China llegó

China llegó

por Fermín Koop Montevideo y Buenos Aires, 2020

Con el 23 por ciento de la población mundial y solo el 7 por ciento de las tierras disponibles para producir sus alimentos, hambre de carne y cada vez más dinero, China zarpó con destino nosotros. Una neoconquista que seduce con dólares pero deja territorios destruidos y pueblos cada vez más pobres

Un laberinto de contenedores apilados. Contenedores de muchos colores, como formando un mosaico, sin que se pueda ver lo que transportan. Barcos tan altos que no permiten observar el río. Tripulaciones de todo el mundo hablando en diferentes idiomas. Olor a pescado que todo lo invade y llega hasta la cercana terminal de cruceros, donde están los turistas. Accesos controlados, seguridad y ojos que vigilan cada paso. Un terreno tan grande que para cubrirlo todo, hace falta recorrerlo en auto. El puerto de Montevideo, en Uruguay, está lleno de sorpresas.

Porque este país pequeño, con menos de cuatro millones de habitantes, tiene un puerto que podría compararse al Port Royal, de Jamaica, en tiempos de piratas. Porque el puerto de Montevideo es hoy considerado el segundo a nivel mundial en transbordo de pescados sospechados de haber sido obtenidos de manera ilegal. 

Son toneladas de peces y mariscos, pero también miles de kilos de cocaína e incluso tripulantes muertos. Los datos, que suenan a una película de piratas, a una gran producción de ficción estilo Hollywood, son en realidad información verídica y oficial revelada por el gobierno uruguayo. Mucho ocurre dentro de este puerto con más de 100 hectáreas y actividad que trabaja las 24 horas del día.

Aquí anclan cientos de barcos que pescan donde no deberían, en travesías ilegales buscando calamares, tiburones y otras especies amenazadas por la sobrepesca.

¿Cuáles son esos barcos que van recorriendo los mares de América Latina para pescar lo prohibido? Barcos chinos. 

Porque China -un país con más de mil millones de habitantes- tiene el doble del promedio mundial de consumo de pescado per cápita y ya agotó la mayoría de los recursos que había en su territorio. Entonces, para poder llenar sus platos, se acerca al Pacífico y al Atlántico con cientos de buques que aprovechan los abundantes recursos y la falta de control en las aguas latinoamericanas. No sólo usan el puerto uruguayo, también muchos otros de la región.

Pero la pesca es sólo una parte de esta historia. Con un apetito voraz, China llega hasta aquí en busca de todo tipo de alimentos para sus ciudadanos, que representan el 23% del total de la población mundial. Porque no alcanza a producir lo que necesita, con sólo un 14% de su territorio apto para la agricultura. Porque necesita dar de comer a su clase media en expansión, que además está cambiando de dieta y quiere cada vez más carnes.

Además de los cientos de barcos en busca de pescado ilegal, hay otras miles de naves chinas surcando nuestros mares de forma legal. Miles de embarcaciones cargadas con soja en todas sus formas, carne de vaca y de cerdo, frutas, verduras, vino y muchos otros productos que viajan en enormes contenedores de uno a otro extremo del mundo.

Es una pequeña lista de lo que va y viene regularmente, porque en las últimas dos décadas China se convirtió en el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región.

“China busca lo mejor para su población pero acá hay alguien que le abre la puerta”, dice Ariel Slipak, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires.

Es que mientras la potencia llega atraída por los abundantes recursos naturales y alimenticios, los gobiernos de la región ven en ella a un prestamista e inversor que desplazó a los ya conocidos Estados Unidos y Europa. Sin importar el signo político, todos los gobiernos se volvieron dependientes de China.

Y esta relación comercial no sólo implica negocios: también cambió nuestros modelos productivos. Permitió consolidar la visión agroalimentaria y extractivista que hoy caracteriza a nuestros países. Precios récord de alimentos, materias primas y una rentabilidad extraordinaria se combinaron con la re-primarización de la economía y conflictos ambientales y sociales, instalando una dinámica por lo menos asimétrica. Advierte Ariel Slipak: “China está externalizando a terceros países problemáticas ambientales y sociales. No les estamos exportando solamente soja y carne sino también agua y recursos naturales.”

Porque este país pequeño, con menos de cuatro millones de habitantes, tiene un puerto que podría compararse al Port Royal, de Jamaica, en tiempos de piratas

Seguridad alimentaria

China sabe que no puede alimentarse a sí misma. Lo buscó pero terminó resignando sus planes a la realidad. En 1996 tenía el objetivo de producir el 95% de todos los granos y legumbres que necesitaba, pero con su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001 y una relación comercial más abierta terminó replanteando sus metas, abriéndose al comercio internacional de alimentos. Hoy ese objetivo de 95% se convirtió en 80%, consciente de sus propias limitaciones.

“De a poco, China se empezó a proveer de una gran cantidad de productos agropecuarios a través del comercio internacional. Pasaron por diversos problemas de eficiencia, ambientales y de productividad”, explica Pablo Elverdin, coordinador de estrategia del Grupo de Países Productores del Sur (GPS). 

Es un país de grandes dimensiones como también de grandes problemas. Tiene sólo el 7% de la tierra cultivable a nivel global. Y de ese porcentaje menor, además, un tercio está contaminada por uso excesivo de agroquímicos.

Es un país de una muy baja productividad agropecuaria, con un promedio del 60% de mecanización cuando Europa y Estados Unidos rondan el 90%.

Es un país que padece falta de recursos hídricos para producir alimentos. La cantidad de agua disponible por persona por día es de menos de 2 litros y un cuarto de lo que tiene se va a la agricultura. 

Pero eso no es todo. Entre lo que sí puede producir, China también tiene problemas. Sobre todo enfermedades y plagas en sus animales y plantas. Un ejemplo, el reciente brote de peste porcina africana que les ha llevado a sacrificar a millones de cerdos desde 2019, con imágenes que despertaron indignación a nivel global. 

“La producción ganadera moderna a gran escala es ambientalmente intensiva, y China tiene un entorno vulnerable debido a su alta densidad de población, incluso en el entorno rural, porque las plantas de menor escala no tienen las instalaciones adecuadas para proteger a los animales de las enfermedades”, explica Holly Wang, investigadora en Purdue University en Estados Unidos. 

Condiciones que se transforman en problemas, y grandes escándalos de seguridad alimentaria también golpean al país. En 2015 se incautó carne vacuna congelada de contrabando ilegal, parte de la cual se descubrió que tenía más de 40 años guardada, en cantidades por valor de unos 483 millones de dólares. También se han detectado numerosos casos de uso en restaurantes de “aceite de alcantarilla”, es decir, aceite usado y reciclado ilegalmente. Escándalos tales que han afectadola confianza de los consumidores chinos en los productos alimenticios producidos en su propio país, por lo cual prefieren lo importado.

Y así, China se volvió dependiente de importaciones de alimentos, que pasaron de 14 mil millones de dólares en 2003 a 104.6 mil millones de dólares en 2017. Se multiplicaron 642 veces. Salió así a buscar insumos fuera porque su propia producción ya no es suficiente para alimentar a una población en crecimiento, con una clase media cada vez más grande, urbana y nuevos hábitos alimenticios.

La nueva China y su expansión

Entre las más de mil millones de personas que habitan China, el consumo de cereales, granos y legumbres ha comenzado a disminuir mientras que el consumo de carne, leche y otros productos alimenticios no básicos ha aumentado. En 1980, el 80% de la dieta estaba basada en cereales, con un 10% de consumo de carnes y un 10% de verduras y frutas. Pero hoy el escenario es muy diferente: sólo el 40% de la dieta son cereales, seguido por carne (30%) y frutas y verduras (30%). 

El caso de la soja es quizás el más relevante. De 2000 a 2018, las importaciones pasaron de 2.3 mil millones a 38 millones de dólares, convirtiéndolos  en el mayor importador de soja del mundo por un ámplio margen. Comprándole sobre todo a América Latina y por una razón que parece ilógica: China compra soja para poder comer carne.

Lo explica la experta Margeret Myers: “China tiene una cantidad limitada de tierra y una población en expansión. La clase media prefiere comer carne, especialmente de cerdo y de vaca. Ello disparó la demanda de soja, no para consumo directo sino para consumo animal, que China reconoce que no puede satisfacer a nivel doméstico”, dice la directora del programa de Asia y América Latina en el think-tank Diálogo Interamericano. 

Pero China no es solamente un comprador de alimentos de América Latina, es también un actor con mucha fuerza en toda la cadena agroalimentaria de la región. Aquí las empresas agropecuarias chinas están presentes desde hace más de dos décadas y de diversas formas, compitiendo mano a mano con las grandes norteamericanas y europeas, conocidas como ABCD (Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company), que venden todo el paquete para trabajar la tierra, desde la semilla hasta los pesticidas.

El gobierno del actual presidente chino Xi Xinping incentivó a las empresas de su país, muchas de propiedad estatal, a expandirse globalmente para  asegurar el suministro de soja (y otros productos agrícolas) y también mejorar su capacidad de controlar los precios de alimentos. Un plan de inversión conocido como “going out” o “going global”. 

El primer camino elegido respecto de la agroindustria latinoamericana fue la compra de tierras, tal como habían hecho previamente en África sin mayores problemas. Pero acá la mayoría de las compras terminó en fracaso. Las inversiones fueron rechazadas por organizaciones sociales y ambientalistas porque los proyectos violaban leyes sobre la titularidad de la tierra. Es incierto el monto de la tierra que han comprado inversores chinos, con estimaciones que van de entre 800,000 a 70,000 hectáreas. 

“China necesita expandir su capacidad de producción más allá de sus fronteras y elige hacerlo en América Latina y África”, dice Ignacio Bartesaghi, especialista de la Universidad Católica de Uruguay. “Mientras que en África se metió en las tierras, en América Latina está en toda la cadena de producción y comercialización con grandes empresas, muchas estatales.”

China hace numerosas compras e inversiones en semillas y en la industria agroquímica

El caso más representativo fue la compra de Nidera, una transnacional de agronegocios, y de Noble, un productor de soja latinoamericano, por la estatal china COFCO en 2014 y 2016 respectivamente

La compra no fue menor. Noble está presente en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en los sectores de la soja, el café, la caña de azúcar, el biodiésel y el algodón, con una infraestructura logística bastante desarrollada. Mientras que Nidera está principalmente en Argentina y Brasil con gran capacidad de almacenamiento y puertos propios para transportar granos, fertilizantes .. 

No es todo. China sigue comprando empresas de procesamiento como también de transporte, logística y marketing. Destacan los negocios de la estatal china CGC con empresas brasileñas y argentinas como Molino Cañuelas (soja) y las inversiones en la región por las empresas  Chongqing Grain Group, Sanhe y China National Heavy Machinery Corporation (infraestructura agrícola). También numerosas compras e inversiones en semillas y en la industria agroquímica, un mercado clave porque China produce el 40% del glifosato utilizado a nivel global. Fue clave en ese sentido la compra de Syngenta, una de las empresas agroquímicas más grandes del mundo, por la estatal ChemChina en 2017.

“Las empresas chinas están emergiendo en la cadena de suministro agroindustrial de América Latina como jugadores competitivos con las empresas multinacionales existentes”, dice la investigadora Holly Wang. “A ello se suma la inversión china en el transporte de productos agrícolas en la región, que reduce el costo comercial y vuelve a los productos más competitivos en el mercado mundial”.

No sólo están comprando nuestros alimentos, también nuestros recursos hídricos, nutrientes de los suelos y bosques nativos

La marca

Además de comprador, en América Latina también China se ha vuelto quien presta dinero. Su rol como fuente de préstamos y financiamiento se incrementó significativamente, totalizando 113 mil millones de dólares desde 2003 al presente. Los bancos chinos financiaron, por ejemplo, redes de autopistas y ferrocarriles en toda la región: los trenes Belgrano Cargas en Argentina; numerosos proyectos de maquinaria agrícola en Bolivia; hidrovías en el Amazonas hoy controladas por empresas chinas.

Y sus compras traen divisas pero también ejercen presiones sobre el territorio, abriendo la puerta a diversos conflictos sociales y ambientales. Porque no sólo están comprando nuestros alimentos, también nuestros recursos hídricos, nutrientes de los suelos y bosques nativos. Incluso, al producir aquí lo que necesita para consumir allá, China está generando mayores emisiones de gases de efecto invernadero en los países de la región. Contamina con las factorías aquí y con el traslado transatlántico.

Para Slipak, experto en las relaciones entre China y América Latina, la región tiene que permitirse discutir otro modelo de desarrollo, que no necesariamente significa el agronegocio. Porque ahora: “La industria no importa, todo pasa por ser los graneros o supermercados del mundo.” 

La soja es sin duda lo más importante para China y también uno de los puntos de mayor conflicto. Las compras a productores de nuestra región crecen sin parar desde 1996 y hoy representan un promedio de casi el 60% de todas las importaciones chinas de esa oleaginosa. Miles de toneladas de soja viajan por mares hacia el oriente. Y siete de cada diez kilos salieron de Brasil, en cantidades menores de Argentina y Uruguay. 

Se van barcos con granos, quedan problemas. En Brasil, la organización Trase reveló que las importaciones chinas de soja brasileña provocaron la deforestación de 223,000 hectáreas entre 2013 y 2017, equivalente a un área de dos veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Cientos de empresas participan en la cadena de producción de soja brasileña, pero solo seis concentran el 70% del volumen exportado desde la región de Matopiba: Agrex, Amaggi, LD Commodities, Multigrain, Cargill, Bunge y ADM. Es decir, multinacionales. Dinero que no queda en el país. Incluso entre los mayores exportadores de soja a China, con una participación del 7%, hay una empresa… ¡china! (COFCO) .

“La soja es el principal producto agropecuario que la región exporta a China, y por lo tanto existe casi una ‘dependencia mutua’ entre el país asiático y los países de Sudamérica”, dice María Eugenia Giraudo, investigadora en la Universidad de Durham en Inglaterra. “Una mayor presencia en la región permite incrementar la interdependencia entre ambos, y tener un mayor acceso a los recursos producidos en la región.” Es decir, una espiral que parece no tener fin: crece y crece.

Y por el mismo camino de la soja va la carne brasileña. Porque el 44% de la carne vacuna que compra China proviene de Brasil. Bifes, cortes y milanesas que salen sobre todo, en un 70%, de dos regiones, Amazonas y Cerrado, donde la expansión agropecuaria implica más y más deforestación. Se tiran árboles para poner vacas. Se pierde biodiversidad y aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero.

En 2017, Brasil exportó 1.4 millones de toneladas de carne a diversos países. Carne que para producirse, según estimaciones de la ONG Trase, causó la deforestación de 65,000 a 75,000 hectáreas de bosques nativos, de las cuales 22,000 corresponden exclusivamente a envíos a China. Para que la población china pueda disfrutar platos con buenos bifes, Brasil sacrifica sus bosques. Y la mayor pérdida fue en la región del Amazonas, donde funcionan decenas de mataderos. 

Los problemas se repiten en otros países. En Argentina, organizaciones sociales y ambientales alertan por un proyecto de acuerdo comercial con China que duplicaría la producción de carne de cerdo. El plan es instalar 25 plantas productoras en el norte argentino para generar 900,000 toneladas de carne por año. Ello duplicaría las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, demandaría 12,000 millones de litros de agua potable y sin dudas, igual que en Brasil, significa  la deforestación de bosques nativos. 

“La instalación de estas granjas de cerdos en las provincias que más deforestaron durante las últimas décadas generará aún más presión sobre los bosques, ya que aumentará significativamente la demanda de maíz y soja para alimentarlos”, alerta Hernán Giardini, experto en bosques e integrante de Greenpeace. “Va a contramano de las medidas necesarias para enfrentar la crisis sanitaria y climática.”

En 1980, el 80% de la dieta estaba basada en cereales. Pero hoy el escenario es muy diferente: las carnes son 30%

Al acecho

El agua es la otra frontera extractivista para China en América Latina, y una muy importante. Durante las últimas décadas, la actividad pesquera china se expandió a nivel global: su flota de barcos de aguas distantes pasó de 1,830 en el año 2012 a casi 3,000 en la actualidad. 

China ve a la pesca como una industria estratégica y por ello subsidia el combustible de sus barcos de aguas distantes, que son cada vez más grandes y funcionan prácticamente como fábricas flotantes.

Por los mares del mundo, en esas llamadas “aguas distantes”, las naves de bandera roja  buscan sobre todo el calamar, que luego se consume en China pero también exportan a Estados Unidos y Europa. 

Milko Schvartzman, especialista en conservación marina, estima que en picos de temporada pesquera hay más de 300 barcos en el Pacífico Sur, todos chinos, mientras que en el Atlántico Sur hay más de 500, la mayoría chinos. Los gobiernos de la región no les otorgan licencias de pesca pero tampoco un freno, y así los barcos muchas veces se mueven por fuera de los límites nacionales. Incluso, cuando la vigilancia está pero es poca, rompen esas fronteras imaginarias sobre el agua y compiten con las flotas nacionales.

“Es imposible controlar los barcos a distancia, incluso a través de satélites, ya que desconectan sus sistemas de rastreo. Tenés que estar en el lugar y eso cuesta millones a los gobiernos”, explica Schvartzman. Por eso los barcos chinos “no respetan la zona de veda ni la temporada. Empiezan a trabajar en diciembre, cuando a la flota argentina se la autoriza a partir de enero”. 

En 2019, la empresa china Shandong BaoMa subió la apuesta. Intentó instalar un puerto privado en Uruguay, un lugar donde pudiera recibir a más de 500 barcos por fuera del control del gobierno local. El proyecto, que costaría unos 200 millones de dólares, contemplaba desarrollar una zona franca con puerto, astillero y planta para procesamiento, y congelado de pescado. No se ha concretado, está suspendido por denuncias de organizaciones sociales y ambientales. Suspendido…al menos por ahora.

Cerca de la costa de Ecuador, 340 barcos chinos actualmente rodean las Islas Galápagos principalmente en búsqueda del calamar. Rondan el archipiélago de 12 islas que es mundialmente conocido por su importancia ecológica: la segunda reserva marina más importante del planeta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero en la visión de los pesqueros chinos no hay conservación sino un área de abundantes recursos por la confluencia de corrientes marinas. Un área donde capturar muchos calamares para que se transformen en platillos diversos a miles de kilómetros. 

En 2017, un barco chino fue capturado dentro de la zona de protección marítima de Galápagos. Dentro de su bodega había 7,200 tiburones y otras especies en peligro de extinción. Si bien ahora la flota china pareciera no estar pescando dentro de los límites del Ecuador, su sola presencia y actividad impactan en la zona, ya que el calamar es una parte vital de la cadena alimentaria marina. 

Acechan las naves. Como el buque Hong Pu 16, que está ahora frente a la costa de Galápagos. El mismo que ya fue detenido en abril de este año, después de invadir los límites nacionales de Argentina. 

“En el hemisferio norte hay más controles y por eso no están ahí los barcos chinos -dice el experto Milko Schvartzman-. Vienen a América Latina por falta de voluntad política de los gobiernos, por menos controles y por limitación de recursos.” 

Acechan los barcos chinos, como esperando dar un golpe. Parecen dormidos o distraídos, pero no lo están. Acechan todo el tiempo, aprovechando que no hay reglas ni controles. Y mientras tanto, los recursos se van acabando. 

No solamente los pescados. También se acaban los nutrientes de los suelos, la pureza de los ríos y la belleza de los bosques nativos de América Latina. 

¿La industria de comida chatarra es una amenaza a la democracia?

Por João Peres, de Bocado

Un documento lanzado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de Colombia, y por la organización El Poder del Consumidor, de México, lo dice claramente: los fabricantes de ultraprocesados amenazan la democracia al frenar la acción del Estado en políticas públicas que pueden salvar vidas.

El estudio “La interferencia de la industria es nociva para la salud” pasa en limpio las estrategias adoptadas por corporaciones como Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, Bimbo y Danone en los países que crearon sistemas de alerta sobre el exceso de sal, grasas y azúcar.

No es casualidad que ese modelo de etiquetado, en forma de alertas, haya sido creado en Chile y desde entonces haya sido analizado por otros países de América Latina: desde 1990 la región tiene una de las situaciones más graves en cuanto a  las enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer). Y en  la última década, los gobiernos han buscado medidas para desestimular el consumo de ultraprocesados e incentivar recetas  tradicionales con base en alimentos frescos.

El documento establece una presunción importante: “La industria, apoyada en su poder económico y su influencia social y política, pasó de ser un actor económico a un interlocutor autorizado, a pesar de su falta de credenciales fiables, en materias de salud pública.” De eso derivan dilemas éticos y políticas incoherentes como la que está siendo adoptada en Brasil.

No es casualidad que ese modelo haya sido creado en Chile y desde entonces haya sido analizado por otros países de América Latina (Foto: Miguel Tovar. Bocado)

Desde el inicio de la discusión sobre la creación de un nuevo sistema de rotulado frontal en ese país, en 2014, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) puso en la misma mesa a investigadores en salud pública, organizaciones no gubernamentales y fabricantes de ultra procesados. El peligro de la igualdad jerárquica se hizo más y más evidente a lo largo de los años, cuando Anvisa acabó por posicionarse a medio camino entre las presiones privadas y la salud pública. Al final, Brasil tendrá un sistema de rotulado que no está basado en las mejores evidencias científicas

El documento lanzado esta semana desde Colombia y México muestra sobre cuáles países  consiguieron aplicar el etiquetado. Mirando a Chile, Perú, Uruguay y México, el estudio enumera once estrategias utilizadas para frenar, retrasar o debilitar la opción del poder público sobre el rotulado.

Para analizar a fondo las prácticas adoptadas, se pueden revisar las páginas 72 y 72 del informe. 

  • En Colombia, el proyecto de ley orientado a la adopción del sistema de alertas ya está en el tercer intento de tramitación. Diputados y senadores sencillamente no permiten que la propuesta avance. El documento muestra cómo la industria de bebidas azucaradas se volvió la principal financiadora electoral de los mayores partidos políticos.
  • Si nada funciona, hable con el Presidente de la República: esa ha sido una estrategia exitosa en muchos lugares En Colombia, destaca el estudio, el acceso de la industria a Iván Duque fue fundamental. En Uruguay, el presidente Luis Lacalle firmó un decreto con el cual retrasa la adopción de los sellos, que debería haberse iniciado en marzo. Y puedo agregar: en 2018, la Asociación Brasileña de la Industria de Alimentos (Abia) accionó directamente al ex presidenteMichel Temer, y obtuvo dos reuniones en dos días, lo que es un logro notable al tratarse de un Presidente de la República. En esa época, Temer amenazó intervenir, lo que afecta la autonomía administrativa garantizada a Anvisa.
  • En Perú hubo un intento de aprobar una nueva ley, anulando la adopción de alertas y beneficiando un sistema más débil, es decir de acuerdo al  interés de la industria. La ofensiva fue coordinada por Keiko Fujimori, del partido mayoritario Congreso Fuerza Popular, que fue al Presidente Martín Vizcarra. Una situación auto explicativa: si Fujimori es la líder de su brazo de lobby, eso dice mucho sobre quién es.
  • Dice el documento: “Coca Cola es una de las empresas más activas en el bloqueo de las políticas de salud que pueden afectar los intereses de la industria de comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas. En el caso de México es sumamente activa y sus acciones se potencian en su alianza con FEMSA, la empresa embotelladora de Coca Cola más grande del mundo.”
  • El uso de amenazas económicas es un eje común a todos los países analizados. Se argumenta que la medida viola las reglas de libre comercio previstas por la Organización Mundial de Comercio, aunque este ya haya dicho que cada país tiene autonomía para definir su propio rotulado. El uso del Mercosur para presionar a Uruguay es narrado en una serie de videos que publicamos en el canal de Bocado en YouTube.

Además del relato acerca de las interferencias, el documento define una agenda concreta para prevenir el problema. Y esa es una de las partes más interesantes, sin duda, porque apunta al punto inicial: se trata de un conjunto de medidas que recolocan a la industria en el papel de sector regulado, y no de formulador de las propias reglas.

Dice, por ejemplo, que debería terminar “la falta de control sobre las actividades de cabildeo para favorecer el lucro privado, la posibilidad de llevar a cabo reuniones a puerta cerrada y sin registro, la posibilidad de financiar campañas políticas, la falta de regulación a las puertas giratorias, o la contratación de grandes firmas de abogados con estrategias legales a gran escala contribuyen a generar ambientes propicios para que malas prácticas de la industria queden en la impunidad o sean desconocidas para el grueso de la población.” 

El documento presenta medidas que deberían ser tomadas por diputados y senadores; ministros, secretarios y presidentes; como también jueces y fiscales, en el intento de evitar la acción indebida de la industria. Una de las recomendaciones más interesantes es la adopción de un protocolo de relacionamiento entre autoridades y  fabricantes de ultra procesados que dé transparencia a ese punto. Entre otras, prevé que:

  • ex funcionarios privados que ahora ocupan cargos públicos no se involucren en la discusión de medidas de interés del sector;
  • no participen  en eventos promocionados por la industria para discutir políticas públicas;
  • exista registro escrito de cualquier integración con agentes privados, dejando clara la intención de la conversación.

Es difícil encontrar, entre las recomendaciones, un punto en el cual Anvisa, de Brasil, no haya fracasado. Directores e integrantes de la Gerencia General de Alimentos participaron de una serie de eventos promocionados por el sector privado. Tuvieron reuniones a puertas cerradas cuyo contenido solamente fue revelado porque logramos acceso a las actas (y en una de ellas, un ex director señalaba la posibilidad de adoptar un sistema de preferencia de las corporaciones, algo que nunca había mencionado en público).

Pero más allá  de toda la agenda de recomendaciones, existe un paso simbólico que parece difícil de lograr  en buena parte de los países de América Latia: desnaturalizar el poder de las corporaciones para  moldear la acción del Estado. Varios de nuestros gobiernos están repletos de agentes que migran directamente de empresas a cargos estratégicos de intereses del sector en el cual trabajaban (y viceversa). La lógica de que esas fuerzas privadas son espontáneamente benéficas está profundamente arraigada en nuestras sociedades.

Marcados

Marcados

por Kennia Velázquez México
fotos Kennia Velázquez

En los pasillos de los supermercados comienzan a verse sellos negros en algunos alimentos. Sellos que son calcomanías pegadas pero también son mucho más, una marca inocultable. La gente los toma, los analiza. Hay asombro y decepción al ver que sus productos favoritos tienen uno o hasta cuatro octágonos que les advierten ¡exceso de azúcares, grasas o sodio! Rápidamente su mirada se mueve hacia otra parte de la estantería, buscando opciones.

El descubrimiento de los contenidos ocultos en la comida ultraprocesada, los llamados nutrientes críticos, ha provocado cientos o tal vez miles de mensajes en redes sociales. “Esta advertencia me hizo reaccionar como si fuera veneno para mi niña (que en realidad lo es), y simplemente cambié de opción de inmediato. Está excelente que se advierta la nocividad de los productos”, dice un tuit de un padre de familia acompañado con imágenes de frituras marcadas con el nuevo etiquetado frontal que tienen los alimentos en México.

Y no es el único. Gente sorprendida, no sólo por los sellos en la comida chatarra, sino por los que encuentran en productos que, antes de tener etiquetas, consideraban como saludables: las barritas que suelen consumirse como colación o el amaranto con chocolate, aderezos para ensaladas, o productos ofertados para personas con diabetes que no contienen azúcar pero sí son altos en grasas saturadas. Muchos alimentos que parecían – o se vendían como – saludables, ahora están marcados con octógonos.

Desde que inició el confinamiento por la pandemia de Covid-19, el subsecretario de salud Hugo López Gatell realiza conferencias de prensa a diario. No hay día en que no mencione los efectos adversos que produce el consumo de comida chatarra y refrescos – a los cuales ha llamado “veneno embotellado”- y cómo se relacionan con el nuevo Coronavirus que a la fecha ha provocado la muerte de más de 75 mil mexicanos.

Sus declaraciones cotidianas han provocado enardecidos debates en redes sociales; columnistas han criticado la postura del funcionario a la que califican de “ideológica”; las cámaras empresariales han dicho que se estigmatizan sus productos y han pedido que se frene la medida que entrará en vigor en octubre. Piden que no existan etiquetas bajo pretexto de la gran crisis económica que provocaría la regulación, pero sin tomar en cuenta la crisis de salud que ya está aquí.

Más allá de posturas que responden a diversos intereses, en redes como en tienditas y hasta en la mesa familiar, los mexicanos están discutiendo sobre lo que comen y beben. Debaten sobre su derecho a saber y sobre el papel del Estado en la alimentación, temas que al menos hasta principios de 2020 no parecían tener relevancia hasta la llegada tanto de COVID-19 como de los sellos.

Pero el camino hasta aquí no fue fácil. Fue atropellado. En el año 2000, el llamado gobierno de la alternancia, fue encabezado por el entonces presidente derechista Vicente Fox, ex CEO de Coca Cola quien agradecido por el apoyo a su campaña presidencial apoyó a la refresquera y ésta creció como nunca antes. Lo mismo pasó con sus sucesores. En la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) la industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas se sentaban en la misma mesa que los altos funcionarios, quienes toman las decisiones. Y en esas mesas se  impedía cualquier medida que atendiera la grave situación de obesidad y enfermedades crónicas, como un impuesto más enérgico a bebidas con alto contenido calórico o un etiquetado claro.

Y no sólo frenaron cualquier regulación, además invirtieron grandes sumas en financiar “estudios científicos” que hacían ver a sus mercancías como inocuas y subsidiar a asociaciones médicas que promueven sus productos, confundiendo al consumidor que confía en las recomendaciones de su nutricionista. 

Fueron más allá, mucho más allá. Hubo espionaje a los activistas independientes de la industria. Si bien no se ha  probado aún la participación directa de compañías, es un hecho que desde el Estado y por medio del software -o malware- Pegasus se espió en 2014 a personas clave en la lucha por impuestos a bebidas azucaradas. Espiaron a Luis Manuel Encarnación, entonces coordinador de la Coalición Contrapeso; Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y al doctor Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública. Calvillo y Barquera enfrentan ahora ataques de las asociaciones refresqueras por impulsar el etiquetado y hablar de la evidencia científica del daño que provocan dichas bebidas. 

Esta advertencia me hizo reaccionar como si fuera veneno para mi niña (que en realidad lo es)

Muchos alimentos que parecían – o se vendían como – saludables, ahora están marcados con octógonos

Mal de muchos

México es el mayor consumidor de comida chatarra de América Latina, el primero en obesidad infantil (y el segundo en adultos). Y es que este tipo de productos se encuentran en todos lados: en la fila de las cajas de los supermercados, en todas las tienditas de los barrios, en las escuelas y hasta en las farmacias. “Carga 9 dólares de gasolina y llévate gratis una bolsa de botanas”, “Por sólo 50 centavos de dólar extra crece tu refresco al doble”, son algunas de las promociones que diariamente nos bombardean en los espacios habituales. Está tan normalizado el consumo de estos productos que es inimaginable una reunión sin tener tres o cuatro botellas de 3 litros de refresco y bolsas gigantes de frituras.

México tiene un gran problema de alimentación.

Ahora, a partir de octubre, en teoría todos los productos que lo requieran deben contar con etiquetas con forma de octágono que advierten del exceso de azúcar, grasas y sodio pero también alertan sobre los riesgos de que los niños ingieran productos con cafeína y edulcorantes. Un etiquetado más potente que su antecesor, el logrado en Chile en 2016. 

La gravedad del problema hizo que dos estados prohibieran la venta de comida y bebidas chatarra a menores de edad; y la regulación podría multiplicarse en breve porque 17 congresos locales, de provincias, están estudiando iniciativas similares.

De avanzar las iniciativas en las 17 entidades, sería un avance importantísimo para los defensores de la salud, para la industria, se pondría en riesgo su mayor mercado pues los productos ultraprocesados estarían en el mismo nivel de daño que el alcohol y el tabaco. 

En América Latina, pareciera que fue necesario sufrir la peor pandemia de la era moderna para que una parte de la población escuchara advertencias con años de historia. Pareciera que apenas ahora, en los tiempos Covid, muchos escuchan lo que que desde hace años venían alertando  profesionales de la salud, activistas y académicos. Pareciera que recién ahora lo entendimos la mala alimentación mata.

 

México está en una situación delicada, pero también otros países. El mal afecta y acecha a toda la región. Desde hace tiempo, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido que la alta incidencia de diabetes, hipertensión y padecimientos renales pone en riesgo a una de cada tres personas en el continente -alrededor de 186 millones de latinoamericanos- que podrían enfermar gravemente de COVID-19. Hay que sumar otra de las principales comorbilidades, el sobrepeso, que en la región afecta a un 8% de los menores de 5 años, 28% de adolescentes, 53% de hombres y 61% de las mujeres. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que el 82 por ciento de las muertes en América Latina y el Caribe fueron a consecuencia de las enfermedades cardiovasculares y cáncer. Se calcula que en la región hay 41 millones de personas adultas con diabetes y la mitad no lo sabe, por lo que no podrá atenderse adecuadamente. Las muertes atribuibles a altos niveles de glucosa en la sangre aumentaron en la región 8% entre 2010 y 2019.

Antes de que el SARS-CoV-2 pusiera en jaque a los sistemas de salud del mundo, se preveía que serían las enfermedades no transmisibles las que lo colapsarían. Con ambas pandemias coexistiendo, la urgencia es mayor.

Chile fue el primer país latinoamericano en lograr el etiquetado en 2016, tres años después se redujo en un 25% el consumo de bebidas azucaradas. Perú fue el segundo, un estudio de hábitos indica que el 37% de los habitantes de Lima dejaron de consumir productos con octógonos. En plena cuarentena, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual declaró como barreras burocráticas ilegales a los sellos establecidos por el Ministerio de Salud, un hecho en el que hubo interferencia de la industria. Otra sala del mismo instituto apeló esta decisión, al día de hoy no se ha definido el futuro del etiquetado peruano, por lo pronto, los octógonos deben seguir apareciendo en los empaques.

Uruguay va en el mismo sentido, aunque con dificultades. Ordenó sellos que debían comenzar a pegarse el 1 de marzo, pero el cambio de gobierno lo postergó hasta febrero de 2021. Algunas de las razones que arguyen es esperar que se “armonicen” las normas de etiquetado con los demás países del Mercosur, aunque activistas denuncian es una práctica dilatoria porque este tipo de definiciones podría tardar hasta 6 años. 

 

Argentina y Brasil son dos países que llevan años intentando que las etiquetas lleguen a supermercados y tiendas. Como en Uruguay, la pertenencia al Mercosur también ha servido de pretexto en Argentina para no discutir la medida, más las piedras que va poniendo la industria, igual que ocurrió en México. ¿Por qué tanto esfuerzo por frenarlo? “El etiquetado es una puerta de entrada, una vez que lo tienes estableces cuáles son los productos saludables y cuáles no lo son”, explica Luciana Castronuovo, coordinadora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Actualmente en el país hay 45 iniciativas en discusión en diversos espacios de gobierno.

Brasil, un actor importante en la región, lleva 6 años trabajando para tener un etiquetado. También ha intentado impulsar el impuesto a bebidas azucaradas siguiendo el ejemplo de México y regular la publicidad, pero la “interferencia de la industria impide que se avance en el tema”, lamenta Ana Paula Bortoletto, integrante del Instituto brasileño de defensa del consumidor (Idec).

Pero aún tiene esperanzas: “Que más países estén trabajando en esto puede ayudar a que se aceleren estas medidas en la región por ejemplo, al entrar en vigor el etiquetado en Uruguay hace necesario discutir estas políticas porque eso ayudaría a reducir las barreras comerciales, las empresas son las mismas que trabajan en nuestros países.”

Es una batalla muy grande para la industria mundial, si América Latina adopta esta estrategia es muy serio para el mundo entero

El tema avanza, se cuela. Pese a los millonarios intentos de la industria, la necesidad de tomar medidas para regular el consumo de comida chatarra está en la mesa de las discusiones, ineludible. 

En Costa Rica ya se presentó un proyecto de ley con un etiquetado similar al chileno. En República Dominicana, durante la campaña electoral el colectivo la Alianza por la Alimentación Saludable convocó a los candidatos presidenciales a asumir el Compromiso por una alimentación saludable que entre otras medidas incluye un etiquetado correcto. En Colombia, la Red PaPaz pidió al Estado un etiquetado frontal y claro de advertencia, iniciativa que está siendo revisada por el Ministerio de Salud. La directora de la organización no gubernamental, Carolina Piñeiros, ve un creciente interés de los colombianos por saber qué consumen y de a poco hay legisladores que van apoyando estas iniciativas. Además, la ciudad de Bogotá está discutiendo la prohibición de venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en los colegios.

Como en un juego de estrategia, la industria presiona. Sin embargo, América Latina se mueve. Cuando se implementó el etiquetado en Chile los productores de comida chatarra “pensaron esta es la excepción, no va a ser la regla”, recuerda Enrique Jacoby, ex viceministro de Salud de Perú. Y en cada país en el que se ha discutido el tema, han encontrado resistencia. La industria ha intentado impedir las etiquetas claras. Por eso la batalla mexicana es fundamental: “La importancia y la expectativa que la región tiene con México es que ayude a inclinar una balanza, es una batalla muy grande para la industria mundial, si América Latina adopta esta estrategia es muy serio para el mundo entero.”

La batalla está en todos los frentes. En los gobiernos, en los congresos, pero también en las calles. Porque la comida chatarra no ha dejado de venderse, siguen las tienditas a reventar de bolsas y paquetes que son bombas de tiempo. 

Y la industria pelea con todo: durante el confinamiento ha aprovechado para hacer mercadeo “donando” sus productos, insumos de higiene y equipo al personal médico. Sólo en México se han contabilizado al menos cien donativos. Mientras intentan frenar impuestos, etiquetado y toda medida en favor de la salud, se publicitan como empresas supuestamente comprometidas con la salud. Más distópicas que el tiempo pandémico en sí, las imágenes de estos días: Coca Cola regalando refrescos a los médicos que atienden a enfermos de Covid, graves por padecer diabetes, sobrepeso y obesidad.

Pero también hay buenas noticias desde un frente, las redes sociales. Porque ahí,al parecer, la industria va perdiendo una batalla. Al día de hoy no he visto ni un solo mensaje de alguien lamentándose porque los sellos le hayan quitado la venda de los ojos y sí he visto a muchos celebrando que podrán ejercer su derecho a saber.

Sube el dólar, arde Brasil

El Estado ultraliberal de Jair Bolsonaro devalúa el real y, en consecuencia, la soja y las commodities brasileñas baten récords de precios en el exterior. Las cosechas están ya vendidas hasta el 2022, una situación inédita que, al revés de lo que pareciera, empeora ese panorama

Por João Peres

El dólar bate récord ante el real.

El precio internacional de la soja bate récord.

La cosecha brasileña de granos batirá récord.

La deforestación de Amazonia, los incendios provocados, quemas, en el Cerrado y en el Pantanal: todo bate récords o vuelve a niveles del inicio del siglo. Sobre una pila de 130 mil muertes por Covid-19, Brasil se transformó en una gran hoguera por segundo año seguido. Esta vez, sin embargo, es mucho peor. Tres de los principales ecosistemas arden en llamas; parques y reservas son devastados en semanas.

Conectar los puntos es tan sencillo como simplista. No, el dólar alto no es el único factor que eleva los precios internacionales de la soja, ni la soja es la única culpable por la tala de Amazonia. La ganadería y el extractivismo, el incentivo del gobierno de Jair Bolsonaro a la devastación, la desarticulación de los órganos de control ambiental y el peso del pensamiento retrógrado en el comando de Brasilia tienen una gran parte de responsabilidad.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) no duda en colocar al dólar valorizado en lo alto de la lista de motivos que llevan a un valor sin precedentes para la soja brasileña. Igual que para la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), vinculada al Ministerio de la Agricultura.

¿Pero qué tiene eso que ver con la devastación ambiental? El discurso oficial del gobierno de que el agronegocio no tiene ninguna relación con las quemas  y las talas puede ser útil para alimentar a las redes sociales afines al bolsonarismo, pero choca con la inteligencia (como casi todo lo demás en ese gobierno).

Hablaremos sobre la soja por su relevancia (que aumenta cada día), pero la reflexión y los reflejos negativos se extienden al modelo de agronegocio en su conjunto. Y se refieren a toda América Latina, que comparte los mismo problemas.

Es una cuestión de lógica: si no fuera para plantar o criar ganado, ¿por qué gastarían tanto dinero para talar la selva? Aunque Brasil sea gigante, el apetito por el aumento de territorio es tanto que avanza sobre el Cerrado, un ecosistema prácticamente exterminado en las últimas cinco décadas, y sobre Amazonia, el bosque tropical más grande y diverso del mundo. El área cultivada con soja se triplicó desde la década de los años 90 y hoy equivale a la mitad de las áreas utilizadas en plantaciones de Brasil.

En la otra punta, el real es una de las monedas que más sufren devaluación en el mundo, en particular desde el inicios de la gestión de Bolsonaro. En enero de 2019, un dólar valía R$ 3,70. El ministro de Economía, Paulo Guedes, aseguró en el inicio de 2020 que no pasaría los R$ 4 y, como en todo lo demás, erró groseramente: llegamos a casi R$ 6 en algunos momentos.

¿Por qué la soja?

Ese panorama es traducido al mundo agrícola por un informe publicado en junio por USDA: “el real perdió 32% de valor ante el dólar entre el inicio del año y la mitad de mayo, antes de retroceder ligeramente en las últimas tres semanas. Como resultado, las commodities (materias primas) y los productos agrícolas brasileños tuvieron una alta demanda de compradores de todo el mundo”.

Otro informe de USDA, publicado en abril, muestra que una tonelada de soja brasileña costaba US$ 313, contra US$ 337 y US$ 345 del producto en Estados Unidos.

Según el Censo Agropecuario de 2017 en valores, la soja supera los siguientes ocho ítemes de la lista.

Dados: Censo Agro 2017 / IBGE

De acuerdo con el gobierno, la cosecha de este año suma 120,9 millones de toneladas en 37,8 millones de hectáreas. Juntas, soja y maíz representan un  90% de la cosecha de total granos de Brasil. Sola, una cosecha de soja equivale a 40 cosechas de frijoles.

Esa es la lista de productos exportados por Brasil en 2020, según la Secretaría de Comercio Exterior. Se puede notar que la soja, sola, es responsable por casi 20% de toda la facturación mundial total de Brasil, en un crecimiento del 30% ante el año pasado. Entre los primeros ítems de la lista, solamente el azúcar, también beneficiado por el real devaluado, tuvo un desempeño semejante.

Dados: Secretaria de Comércio Exterior

La soja ya equivale a casi el doble del segundo ítem de la lista, mineral de hierro, y corresponde a cinco veces que los dos otros productos agrícolas de destaque (azúcares y carne de res). Y eso es apenas el grano in natura, sin procesamiento. Si le sumamos salvado de soja (o harina de soja) y aceites, la situación es aún peor: Brasil solo produce el 36% del total de la soja mundial.

Por un Brasil del siglo XVII

El Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea) de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP) es una de las principales referencias en el seguimiento de los precios del mercado agrícola. Veamos lo que dice el informe más reciente de la institución: “En la parcial de agosto (hasta el día 21), el indicador ESALQ/BM&FBovespa Paranaguá (PR) subió significativos 11,5% yendo a R$ 132,80/saco de 60 kg el viernes, 21  – nivel récord nominal de la serie histórica de Cepea, iniciada en marzo de 2006. En términos reales, los valores negociados en la última semana se acercan al nivel récord de la serie del Cepea, de R$ 139,29/saco, registrado en septiembre de 2012”.

¿Pero esa es una excelente noticia entonces? La soja está garantizando divisas fundamentales para que la gente pueda colocar frijoles en la mesa, ¿no?

Hum... En realidad, no. Comencemos por el lado positivo, que es justamente esa condición de sustento de la economía, el hecho es que Brasil se ha vuelto profundamente dependiente de productos primarios. Los primeros ítems de la balanza comercial del 2020 podrían ser los primeros ítems de la balanza comercial del 1600.

Por más tecnología que se emplee, la soja sigue siendo una cultura agrícola y, por lo tanto, pasible de sufrir con los fenómenos de la naturaleza. Una pequeña quiebra de cosecha puede tener un impacto gigantesco en la balanza comercial.

China se lleva más soja que la suma de todos los demás. Si los humores políticos chinos cambian, o si el gobierno de Pekín decidiera cambiar de proveedor podríamos tener serios problemas aunque, por ahora, nada indique esa posibilidad. En la balanza comercial general, China corresponde por un tercio de todos los productos que exportamos.

De Amazonia a la inflación

¿Y qué tiene eso que ver con tu vida, lector? Muchas cosas. Para que la soja siga avanzando, algo tiene que quitarse de su lugar. O bosques, o alimentos de verdad. Un reciente levantamiento de Forest and Finance (F&F) mostró que, en vez de disminuir, el financiamiento de commodities asociadas a la deforestación aumentó 40% desde diciembre de 2015. La organización contabilizó R$ 990 mil millones invertidos entre 2016 y 2020 en la producción de carne de res, aceite de palma, papel y celulosa, goma, soja y madera en tres regiones del mundo. Más de la mitad vino a Brasil, y una buena parte para inversiones industriales en áreas de deforestación.

Y, aquí, otra vez, podemos retomar el razonamiento básico en relación al dólar: el real desvalorizado hace que el dinero de esos fondos valga más. Por lo tanto, es posible que esos recursos acaben financiando más y más iniciativas y, por lo tanto, ejerciendo más presión sobre los bosques.

Es la hora de mirar a la inflación de alimentos básicos. Ante un escenario de retracción general de los precios, el índice específico para la alimentación se destaca. El arroz avanzó casi 20% en este año mientras que el frijol negro ya alcanza un 30%. Son dos ítems esenciales de la dieta brasileña y, no por casualidad, ese se volvió un debate tan relevante como la discusión sobre las quemas.

Sale el frijol, entra la soja

Recientemente, la Asociación Brasileña de Supermercados (Abras) renovó la queja en relación a la industria de alimentos, en un juego de acusaciones mutuas que ya se veía en el inicio de la pandemia, ante la perspectiva de inflación.

“El sector supermercadista ha sufrido fuerte presión de aumento en los precios de forma generalizada transferidos por las industrias y proveedores. Ítems como arroz, frijoles, leche, carne y aceite de soja con aumentos significativos”, afirmó, para complementar: “Por nuestros análisis, eso se debe al aumento de las exportaciones de estos productos y su materia prima y a la disminución de las importaciones de esos ítemes, motivados por la variación de la tasa de cambio que provocó valorización del dólar ante el real”.

Como sabemos, nuevamente sería simplista atribuir el alza de precios de alimentos únicamente al dólar elevado. Aunque, en esta situación, no hay duda de que es un factor central para explicar el problema. Pero no se trata apenas de importación y exportación de los alimentos en sí misma sino de una disputa territorial: los agricultores plantan aquello que tiene mayor mercado. En diez años, el área cultivada con arroz cayó un 40,9%. 

Como ya vimos, el real valorizado no sirve apenas para la soja. El arroz no contribuye casi nada a la balanza comercial, pero los R$ 270 millones exportados de arroz ya procesado este año representan un crecimiento de casi un 60% ante 2019. Ya el arroz bruto triplicó los envíos al exterior, llegando a los R$ 130 millones. Arroz que se va y hace falta en Brasil.

Es ese uno de los problemas de transformar alimentos en mercaderías que son comerciadas en el mercado financiero de la misma manera que automóviles, productos tecnológicos y minerales. Diferente de otras áreas, cuando se trata de alimentos, oscilaciones repentinas pueden condenar a millones de personas a pasar hambre. El gobierno de un país africano, de una isla en el Caribe o de una mega nación asiática tienen poca capacidad de controlar los precios cuando están enlazados a los mercados internacionales y, de esa manera, es posible que ítems esenciales de la dieta de una población se vuelvan inalcanzables de pronto. El alza en el precio del kilo de arroz en Brasil es un ejemplo muy claro.

La futura destrucción de los bosques está asegurada

Volvemos al análisis más reciente de Cepea. “Ante eso, las ventas de soja para entrega entre febrero y julio de 2022 también vienen siendo verificadas (cosecha 2021/22). Investigadores de Cepea indican que ese tipo de comercialización involucrando al producto que será cosechado dos temporadas a futuro es un hecho inédito”. ¿Qué significa eso? Pues que los agricultores buscarán expandir su área de plantío.

El gobierno proyecta un crecimiento del 2,8%, lo que significa que un millón de hectáreas más. Convirtiendo ese número en números accesibles, es exactamente todo lo que sobró para todas la primera cosecha de frijoles en 2020, o exactamente lo que fue talado en Amazonia entre agosto de 2019 y julio de 2020. Con China en primer lugar entre los compradores, Brasil venderá casi 87 millones de toneladas de soja, o cinco millones más que ahora.

Ante ese escenario, no es sorprendente que el gobierno federal no tenga ningún plan. Hay una serie de instrumentos que el poder público puede (y debe) usar para influenciar los precios, oferta y demanda en la producción y consumo de alimentos. Pero el Estado mínimo solamente logra producir exhortaciones, como pedir a los supermercados que tengan patriotismo y bajen los precios.

Como todo en la era Bolsonaro, la lógica falla. Aunque se pudiese creer que el problema puede resolverse con patriotismo, las dos principales redes de supermercados de Brasil, Casino (Extra-Pan de Azúcar) y Carrefour, son francesas.

Que la industria nos guie

En Brasil, desde el año 2014, la industria de comida chatarra intenta revocar el documento del gobierno que recomienda evitar alimentos ultraprocesados. Ahora se suma el propio gobierno, que otra vez pelea contra la ciencia al afirmar que una dieta a base de alimentos frescos es ‘peligrosa’.

Por Guilherme Zocchio

Elegido con la promesa de destruir todo lo que hicieron sus antecesores, Jair Bolsonaro ensaya ahora la realización de un antiguo sueño de la industria de alimentos: hacer caer la Guía Alimentaria para la Población Brasileña. El documento, publicado en 2014, se volvió una referencia global al emitir un mensaje claro: eviten alimentos ultraprocesados.

Ha sufrido muchos ataques y la ofensiva ganó un capítulo inédito esta semana cuando la ministra de Ganadería, Agricultura y Abastecimiento, Tereza Cristina, solicitó al Ministerio de la Salud la revisión de la guía. En la Nota Técnica nº 42/2020, funcionarios refutan argumentos contenidos en la guía. Se trata de un documento interno del gobierno, que obliga al Ministerio de Salud a contestar todos los elementos. 

La nota técnica se centra especialmente en la clasificación de alimentos llamada NOVA. Esa clasificación se basa en la teoría que divide a los alimentos de acuerdo con el grado y el propósito de procesamiento; teoría que creó el concepto de comida ultraprocesada. Se considera un marco en los estudios de nutrición y salud a nivel mundial e hizo caer ideas como la de la pirámide alimentaria.

El equipo de O Joio e O Trigo conversó con uno de los autores de la nota quien, a su vez, confirmó que fue elaborada a solicitud expresa de la ministra Tereza Cristina.

El documento está dirigido al ministro de la Salud, el general Eduardo Pazuello, y fue enviado a su consideración el lunes 14 de septiembre. Dice que “la clasificación NOVA es confusa, incoherente y perjudica la implementación de directrices adecuadas para promover la alimentación adecuada y saludable a la población brasileña”.

Además, la nota enfoca sus críticas en el concepto de alimento ultraprocesado. Afirma que la determinación de este ítem “por medio del conteo del número de ingredientes (frecuentemente cinco o más) parece algo cómico”.

“Las recetas domésticas que utilizan varios ingredientes no pueden en ninguna hipótesis ser rotuladas de esa manera, lo que demuestra un evidente ataque sin justificación a la industrialización”, añade el documento diciendo, también, que una dieta a base de alimentos in natura puede ser “peligrosa”.

La ministra de Agricultura, Tereza Cristina, y Jair Bolsonaro: siempre abiertos al lobby del agronegocio y de la industria de ultraprocesados

En su versión original, la Guía Alimentaria cita 110 veces el término ultraprocesado, iniciando con una presentación del concepto y retomando diversas veces. No se comparan preparaciones culinarias caseras con aquellas que pasan por procesos industriales estas, sí, consideradas ultraprocesadas.

El documento del Ministerio de la Salud hace uso de casos concretos para ilustrar el concepto. Cita fideos instantáneos, yogures saborizados, panes, snacks y galletas industrializadas, platos congelados, entre otros, como buenos ejemplos para identificar qué es un alimento ultraprocesado.

Además, la Guía Alimentaria para la Población Brasileña es una referencia internacional. Es considerada por investigadores y profesionales de la salud como uno de los más accesibles y amplios documentos con recomendaciones sobre comer de forma saludable. No sólo habla sobre evitar ultraprocesados, como también abarca el concepto de sistemas alimentarios justos y sostenibles como clave para una alimentación saludable.

En todo el mundo, la clasificación NOVA, en la cual se fundamenta la Guía Alimentaria, ya fue citada en diversas bases de datos científicas, en la plataforma PubMed aparece más de 400 veces. En este año solamente, cuatro publicaciones científicas revisan las evidencias disponibles sobre la asociación entre el mayor consumo de ultraprocesados y enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y riesgo de muerte.

Una solicitud de la industria

La industria de ultraprocesados nunca estuvo feliz con la Guía. Arthur Chioro había acabado de asumir el cargo de ministro de Salud, en febrero de 2014, cuando fue a un evento en Brasilia. Lo que se creía que sería apenas un momento relajado se convirtió en una reunión de improviso con Edmundo Klotz, el entonces presidente de Abia, la Asociación Brasileña de la Industria de Alimentos.

“Él me trajo una libreta. Una encuadernación muy bonita. Era algo que, al abrir el cajón de mi escritorio, reconocería al instante… Algo que realmente destacaba”, recuerda Chioro. Recuerda tres puntos claves en el planteo de la industria, tres ítems que no querían siquiera negociar, y uno era la Guía Alimentaria: exigían “que no se publicase, en ninguna hipótesis”.

Sucesivos ministros fueron blanco de investidas de Abia en un esfuerzo para revocar el documento. Defensores de las directrices siempre lograron frenarlas. Pero ahora, cuando los principales cargos del ministerio están ocupados por militares que no entienden nada de salud, mucho menos de alimentacion, una nueva ofensiva se abrió. Esta vez involucrando directamente al Ministerio de la Agricultura.

El Ministerio de Agricultura niega que el documento haya sido enviado al Ministerio de Salud. Pero la firma digital indica una fecha de envio. “El tema está siendo discutido internamente”, dice la asesoría de prensa. “Los textos que circulan en redes sociales son borradores de documentos internos. Sugieren la revisión de la guía, incorporando entre otros temas la participación de ingenieros de alimentos en la actualización del documento.”

Uno de los argumentos utilizados en la nota técnica dice que la Guía “disminuye la autonomía de las elecciones alimentarias sin informar correctamente qué es más importante para una alimentación adecuada y saludable”. Para el buen entendedor, media palabra basta. Esa afirmación es la misma usada de manera recurrente por representantes de la industria de alimentos.

En más de una ocasión, presenciamos a integrantes de Abia expresando críticas semejantes o declarando que el documento sobre alimentación necesitaba ser revisto, especialmente en relación a la clasificación NOVA, exactamente lo que dice la nota técnica.

El presidente-ejecutivo de Abia, João Dornelles, ya usó públicamente el mismo argumento “cómico” utilizado en la nota del ministerio. Erróneamente, dijo que un pastel de maíz casero, al tener más de cinco ingredientes, podría ser considerado un ultraprocesado, de acuerdo con la Guía.

Dos meses antes de que el documento del ministerio se hiciera público, Dornellas se reunió con la ministra Tereza Cristina. La pauta del encuentro era la Revisión de la Guía Alimentaria de la Población Brasileña, como bien apuntaron las reporteras de Outra Saúde, Maíra Mathias y Raquel Torres.

Conflictos de interés

Otra información relevante anticipada por Outra Saúde es la de que, para fundamentar el pedido de cambios en la Guía, los autores de la nota técnica del ministerio utilizaron solamente referencias bibliográficas atestadas de conflictos de intereses. 

Uno de los artículos fue escrito por investigadores que ya declararon haber recibido financiación de organizaciones financiadas, a su vez, por la industria de alimentos – como el Institute of Food Technologists (IFT), que tiene a Coca-Cola entre sus financiadores. Otro está en Brasil Food Trends, una publicación del Instituto de Tecnología de Alimentos patrocinado por Nestlé, Danone y, también, claro, Coca-Cola.

Otra fuente de información de la nota es el Instituto de Tecnología de Alimentos (Ital), que tiene un manual específicamente destinado a criticar a la Guía y es vinculado al Gobierno del Estado de São Paulo. 

La interferencia del Ministerio de Agricultura sobre un tema que le corresponde al Ministerio de la Salud, ha hecho saltar otra alarma. Sugiere un intento de la oficina que lidera Tereza Cristina por apropiarse de políticas públicas relacionadas a la alimentación, de la misma manera en que se dividen los ámbitos en los Estados Unidos.

En la tierra del Tío Sam, cabe al USDA , el Departamento de los Estados Unidos de Agricultura, definir las directrices sobre alimentación adecuada y saludable, organismo en el cual la independencia científica no es exactamente uno de los pilares para decisiones políticas. En los últimos años, una serie de directrices del órgano norteamericano han demostrado que es susceptible a estudios manchados por conflictos de intereses.

El Núcleo de Investigaciones Epidemiológicas en Nutrición y Salud de la Universidad de São Paulo (Nupens/USP), responsable por la elaboración de la clasificación NOVA y uno de los coordinadores del proceso de elaboración de la Guía Alimentaria para la Población Brasileña, publicó una nota oficial, este jueves 17 de septiembre, contra argumentando el documento del Ministerio de Agricultura.

Nupens discurrió punto a punto las afirmaciones de los técnicos de Agricultura e hizo un llamamiento para que el Ministerio de la Salud no acepte la solicitud. “Ante la fragilidad e inconsistencia de los argumentos presentados en la Nota Técnica del Ministerio de Agricultura y de la absurda e irrespetuosa evaluación de la Guía Alimentaria brasileña, confiamos que el Ministerio de la Salud y la sociedad brasileña sabrán contestar a altura lo que se configura como un inaceptable ataque a la salud y a la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro pueblo”. 

En tiempos de reforma administrativa y con Jair Bolsonaro  como presidente de la República, en Brasil todo puede ocurrir.

Social washing (o el marketing disfrazado de filantropía)

Social washing (o el marketing disfrazado de filantropía)

por Tatiana Merlino Brasil

Desde la comunidad LGBTQI+ hasta movimientos de periferia, pasando por sostenibilidad y machismo, una guía de cómo uno de los peores episodios de la humanidad se transforma en una oportunidad de ganancia y publicidad. Retrato de las corporaciones alimenticias aprovechando la pandemia para treparse a los movimientos sociales

14 de junio de 2020, avenida Paulista, región céntrica de São Paulo. Una proyección de luces con los colores del arco iris ilumina la avenida más famosa de la ciudad. La instalación, lanzada  desde uno de sus edificios, se ve desde una distancia de 60 kilómetros a lo largo de tres horas.

El show de luces fue parte de la conmemoración de la Parada del Orgullo LGBT, este año en versión cien por cien online a causa de la pandemia. Los colores de la diversidad sexual iluminando São Paulo, suena bien, suena a triunfo, pero hay más: la proyección en realidad también fue parte de una campaña de la marca de “snacks” Doritos Rainbow, de la empresa de productos alimenticios PepsiCo.

La corporación también anunció una donación de R$ 1 millón (alrededor de 200 mil dólares) para entidades que apoyan la causa LGBTQI+. Lanzados por primera vez en 2017, el paquete y los snacks Doritos Rainbow tienen los colores del arcoiris, en referencia a la lucha LGBT. Y en esa lucha han enmarcado toda su estrategia de marketing.

Este año, la empresa de productos ultraprocesados también lanzó la campaña #1Kiss1Donation, creada especialmente en el contexto de la pandemia. Una plataforma fue desarrollada para que las personas envíen un “beso virtual”, con el objetivo de “crear una corriente de amor”. Para mayor popularidad, contrataron a los cantantes Pablo Vittar, Ludmilla y Luiza Sonza. Y por cada beso virtual enviado, Doritos donó R$ 1 a instituciones LGBT+, hasta alcanzar otro millón.

La campaña se realizó idéntica en México, con una donación de un millón de pesos mexicanos (unos 45 mil dólares).

“El objetivo mayor es mantener el compromiso en apoyar a la comunidad LGBT+ e impulsar la igualdad, el respeto y el apoyo a la diversidad, misión que Doritos, marca de PepsiCo, viene realizando en Brasil desde 2017”, dice el material de divulgación de la campaña. Según sus datos, la transnacional desembolsó en donaciones unos 245 mil dólares – frente a ingresos de US$ 1,29 mil millones en 2019 solamente en Brasil. Durante la pandemia, Doritos Rainbow hizo, además, una alianza con la Red Filantropía para la capacitación de asociaciones y proyectos relacionados a la comunidad LGBTQI+.

Reprodução

Social washing

De la misma manera que PepsiCo, decenas de corporaciones de la industria de productos alimenticios están aprovechando el periodo de pandemia para acercarse a movimientos sociales, de periferia y de luchas antiopresión. Uno de los problema es que muchas de esas corporaciones fabrican ultraprocesados marcados con exceso de sal, azúcar y grasas que, a su vez, están relacionados a enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, cáncer) y agravan los casos de Covid-19. Eso sin mencionar  su historial en violaciones de leyes laborales. 

¿Qué están haciendo ahora? Donaciones, posteos en redes sociales, campañas online, transmisiones en directo, webinars…muchas veces con la participación de figuras públicas e influencers . 

“En nutrición, ocurre el health washing cuando las empresas tratan de darle una percepción favorable a algún producto”, dice la nutricionista Camila Maranha. “También existe el social washing. Es un intento de mostrar que la empresa está incluyendo entre sus acciones una agenda  de combate al racismo , empoderamiento femenino, apoyo a los temas LGBT, entre otras causas”, explica la consultora de ACT Promoción de la Salud, profesora de la Universidad Federal Fluminense (Río de Janeiro) e integrante de la Alianza por la Alimentación Adecuada y Saludable.

La estrategia de aproximación a movimientos de periferia y que debaten racismo no es nueva. Cuando Cola-Cola reveló la lista de donaciones realizadas a lo largo de los últimos años en Estados Unidos, había una serie de aportes de pequeños valores a organizaciones locales. Asociaciones de barrio, movimientos de lucha contra el racismo, organizaciones de latinos. Justamente los grupos sociales que más sufren con enfermedades crónicas y que más consumen gaseosas y otras bebidas endulzadas. Un estudio recientemente publicado calcula que, en el país sede de la empresa, el grupo más pobre de la población bebe 2,5 veces más gaseosas que el grupo más rico.

El social washing se intensificó durante la pandemia, dice Maranha,. “Hay muchas empresas distribuyendo fast food y chocolates, donaciones a profesionales de la salud, camioneros, y eso con promoción en las redes sociales, en los medios”. Sin mencionar a “Solidariedade SA”, un nuevo segmento periodístico que pasó a ser presentado a diario en Jornal Nacional, el telediario de mayor audiencia en Brasil. En ese segmento se destacan la donaciones hechas por las  empresas, siempre de forma acrítica y sin contrastar el monto de la donación con la facturación de la empresa.

Para la nutricionista, lo que se ve, “infelizmente, es que las empresas están mucho más empeñadas en impulsar su imagen pública que en realizar acciones concretas en la cadena de producción de sus alimentos, y alcanzar verdaderamente objetivos muy loables”. Cada vez más consumidores quieren productos de empresas que sean limpias, sostenibles, y sin discriminación.

El esfuerzo de mantener una buena imagen por medio de acciones de responsabilidad social corporativa no es una novedad. En las décadas de los años 80 y 90 se hizo popular la expresión greenwashing – o maquillaje verde – para referirse a empresas que destruyen la naturaleza, pero ondean y venden la bandera de la sostenibilidad en sus discursos.

El movimiento feminista creó la expresión maquillaje púrpura, purple washing, para empresas que se apropian del discurso del empoderamiento y diversidad en sus campañas. “Usamos esa expresión cuando empresas se adoptan argumentos, las luchas del movimiento feminista, para encubrir otros tipos de prácticas. Y entonces lo primero que observamos es cómo funciona la empresa, la relación de trabajo interna que tienen”, explica afirma Miriam Nobre, de Marcha Mundial de las Mujeres y de Siempreviva Organización Feminista.

Y la conclusión es brutal: “Esas mismas empresas que usan ese discurso se enriquecen con base en la exploración del trabajo femenino por medio de la tercerización y en el trabajo precario realizado por mujeres en condición de trabajadoras autónomas o trabajo a domicilio, en el control de los territorios y del agua”, apunta Miriam.

De la periferia al centro

El 18 de junio, Carrefour publicó su informe de sostenibilidad. Pero en lugar de un sencillo documento PDF escondido en algún rincón de la página corporativa, como siempre ha ocurrido, la empresa de supermercados optó por reunir al CEO y algunos de los principales directores en una transmisión online. No estaban solos: les acompañaban  agricultores modelo y el coordinador de un proyecto orientado a la acción en áreas pobres. 

El representante de relaciones institucionales de Carrefour, Stephane Engelhart, dijo que la empresa tiene la misión de llevar comida de calidad a todos los brasileños y que es la mayor compradora de carne de Brasil (con énfasis en la garantía de que no proviene de haciendas que destruyan bosques).

En tiempos de  preocupación de los consumidores por la calidad y la huella ambiental de legumbres, frutas y verduras ofrecidas en los supermercados, Carrefour parecía querer curarse en salud. Presentó a agricultores que viven cerca del mayor centro consumidor, la ciudad de São Paulo, y que elogiaron  a la empresa, en particular a Atacadão, el brazo mayorista, justamente donde casi no hay alimentos frescos de buena calidad.

Roberto Mussnich, CEO de Atacadão, habló sobre el propósito de “llevar productos de calidad a precios bajos a todo el país”. Dijo también: “Buscamos proveedores locales y buscamos incentivar a la industria local para generar empleo y sostenibilidad. Amor por el negocio, por la causa y por la manera de hacer las cosas.” Alimentos de buena calidad y producción local, presentes en su discurso y muy enfatizados, los dos aspectos que más preocupan a los consumidores en tiempos de Covid. Ninguna coincidencia del azar, marketing puro.

El show en vivo por Internet se completó con Edson Leite, un chef brasileño y creador del proyecto “Gastronomía Periférica”, que ofrece formación culinaria, comidas y trabaja con desperdicios de alimentos  en las franjas de la capital de São Paulo (donde se multiplican las tiendas de Atacadão).

“Necesitamos mostrar el universo periférico, que es gigantesco”, dijo Leite y aplaudió la cercanía con el grupo Carrefour porque “es importante cuando logramos obtener ese espacio, realizar alianzas”r. Dijo también que hay un proyecto de invisibilización de la periferia, y el poder público no actúa para que eso sea distinto: “Siempre nos hicieron creer que nuestra comida, todo lo nuestro, era algo malo.”

Transmisión de por medio, en tiempos de pandemia, el grupo de supermercados alcanzó el récord de facturación en las primeras semanas de la cuarentena. Y entre sus acciones de beneficencia anunció la donación de R$ 15 millones – cerca de 3 millones de dólares – en canastas básicas para ayudar a familias carenciadas. ¿Los productos? Donados por proveedores y clientes. 

“Las  iniciativas (de supuesta filantropía) se han realizado claramente para mejorar la imagen de las marcas en la sociedad, como si estuvieran preocupadas por temas sociales”, evalúa Ana Paula Bortoletto, coordinadora del Programa de Alimentación Saludable del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec). “Pero en realidad ellas representan una gran contradicción cuando enfocamos en cuánto realmente invierten y qué comercializan en relación a productos no saludables. Lo más cruel es que esas marcas amplían sus mercados junto a los grupos más vulnerables y eso acaba aumentando el riesgo del desarrollo de enfermedades crónicas entre la población”.

Bortoletto alerta que en estos complicados tiempos de Covid, las empresas también se enfocaron en algo menos visible: profundizaron  la presión política de para la aprobación de leyes que les beneficien. Y así lograron, por ejemplo, la reciente aprobación de la ley que flexibiliza la donación de alimentos en Brasil, sancionada el 23 de junio (Ley 14.016/20), que pretende evitar el desperdicio e incentivar la donación de alimentos y comidas.Aunque parezca positiva delante del contexto, en la práctica facilita el aumento de donaciones de alimentos procesados y ultraprocesados. “Al ofrecer alimentación de baja calidad a la población están aumentando el problema, no están ayudando”.

¿Orgullo que multiplica?

“Nada debe impedir el orgullo de ser quienes somos, ¿no? #SeuOrgulhoNinguémPara #TodoMundoÉBemVindo.” 

¿Puedes adivinar de qué empresa es la campaña? Irónico, pero pertenece a , una campaña de Uber Eats, difundida claro en el mes del orgullo LGBTQIA+. Aliada con Burger King, UberEats anunció que de 22 a 28 de junio parte de las ganancias de las ventas de dos combos serían donadas para ONGs que apoyan a la comunidad.

Es irónico porque UberEats, igual que   otras empresas de entrega de alimentos a domicilio como Rappi e iFood, se niega a reconocer los derechos laborales de sus trabajadores. Mientras las marcas realizan iniciativas de supuesta responsabilidad social, sus trabajadores en varios países protestan y realizan paros para exigir  mejores condiciones laborales. Más seguridad, tasas justas en los pagos de entregas, alimentación durante la jornada laboral y licencia remunerada en casos de accidentes son algunas de las condiciones mínimas que reclaman.

Rappi también impulsó una campaña en el mes del orgullo LGBTQIA+. En sus redes ofreció que con la compra de cualquier producto de la cerveza Skol Beats, el usuario recibiría una bandera con los colores del arcoiris, símbolo del movimiento para extender en su ventana, y prometió que el 20% de su facturación sería donado a la ONG Casa Chama, espacio colectivo de cuidados LGBTQIA+. 

Compromiso efectivo

Renan Quinalha conoce sobre el movimiento de la diversidad sexual porque es activista y profesor de Derecho de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp). Dice que siempre ha existido una “relación ambigua y tensa con el mercado” e incluso ha llegado a “mercantilización y el vaciamiento de la agenda”.

A partir del inicio de las paradas del orgullo LGBT en la década de 1970, en varias ciudades de los Estados Unidos y en todo el mundo, “las empresas pasaron a tener una postura más agresiva para ganar visibilidad y colocar sus marcas [en los eventos]”, explica. “El problema es que desaparecen durante todo el año y cuando, hay episodios de LGBTfobia dentro de las empresas en relación a los funcionarios, prestadores de servicios en caso de Uber, o con terceros, la empresa no responde adecuadamente ni  de manera rápida.”

Para Quinalha, no basta con que las  empresas realicen campañas para destinar parte de sus ganancias, también deberían asumir un compromiso efectivo. Dejar en claro “qué clase de política interna tienen para LGBTs, dónde están y en qué posición de liderazgo en la empresa, si hay posibilidad de inserción, si hay personas trans trabajando en la empresa… Necesitan comprometerse con un cambio cultural y eso necesita empezar dentro de las empresas y ante la sociedad. Esa es una manera de buscar coherencia que muchas veces les ha faltado a esas empresas que aparecen solamente en el mes de junio”, cuando se realizan los eventos orientados a esa comunidad.

El profesor de Unifesp también evalúa necesario considerar otras cuestiones  pues “el movimiento LGBT no es solamente una agenda por liberación sexual y por el derecho a la identidad de género y libre orientación sexual. Es un movimiento que busca inclusión, acceso a educación, salud y renta, que toque cuestiones de desigualdad económica, de relaciones laborales. Entonces es muy problemático que empresas que precarizan el trabajo, que no respetan al medio ambiente, temas alimentarios, se apropien de eso. Son agendas cruzadas”.

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Toddynho y Cheetos para comunidades vulnerables

PepsiCo es una corporación dueña de las líneas eQlibri, Quaker, Toddy, Toddynho, Ruffles, Doritos, Cheetos, Fandangos y Pepsi. Entonces aprovecha su amplio porfolio de marcas de ultraprocesados para acercarse a distintas banderas. Por ejemplo, a luchas por valorización de la música brasileña o a la larga y diversa batalla del feminismo. La línea de snacks eQlibri donó más de 1.200 canastas básicas de alimentos a familias carenciadas encabezadas por mujeres y donó productos a la Asociación de Mujeres de Paraisópolis, una de las grandes comunidades carenciadas de la ciudad de São Paulo.

Por su parte, Nestlé ha invertido fuertemente en la sustitución de la lactancia materna. En México la empresa se asoció a FEMSA, fabricante de Coca-Cola, para hacer publicidad sugiriendo la adopción de fórmulas infantiles, una práctica prohibida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).En Brasil la estrategia fue semejante: una transmisión en directo llamada “La vida no para”, dirigida a profesionales de la salud, para el lanzamiento de la fórmula infantil para NAN Supreme. El evento contaría con la participación de la cantante María Rita, una acciónes prohibida por la OMS por ser una estrategia publicitaria. Hubo reclamos en en  redes sociales con el hashtag #DesisteMariaRita y la artista decidió no participar, pero el evento  se realizó igualmente. Y Nestlé fue más allá todavía. Estrechó sus lazos con la Sociedad Brasileña de Pediatría (SBP), al crear un programa “para capacitar residentes”, lo cual consiste en un curso para  1.700 profesionales médicos y un premio extra: a corporación les prometió una residencia en Boston, Estados Unidos, y pagar su anualidad en la SPB.

Reaccionó la Red Internacional en Defensa del Derecho a la Lactancia Materna – IBFAN-Brasil, envió una carta enviada a la SBP, reclamando que el único objetivo es beneficiar a una corporación en perjuicio de la protección a la lactancia materna. 

Del medio ambiente a cuestiones sociales, de la agricultura a la periferia, de las mujeres a la población LGBT+, la pandemia aceleró el proceso de captura de banderas legítimas de la sociedad. ¿ Acelerará, también, la resistencia por parte de movimientos y ciudadanos?

Leche de muerte, leche de vida

Leche de muerte, leche de vida

por Fabián Mauricio Martínez G Colombia

En Colombia, la pandemia dificulta la lactancia materna y separa recién nacidos de sus mamás. De otro lado, abre camino a estrategias de promoción de las fórmulas infantiles. Rappi y Mead Johnson se suman en una ofensiva que no solamente viola las leyes, como ignora realidades locales y pone a los bebés en peligro

Un par de días después del nacimiento, las pruebas de Covid-19 resultaron positivas para la madre y el niño. El bebé nació a las 10:27 de la mañana del 14 de julio de 2020 en el Hospital San José del centro de Bogotá. Pesó 2,830 gramos y midió 50 centímetros. Sus gritos, como anunciándole al planeta que recién había llegado, se oyeron en la sala de partos antes de que le fueran medidas la frecuencia cardíaca, la respiración y los reflejos. Antes de que le cortaran el cordón umbilical y sus brazos se doblaran hacia su pecho. El color de la piel y el tono muscular evidenciaron que el bebé gozaba de buena salud. Sin embargo, tenía Covid-19.

La mamá del bebé no presentó ningún síntoma previo (ni fiebre, ni tos seca, ni cansancio, ni dolor de cabeza), pero, por protocolo sanitario de Colombia, les practicaron pruebas a ella y a su hijo. Positivos los dos, a pesar de que la madre — 17 años, delgada, pelo negro — no había salido de su casa en los últimos meses. La muchacha, a la que llamaremos Johana*, guardó una cuarentena estricta, preocupada por su embarazo. Pero el papá del niño — 19 años, alto, moreno — sí tuvo que salir de casa a recorrer los barrios de la ciudad para vender bolsas de basura, flores, frutas o lo que hubiera a la mano. La situación de John Freddy* no es única.

En Colombia, a pesar de que se están reportando diariamente cerca de 11,000 casos positivos de coronavirus, para cientos de ciudadanos no es posible quedarse en casa. Sus empleos son informales y deben realizarse en la calle, caminando la ciudad, empujando carros con aguacates, mangos o bananos. Deben buscar sustento en el rebusque, salir a ganarse la vida (o en algunos casos a perderla). En el país ya han fallecido alrededor de 15,000 personas por la pandemia. Y solamente en Bogotá, los contagios se aproximan a 160,000. Esta paradoja la define muy bien John Freddy, el padre del bebé: “O nos mata el virus o nos mata el hambre, pero no podemos quedarnos en la casa con los brazos cruzados.” 

El bebé se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aislado de su mamá. Johana, asintomática, espera en casa. A pesar de que la OMS recomienda que no se separe a la madre y al hijo, así ambos tengan Covid-19, este aislamiento se hace para garantizar la salud del bebé. Según el neonatólogo, Carlos Alberto Acosta, “al ser menor de 6 meses hay un alto riesgo de deterioro clínico, para este caso de orden respiratorio por Covid, entonces no hay otra manera, el niño debe quedar en observación”. Además, hay que sumarle que el aislamiento también se hace con el fin de mitigar la cadena de contagio y ejercer un mayor control epidemiológico.  

Johana, la madre, espera confinada por 14 días antes de que le practiquen una nueva prueba. El grupo de epidemiología la visita para recoger la leche — que ella misma se extrae — y llevarla a la clínica en donde está el bebé. La almacenan en el banco de leche y cada tres horas sacan un poco para alimentar al hijo.“Yo pensé que teníamos que comprar leche de tarro por lo del virus, pero los médicos me han insistido en que le dé leche materna.” 


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Cubierto con un traje que recuerda a los astronautas en misiones espaciales, el neonatólogo Acosta examina al bebé tres veces por día. Lo cuida en la Fundación Cardiovascular de Soacha, adonde fue trasladado por falta de cupos en la UCI del Hospital San José. Se acerca al recién nacido, a través de la unidad de cuidados intensivos que tiene 28 camas. Chequea los signos respiratorios y cardíacos; mide la temperatura y llama por teléfono a la jovencísima mamá para contarle cómo va el combate que su pequeño hijo libra contra el virus que tiene en vilo al mundo. Hasta el momento, el niño va ganando. 

“Lo mejor para el bebé es la leche materna”, dice Acosta, el pediatra neonatólogo. “No hay nada mejor para este niño que la leche de su mamá”, continúa a través de su escafandra que recuerda también a los trajes que usaron los bomberos en Chernóbil, después de la explosión nuclear en 1986. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, ENSIN, en Colombia, la lactancia materna exclusiva en bebés menores de seis meses disminuyó a 36,1% en relación a 2010, cuando estaba en un 42.8%. Y de acuerdo a la página de Lactancia materna y nutrición del Ministerio de Salud, “de cada 100 niños que nacen en Colombia, tan solo 56 inician la lactancia materna en la primera hora de nacidos”.

El médico me explica que los neonatos tienen un sistema inmunológico débil y la mejor sustancia para elevar la inmunidad es la leche materna. “¿Pese a que la mamá tenga coronavirus?”, le pregunto. “No importa —me responde— “la única contraindicación para la leche materna es el VIH o que la mamá decida no amamantar. No hay nada que beneficie más al bebé que la leche materna porque fortalece su sistema inmunológico y eso es precisamente lo que necesita para ganarle al virus.”

En un informe del 27 de mayo de 2020, OMS y Unicef enfatizan en que las mujeres deben seguir amamantando durante la pandemia, aunque tengan la sospecha o la confirmación de estar infectadas. Los datos actuales, dice el informe, indican que es poco probable que la  Covid-19 pueda transmitirse a través del amamantamiento o la leche materna extraída de una mujer con virus. Los numerosos beneficios de la lactancia superan con creces a los posibles riesgos. Pero esta verdad anunciada por los organismos internacionales es desoída por empresas que se empeñan en promocionar a las leches de fórmula como un alimento ideal para los neonatos.

María Eugenia Delgado, nutricionista, dietista y consultora internacional en lactancia materna ha librado la lucha en contra de las imposiciones, a las que muchas veces se ven sometidas sus pacientes, por la promoción publicitaria de las leches de fórmula. “La leche materna es un fluido vivo cuyas células aportan los macronutrientes necesarios para el bebé, además le dan la carga inmunológica que no tienen las leches de tarro”, dice la experta  —pelo café y amplia sonrisa—  y continúa: “El hecho de que la leche materna esté viva significa que tiene células dinámicas y cambiantes, es decir, que tiene  la capacidad de crear una única y estrecha relación con el bebé que está alimentando”. 

Sin embargo, la consultora internacional reconoce que en algunos casos la lactancia materna está contraindicada.“En nuestro país si la mamá es VIH positiva la EPS (Empresa Promotora de Salud) debe suministrarle la fórmula láctea para el bebé. O si la mamá está en proceso de quimioterapia no se debe dar leche materna.” A su vez, explica que en ciertos casos médicos, atípicos y de baja prevalencia en la población, el bebé nace con errores innatos del metabolismo como la galactosemia y fenilcetonuria. “En el caso de la primera ocurre que el bebé no tolera la galactosa, un monosacárido de la leche materna, es decir, su organismo no tiene la enzima para metabolizarla y se empieza a producir una acumulación que puede causar falla hepática o alteraciones neurológicas, en estos casos no se puede dar leche materna.” 

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Negocio disfrazado

Federico García Lorca escribió Yerma en 1934, una obra teatral de ambiente rural que expresa, en varios de sus diálogos, la poesía de la sabiduría popular. En el Acto III, la protagonista dice lo siguiente: “Yo tengo la idea de que las recién paridas están como iluminadas por dentro y los niños se duermen horas y horas sobre ellas, oyendo ese arroyo de leche tibia que les va llenando los pechos para que ellos mamen, para que ellos jueguen hasta que no quieran más.” 

Casi cien años después, la escena mágica de García Lorca pervive y la ciencia suma certezas. 

Tedros Adhanom, director de la OMS, ha dicho que: “La lactancia materna ofrece a los bebés el mejor comienzo posible en la vida porque la leche materna actúa como la primera vacuna del bebé, ya que les protege contra enfermedades potencialmente mortales y les ofrece todo el alimento que necesitan para prosperar.” Y esta potente vacuna natural, este arroyo de leche tibia es el que mantiene con vida al bebé de Johana y John Freddy, mientras lucha contra el temible coronavirus. 

Por eso resulta difícil aceptar que, en esta época de pandemia, marcas comerciales promuevan donaciones disfrazadas de filantropía con el fin de favorecerse económicamente en medio de la emergencia sanitaria mundial. Esta situación fue denunciada por Red PaPaz, una entidad sin ánimo de lucro, conformada por padres y madres colombianas que velan por el bienestar integral de los niños. 

 

Yo tengo la idea de que las recién paridas están como iluminadas por dentro y los niños se duermen horas y horas sobre ellas, oyendo ese arroyo de leche tibia que les va llenando los pechos para que ellos mamen, para que ellos jueguen hasta que no quieran más.”

En una carta enviada al INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia), Red PaPaz denunció una promoción lanzada por Rappi Colombia, llamada “Semillas de Apego” para apoyar un programa del mismo nombre de la Fundación United Way. Según la promoción, Rappi se comprometió a donar una lata de Enfagrow premium de 180g a la Fundación United Way por cada orden finalizada de los productos Enfagrow de la empresa Mead Johnson. Las donaciones se destinaron a la población infantil más vulnerable del municipio de Tumaco, Nariño, al sur del país.  

Los productos Enfagrow Premium, explica la carta enviada por Red Papaz al INVIMA, son fórmulas lácteas para niños y niñas menores de dos años, hechas a partir de leche entera de vaca con adición de nutrientes declarados en su etiqueta nutricional. Al ser este un producto procesado de origen animal con adición de nutrientes corresponde a la definición de “alimento de fórmula para lactantes”, en el artículo 2 del Decreto 1397 de 1992. Un tipo de producto para el cual están prohibidas la publicidad mediante los ofrecimientos gratuitos; las actividades de publicidad y promoción a nivel del público general; y la entrega de  muestras gratuitas a madres (literal c, artículos 6 y 11 del mismo decreto).

La prohibición en la ley colombiana  está muy clara. Y pese a la precisión en la denuncia la respuesta del INVIMA “parece redactada por Enfragrow”, dice Carolina Piñeros, representante legal de Red PaPaz. En la respuesta oficial, firmada por Carlos Robles Cocuyame, director de alimentos y bebidas del INVIMA, se concluye que: “El producto no corresponde a una fórmula infantil ni un alimento complementario de la lactancia materna” y que “La actividad realizada en la plataforma no corresponde a una publicidad sino a una actividad promocional”. 

Más allá de las formas y la discusión sobre publicidad, el caso se agrava al conocer el contexto de la población de Tumaco, a donde se envía la leche en polvo de la promoción.

 

Leche de muerte, leche de vida

Lorena Muñoz, nutricionista, dietista y miembro del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia, conoce bien la situación de Tumaco pues trabajó allá en 2019 en la recuperación de la memoria alimentaria del territorio. “Lo primero que debo señalar es que estas leches de fórmula, como las de la promoción de Rappi Colombia y United Way, requieren de agua potable para su preparación, así como para la esterilización de los biberones en los que se da”, dice Muñoz — pelo negro y ojos cafés —. En Tumaco, según cifras reportadas por el censo del DANE del 2018, la cobertura del acueducto solo alcanza al 31.7% de la población, y solo el 5.5% de la misma dispone de sistema de alcantarillado. Esto quiere decir que, en esa ciudad habitada por cerca de 212,000 personas, solo 11,000 de ellas cuentan con servicio de recogida y transporte de aguas residuales. “Esto hace que la enfermedad diarreica aguda sea altísima, así como la infección respiratoria aguda. Ambas enfermedades constituyen las principales causas de muerte en menores de 5 años en Tumaco.” 

Si hay graves problemas de agua potable, ¿por  qué ofrecer donaciones de leches de tarro cuando ni siquiera existe la garantía del acceso al agua para prepararlas? “Si realmente se quisiera ayudar habría que promover una buena alimentación en las mamás”, reflexiona Muñoz, quien concluye: “lo que realmente se está haciendo a través de estas donaciones es ACP (Acción Política Corporativa) con el fin de favorecer intereses económicos corporativos sobre el derecho de los niños a la lactancia materna y a una adecuada alimentación infantil”.  

Tumaco | Foto: Adobe Stock y Colombia Reports

Jennifer Preciado tiene 28 años, es líder social y gestora en seguridad alimentaria y nutricional en Tumaco. Vive en el Barrio Obrero, un suburbio con algunas calles de tierra y otras adoquinadas, donde los niños se divierten correteando a perros flacos. Jennifer Preciado — piel morena y pelo negro — está embarazada por tercera vez,  una niña que nacerá en agosto. Su primer hijo tiene once años y el segundo cinco. “Al primero sí le di leche materna hasta los dos años. Al segundo, por cuestiones de trabajo, no pude amamantarlo. A él tuve que darle leche de fórmula. Tenía que irme a trabajar y me ausentaba varios días de la casa.”

Recostada en una silla, se espanta el calor de las tres de la tarde con un abanico que mueve  con su mano derecha; con la otra sostiene su celular mientras conversa: “Acá no tenemos agua potable, uno abre la llave y el agua baja turbia, a veces con olores. Hay que hervirla. Con mi segundo hijo tuve que hacer eso todo el tiempo”. Preciado cuenta que su segundo niño -el que tomó fórmula- se estriñó, sufrió fiebres y cólicos durante los primeros meses de vida, cosa que no ocurrió con su primero, al cual sí amamantó. “Mi primogénito tiene una gran salud, en cambio mi segundo hijo se enferma muy seguido”.

La revista británica The Lancet, una de las más prestigiosas del mundo, en su edición de febrero de 2016, dedicada a la lactancia materna, ofrece un completo estudio acerca de los beneficios. Dice, entre otras cosas que: “Los niños que son amamantados por períodos más largos tienen una menor morbilidad y mortalidad infecciosa (…) y una inteligencia más alta que aquellos que son amamantados por períodos más cortos o no son amamantados. Esta desigualdad persiste a lo largo de la vida. Hay indicios crecientes que también sugieren que la lactancia materna podría proteger en el futuro contra el sobrepeso y la diabetes.”. Beneficios y desventajas que se hacen evidentes en los hijos de Jennifer Preciado.

Por eso, ella tiene muy claro que a su hija, próxima a nacer, la amamantará de manera exclusiva por lo menos durante seis meses. Es una elección que hace desde su conocimiento como gestora en seguridad alimentaria y nutricional, pero también recurriendo a los saberes ancestrales de la zona. “Vea, aquí en Tumaco la mejor dieta que puede hacer una mamá para producir buena leche es tener como base el aguapanela. Hay que tomarla varias veces al día, almorzar con un buen sancocho de gallina y cenar con pescado fresco, además de estar comiendo buena fruta y verdura durante el día”, dice la mujer de dientes blancos y alegría desbordante. 

Pero no todas las mujeres tienen la misma disposición de Jennifer. Además de las contraindicaciones médicas descritas, hay otro factor que incide en la lactancia materna. Lorena Muñoz, la nutricionista y dietista, lo explica de esta manera: “El deseo de amamantar es algo que se debe tener en cuenta. No todas las mujeres quieren hacerlo y es respetable. Hay mujeres que simplemente no están interesadas en amamantar a sus hijos, en ese caso hay que encontrar la leche de fórmula que mejor se adecúe al bebé y respetar el desistimiento de la madre. Sin embargo, no es algo muy común, la lactancia materna hoy es una tendencia en la mayoría de mujeres.” 

Mujeres como Jennifer Preciado quien une su voz a las de muchas otras madres, nutricionistas, pediatras y funcionarios del mundo entero. Recomiendan la leche materna como el mejor alimento para los recién nacidos y niños menores de dos años, más aún en época de emergencia sanitaria, cuando los bebés necesitan las defensas que solo puede proveer el tejido vivo de la leche materna, ausente en las leches de fórmula. 

En la Costa Pacífica colombiana, Jennifer planea un futuro de teta y salud para su hija en camino. En Bogotá, el bebé de Johana y John Freddy ya venció a la Covid-19 después de 14 días de una odisea para garantizar su lactancia. El bebé nacido el 14 de julio se encuentra ahora con su mamá. Creciendo y pegado a su pecho. 

 

Un regalo envenenado​

Un regalo envenenado

por Milo Milfort Haití

Las donaciones son solo un buen negocio para marcas y oenegés y para entender por qué hay que ver Haití. Después del terremoto de 2010 la filantropía copó calles y oficinas prometiendo ayudas que nunca fueron tales. Una de las más recordadas fue la de Monsanto, que intentó entrar al país con 475 toneladas de semillas transgénicas pero encontró un campesinado que lleva la resistencia en la sangre y que jamás se pondría de rodillas 

Enero del 2010, un poderoso sismo de magnitud 7.3 en la escala de Richter golpea severamente a Haití. Más de 200 mil personas mueren y 1.5 millones quedan desamparadas. Cientos de miles de construcciones se derrumban en 35 segundos. Hay importantes daños, sobre todo en el departamento del Oeste donde vive un tercio de la población total del país, en la zona de la capital, Puerto Príncipe.   

A esa catástrofe le siguió otra: la invasión de cientos de organizaciones no gubernamentales (ONG), organismos humanitarios y multinacionales. Llegaron de todos lados, aprovecharon la situación para hacer base en Haití.

Se estima que llegaron casi 10 mil ONG y organismos humanitarios, los que durante algún tiempo casi reemplazaron al Estado, que estaba bajo los escombros, creando una situación de dependencia total en la población.

Cuando comenzaron a agotarse los fondos, en 2014, la ayuda se retiró. No dejaron nada duradero y hoy los problemas y dificultades estructurales aún persisten.

En ese contexto, en la primavera de 2010, en un país devastado que no salía del shock, a través del proyecto Watershed Initiative for National Natural Environmental Resources (WINNER) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la compañía agroalimenticia mundial Monsanto hizo una “donación” de 475 toneladas métricas de semillas de maíz y legumbres bajo el argumento de “apoyar el esfuerzo de reconstrucción” en Haití.

Monsanto, el primer productor mundial de Organismos Genéticamente Modificados (OGM); el antiguo fabricante del Agente Naranja que es ahora la mayor compañía de semillas del mundo y uno de los mayores fabricantes de pesticidas, ofreciendo “ayuda” a un país que es en un 70 por ciento agrícola, bajo un sistema producivo tradicional. Después del terremoto, sus semillas llegaron a la isla y no fueron bien recibidas. Los campesinos haitianos, aún en medio del colapso, se opusieron a la “donación”, y la compañía no pudo completar la distribución de sus semillas. Esa es la historia conocida. Narrada, incluso, como una película donde triunfa el bien.

Pero el proyecto WINNER siguió adelante. Con un plan de cinco años, financiado aproximadamente con 126 millones de dólares, decía buscar “reducir la pobreza mediante el crecimiento agrícola”. Fue dirigido por Chemonics International, el gigante contratista que ejecuta los planes de USAID con más de 5,000 empleados en 100 países. El manager local del proyecto fue Jean Robert Estimé: antiguo ministro de asuntos externos bajo la dictadura de Jean-Claude Duvalier, quien además ya había trabajado para Chemonics en África. 

A grandes rasgos, WINNER prometía mejorar las condiciones de vida de las poblaciones e invertir en el crecimiento económico, regalando fertilizantes y semillas de maíz amarillo, además de sorgo, arroz, melón, espinaca, brócoli, berenjena, cebolla y sandía para cubrir miles de hectáreas. El programa se ejecutó entre 2010 y 2015. Según los propios informes de la ONG, ayudó “a 1,500 campesinos” con “técnicas innovadoras”. El balance oficial de USAID dice que “los agricultores haitianos experimentaron aumentos dramáticos en los rendimientos de los cultivos este año gracias a un programa innovador dirigido por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional”, es decir ellos mismos.

Lo cierto es que WINNER nunca rindió cuentas de forma transparente ni concedió ninguna entrevista a la prensa. Pero el programa sirvió para entrada, más a cuentagotas pero entrada al fin, de las semillas que los campesinos no querían. WINNER dijo que eran “híbridas”, muchos temen que fueron de Monsanto, semillas OGM. Un combo que no logró mover los índices de inseguridad alimentaria, que siempre están peor.

Haití fue otro país

Haití es hoy el país más pobre de América, pero también fue la primera república negra libre e independiente del continente. Un país que se rebeló al colonialismo francés hasta ponerlo de rodillas en 1803. Y a la ocupación estadounidense en 1915. Un país en donde, a pesar de los muchos esfuerzos, nunca nos gustó el baseball. Un rechazo que no es un detalle sino una marca de resistencia.

Hasta hace no tanto tiempo, Haití era otro país.

Era autosuficiente a nivel alimenticio. Alimentos como el tamarindo y el árbol verdadero — o árbol de pan —, que da una fruta tropical de piel verde y corazón blanco, buena para hacer jugos o comerla cocida, era usada para alimentar a animales como los cerdos. Los campesinos producían en cantidad y el hambre no les molestaba el estómago.

“Solíamos cultivar maíz, mijo y algodón. Vendimos algodón a grandes comerciantes. Eso nos hizo ganar dinero”, recuerda Franck Chérilus, un hombre de 68 años de edad, padre de 5 hijos. “Yo sabía cómo comerciar. Compré mijo, lo molí y lo vendí. Fue una realidad que no duró mucho con (François) Duvalier, las plantas empezaron a desaparecer.”

Haití es también una tierra de terremotos y huracanes. Un país que arrastra más de 30 años en crisis social, política y económica. Devastado por la pobreza: 8 de cada 10 habitantes no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Tiene la renta per cápita más baja de todo el hemisferio occidental y ocupa los peores puestos mundiales en cuanto al Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas (145 de 177). Asolado también por la corrupción (ocupa el puesto 168 entre los 180 países que mide Transparencia Internacional). Sus calles estan asediadas por diversas formas de violencia.

El suizo Jean Ziegler, primer relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación (2000-2008), ha documentado como Haití sufrió los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Entre 1985 y 2004, las importaciones haitianas de arroz saltaron de 15 mil a 350 mil toneladas al año. En simultáneo, la producción local colapsó, de 124 mil a 73 mil toneladas”, escribe en el libro Destrucción masiva. Casi el 80% de los gastos públicos de ese país se direccionan a la compra de alimentos.

Políticas de ajuste estructural, disminución de tarifas aduaneras y falta de inversión en la agricultura local fueron los principales factores del derrumbe hacia el presente. Haití dejó de tener cerdos criollos porque dejaron de producirse bajo pretexto de que tenían peste. En realidad fue una estrategia para introducir cerdos nacidos en Estados Unidos. También se introdujo el arroz, que antes solo se comía en ocasiones. Y ahora todos los granos que llegan al plato son importados. Arroz, maíz o frijoles, como parte de un gusto creado.

En las calles, los haitianos consumían alimentos hechos con productos locales como el Acasan (puré de maíz) y la Cassave (un pan de mandioca), además de otras preparaciones con maíz, mijo y tubérculos. Los hábitos alimentarios comenzaron a cambiar hace más de tres décadas, con la introducción del pollo y las bebidas azucaradas. La gente solía beber jugo de frutas locales como limón y comer pollos criados aquí pero, desde por lo menos tres décadas, los agricultores han estado liquidando las frutas para comprar jugo ultraprocesado, que es importado, y pollos industriales, también importados, desde República Dominicana.

Los haitianos comían en las calles con platos reutilizables. En esta última década, vía “importación masiva”, el país también fue invadido por platos desechables y placas de espuma de poliestireno no biodegradable que contaminan el medio ambiente. En la dieta se incorporaron espaguetis, que nunca habían sido parte del menú local.

Haití es hoy un país donde la miseria aumenta día a día, la desesperación se ve en los rostros, la comida se está convirtiendo en un lujo y los jóvenes se van masivamente a otros lugares en busca de una vida mejor. Entre el 10 y el 12 por ciento de los haitianos viven fuera de su país de origen. La mayoría de ellos emigran a la República Dominicana, el Canadá, los Estados Unidos, el Brasil, Chile, Ecuador y el resto de América del Sur. Entre los migrantes hay muchos campesinos que vendieron su porción de tierra para comprar un boleto para ir trabajar en otros países de América Latina — por ejemplo, Chile.

Port-au-Prince. Foto: Marco Dormino / ONU

Regalo envenenado

Es mediodía. Luego de viajar tres horas en auto y quince minutos en moto desde Puerto Príncipe, llego a Papaye, tercera sección comunal de la ciudad de Hinche, en la región llamada Plateau Central, a 112 kilómetros de la capital. Un lugar donde la deforestación es dura, la sequía salvaje, las rutas están en mal estado y la agricultura muere. Al igual que en 2019, varios cientos de plantaciones están siendo eliminadas por colonias de orugas que desde hace meses están destruyendo todo a su paso.

Papaye es una localidad calma en la que las que la gente vive como si no hubiera Covid-19, e incluso cree que no llegará. No se respeta el uso obligatorio de máscaras ni el distanciamiento social ni la limitación del movimiento.

Este tiempo de crisis es tal vez otra oportunidad para que las transnacionales se acerquen a los campesinos a ofrecerles sus semillas. Todavía no lo han hecho. Y aunque aseguran que están vigilantes para volver a protestar, también sufren porque las autoridades los olvidan mientras las plagas destruyen sus plantaciones.

Esta región es pese a todo el emblema de las resistencias en Haití. Conocida por su oposición a la ocupación estadounidense en 1915 y en años más recientes sede de la más influyente organización campesina, el Mouvement Paysan Papaye (MPP). Un grupo que tiene como objetivo unir a todos los trabajadores rurales haitianos y sobre todo reunir a los jóvenes para buscar mejoras culturales y económicas.

Chavannes Jean Baptiste, coordinador del MPP, viste una camisa de estilo campesino y me recibe cerca de su casa, en una granja que tiene área de entrenamiento para los miembros de MPP y dormitorios. El líder campesino habla entre árboles, con el sonido de fondo de pájaros cantando. Son pájaros endémicos, el aire es frío, el lugar es muy agradable: bueno para vivir.

Diez años después, Baptiste recuerda lo que sucedió cuando hasta aquí llegó el gigante agro-alimenticio Monsanto. Cuenta que entonces consiguió un saco de fertilizantes en Croix-Des-Bouquets para tener pruebas, para saber con certeza qué les donarían.

“Era un complot mundial — dice Baptiste — Era un signo de solidaridad y también una manera de crear empleos, pero mientras algunos fueron golpeados por la catástrofe, otros vieron una oportunidad para mover sus propias piezas”, dice el presidente y fundador del MPP.

Recuerda el 4 de junio de 2010. Ese día, cerca de 20 mil personas que venían de todo el país se reunieron en la localidad de Papaye. Marcharon hacia la plaza principal, que se llama Charlemagne Péralte en honor de un revolucionario nacionalista que combatió contra la ocupación estadounidense. “Nos manifestamos para protestar contra un regalo envenenado. Era una movilización enorme. Al final de la marcha, quemamos semillas de Monsanto.”

– ¿Por qué se oponían?

Porque sabíamos que modificarían las semillas locales. Quisimos mostrarle al mundo entero que mismo si fuimos víctimas de un sismo devastador, no aceptaríamos que multinacionales venenosas se aprovechan de nuestra malaria para hundirnos aún más.

Era una atmósfera festiva, de carnaval, al ritmo de bandas de rara, grupos tradicionales haitianos que suenan con tambores, trompetas hechas de cañas y latón, y otros instrumentos nativos. A pesar del sol, del calor, los manifestantes bailaban. Lanzaban eslóganes hostiles a Monsanto y al gobierno de la época. Los campesinos estaban muy enfadados con la compañía multinacional y exigieron a las autoridades que detuvieran la distribución de semillas en el país. Llevaban pancartas, estandartes y retórica anti-Monsanto. La gran mayoría de ellos usaban sombreros de paja. Eran de ambos sexos, pero sobre todo jóvenes, niños y adultos.

La pelea no acabó ahí. El MPP  llevó el caso a organismos e instancias internacionales. Jean Baptiste, el fundador y director de la organización campesina haitiana, viajó a Estados Unidos, donde plantearon su defensa jurídica internacional contra Monsanto ante el Ministerio Americano de la Agricultura, el Congreso Americano en Washington y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Joanas Gué, ex ministro de agricultura durante el gobierno del ex presidente René Preval (2006-2011), en entrevista para Bocado considera que “el sector campesino tiene razón en tener inquietudes. Al entrar a esta dinámica (de Monsanto), tendrán que comprar semillas cada año a las grandes filiales multinacionales. Semillas híbridas y OGM”.

País de campesinos

Justimé Octave tiene 50 años y es padre de 8 hijos. Vive en Bassin Zim, en el departamento del Centro, en la localidad de Terrier, cerca de una cascada muy visitada en vacaciones. Parece mayor que su edad pero transmite la energía de un joven. Resulta evidente que tiene una buena relación con los miembros de su comunidad. Es un ferviente miembro del MPP y también un campesino que ha estado involucrado en la agricultura desde su infancia. 

Comenzó a trabajar la tierra cuando tenía 12 años. Lleva 38 años sembrando, cuidando, cosechando. “Pudimos ver que si ingresaban perderíamos toda nuestra producción nacional. Pasaríamos a comprarles semillas cada año. Nos decíamos que si dejábamos que Monsanto entrara a nuestro país estaríamos en la mierda. Nuestra miseria crecería. Por eso nos manifestamos contra él.”

Al igual que ocurre en muchas partes de la región, los campesinos son una parte marginada en la sociedad: cuentan con pocas herramientas y eso genera bajos niveles de producción, además que el Estado no invierten en el campo y los bancos no ofrecen créditos.

Aquí, quienes trabajan la tierra apenas tienen como herramientas el machete, la rueda y picos viejos, muchas veces usándose los mismos desde la época de la colonia. Una bota de goma en los pies, las piernas del pantalón levantadas, un sombrero de paja en la cabeza: así se ve a los campesinos en la región de Plateau Central, Departamento del Centro. Sacan la hierba con sus manos, no tienen ni guantes protectores.

Se enfrentan a problemas como la erosión, el acceso deficiente a los medios de producción y la dependencia de las lluvias. También suelen ser víctimas de peligros ambientales contra los que no están protegidos.

Sus granjas son pequeñas. A los agricultores les resulta difícil sacar provecho de su actividad de subsistencia y el pequeño excedente que obtienen se invierte en la educación de sus hijos.

Esta situación de opresión hacia el pasado, sumada a las políticas de importación de alimentos, hace que el campesinado no pueda trabajar como querría, sabe, y es capaz. Pero, desestimándola, fue utilizada como pretexto para el ingreso del proyecto extranjero que, lejos de llegar a la agricultura local, fue otro enclave foráneo de laboratorio.

La multinacional Monsanto logró ingresar semillas valiéndose del programa WINNER, aunque no a escala masiva como pretendían. Mientras, la agricultura haitiana sigue desplomándose y la inseguridad alimenticia se agrava cada día. Muchas oenegés que se habían instalado en 2010 se retiraron un tiempo después. Pero ahora con la pandemia de Covid-19 encuentran otra oportunidad para hacer “donaciones” que terminan siendo buenos negocios para ellos mientras en Haití solo dejan dependencia.