celebrada el 25 de marzo de este año. El CSA debería reconocer el poder transformador de la agroecología como ciencia, práctica y movimiento e identificar las políticas públicas que pueden promoverla. Este es nuestro mantra. El CSA también debería reconocer el papel central de la agroecología como revulsivo económico para las comunidades locales, y su potencial para mitigar y adaptarse al cambio climático.

Es importante que la agroecología no se reduzca a una coexistencia forzada con otros enfoques insostenibles. Para el MSC, las recomendaciones deberían seguir diferenciando a la agroecología como la vía preferible para la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles que ponen fin al hambre y la malnutrición en el mundo. Las sólidas evidencias desde los territorios lo han demostrado y esto también está respaldado por el análisis del informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN).

Finalmente, pero fundamentalmente, queremos reiterar que, si no se respetan los derechos de los más afectados, no se logrará la transformación de los sistemas alimentarios tan urgentemente necesitada. Es clave que se refleje el reconocimiento de la centralidad de los derechos humanos en cualquier marco que sustente un sistema alimentario sostenible.

Sin embargo, en el marco de estas discusiones y en el marco de las negociaciones para las Directrices Voluntarias sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición, hemos presenciado una tendencia para ofrecer soluciones que siguen en el status quo para “cambiarlo todo sin cambiar nada” en el modelo agroindustrial dominante, que tantos impactos tiene sobre las vidas y la salud de las personas, así como sobre el medioambiente.

Constatamos cómo esta misma captura corporativa de los sistemas alimentarios se viene reflejando en un marco más amplio de la ONU, en particular con la organización de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de la ONU (que tendrá lugar en julio y septiembre de este año). El MSC también viene alzando la voz sobre sus fuertes preocupaciones sobre cómo se está organizando la Cumbre (con una proposición de gobernanza no centrada en el marco de los derechos humanos) y su contenido sesgado hacia medidas que benefician la industria alimentaria y la comercialización a nivel global y que presentan como “soluciones transformadoras”.

– ¿Hay un lobby que se opone a la agroecología en el marco de estos debates? Si es así, ¿cómo está organizado?

No hablaría de lobby sino de resistencia por parte de un bloque de países, incluida la Argentina, que basan sus economías en el modelo agroexportador. En un marco donde la prioridad tendría que ser dada a las necesidades de las personas más afectadas por el hambre y la malnutrición, hubo un claro juego de poder por parte de ciertos actores que participaron en las negociaciones con el objetivo principal de defender sus intereses económicos y una inclinación a evitar llamar la atención sobre las responsabilidades de los actores que hoy son parte de los problemas de desigualdad y que son los mayores contribuidores a la emergencia climática.

Esta resistencia se tradujo concretamente en un rechazo a incorporar conceptos como “la necesidad de transformar los sistemas alimentarios”, “modelos insostenibles” y los impactos que éstos tienen sobre la salud humana y planetaria. Las pocas veces en que se incorporaron estos conceptos, también fueron añadidas reservas y matices que debilitaron su fuerza política. Por ejemplo, se aceptó incluir una alusión a la transformación de los sistemas alimentarios, solo si también se mencionaba que actualmente ya existen sistemas alimentarios sostenibles y que no todos deberían de ser transformados.

Para el MSC, es fundamental incluir la referencia a la transformación del sistema alimentario. Porque el sistema alimentario dominante nos está llevando a una crisis social y ambiental, mientras el hambre y la desnutrición continúan en aumento.  Como dijo recientemente el exdirector general de la FAO, Graziano da Silva, “lo que hace del hambre un problema político muy complejo es que los hambrientos no están representados.”

Cabe destacar que en los últimos años, los informes de la FAO sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el mundo han alarmado sobre el aumento del hambre y la malnutrición en el mundo. Desde 2014, el hambre no ha dejado de aumentar. Al comenzar la pandemia, la FAO estimaba que unos 690 millones de personas sufrían el hambre. Con la COVID-19, a esta cifra se le han añadido aproximadamente 270 millones de personas, es decir seis veces la población de la Argentina.

– En América Latina hay una fuerte organización social de grupos de producción familiar y agricultura campesina, ¿cómo podría hacer ese movimiento para hacer oír su voz?

Muchas de las organizaciones campesinas y de pueblos indígenas de América Latina (y el resto del mundo) participan dentro del MSC y son ellas mismas que establecen colectivamente las demandas y prioridades a llevar adelante dentro de los procesos de convergencia política dentro del CSA.

El MSC es un espacio abierto y por tanto no tiene miembros formales, sino organizaciones participantes. Toda organización que pertenezca a la sociedad civil y trabaje a favor de la seguridad alimentaria y nutrición puede unirse y hacer oír su voz. De esta manera, puede contribuir a formular políticas al más alto nivel de la gobernanza mundial sobre temas de agricultura, alimentación y nutrición, pero también sobre temas conexos como la igualdad de género, el empoderamiento de los jóvenes, el respeto de las comunidades indígenas, la lucha contra la crisis climática y el deterioro de la biodiversidad, etc.

En cuanto a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, el MSC ha impulsado un proceso independiente para responder a su organización y para alzar nuestra voz en contra de la captura corporativa de los sistemas alimentarios. Este proceso está abierto y sigue en curso, por lo que cualquier organización social de agricultura campesina, de producción familiar o que se vea afectada por la captura corporativa en otro ámbito de la vida (por ejemplo de la salud, medio ambiente, género,…) puede unirse a nuestro proceso firmando nuestro llamamiento abierto.

– Argentina desarrolló la Dirección Nacional de Agroecología, ¿qué otros ejemplos de reconocimiento institucional están habiendo de la agroecología en el mundo?

El reconocimiento institucional de la agroecología es fundamental. En el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo ahora, los ejemplos institucionales ayudan, en particular para poder compartir con otros actores interesados experiencias ya vividas por ciertos países.

México hemos visto que tiene varios ejemplos que favorecen la transición hacia la vía agroecológica, en particular con el compromiso del Gobierno de la Cuarta Transformación en defensa de la vida y del fortalecimiento de nuestro sistema agroalimentario para que sea más justo, más seguro, más sano y respetuoso con el medio ambiente.

Otros países en el continente africano como Cabo Verde, Senegal y Mali también son gran promovedores de la vía agroecológica.

En un marco institucional a nivel internacional, una herramienta clave que existe son los 10 elementos de agroecología de la FAO. Este documento fue aprobado por el Consejo de la FAO en 2019 y reconoce una gran parte de los principios de agroecología expresados y puestos en práctica por las organizaciones campesinas y los pueblos indígenas.

– ¿Por qué no es viable la postura del agronegocio que sostiene que lo que falta es corregir el sistema vigente a fin de volverlo más sustentable, aplicar buenas prácticas, etc.?

Hoy en día estamos plenamente inmersos en un modelo de hiperglobalización que ha llevado hacia un mundo más desigual y más hambriento que nunca.

Las empresas agroalimentarias, basadas en el modelo de producción agroindustrial que responde ciegamente a la lógica del mercado y a la optimización de recursos, han crecido en tamaño y poder en las últimas décadas y de manera demasiado frecuente son invitadas “a la mesa” para desarrollar soluciones a los problemas de los que, en realidad, son responsables en gran medida.

El modelo de producción agroindustrial afecta desigualmente a la salud de las personas. Aquellas más marginalizadas son las más afectadas. En el caso de las personas campesinas y trabajadoras agrícolas, por ejemplo, son ellas y sus familias que están directamente expuestas a los agroquímicos. Todo esto crea una paradoja cruel en la que son justamente quienes alimentan al mundo quienes también sufren más del hambre, de la malnutrición y cuya salud está más en peligro. Está demostrado que la agricultura campesina alimenta al menos al 70 % de la población mundial.

Sin embargo, se le ha concedido cada vez más influencia a las grandes corporaciones y multinacionales alimentarias sobre las políticas y prácticas gubernamentales, careciendo a menudo de políticas efectivas de protección contra los conflictos de intereses. Estas grandes corporaciones alimentarias proclaman promover “soluciones” para el hambre y la malnutrición, pero son propuestas que protegen únicamente sus intereses.

Una de las narrativas que impulsan, por ejemplo, es la responsabilidad de los consumidores. Según esta narrativa, el comportamiento individual de cada consumidor es culpable de los desastres medio ambientales y el hambre en el mundo. Lo mismo ocurre con las multinacionales de los carburantes fósiles: el calentamiento global es culpa del consumidor y de los carros que conduce. Esto desvía la atención de la responsabilidad de las empresas y la necesidad de poner en pie instrumentos vinculantes de rendición de cuentas. La transformación necesaria, en cambio, tendría que incluir marcos de regulación para los productos ultra-procesados en cuanto a su promoción, pero también su venta. Esos marcos regulatorios tendrían que incluir leyes de etiquetado interpretativo frontal, regulación de la comercialización o “marketing” de productos comestibles no saludables (como los ultraprocesados), en particular para los niños y adolescentes, y regulación de zonas de venta para esos mismos productos (prohibir la venta dentro y alrededor de las escuelas por ejemplo), entre otros…

En cuanto a las “soluciones verdes” ofrecidas por el modelo agroindustrial, como la intensificación sostenible o la agricultura climato-inteligente, son propuestas que no ponen en cuestión su control y concentración de riqueza, tierra y recursos naturales, ni tampoco el uso de agroquímicos, que tanto impactan sobre la salud humana, pero igualmente sobre el medio ambiente y su biodiversidad.

En última instancia, las falsas soluciones que proponen benefician aún más a aquellos que ya tienen el poder económico (y político), y no permiten una transformación sistémica y estructural hacia sistemas alimentarios sostenibles y justos, basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente.

¿Ante el colapso sistémico cree que por fin ha llegado el momento para hacer una transición global hacia la agroecología, o aún sigue siendo naive creer que es posible?

La crisis sanitaria, alimentaria y ambiental por la que estamos transitando pone aún más en evidencia la necesidad urgente de transformar los sistemas alimentarios. La crisis multidimensional ha expuesto y aumentado aún más las desigualdades dentro y entre los países.

La COVID-19 mostró cómo los que alimentan al mundo son los menos capaces de alimentarse a sí mismos porque, para los gobiernos e instituciones, el derecho humano a la alimentación está en segundo lugar frente al libre comercio y los beneficios empresariales. La forma en que gobernamos nuestros sistemas alimentarios puede a la vez empeorar las injusticias existentes y a la vez determinar si y cómo podemos resolverlas. Ante esto, la pregunta más importante que deberíamos hacernos es: ¿quién toma las decisiones y en interés de quién? Esto marca la diferencia entre quién puede y quién no puede satisfacer sus necesidades básicas y, en última instancia, quién vive y quién muere.

A pesar de que de que hay un avance fuerte de las falsas soluciones mencionadas antes sin una restructuración profunda de los sistemas alimentarios, aún creemos que la crisis que estamos viviendo tiene que servir como última alerta para fomentar y apoyar la vía agroecológica.

En particular, porque las evidencias que han compartido las personas desde los territorios han demostrado que la agroecología es resiliente frente a crisis de este porte. Estas evidencias demuestran que la agroecología, al seguir protegiendo los ecosistemas, ha podido seguir alimentando a aquellas personas que dependían de ella, garantizando así también sus propios estados de salud.

Nuestra participación a nivel global se interconecta profundamente con la esperanza de que otra vía sí es posible si seguimos luchando por ella.

– ¿Podría ir el mundo hacia un acuerdo similar al que se hizo con el cambio climático, pero sobre sistemas alimentarios?

Es fundamental que se avance con acuerdos internacionales en materia de sistemas alimentarios y que estos reconozcan la importancia y urgencia de transformarlos para superar las desigualdades dentro y a través de los países. Actualmente, vemos que los esfuerzos tienen que multiplicarse para que posibles acuerdos se basen en el marco de los derechos humanos, el multilateralismo inclusivo y las instituciones públicas democráticas, elementos fundamentales para que la transformación necesaria. Un ejemplo de esto es el trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, que se viene llevando a cabo dentro del marco de las Naciones Unidas. Su mandato es elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre “las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en lo que respecta a los derechos humanos”. En particular dentro de los sistemas alimentarios, las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y de la naturaleza son inherentes a las actividades de las transnacionales. De esta manera, este instrumento sería de extrema importancia ya que hoy en día no existe a nivel internacional un instrumento vinculante que obligue a las transnacionales a respetar los derechos humanos. La Campaña Global para un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos, viene movilizándose y siguiendo activamente las discusiones de esta línea de trabajo.

La escuela en Burger King

Por: Redacción Bocado

La pandemia por COVID-19 cambió la cotidianeidad en diversos aspectos. Antes, por ejemplo, todo chico se despertaba temprano para ir a la escuela, tenía sus asignaturas diarias y volvía a casa para descansar, hacer sus tareas domésticas, participar en actividades de su familia. Luego de que el virus se expandiera mundialmente, las clases se suspendieron. En muchos países lograron dictar clases virtuales, aunque no en todos por falta de infraestructura y condiciones. De una o de otra manera, la mayoría de los niños del mundo se quedó sin escuelas.

Pero algo inusual está pasando en República Dominicana.  A pocos meses de terminar el ciclo escolar, la cadena multinacional de comida rápida Burger King sorprendió con una propuesta inédita: ofrecer sus establecimientos para que ahí se realicen clases presenciales. La empresa propuso que en sus mesas y bancas siempre idénticas, entre sus hamburguesas, papas fritas y gaseosas, las escuelas dicten clases de lunes a viernes entre las 08:00 y las 12:00.

El Ministerio de Educación dominicano ha prohibido las clases presenciales en el Distrito Nacional y en todas las otras jurisdicciones donde el porcentaje de casos de COVID-19 sea mayor a 5%. Debido a esto, la cursada semipresencial está habilitada en 61 de los 150 municipios.

La Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) compartió hace pocas horas que el jueves 6 de mayo a las 10:00 se realizará una reunión conjunta con la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación para seguir tratando el tema de la presencialidad.

Es decir, las autoridades aún no resuelven si niñas y niños dominicanos podrán regresar a la escuela pero Burger King -que cuenta con más de 12.000 locaciones en el mundo- ya anunció en Twitter que se proponen habilitar sus restaurantes para clases presenciales a grupos de hasta 10 alumnos, bajo el lema de “encendamos la educación”.

Un experimento vinculado ya se llevó a cabo en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. El Ágora Mall, un enorme centro comercial que se describe a sí mismo como poseedor de “la más completa mezcla de tiendas, las mejores marcas locales y reconocidas marcas internacionales”, destinó la zona del patio de comidas a las clases presenciales del colegio American School of Santo Domingo.

¿Puede ser lo mismo un aula que una hamburguesería? Imaginemos que ya no habrá afiches con las tablas de multiplicar, ortografía o dibujos del cuerpo humano, ¿qué verán ahora los chicos? ¿Ofertas de combos de comida rápida con bebidas azucaradas?

Si prospera la “propuesta” de Burger King, niños y niñas de República Dominicana aprenderían literatura, matemáticas y ciencias naturales entre imágenes de comida chatarra.¿Hambre de saber, o hambre de hamburguesas? ¿Responsabilidad social o publicidad? ¿Qué fin persigue Burger King?