Colombia a un tris de ganar su derecho a la información y la salud

Por: Redacción Bocado – Foto: UTT.

En 2016 la sociedad colombiana dio los primeros pasos de una batalla que recién empezaría a ganar en 2021. La ley de comida chatarra, como se conoce en ese país al paquete de medidas que comienza con sellos negros que identifiquen nutrientes críticos y termina con una sociedad que ya no compra con naturalidad bebidas azucaradas y snacks como si fueran alimentos adecuados, obtuvo el voto afirmativo de la Cámara de Senadores a solo tres días de terminar el período legislativo. Colombia ingresará así a los países con políticas públicas que preservan el derecho a la salud por encima de los intereses comerciales, un lugar en el que ya están Chile, México, Perú y Uruguay. Sin embargo aún no se puede cantar victoria: en los próximos días tendrá lugar la conciliación del texto final, una instancia en la que la industria espera aprovechar para boicotear el triunfo. “Estamos felices pero no es momento de bajar los brazos”, dice Carolina Piñeros, Directora Ejecutiva de la Red PaPaz, una de las organizaciones más implicadas en esta batalla.

¿Consideran que la #LeyComidaChatarra es una buena ley? ¿Qué implica?

Sí, es una buena ley y es necesaria para la población colombiana. Su objetivo es garantizar el acceso a información clara, veraz, oportuna, visible, idónea y suficiente, sobre los productos ultraprocesados, tanto comestibles como bebidas, que se ofertan en el país, con el objetivo de mitigar los hábitos alimentarios inadecuados.

El alma de la Ley es implementar de un etiquetado frontal de advertencia para todos los productos comestibles o bebibles, clasificados de acuerdo con el nivel de procesamiento, que evidencie los contenidos de edulcorantes o los excesos de azúcares, grasas saturadas, sodio.

El sello de advertencia deberá ser de alto impacto preventivo, claro, visible, legible, de fácil identificación y comprensión para los consumidores, con mensajes inequívocos que adviertan al consumidor de los contenidos excesivos de nutrientes críticos y la presencia de edulcorantes.

Estas etiquetas deberán estar en el frente de los empaques y su forma, leyenda y tamaño será determinada por el Ministerio de Salud acorde con la mejor evidencia científica disponible libre de conflicto de interés.

El Ministerio de Salud también deberá determinar el perfil de nutrientes para el país, acorde con los lineamientos y recomendaciones de OPS y OMS.

Colombia tuvo quizás uno de los caminos más turbulentos para llegar a esta instancia, ¿quiénes fueron los lobistas más importantes? Entre las marcas, ¿las empresas locales como Postobón o las internacionales como Nestlé y Coca Cola?

La ANDI (asociación Nacional de Industriales) de manera permanente ha hecho públicas sus posturas de desacuerdo con los artículos que consideramos centrales en este proyecto. Pero también sabemos que contratan empresas que hacen la tarea de presionar a los tomadores de decisión. Sumado a que en Colombia muchos Congresistas y partidos políticos reciben dinero para sus campañas de las grandes industrias.

A lo largo de la discusión, a través de estos congresistas, han presentado proposiciones que buscan modificar el proyecto de ley, evitando, por ejemplo, que se haga referencia a los niveles de procesamiento como un criterio para definir qué productos deberían contener el etiquetado. También han recomendado como referente el CODEX alimentario, el cual desconoce la clasificación de los productos debido a su nivel de procesamiento ni plantea umbrales para definir el exceso de nutrientes críticos. Adicionalmente, han hecho énfasis en incluir declaraciones en salud en productos que contengan sellos frontales de advertencia, lo cual puede producir efectos contrarios a los que se buscan con la #LeyComidaChatarra, en la medida que pueden confundir al consumidor.

Lamentablemente, la presencia del Ministerio de Salud ha sido muy pobre en los debates de esta Ley y el que ha estado presente es el Ministerio de Comercio, quien ha estado al lado de estas Industrias y de los gremios.

¿El impuesto a las bebidas azucaradas en qué instancia se encuentra?

Se ha buscado que el impuesto a las bebidas azucaradas sea discutido en el contexto de las reformas tributarias presentadas por el Gobierno. En el último articulado presentado por el Ejecutivo para su discusión en el Congreso no fue incluida, a pesar de ser una recomendación de las comisiones de expertos consultadas.

En este momento, el proyecto de reforma fue retirado y no está en discusión; sin embargo, se sabe que se está preparando un nuevo texto y esperamos que el impuesto a las bebidas azucaradas sea incluido. En caso de no ser así, hay varios congresistas que han afirmado públicamente la necesidad de que lo incluyan en la propuesta de reforma, posiblemente ellos lo presentaran vía proposición durante el debate.

Desde la sociedad civil se ha puesto mucha insistencia en su conveniencia, también es una medida que goza de aceptación por parte de la ciudadanía. Estamos listos para hacer incidencia y lograr que se debata y apruebe en el congreso.

William Dermody, vocero de la asociación de bebidas estadounidense, afirmó que gravar las bebidas no tendría ningún tipo de incidencia en la obesidad. ¿Qué opinión tienen ustedes?

Existe evidencia científica libre de conflicto de interés que señala que el impuesto sí reduce el consumo, que es lo primero que se busca, con el tiempo esta reducción aporta a los objetivos en salud propuestos.

Por ejemplo, en México: El consumo de dichos productos disminuyó 9.7% en el 2015. De igual forma, dos años después de implementado el impuesto las compras de agua embotellada se incrementaron 2.1%. El número de consumidores de Bebidas Endulzadas disminuyó después del impuesto, mientras que el número de NOconsumidores aumentó.  Después de la implementación del impuesto, la probabilidad de convertirse en no-consumidor aumentó en 4.7 puntos porcentuales, y la probabilidad de ser un consumidor bajo se incrementó en 8.3 puntos porcentuales.

En Berkeley, las ventas de bebidas azucaradas disminuyeron 9.6% en las tiendas en un año, igual ocurrió en Reino Unido y en otros países dónde se ha implementado.

Justamente estudios en Colombia prevén que al implementarse un impuesto no menor a 20% el consumo de estas bebidas se reduciría en 32%

¿Cuán poderosa es la industria azucarera en Colombia?

Muy poderosa. En Colombia esta industria es dueña de la de bebidas azucaradas y de comestibles y dulces ultraprocesados. Han impedido y bloqueado medidas que promueven la disminución de consumos no saludables. Muchos de los escenarios de decisión pública están capturados por estas industrias, tienen un enorme poder para influir en decisiones. Han logrado además crear un frente común liderado por la ANDI, que en varias oportunidades ha actuado acompañado de otros gremios FENALCO (Comerciantes), ANDA (Anunciantes), e incluso de asociaciones que la industria financia como ACTA y ALACCTA. Lamentablemente, en lugar de ser regulados participan o, más bien, bloquean las decisiones de salud pública.

¿Qué rol juegan y han jugado los medios de comunicación en estos procesos?

Algunos medios de comunicación masivos son también propiedad de los mismos dueños de empresas de bebidas azucaradas, lo que hace nuestra tarea un poco más difícil. Hemos sufrido vetos a la divulgación de nuestros mensajes en la TV abierta nacional (pueden ver los mensajes en www.nocomasmasmentiras.org y en www.villanabebidaazucarada.org).  Por esa razón en el 2018 acudimos a una acción de tutela, acción legal que ganamos hasta la última instancia. Gracias a ese triunfo las organizaciones de la sociedad civil podemos pautar mensajes de bien público en TV. A su vez, tenemos una estrategia de relacionamiento con periodistas, comunicadores y plataformas, muchos de ellos independientes, que nos han ayudado enormemente a amplificar el mensaje. Ellos han sido claves para que muchas más personas en Colombia entiendan lo que es la #LeyComidaChatarra, vean con buenos ojos el #ImpuestoSaludable a las bebidas azucaradas, nos ayudan a sumar voces que presionan a los tomadores de decisión y, además, visibilizan las malas prácticas de la industria que denuncia la sociedad civil.

Árboles que fundan desiertos

El Chaco Paraguayo es un tesoro acechado. Amplias tierras pobladas en algunas partes por comunidades indígenas, en otras por empresas del agronegocio, donde la deforestación avanza como la violencia, a pasos agigantados, y las paz se negocia con promesas. La última: eucaliptus. Árboles que ofrecen unos pesos pero consumen mucha agua en un lugar donde no abunda. Un estado ausente, una fundación, líderes indígenas y asesinatos: en esta crónica, voces que se alzan para que no se seque el monte y se empiece a sembrar justicia.

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Agua que no has de beber

El agua no se puede tomar. Lo que corre por las canillas no es puro ni limpio, puede intoxicarte hasta la muerte. Para paliar la sed hay que comprar. Todo eso creen hace muchísimo tiempo los habitantes de México, la ciudad más poblada de América Latina. La situación es perfecta para el negocio de vender bebidas azucaradas y agua embotellada pero también para la resistencia de un país que está aprendido a luchar por su seguridad alimentaria.

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Cuenta gotas

En Chile un árbol de palto consume por día más agua que una persona. La minería ha secado ríos y ha cambiado tanto el tejido social que desaparecieron pequeñas comunidades quechuas. Hay habitantes luchando para que las granjas industriales porcinas no utilicen toda el agua y otros han tenido que usar bolsas plásticas para hacer sus necesidades fisiológicas. Así vive un país que luce exitoso en sus índices económicos for export pero que por dentro se está secando.

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Señores que compran ríos

En Guatemala no solo es posible comprar un río, además defenderlo puede significar un proceso larguísimo de cárcel. Eso está sufriendo el líder comunitario Bernardo Caal Xol. En estas líneas, su caso y sus cartas con las que intenta defenderse, hacer correr la voz como las aguas que – enrejadas o no – jamás se quedan quietas

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El río es una persona

El río Atrato en Colombia es un caudal de vida y diversidad que pareciera acoger en su cauce a toda una época de 500 años. Contaminado, saqueado y violentado pero también abundante, bello, repleto de resistencias. Con cientos de comunidades viviendo a su vera también es protagonista de una sentencia judicial pionera en la región: una que lo declaró sujeto de derecho.

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Lobos sueltos

El agua entró en Wall Street y con ese pase mágico los especuladores se permiten cosas: como pedir glaciares para vender vacunas, o negociar el precio que debería tener para no perderla a pocos minutos de barrios que no accedieron nunca al agua potable. ¿Quién se esconde detrás de la más reciente embestida bursátil? ¿Qué implica la privatización de ese derecho básico? ¿Por qué las empresas que venden agua se presentan como la vanguardia sensible que la dona?

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Agua va

Dicen que es vital, abundante, un derecho; pero a la vez puede ser agotada, vendida, destrozada. Que sin agua no se puede nada pero miles de millones de personas no la tienen garantizada. Que dulce está en los hielos, lagos y ríos a los que se puede cercar y poner dueño o colectivizar y dar derechos. El agua en América Latina es belleza y tragedia, es realidad y es metáfora. Es lo que somos, lo que lloramos, como nuestra identidad: es lo que tenemos que volver a mirar.

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Trigo transgénico, negocio sin fronteras

Por: Redacción Bocado

Argentina y Brasil son dos hermanos latinoamericanos inseparables. Comparten límites geográficos y también los unen también  tratados de libre comercio que garantizan la importación y exportación. La relación es aún más fuerte si hablamos de producción agrícola y un claro ejemplo es el trigo: 5 de las 11,3 toneladas que Argentina exportó en 2019 se fueron a Brasil.

Desde el 2020, los dos países caminan a la par hacia la aprobación del trigo HB4, una semilla genéticamente modificada capaz de soportar la sequía. Si bien se presenta como un avance para la agricultura, está lejos de ser inocuo. Porque ese producto se cultiva usando el herbicida el glufosinato de amonio, más poderoso que el glifosato. .

Quien desarrolló trigo transgénico HB4 es la empresa argentina Bioceres junto al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Un negocio que le ha hecho crecer exponencialmente en los últimos años. Ha llegado incluso a cotizar en la bolsa de valores Nasdaq Global Select Market.

¿Por qué es preocupante el desarrollo del HB4? Porque el trigo influye directamente en la alimentación humana. Se usa para elaborar panes, pastas y otros productos que consumen millones de personas.Y los restos de los herbicidas que quedan en el trigo suponen riesgos de neurotoxicidad y genotoxicidad en seres humanos. Una razón que muchos consumidores han dicho les preocupa y en días recientes hizo retroceder a la empresa Havanna, emblemática productora de alfajores argentinos, que planeaba utilizar la variante de trigo transgénico.

Mundialmente este tipo de producción es tajantemente rechazado pero poco parece haberle importado a la Argentina, país que en octubre del 2020 decidió preaprobarlo. Ahora, en los primeros días de junio, Brasil se encuentra frente a la misma decisión, y con un panorama que nos hace esperar lo peor. 

Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, se mostró optimista en cuanto a la aprobación del transgénico. Según contó a Puntobiz, “tengo plena confianza que vamos a poder lograr la aprobación de Brasil con el impacto positivo que esto va a tener.”

Para analizar la situación brasileña en relación al trigo HB4, desde Bocado entrevistamos a Leonardo Melgarejo, miembro de la UCSNAL y de la Asociación Brasileña de Agroecología.

– ¿Cómo están relacionados Brasil y Argentina en la aprobación del trigo transgénico HB4?

– Los intereses de Agronegocio no son ni argentinos ni brasileños. Las corporaciones y los capitales internacionales que desprecian e ignoran nuestras fronteras e ilusiones de soberanía nacional son las que mandan en este juego. Para estos intereses, la aprobación del trigo HB4 parece relevante, seguida de su cultivo en Brasil y la enorme expansión en el mercado del glufosinato de amonio que esto traerá. Los gobiernos y organismos públicos responsables de las evaluaciones de riesgos cumplirán con las determinaciones de sus tutores. Una posible movilización social, que podría evitar nuevos contratiempos, parece obstaculizada en este momento por la presión relacionada con otras tragedias nacionales.

– ¿Abriría eso las puertas de la producción en Brasil? 

– Sí. Creo que, una vez aprobado el consumo, ya no habría resistencia a la plantación. En la audiencia pública, la supuesta tolerancia a la sequía de este trigo fue señalada como una ventaja comparativa para su cultivo en regiones donde la restricción hídrica ha sido señalada como un factor impeditivo -en el noreste y el medio oeste-. El cultivo en esas regiones garantizaría una reducción en el costo de suministrar harina a los habitantes del norte, noreste y centro del país.

– ¿Cuán importante es la producción de ese cultivo -el trigo- actualmente en Brasil? 

– Es insuficiente, pero muy relevante. Brasil depende hoy del trigo argentino pero no tendrá ventajas con la aprobación de la HB4, excepto en la hipótesis de que su cultivo sea, porque (1) en el norte y noreste el consumo de trigo crece, pero sigue siendo relativamente pequeño. La población de esas regiones da preferencia a los derivados del maíz y la yuca. (2) La tolerancia al glufosinato de amonio incorporará residuos de producto genotóxico a alimentos de gran consumo diario, especialmente en el centro sur (3) la supuesta tolerancia a la sequía no inspira confianza. El mismo gen fue incorporado la variedad de soja, con el mismo discurso de tolerancia a la sequía, pero sin resultados efectivos. Dejaste de hablar de ello después de la aprobación. (4) Si el trigo realmente resulta tolerante a la sequía, a mediados del período Brasil puede ser autosuficiente y Argentina perderá su mercado. (5) si Brasil deja de importar trigo argentino, esto posiblemente tendrá otras consecuencias, como la caída de las exportaciones de mercancías actualmente adquiridas por la Argentina, en el saldo de las importaciones compensado por la exportación de trigo.

– ¿Quiénes apoyan el trigo transgénico y con qué argumentos?

– Las industrias biotecnológicas, la bancada ruralista, los formadores de opinión vinculados a la agroindustria. El argumento principal es la posibilidad de cultivo y, en la secuencia, la sustitución de las importaciones

– ¿Quiénes se oponen a esto? 

– Organizaciones de la sociedad civil, en amplias articulaciones de redes locales y nacionales. Profesionales de la salud, de la nutrición, de la protección al consumidor y del medio ambiente, e incluso organizaciones empresariales de la industria. Algunos ejemplos son la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (ABRASCO), la Asociación Brasileña de Agroecología (ABA), el Foro Nacional de Lucha contra la Agrotóxico, la Articulación Nacional de la Agroecología (ANA), el Instituto de Protección al Consumidor (IDEC), la Alianza Nacional para la Alimentación Saludable, los Consejos Regionales para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, los frentes parlamentarios para la alimentación saludable e incluso la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (ABITRIGO) y la Asociación Brasileña de Industrias de Galletas , Pasta y panes de pastel industrializados (ABIMAPI), el Movimiento de Ciencia Ciudadana (MCC), la Red Irere para la Protección de la Ciencia y muchos otros.

– ¿Considera que el ahora en junio Brasil aprobará el trigo transgénico de Argentina?

Esta es una posibilidad porque aquí las aprobaciones son una constante, y porque en julio CTNBio entra en receso. Tradicionalmente se aprueban temas muy conflictivos en junio o, principalmente, en diciembre. Esto aprovecha la desmovilización relacionada con los recesos de julio y enero. Creo realmente que la aprobación se llevará a cabo, sí, pero en diciembre.

– ¿Cómo cree que lo tomará la ciudadanía del país? 

– Estamos viviendo un momento de crisis tan dramático que esta aprobación puede pasar por desapercebida. En el contexto de las muertes de Covid, el avance en la destrucción de las normas legislativas, el hambre por el desempleo y el crimen encubierto por el sistema, el pan envenenado, así como el agua envenenada, la quema y las ofensas generalizadas a los derechos humanos fundamentales, tienden a pasar desapercibidos, como signos de naturalización de los dramas de esta época. Ciertamente, los grupos organizados manifiestan inconformidad y harán campaña por la clarificación y la resistencia.  Pero probablemente la gran masa de ciudadanos había permanecido alienada e inerte.

– ¿Cree que si llega en su forma transgénica aumentará su cultivo? 

– Si el trigo HB4 es efectivamente tolerado por la sequía, que aún no se ha demostrado, creo que habrá una tendencia de su cultivo en el medio oeste brasileño. Los consumidores del norte y noreste del país, ahora suministrados con trigo importado de Argentina, lo verían como una oportunidad para reducir costos y no perderían esta oportunidad. Sin embargo, esto garantizaría la contaminación de panes y pasta con residuos de glufosinato de amonio, y soportaría la resistencia de la sociedad. La aprobación de este trigo, para la siembra en Argentina, no es en interés de los brasileños y, creo, tampoco beneficiará a los comerciantes argentinos. Creo que es fuerte la tendencia de que Brasil busque otros proveedores.

– En una de las últimas victorias de la agroecología en Argentina, Havanna se ha desligado de Bioceres, una alianza que parecía ser el comienzo del uso de HB4 en alimentos cotidianos. ¿Cree que afecta en algo esto a la decisión que Brasil tomará ahora a principios de junio?

– Sí. La campaña ha impactado fuertemente y se está extendiendo en Brasil. La decisión de Havanna refuerza la concientización y creo que contará con el apoyo de las industrias nacionales. Sin embargo, Brasil está pasando por una crisis tan relevante que la ciudadanía está sujeta a intereses transnacionales que no son respetuosos de los derechos humanos a la soberanía y a la democracia nacionales. Temo la aprobación de la HB4 porque ella depende de 14 votos en el CTNBio, donde los evaluadores pueden beneficiarse, pero no corren el riesgo de penalización por sus decisiones.