Por qué la industria alimentaria adora las lupas de Brasil



Por: Bocado | Argentina


Un comprador tarda seis segundos en hacer una elección en la góndola. En este corto lapso los mensajes en los productos son un misil: inducen o frenan la compra.

Por eso, desde que existe el supermercado como espacio de consumo alimentario, los productos tienen publicidad en sus etiquetas. Y la gente compra y luego de comprar come (o invita a comer a bebés, a niños). Las elecciones comandadas por la publicidad no tendrían nada de malo si no fuera porque la población hoy muere más por la comida que por el cigarrillo. La combinación de azúcar, grasa, sal, calorías vacías, edulcorantes, todo maquillado con aditivos que rellena los paquetes nos está matando.

Frente a este panorama, los rotulados frontales de advertencia surgen como un intento de procurar verdad: una mediación entre lo que ofrece la marca y lo que realmente da. Un derecho: acceso a la información y, con ella, a la salud.

De acuerdo con estudios realizados en varios países de la región, los octágonos negros resultaron ser el rotulado de advertencia más claro, rápido y preciso para desalentar el consumo de los comestibles y bebidas más problemáticos. Desde que Chile lo puso en juego en 2016, lo adoptaron después Perú, Uruguay y México. Sin embargo, hay un país que tomó otro rumbo: Brasil, que se aventuró en un rotulado que nadie había probado antes, las lupas.

Un signo de menor tamaño que los octágonos — tan chiquito que se necesita una lupa de verdad para encontrar y entender qué dice la lupa impresa —; un dibujo complejo de descifrar y, por ende, de menor impacto. Algo tan complejo que, en los seis segundos frente al producto, probablemente el consumidor podría pasar por alto. “Más blanco que negro — explicaría un diseñador —, es menos intenso”. “Más amable”, dice la industria en defensa de un modelo que la mayoría de los países ha descartado.

Por otra parte, mientras que el octágono remite a señales viales que en todo el mundo significan “alto”, la lupa indica para el lector una invitación, un esfuerzo: deténgase,vamos a ver.

Tan favorables son las lupas para las empresas alimenticias que en Brasil quien primero la aplaudió fue la Rede Rotulagem, un grupo compuesto por 21 entidades que incluye asociaciones de supermercados, industrias lácteas,industrias cárnicas y farináceos. “El modelo aprobado por ANVISA (la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) cumple los objetivos propuestos desde el inicio del proceso normativo”, dijeron los portavoces de las grandes industrias.

Pero no han aclarado cuáles objetivos supuestamente cumplen las lupas.

De hecho, oficialmente en los debates que se han dado en el país, se ha aclarado bastante poco. ANVISA comenzó a hablar de rotulados en 2014, cuando Brasil publicó una versión actualizada de la Guía alimentaria. Con ese documento la directriz que daba el país a la población era tan clara como problemática para las marcas: “Para estar saludables hay que evitar los ultraprocesados”, decían las guías. Desde ese momento la industria se sentó a la mesa para intentar cambiar la directiva científica.

En ese contexto y luego de evaluar todos los rotulados que hay en el menú — desde los semáforos que tiene Ecuador, hasta el sistema NutriScore promovido por la industria láctea e implementado en algunos países de Europa, hasta los octágonos que tanto éxito mostraban en los estudios — eligieron las lupas: el rotulado menos probado, menos efectivo y por eso menos inconveniente para el negocio de vender ultraprocesados.

Se espera que las lupas lleguen a los supermercados brasileros en 2022. Sin embargo los estudios que se hicieron hasta ahora muestran que si el objetivo de un rotulado es ayudar a hacer elecciones informadas en la góndola, no lo cumplen. En una investigación canadiense con una muestra de 11.000 participantes, sólo el 12.7% de las personas identificó a las lupas como buen sistema mientras un 37% consideró que los octágonos eran más efectivos, mientras un 33.9%. opinó en favor de otros modelos con formas de alerta y un 15.6% dijo no saber al respecto.

Pero no es solo la parte gráfica lo que falla en Brasil, el modelo de las lupas también está tomando un perfil de nutrientes “débil”. Esto es, cómo se evalúa que un ingrediente sea excesivo. Si el límite permitido para entender un exceso de azúcar por ejemplo es laxo, permite que muchos de los alimentos que son nocivos para el consumidor puedan salvarse de ser rotulados. Eso es lo que ocurre con el sistema elegido en Brasil: es más blando que otros. El de la OPS (Organización Panamericana de la Salud)por ejemplo que ha sido el parámetro para el etiquetado en México, y que ha sido incorporado al proyecto de ley de rotulado que se debate por estos días en Argentina.

En Brasil la industria tomó tanto protagonismo en el debate legislativo que incluso se obturó la posibilidad de que hubiera dos instancias de aplicación de la norma, una más permisiva — aplicada para darle un tiempo de adecuación a las marcas — y otra más estricta — que hoy ya no existe más.

El perfil de nutrientes más débil posible y un signo de difícil interpretación: eso milita la industria y en Brasil lo está consiguiendo.

Según trabajos comparativos si se aplicara el perfil de la OPS un 61% de los productos de la góndola quedarían rotulados. Mientras que con el perfil aprobado por ANVISA la medida solo alcanzará al 41%.

Así, por ejemplo el polvo para leche chocolatada Nescau, a pesar de contener 13 gramos de azúcares agregados, no llevará el signo “exceso de azúcar agregada”. Y las galletitas Club Social estarán libres de portar un alerta de “altas en grasas saturadas”.

“Argentina debería seguir el camino de Brasil”, exigieron distintos representantes de la industria en estos días en que el etiquetado de alimentos se debate en el parlamento argentino dejando claro hacia dónde están orientando en este momento sus armas.

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Salir de la caverna

Salir de la caverna

por Redacción Bocado México
Publicado el 18 noviembre 2020

Hace unas semana Mexico, que logró la mejor ley de etiquetado que existe hasta ahora y empezó a ver en las góndolas qué significa tener los productos marcados de una forma clara, veraz y de rápida interpretación. Comestibles chatarra que no parecerán inocuos nunca más, otros que se ofrecen como saludables muestran tener tres sellos, y hasta los cotidianos como el café, cuatro. Una recorrida fotográfica para ver, admirar y copiar.

Antes del etiquetado frontal, México intentó varias veces disuadir sobre el consumo de comida chatarra. En 2014 prohibió la venta de esos productos en escuelas y también aprobó más impuestos sobre bebidas azucaradas, pero al parecer ninguna medida había sido suficientemente fuerte. Ahora nadie puede ignorar los octágonos negros.

Desde el 2014 existe en México una ley que prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas de todos los niveles de educación básica (Ley General de Salud), solía ser frecuente encontrar golosinas, papas fritas, bebidas azucaradas. Siempre hay alguna tiendita — kiosco — enfrente, al lado o cerca. También personas que instalaban una mesa temporal y autos estacionados que se transforman en pequeños negocios sobre ruedas. Refrescos y comida chatarra es lo que ofrecen: hoy todos esos productos están marcados, algunos con la leyenda “evitar su consumo en niños”.

Exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de calorías son algunas de las leyendas del etiquetado frontal en México. Cuando el producto es pequeño, como un chocolate o un paquete de chicles, igualmente lleva un pequeño octágono que dice 2 sellos, 3 sellos o lo que corresponda.

México es el mayor consumidor de refrescos y bebidas azucaradas del mundo. Un promedio de 150 litros por persona al año mientras en Estados Unidos el promedio es de 100 litros y en el resto del mundo ronda los 25 litros, según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt, 2019). Y en Chiapas, un estado que tiene al 76% de su población en la pobreza y sufriendo falta de agua, el consumo de refrescos es 32 veces mayor al promedio mundial. Chiapas es la región donde se bebe más Coca-Cola en todo el mundo.

El etiquetado frontal obligatorio comenzó a regir en México el 1 de octubre de 2020. Aunque en su aprobación influyó el contexto de la pandemia, en la cual el país ha sufrido estragos por sus elevados índices de diabetes, obesidad y sobrepeso, no es una medida apresurada. Expertos y organizaciones no gubernamentales emprendieron esa pelea desde hace más de una década.

Cuando empezó a regir el etiquetado mexicano, la Organización Mundial de la Salud lo halagó “por estar por encima de los intereses comerciales”. Las grandes empresas de la industria alimenticia, en cambio, se mostraron reticentes. Y el primer día de vigencia, el 1 de octubre de 2020, al menos 30 grandes consorcios se ampararon, es decir presentaron recursos legales para evitar marcar sus productos. Ejemplos: Unilever, Coca-Cola, Hershey, Ferrero Rocher y otros.

El subsecretario de Salud de México, Hugo López Gatell, llamó a las gaseosas “veneno embotellado” y el escándalo se encendió. En el peor momento de la pandemia, el funcionario que también es impulsor del etiquetado, señaló directamente a los fabricantes de bebidas azucaradas. ¿Qué respondieron ellos? Denunciaron que el gobierno mexicano los “estigmatiza”.

En tiempos de pandemia por Covid19, México ha hecho explícita una estrategia que va más allá e la atención médica. El gobierno y la secretaría de Salud lanzaron el etiquetado frontal de alimentos mientras la secretaría de Educación Pública incorporó un materia obligatoria en la currícula de todo el nivel educativo: Vida saludable. 

Exceso de lobby

Argentina podría convertirse en el próximo país en tener una ley de rotulado frontal de advertencia con sellos negros, como Chile, Perú y México. O podría ser otro más de los países donde triunfan los conflictos de interés y el lobby en detrimento del derecho a la información y a la salud.

Por: Redacción Bocado

Siete días atrás Argentina estaba cerca de tener un rotulado frontal de alimentos con octágonos negros de advertencias para productos con exceso de azúcar, grasa, sal y calorías, y también para productos con cafeína y edulcorantes no recomendables especialmente para las infancias. A pesar de las presiones de Coca Cola que intentaron afectar el proyecto hasta último momento, el modelo que inauguró Chile y perfeccionó México se plasmó en una ley que tuvo el respaldo de sesenta y cuatro senadores y sólo tres votos en contra (los legisladores de las provincias azucareras). Los argumentos que dieron para oponerse fueron entre desopilantes y bizarros: que se estaba demonizando a ese ingrediente que era orgánico y natural, que no se estaba teniendo en cuenta el hambre, que las barritas de cereal light iban a tener advertencias como los yogures…

Apenas la ley obtuvo dictamen favorable en Senadores, en cuestión de horas el jefe de la cámara de Diputados (hacia donde avanzó el proceso legislativo de aprobación), Sergio Massa, viajó al norte del país. A Tucumán, una de las provincias que lidera a la industria azucarera argentina y prometió a los gobernantes “atender la potencia que tiene el sector azucarero”.

¿Qué significaba esa promesa? Que iba a desenfundar la primera de las estrategias que han sido empleadas sistemáticamente para obturar el rotulado frontal en cualquier país que se le haya animado: la demora. Sergio Massa pasó el proyecto de ley a seis comisiones para que fuera debatido antes de ingresar al tratamiento oficial. Eso podría significar una postergación de años. El escándalo estalló en redes sociales bajo el hashtag #ExcesoDeLobby, lo que obligó a Massa a reducir el mismo día las comisiones a la mitad, aunque no hay garantía de que el proceso se agilice.

Enseguida se reavivaron las otras estrategias que por 10 años han impedido que en Argentina exista siquiera un debate sobre rótulos: confundir y propagar miedo.

Ideas apocalípticas del tipo La ley va a quebrar el sistema, porque enlazan supuestos como Coca Cola va a vender menos, el kiosco de la escuela también y el Mercosur va a desbarrancarse. Es ese espacio de cooperación comercial de América del Sur, el Mercosur, el que es utilizado como el instrumento más efectivo para boicotear sistemáticamente los avances de todos los países que lo conforman aduciendo una necesidad de consenso para homologar rótulos.

Foto: Miguel Tovar

La discusión dentro del Mercosur parece de locos. Porque las normativas no dicen nada como que hay que acordarlo todo. Pero la presencia de la industria en cada una de las reuniones es imbatible. Uruguay fue el primer país del bloque en animarse a sancionar la ley de rotulado frontal y debió enfrentar el bullying del resto, que pretendían avanzar sobre su autonomía. Pero la alegría duró poco. Cambio de gobierno mediante, las marcas encontraron en Mercosur el espacio para postergar la aplicación a 2021 y dejar a Uruguay en un limbo: si el espacio de comercio internacional acuerda un camino común (el que sea) ese país también deberá adoptarlo.  Curiosamente, Brasil también logró generar un etiquetado de advertencias pero diferentes: “lupas” que aparecen ahí donde hay ingredientes problemáticos que destacar, con un diseño gráfico tan particular que se vuelve mucho más débil que el de los octágonos negros. Además que su perfil de nutrientes es más laxo, exponiendo solo a aquellos productos que tienen excesos evidentes y permitiendo que se oculten los productos ofrecidos como saludables a pesar de tener excesos de nutrientes críticos. “El peor sistema de rotulados que se ha aplicado hasta ahora” según un estudio canadiense. Tan complicado resulta el modelo brasileño que los legisladores argentinos opositores a la ley toman las lupas como ejemplo. “Si Brasil es más amable con sus rótulos, nos mudamos para allá”, dicen.

Daniel Funes de Rioja, titular de COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, la cámara que engloba a todas las marcas de Argentina), catalogó de “demonizadora” y poco razonable a la medida de octógonos negros. La Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (Amcham) ya habría enviado tres notas a las comisiones que tratarán el tema, expresando su opinión negativa. A todos los anteriormente nombrados se les suma Juan Luis Manzur, médico y político que gobierna actualmente la Provincia de Tucumán, quien fue Ministro de Salud Nacional entre 2009 y 2015, en férrea alianza con las azucareras. Juntos, Manzur y  Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Salud del Senado, han atacado la ley de rotulado y defendido públicamente al ingrediente:  “Así como está el proyecto victimiza o pone al azúcar en un lugar que no se merece (…) El azúcar es natural, más sano que los edulcorantes. Necesitamos un proyecto de ley para acercarnos a Mercosur, y este definitivamente no lo es”.

Otro sector que se opone a que los consumidores tengan acceso a la información es el de nutricionistas y médicos que trabajan frecuentemente para las marcas alimenticias. Personas como Sergio Britos, director de CEPEA (Centro de Estudios Sobre Políticas y Economía de la Alimentación) y profesor asociado de nutrición en la Universidad de Buenos Aires, quien trabaja frecuentemente para Danone (que tiene un catálogo de yogures y postres infantiles con exceso de azúcar), comenzó la campaña #PorUnBuenEtiquetado. Publicó un artículo en su cuenta en LinkedIn, en el cual cataloga al proyecto de excluyente, afirmando que solo apunta a limitarse a nutrientes cítricos (como azúcar y sal) sin contribuir a mostrar los nutrientes “buenos” que los productos pueden tener (como vitaminas sintéticas agregadas). Britos también compartió por Instagram reuniones sobre la iniciativa YINI, financiada desde el Instituto Danone: una serie de estrategias para la promoción de cualidades y características de los yogures, en las que se evaden las altas cantidades de azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa y/o edulcorantes que muchos poseen. Es tan poderoso el alcance de los financiadores de estas ideas, que la semana anterior terminaron siendo propagadas por el periodista de espectáculos Jorge Rial a través de su cuenta de Twitter. Rial es Management de Minta Group, empresa encargada de posicionar marcas en medios masivos. Y uno de sus principales clientes es Danone. Además está en pareja con Romina Peirano, también nutricionista, y embajadora de Activia, uno de los yogures azucarados de Danone.
Entre los comentarios destacados al post de Britos aparece la directora del Centro Katz y directora de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), Mónica Katz, quien aprovechó para sumar su apoyo: “Argentina se debe una discusión transversal”. Después, por medio del diario Infobae, Katz se dijo alarmada ante la posibilidad de que su nieta encontrara rótulos negros sobre los productos que ella le indica comer.

Foto: Miguel Tovar

Las opiniones de Mónica Katz no son ingenuas porque también colabora con la industria alimentaria. La SAN recibe financiamiento de empresas como PepsicO, Danone y Arcor, pero además ella personalmente, entre sus últimos trabajos, estuvo encargada de desarrollar el rotulado “La porción justa”, una campaña de la transnacional de alimentos y golosinas Arcor. Así la empresa encontró en Argentina la forma de implantar un sello verde -propio y único- con cual indica la porción de chatarra que recomiendan diariamente, como si tal cosa existiera. Así, en las góndolas argentinas hay productos marcados como “la porción justa” cuando en Chile, Perú y Uruguay tienen entre dos y tres sellos negros de exceso.

“Argentina va a tener una ley de rotulado frontal”, dijo unos meses atrás Ginés Gonzalez García, el actual Ministro de Salud. Y a priori todos estamos de acuerdo. Pero ahí hay una trampa: una mala ley puede ser peor que ninguna, y hacia eso apunta el lobby actual: “más amable como la de Brasil”, “que agregue nutrientes buenos”, “que tenga un perfil de nutrientes distinto”. Nuestro ministro de salud, González García, es el fundador de la universidad privada Isalud, que tiene una carrera de nutrición dirigida por el médico mediático Alberto Cormillot. Cormillot fue funcionario en el gobierno anterior inaugurando la dirección de Alimentación Saludable desde donde tomó una única medida: firmar una acuerdo con la cámara de empresas de la industria alimentaria COPAL, que les garantiza una silla en todas las reuniones donde se debaten políticas públicas relacionadas a la alimentación. Además Cormillot es una marca: hay una línea de productos con su nombre, muchos altos en azúcar y edulcorantes.

Además de confundir y asustar, el lobby anti-etiquetado tiene por estrategia interferir: Correr los límites que se establecen en el proyecto de ley actual (que son los que sugiere la Organización Panamericana de la Salud) para adoptar unos más laxos (los que sugiere la industria).

“Buscan debilitar el sistema de perfil de nutrientes que fue desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud”, dice Ignacio Porras, licenciado en Nutrición y director de SANAR, una sociedad de nutrición libre de conflictos de interés que tiene representación en todo el país. Porras explica que para ser útil, la ley debe mantener tanto su sistema de rotulado octagonal como el perfil de nutrientes de la OPS.

La oposición a la ley es férrea pero su apoyo también. No solo SANAR lo comanda desde la sociedad civil sino también la Fundación Interamericana de Nutrición, UNICEF, OPS y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) que publicó una carta pidiendo el tratamiento urgente de una ley que protege principalmente a niños y niñas.

Actualmente los activistas se esfuerzan por sostener el perfil de nutrientes y resumir el trabajo de Comisiones, para que el proyecto sea tratado a modo de plenario. Quien tiene el poder de decisión en ese aspecto es la diputada Cecilia Moreau, y ha dicho que el viernes 13 convocará a una primera reunión informativa.

En el congreso argentino se debate más que una ley: existe una guerra de conflictos de interés acechada por una de las industrias más poderosas del mundo. Un poderoso sector que entre ingenios y grandes marcas alimenticias ha logrado nada menos que mantener ocultas las cantidades de endulzantes que se agregan a los productos, convirtiendo a los consumidores de procesados y ultraprocesados en protagonistas de un experimento: comer azúcar, escondida bajo 56 nombres.

China llegó

China llegó

por Fermín Koop Montevideo y Buenos Aires, 2020
Publicado el 13 octubre 2020

Con el 23 por ciento de la población mundial y solo el 7 por ciento de las tierras disponibles para producir sus alimentos, hambre de carne y cada vez más dinero, China zarpó con destino nosotros. Una neoconquista que seduce con dólares pero deja territorios destruidos y pueblos cada vez más pobres

Un laberinto de contenedores apilados. Contenedores de muchos colores, como formando un mosaico, sin que se pueda ver lo que transportan. Barcos tan altos que no permiten observar el río. Tripulaciones de todo el mundo hablando en diferentes idiomas. Olor a pescado que todo lo invade y llega hasta la cercana terminal de cruceros, donde están los turistas. Accesos controlados, seguridad y ojos que vigilan cada paso. Un terreno tan grande que para cubrirlo todo, hace falta recorrerlo en auto. El puerto de Montevideo, en Uruguay, está lleno de sorpresas.

Porque este país pequeño, con menos de cuatro millones de habitantes, tiene un puerto que podría compararse al Port Royal, de Jamaica, en tiempos de piratas. Porque el puerto de Montevideo es hoy considerado el segundo a nivel mundial en transbordo de pescados sospechados de haber sido obtenidos de manera ilegal. 

Son toneladas de peces y mariscos, pero también miles de kilos de cocaína e incluso tripulantes muertos. Los datos, que suenan a una película de piratas, a una gran producción de ficción estilo Hollywood, son en realidad información verídica y oficial revelada por el gobierno uruguayo. Mucho ocurre dentro de este puerto con más de 100 hectáreas y actividad que trabaja las 24 horas del día.

Aquí anclan cientos de barcos que pescan donde no deberían, en travesías ilegales buscando calamares, tiburones y otras especies amenazadas por la sobrepesca.

¿Cuáles son esos barcos que van recorriendo los mares de América Latina para pescar lo prohibido? Barcos chinos. 

Porque China -un país con más de mil millones de habitantes- tiene el doble del promedio mundial de consumo de pescado per cápita y ya agotó la mayoría de los recursos que había en su territorio. Entonces, para poder llenar sus platos, se acerca al Pacífico y al Atlántico con cientos de buques que aprovechan los abundantes recursos y la falta de control en las aguas latinoamericanas. No sólo usan el puerto uruguayo, también muchos otros de la región.

Pero la pesca es sólo una parte de esta historia. Con un apetito voraz, China llega hasta aquí en busca de todo tipo de alimentos para sus ciudadanos, que representan el 23% del total de la población mundial. Porque no alcanza a producir lo que necesita, con sólo un 14% de su territorio apto para la agricultura. Porque necesita dar de comer a su clase media en expansión, que además está cambiando de dieta y quiere cada vez más carnes.

Además de los cientos de barcos en busca de pescado ilegal, hay otras miles de naves chinas surcando nuestros mares de forma legal. Miles de embarcaciones cargadas con soja en todas sus formas, carne de vaca y de cerdo, frutas, verduras, vino y muchos otros productos que viajan en enormes contenedores de uno a otro extremo del mundo.

Es una pequeña lista de lo que va y viene regularmente, porque en las últimas dos décadas China se convirtió en el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región.

“China busca lo mejor para su población pero acá hay alguien que le abre la puerta”, dice Ariel Slipak, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires.

Es que mientras la potencia llega atraída por los abundantes recursos naturales y alimenticios, los gobiernos de la región ven en ella a un prestamista e inversor que desplazó a los ya conocidos Estados Unidos y Europa. Sin importar el signo político, todos los gobiernos se volvieron dependientes de China.

Y esta relación comercial no sólo implica negocios: también cambió nuestros modelos productivos. Permitió consolidar la visión agroalimentaria y extractivista que hoy caracteriza a nuestros países. Precios récord de alimentos, materias primas y una rentabilidad extraordinaria se combinaron con la re-primarización de la economía y conflictos ambientales y sociales, instalando una dinámica por lo menos asimétrica. Advierte Ariel Slipak: “China está externalizando a terceros países problemáticas ambientales y sociales. No les estamos exportando solamente soja y carne sino también agua y recursos naturales.”

Porque este país pequeño, con menos de cuatro millones de habitantes, tiene un puerto que podría compararse al Port Royal, de Jamaica, en tiempos de piratas

Seguridad alimentaria

China sabe que no puede alimentarse a sí misma. Lo buscó pero terminó resignando sus planes a la realidad. En 1996 tenía el objetivo de producir el 95% de todos los granos y legumbres que necesitaba, pero con su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001 y una relación comercial más abierta terminó replanteando sus metas, abriéndose al comercio internacional de alimentos. Hoy ese objetivo de 95% se convirtió en 80%, consciente de sus propias limitaciones.

“De a poco, China se empezó a proveer de una gran cantidad de productos agropecuarios a través del comercio internacional. Pasaron por diversos problemas de eficiencia, ambientales y de productividad”, explica Pablo Elverdin, coordinador de estrategia del Grupo de Países Productores del Sur (GPS). 

Es un país de grandes dimensiones como también de grandes problemas. Tiene sólo el 7% de la tierra cultivable a nivel global. Y de ese porcentaje menor, además, un tercio está contaminada por uso excesivo de agroquímicos.

Es un país de una muy baja productividad agropecuaria, con un promedio del 60% de mecanización cuando Europa y Estados Unidos rondan el 90%.

Es un país que padece falta de recursos hídricos para producir alimentos. La cantidad de agua disponible por persona por día es de menos de 2 litros y un cuarto de lo que tiene se va a la agricultura. 

Pero eso no es todo. Entre lo que sí puede producir, China también tiene problemas. Sobre todo enfermedades y plagas en sus animales y plantas. Un ejemplo, el reciente brote de peste porcina africana que les ha llevado a sacrificar a millones de cerdos desde 2019, con imágenes que despertaron indignación a nivel global. 

“La producción ganadera moderna a gran escala es ambientalmente intensiva, y China tiene un entorno vulnerable debido a su alta densidad de población, incluso en el entorno rural, porque las plantas de menor escala no tienen las instalaciones adecuadas para proteger a los animales de las enfermedades”, explica Holly Wang, investigadora en Purdue University en Estados Unidos. 

Condiciones que se transforman en problemas, y grandes escándalos de seguridad alimentaria también golpean al país. En 2015 se incautó carne vacuna congelada de contrabando ilegal, parte de la cual se descubrió que tenía más de 40 años guardada, en cantidades por valor de unos 483 millones de dólares. También se han detectado numerosos casos de uso en restaurantes de “aceite de alcantarilla”, es decir, aceite usado y reciclado ilegalmente. Escándalos tales que han afectadola confianza de los consumidores chinos en los productos alimenticios producidos en su propio país, por lo cual prefieren lo importado.

Y así, China se volvió dependiente de importaciones de alimentos, que pasaron de 14 mil millones de dólares en 2003 a 104.6 mil millones de dólares en 2017. Se multiplicaron 642 veces. Salió así a buscar insumos fuera porque su propia producción ya no es suficiente para alimentar a una población en crecimiento, con una clase media cada vez más grande, urbana y nuevos hábitos alimenticios.

La nueva China y su expansión

Entre las más de mil millones de personas que habitan China, el consumo de cereales, granos y legumbres ha comenzado a disminuir mientras que el consumo de carne, leche y otros productos alimenticios no básicos ha aumentado. En 1980, el 80% de la dieta estaba basada en cereales, con un 10% de consumo de carnes y un 10% de verduras y frutas. Pero hoy el escenario es muy diferente: sólo el 40% de la dieta son cereales, seguido por carne (30%) y frutas y verduras (30%). 

El caso de la soja es quizás el más relevante. De 2000 a 2018, las importaciones pasaron de 2.3 mil millones a 38 millones de dólares, convirtiéndolos  en el mayor importador de soja del mundo por un ámplio margen. Comprándole sobre todo a América Latina y por una razón que parece ilógica: China compra soja para poder comer carne.

Lo explica la experta Margeret Myers: “China tiene una cantidad limitada de tierra y una población en expansión. La clase media prefiere comer carne, especialmente de cerdo y de vaca. Ello disparó la demanda de soja, no para consumo directo sino para consumo animal, que China reconoce que no puede satisfacer a nivel doméstico”, dice la directora del programa de Asia y América Latina en el think-tank Diálogo Interamericano. 

Pero China no es solamente un comprador de alimentos de América Latina, es también un actor con mucha fuerza en toda la cadena agroalimentaria de la región. Aquí las empresas agropecuarias chinas están presentes desde hace más de dos décadas y de diversas formas, compitiendo mano a mano con las grandes norteamericanas y europeas, conocidas como ABCD (Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company), que venden todo el paquete para trabajar la tierra, desde la semilla hasta los pesticidas.

El gobierno del actual presidente chino Xi Xinping incentivó a las empresas de su país, muchas de propiedad estatal, a expandirse globalmente para  asegurar el suministro de soja (y otros productos agrícolas) y también mejorar su capacidad de controlar los precios de alimentos. Un plan de inversión conocido como “going out” o “going global”. 

El primer camino elegido respecto de la agroindustria latinoamericana fue la compra de tierras, tal como habían hecho previamente en África sin mayores problemas. Pero acá la mayoría de las compras terminó en fracaso. Las inversiones fueron rechazadas por organizaciones sociales y ambientalistas porque los proyectos violaban leyes sobre la titularidad de la tierra. Es incierto el monto de la tierra que han comprado inversores chinos, con estimaciones que van de entre 800,000 a 70,000 hectáreas. 

“China necesita expandir su capacidad de producción más allá de sus fronteras y elige hacerlo en América Latina y África”, dice Ignacio Bartesaghi, especialista de la Universidad Católica de Uruguay. “Mientras que en África se metió en las tierras, en América Latina está en toda la cadena de producción y comercialización con grandes empresas, muchas estatales.”

China hace numerosas compras e inversiones en semillas y en la industria agroquímica

El caso más representativo fue la compra de Nidera, una transnacional de agronegocios, y de Noble, un productor de soja latinoamericano, por la estatal china COFCO en 2014 y 2016 respectivamente

La compra no fue menor. Noble está presente en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en los sectores de la soja, el café, la caña de azúcar, el biodiésel y el algodón, con una infraestructura logística bastante desarrollada. Mientras que Nidera está principalmente en Argentina y Brasil con gran capacidad de almacenamiento y puertos propios para transportar granos, fertilizantes .. 

No es todo. China sigue comprando empresas de procesamiento como también de transporte, logística y marketing. Destacan los negocios de la estatal china CGC con empresas brasileñas y argentinas como Molino Cañuelas (soja) y las inversiones en la región por las empresas  Chongqing Grain Group, Sanhe y China National Heavy Machinery Corporation (infraestructura agrícola). También numerosas compras e inversiones en semillas y en la industria agroquímica, un mercado clave porque China produce el 40% del glifosato utilizado a nivel global. Fue clave en ese sentido la compra de Syngenta, una de las empresas agroquímicas más grandes del mundo, por la estatal ChemChina en 2017.

“Las empresas chinas están emergiendo en la cadena de suministro agroindustrial de América Latina como jugadores competitivos con las empresas multinacionales existentes”, dice la investigadora Holly Wang. “A ello se suma la inversión china en el transporte de productos agrícolas en la región, que reduce el costo comercial y vuelve a los productos más competitivos en el mercado mundial”.

No sólo están comprando nuestros alimentos, también nuestros recursos hídricos, nutrientes de los suelos y bosques nativos

La marca

Además de comprador, en América Latina también China se ha vuelto quien presta dinero. Su rol como fuente de préstamos y financiamiento se incrementó significativamente, totalizando 113 mil millones de dólares desde 2003 al presente. Los bancos chinos financiaron, por ejemplo, redes de autopistas y ferrocarriles en toda la región: los trenes Belgrano Cargas en Argentina; numerosos proyectos de maquinaria agrícola en Bolivia; hidrovías en el Amazonas hoy controladas por empresas chinas.

Y sus compras traen divisas pero también ejercen presiones sobre el territorio, abriendo la puerta a diversos conflictos sociales y ambientales. Porque no sólo están comprando nuestros alimentos, también nuestros recursos hídricos, nutrientes de los suelos y bosques nativos. Incluso, al producir aquí lo que necesita para consumir allá, China está generando mayores emisiones de gases de efecto invernadero en los países de la región. Contamina con las factorías aquí y con el traslado transatlántico.

Para Slipak, experto en las relaciones entre China y América Latina, la región tiene que permitirse discutir otro modelo de desarrollo, que no necesariamente significa el agronegocio. Porque ahora: “La industria no importa, todo pasa por ser los graneros o supermercados del mundo.” 

La soja es sin duda lo más importante para China y también uno de los puntos de mayor conflicto. Las compras a productores de nuestra región crecen sin parar desde 1996 y hoy representan un promedio de casi el 60% de todas las importaciones chinas de esa oleaginosa. Miles de toneladas de soja viajan por mares hacia el oriente. Y siete de cada diez kilos salieron de Brasil, en cantidades menores de Argentina y Uruguay. 

Se van barcos con granos, quedan problemas. En Brasil, la organización Trase reveló que las importaciones chinas de soja brasileña provocaron la deforestación de 223,000 hectáreas entre 2013 y 2017, equivalente a un área de dos veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Cientos de empresas participan en la cadena de producción de soja brasileña, pero solo seis concentran el 70% del volumen exportado desde la región de Matopiba: Agrex, Amaggi, LD Commodities, Multigrain, Cargill, Bunge y ADM. Es decir, multinacionales. Dinero que no queda en el país. Incluso entre los mayores exportadores de soja a China, con una participación del 7%, hay una empresa… ¡china! (COFCO) .

“La soja es el principal producto agropecuario que la región exporta a China, y por lo tanto existe casi una ‘dependencia mutua’ entre el país asiático y los países de Sudamérica”, dice María Eugenia Giraudo, investigadora en la Universidad de Durham en Inglaterra. “Una mayor presencia en la región permite incrementar la interdependencia entre ambos, y tener un mayor acceso a los recursos producidos en la región.” Es decir, una espiral que parece no tener fin: crece y crece.

Y por el mismo camino de la soja va la carne brasileña. Porque el 44% de la carne vacuna que compra China proviene de Brasil. Bifes, cortes y milanesas que salen sobre todo, en un 70%, de dos regiones, Amazonas y Cerrado, donde la expansión agropecuaria implica más y más deforestación. Se tiran árboles para poner vacas. Se pierde biodiversidad y aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero.

En 2017, Brasil exportó 1.4 millones de toneladas de carne a diversos países. Carne que para producirse, según estimaciones de la ONG Trase, causó la deforestación de 65,000 a 75,000 hectáreas de bosques nativos, de las cuales 22,000 corresponden exclusivamente a envíos a China. Para que la población china pueda disfrutar platos con buenos bifes, Brasil sacrifica sus bosques. Y la mayor pérdida fue en la región del Amazonas, donde funcionan decenas de mataderos. 

Los problemas se repiten en otros países. En Argentina, organizaciones sociales y ambientales alertan por un proyecto de acuerdo comercial con China que duplicaría la producción de carne de cerdo. El plan es instalar 25 plantas productoras en el norte argentino para generar 900,000 toneladas de carne por año. Ello duplicaría las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, demandaría 12,000 millones de litros de agua potable y sin dudas, igual que en Brasil, significa  la deforestación de bosques nativos. 

“La instalación de estas granjas de cerdos en las provincias que más deforestaron durante las últimas décadas generará aún más presión sobre los bosques, ya que aumentará significativamente la demanda de maíz y soja para alimentarlos”, alerta Hernán Giardini, experto en bosques e integrante de Greenpeace. “Va a contramano de las medidas necesarias para enfrentar la crisis sanitaria y climática.”

En 1980, el 80% de la dieta estaba basada en cereales. Pero hoy el escenario es muy diferente: las carnes son 30%

Al acecho

El agua es la otra frontera extractivista para China en América Latina, y una muy importante. Durante las últimas décadas, la actividad pesquera china se expandió a nivel global: su flota de barcos de aguas distantes pasó de 1,830 en el año 2012 a casi 3,000 en la actualidad. 

China ve a la pesca como una industria estratégica y por ello subsidia el combustible de sus barcos de aguas distantes, que son cada vez más grandes y funcionan prácticamente como fábricas flotantes.

Por los mares del mundo, en esas llamadas “aguas distantes”, las naves de bandera roja  buscan sobre todo el calamar, que luego se consume en China pero también exportan a Estados Unidos y Europa. 

Milko Schvartzman, especialista en conservación marina, estima que en picos de temporada pesquera hay más de 300 barcos en el Pacífico Sur, todos chinos, mientras que en el Atlántico Sur hay más de 500, la mayoría chinos. Los gobiernos de la región no les otorgan licencias de pesca pero tampoco un freno, y así los barcos muchas veces se mueven por fuera de los límites nacionales. Incluso, cuando la vigilancia está pero es poca, rompen esas fronteras imaginarias sobre el agua y compiten con las flotas nacionales.

“Es imposible controlar los barcos a distancia, incluso a través de satélites, ya que desconectan sus sistemas de rastreo. Tenés que estar en el lugar y eso cuesta millones a los gobiernos”, explica Schvartzman. Por eso los barcos chinos “no respetan la zona de veda ni la temporada. Empiezan a trabajar en diciembre, cuando a la flota argentina se la autoriza a partir de enero”. 

En 2019, la empresa china Shandong BaoMa subió la apuesta. Intentó instalar un puerto privado en Uruguay, un lugar donde pudiera recibir a más de 500 barcos por fuera del control del gobierno local. El proyecto, que costaría unos 200 millones de dólares, contemplaba desarrollar una zona franca con puerto, astillero y planta para procesamiento, y congelado de pescado. No se ha concretado, está suspendido por denuncias de organizaciones sociales y ambientales. Suspendido…al menos por ahora.

Cerca de la costa de Ecuador, 340 barcos chinos actualmente rodean las Islas Galápagos principalmente en búsqueda del calamar. Rondan el archipiélago de 12 islas que es mundialmente conocido por su importancia ecológica: la segunda reserva marina más importante del planeta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero en la visión de los pesqueros chinos no hay conservación sino un área de abundantes recursos por la confluencia de corrientes marinas. Un área donde capturar muchos calamares para que se transformen en platillos diversos a miles de kilómetros. 

En 2017, un barco chino fue capturado dentro de la zona de protección marítima de Galápagos. Dentro de su bodega había 7,200 tiburones y otras especies en peligro de extinción. Si bien ahora la flota china pareciera no estar pescando dentro de los límites del Ecuador, su sola presencia y actividad impactan en la zona, ya que el calamar es una parte vital de la cadena alimentaria marina. 

Acechan las naves. Como el buque Hong Pu 16, que está ahora frente a la costa de Galápagos. El mismo que ya fue detenido en abril de este año, después de invadir los límites nacionales de Argentina. 

“En el hemisferio norte hay más controles y por eso no están ahí los barcos chinos -dice el experto Milko Schvartzman-. Vienen a América Latina por falta de voluntad política de los gobiernos, por menos controles y por limitación de recursos.” 

Acechan los barcos chinos, como esperando dar un golpe. Parecen dormidos o distraídos, pero no lo están. Acechan todo el tiempo, aprovechando que no hay reglas ni controles. Y mientras tanto, los recursos se van acabando. 

No solamente los pescados. También se acaban los nutrientes de los suelos, la pureza de los ríos y la belleza de los bosques nativos de América Latina. 

¿La industria de comida chatarra es una amenaza a la democracia?

Por João Peres, de Bocado

Un documento lanzado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de Colombia, y por la organización El Poder del Consumidor, de México, lo dice claramente: los fabricantes de ultraprocesados amenazan la democracia al frenar la acción del Estado en políticas públicas que pueden salvar vidas.

El estudio “La interferencia de la industria es nociva para la salud” pasa en limpio las estrategias adoptadas por corporaciones como Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, Bimbo y Danone en los países que crearon sistemas de alerta sobre el exceso de sal, grasas y azúcar.

No es casualidad que ese modelo de etiquetado, en forma de alertas, haya sido creado en Chile y desde entonces haya sido analizado por otros países de América Latina: desde 1990 la región tiene una de las situaciones más graves en cuanto a  las enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer). Y en  la última década, los gobiernos han buscado medidas para desestimular el consumo de ultraprocesados e incentivar recetas  tradicionales con base en alimentos frescos.

El documento establece una presunción importante: “La industria, apoyada en su poder económico y su influencia social y política, pasó de ser un actor económico a un interlocutor autorizado, a pesar de su falta de credenciales fiables, en materias de salud pública.” De eso derivan dilemas éticos y políticas incoherentes como la que está siendo adoptada en Brasil.

No es casualidad que ese modelo haya sido creado en Chile y desde entonces haya sido analizado por otros países de América Latina (Foto: Miguel Tovar. Bocado)

Desde el inicio de la discusión sobre la creación de un nuevo sistema de rotulado frontal en ese país, en 2014, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) puso en la misma mesa a investigadores en salud pública, organizaciones no gubernamentales y fabricantes de ultra procesados. El peligro de la igualdad jerárquica se hizo más y más evidente a lo largo de los años, cuando Anvisa acabó por posicionarse a medio camino entre las presiones privadas y la salud pública. Al final, Brasil tendrá un sistema de rotulado que no está basado en las mejores evidencias científicas

El documento lanzado esta semana desde Colombia y México muestra sobre cuáles países  consiguieron aplicar el etiquetado. Mirando a Chile, Perú, Uruguay y México, el estudio enumera once estrategias utilizadas para frenar, retrasar o debilitar la opción del poder público sobre el rotulado.

Para analizar a fondo las prácticas adoptadas, se pueden revisar las páginas 72 y 72 del informe. 

  • En Colombia, el proyecto de ley orientado a la adopción del sistema de alertas ya está en el tercer intento de tramitación. Diputados y senadores sencillamente no permiten que la propuesta avance. El documento muestra cómo la industria de bebidas azucaradas se volvió la principal financiadora electoral de los mayores partidos políticos.
  • Si nada funciona, hable con el Presidente de la República: esa ha sido una estrategia exitosa en muchos lugares En Colombia, destaca el estudio, el acceso de la industria a Iván Duque fue fundamental. En Uruguay, el presidente Luis Lacalle firmó un decreto con el cual retrasa la adopción de los sellos, que debería haberse iniciado en marzo. Y puedo agregar: en 2018, la Asociación Brasileña de la Industria de Alimentos (Abia) accionó directamente al ex presidenteMichel Temer, y obtuvo dos reuniones en dos días, lo que es un logro notable al tratarse de un Presidente de la República. En esa época, Temer amenazó intervenir, lo que afecta la autonomía administrativa garantizada a Anvisa.
  • En Perú hubo un intento de aprobar una nueva ley, anulando la adopción de alertas y beneficiando un sistema más débil, es decir de acuerdo al  interés de la industria. La ofensiva fue coordinada por Keiko Fujimori, del partido mayoritario Congreso Fuerza Popular, que fue al Presidente Martín Vizcarra. Una situación auto explicativa: si Fujimori es la líder de su brazo de lobby, eso dice mucho sobre quién es.
  • Dice el documento: “Coca Cola es una de las empresas más activas en el bloqueo de las políticas de salud que pueden afectar los intereses de la industria de comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas. En el caso de México es sumamente activa y sus acciones se potencian en su alianza con FEMSA, la empresa embotelladora de Coca Cola más grande del mundo.”
  • El uso de amenazas económicas es un eje común a todos los países analizados. Se argumenta que la medida viola las reglas de libre comercio previstas por la Organización Mundial de Comercio, aunque este ya haya dicho que cada país tiene autonomía para definir su propio rotulado. El uso del Mercosur para presionar a Uruguay es narrado en una serie de videos que publicamos en el canal de Bocado en YouTube.

Además del relato acerca de las interferencias, el documento define una agenda concreta para prevenir el problema. Y esa es una de las partes más interesantes, sin duda, porque apunta al punto inicial: se trata de un conjunto de medidas que recolocan a la industria en el papel de sector regulado, y no de formulador de las propias reglas.

Dice, por ejemplo, que debería terminar “la falta de control sobre las actividades de cabildeo para favorecer el lucro privado, la posibilidad de llevar a cabo reuniones a puerta cerrada y sin registro, la posibilidad de financiar campañas políticas, la falta de regulación a las puertas giratorias, o la contratación de grandes firmas de abogados con estrategias legales a gran escala contribuyen a generar ambientes propicios para que malas prácticas de la industria queden en la impunidad o sean desconocidas para el grueso de la población.” 

El documento presenta medidas que deberían ser tomadas por diputados y senadores; ministros, secretarios y presidentes; como también jueces y fiscales, en el intento de evitar la acción indebida de la industria. Una de las recomendaciones más interesantes es la adopción de un protocolo de relacionamiento entre autoridades y  fabricantes de ultra procesados que dé transparencia a ese punto. Entre otras, prevé que:

  • ex funcionarios privados que ahora ocupan cargos públicos no se involucren en la discusión de medidas de interés del sector;
  • no participen  en eventos promocionados por la industria para discutir políticas públicas;
  • exista registro escrito de cualquier integración con agentes privados, dejando clara la intención de la conversación.

Es difícil encontrar, entre las recomendaciones, un punto en el cual Anvisa, de Brasil, no haya fracasado. Directores e integrantes de la Gerencia General de Alimentos participaron de una serie de eventos promocionados por el sector privado. Tuvieron reuniones a puertas cerradas cuyo contenido solamente fue revelado porque logramos acceso a las actas (y en una de ellas, un ex director señalaba la posibilidad de adoptar un sistema de preferencia de las corporaciones, algo que nunca había mencionado en público).

Pero más allá  de toda la agenda de recomendaciones, existe un paso simbólico que parece difícil de lograr  en buena parte de los países de América Latia: desnaturalizar el poder de las corporaciones para  moldear la acción del Estado. Varios de nuestros gobiernos están repletos de agentes que migran directamente de empresas a cargos estratégicos de intereses del sector en el cual trabajaban (y viceversa). La lógica de que esas fuerzas privadas son espontáneamente benéficas está profundamente arraigada en nuestras sociedades.

Marcados

Marcados

por Kennia Velázquez México
fotos Kennia Velázquez
Publicado el 29 septiembre 2020

En los pasillos de los supermercados comienzan a verse sellos negros en algunos alimentos. Sellos que son calcomanías pegadas pero también son mucho más, una marca inocultable. La gente los toma, los analiza. Hay asombro y decepción al ver que sus productos favoritos tienen uno o hasta cuatro octágonos que les advierten ¡exceso de azúcares, grasas o sodio! Rápidamente su mirada se mueve hacia otra parte de la estantería, buscando opciones.

El descubrimiento de los contenidos ocultos en la comida ultraprocesada, los llamados nutrientes críticos, ha provocado cientos o tal vez miles de mensajes en redes sociales. “Esta advertencia me hizo reaccionar como si fuera veneno para mi niña (que en realidad lo es), y simplemente cambié de opción de inmediato. Está excelente que se advierta la nocividad de los productos”, dice un tuit de un padre de familia acompañado con imágenes de frituras marcadas con el nuevo etiquetado frontal que tienen los alimentos en México.

Y no es el único. Gente sorprendida, no sólo por los sellos en la comida chatarra, sino por los que encuentran en productos que, antes de tener etiquetas, consideraban como saludables: las barritas que suelen consumirse como colación o el amaranto con chocolate, aderezos para ensaladas, o productos ofertados para personas con diabetes que no contienen azúcar pero sí son altos en grasas saturadas. Muchos alimentos que parecían – o se vendían como – saludables, ahora están marcados con octógonos.

Desde que inició el confinamiento por la pandemia de Covid-19, el subsecretario de salud Hugo López Gatell realiza conferencias de prensa a diario. No hay día en que no mencione los efectos adversos que produce el consumo de comida chatarra y refrescos – a los cuales ha llamado “veneno embotellado”- y cómo se relacionan con el nuevo Coronavirus que a la fecha ha provocado la muerte de más de 75 mil mexicanos.

Sus declaraciones cotidianas han provocado enardecidos debates en redes sociales; columnistas han criticado la postura del funcionario a la que califican de “ideológica”; las cámaras empresariales han dicho que se estigmatizan sus productos y han pedido que se frene la medida que entrará en vigor en octubre. Piden que no existan etiquetas bajo pretexto de la gran crisis económica que provocaría la regulación, pero sin tomar en cuenta la crisis de salud que ya está aquí.

Más allá de posturas que responden a diversos intereses, en redes como en tienditas y hasta en la mesa familiar, los mexicanos están discutiendo sobre lo que comen y beben. Debaten sobre su derecho a saber y sobre el papel del Estado en la alimentación, temas que al menos hasta principios de 2020 no parecían tener relevancia hasta la llegada tanto de COVID-19 como de los sellos.

Pero el camino hasta aquí no fue fácil. Fue atropellado. En el año 2000, el llamado gobierno de la alternancia, fue encabezado por el entonces presidente derechista Vicente Fox, ex CEO de Coca Cola quien agradecido por el apoyo a su campaña presidencial apoyó a la refresquera y ésta creció como nunca antes. Lo mismo pasó con sus sucesores. En la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) la industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas se sentaban en la misma mesa que los altos funcionarios, quienes toman las decisiones. Y en esas mesas se  impedía cualquier medida que atendiera la grave situación de obesidad y enfermedades crónicas, como un impuesto más enérgico a bebidas con alto contenido calórico o un etiquetado claro.

Y no sólo frenaron cualquier regulación, además invirtieron grandes sumas en financiar “estudios científicos” que hacían ver a sus mercancías como inocuas y subsidiar a asociaciones médicas que promueven sus productos, confundiendo al consumidor que confía en las recomendaciones de su nutricionista. 

Fueron más allá, mucho más allá. Hubo espionaje a los activistas independientes de la industria. Si bien no se ha  probado aún la participación directa de compañías, es un hecho que desde el Estado y por medio del software -o malware- Pegasus se espió en 2014 a personas clave en la lucha por impuestos a bebidas azucaradas. Espiaron a Luis Manuel Encarnación, entonces coordinador de la Coalición Contrapeso; Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y al doctor Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública. Calvillo y Barquera enfrentan ahora ataques de las asociaciones refresqueras por impulsar el etiquetado y hablar de la evidencia científica del daño que provocan dichas bebidas. 

Esta advertencia me hizo reaccionar como si fuera veneno para mi niña (que en realidad lo es)

Muchos alimentos que parecían – o se vendían como – saludables, ahora están marcados con octógonos

Mal de muchos

México es el mayor consumidor de comida chatarra de América Latina, el primero en obesidad infantil (y el segundo en adultos). Y es que este tipo de productos se encuentran en todos lados: en la fila de las cajas de los supermercados, en todas las tienditas de los barrios, en las escuelas y hasta en las farmacias. “Carga 9 dólares de gasolina y llévate gratis una bolsa de botanas”, “Por sólo 50 centavos de dólar extra crece tu refresco al doble”, son algunas de las promociones que diariamente nos bombardean en los espacios habituales. Está tan normalizado el consumo de estos productos que es inimaginable una reunión sin tener tres o cuatro botellas de 3 litros de refresco y bolsas gigantes de frituras.

México tiene un gran problema de alimentación.

Ahora, a partir de octubre, en teoría todos los productos que lo requieran deben contar con etiquetas con forma de octágono que advierten del exceso de azúcar, grasas y sodio pero también alertan sobre los riesgos de que los niños ingieran productos con cafeína y edulcorantes. Un etiquetado más potente que su antecesor, el logrado en Chile en 2016. 

La gravedad del problema hizo que dos estados prohibieran la venta de comida y bebidas chatarra a menores de edad; y la regulación podría multiplicarse en breve porque 17 congresos locales, de provincias, están estudiando iniciativas similares.

De avanzar las iniciativas en las 17 entidades, sería un avance importantísimo para los defensores de la salud, para la industria, se pondría en riesgo su mayor mercado pues los productos ultraprocesados estarían en el mismo nivel de daño que el alcohol y el tabaco. 

En América Latina, pareciera que fue necesario sufrir la peor pandemia de la era moderna para que una parte de la población escuchara advertencias con años de historia. Pareciera que apenas ahora, en los tiempos Covid, muchos escuchan lo que que desde hace años venían alertando  profesionales de la salud, activistas y académicos. Pareciera que recién ahora lo entendimos la mala alimentación mata.

 

México está en una situación delicada, pero también otros países. El mal afecta y acecha a toda la región. Desde hace tiempo, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido que la alta incidencia de diabetes, hipertensión y padecimientos renales pone en riesgo a una de cada tres personas en el continente -alrededor de 186 millones de latinoamericanos- que podrían enfermar gravemente de COVID-19. Hay que sumar otra de las principales comorbilidades, el sobrepeso, que en la región afecta a un 8% de los menores de 5 años, 28% de adolescentes, 53% de hombres y 61% de las mujeres. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que el 82 por ciento de las muertes en América Latina y el Caribe fueron a consecuencia de las enfermedades cardiovasculares y cáncer. Se calcula que en la región hay 41 millones de personas adultas con diabetes y la mitad no lo sabe, por lo que no podrá atenderse adecuadamente. Las muertes atribuibles a altos niveles de glucosa en la sangre aumentaron en la región 8% entre 2010 y 2019.

Antes de que el SARS-CoV-2 pusiera en jaque a los sistemas de salud del mundo, se preveía que serían las enfermedades no transmisibles las que lo colapsarían. Con ambas pandemias coexistiendo, la urgencia es mayor.

Chile fue el primer país latinoamericano en lograr el etiquetado en 2016, tres años después se redujo en un 25% el consumo de bebidas azucaradas. Perú fue el segundo, un estudio de hábitos indica que el 37% de los habitantes de Lima dejaron de consumir productos con octógonos. En plena cuarentena, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual declaró como barreras burocráticas ilegales a los sellos establecidos por el Ministerio de Salud, un hecho en el que hubo interferencia de la industria. Otra sala del mismo instituto apeló esta decisión, al día de hoy no se ha definido el futuro del etiquetado peruano, por lo pronto, los octógonos deben seguir apareciendo en los empaques.

Uruguay va en el mismo sentido, aunque con dificultades. Ordenó sellos que debían comenzar a pegarse el 1 de marzo, pero el cambio de gobierno lo postergó hasta febrero de 2021. Algunas de las razones que arguyen es esperar que se “armonicen” las normas de etiquetado con los demás países del Mercosur, aunque activistas denuncian es una práctica dilatoria porque este tipo de definiciones podría tardar hasta 6 años. 

 

Argentina y Brasil son dos países que llevan años intentando que las etiquetas lleguen a supermercados y tiendas. Como en Uruguay, la pertenencia al Mercosur también ha servido de pretexto en Argentina para no discutir la medida, más las piedras que va poniendo la industria, igual que ocurrió en México. ¿Por qué tanto esfuerzo por frenarlo? “El etiquetado es una puerta de entrada, una vez que lo tienes estableces cuáles son los productos saludables y cuáles no lo son”, explica Luciana Castronuovo, coordinadora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Actualmente en el país hay 45 iniciativas en discusión en diversos espacios de gobierno.

Brasil, un actor importante en la región, lleva 6 años trabajando para tener un etiquetado. También ha intentado impulsar el impuesto a bebidas azucaradas siguiendo el ejemplo de México y regular la publicidad, pero la “interferencia de la industria impide que se avance en el tema”, lamenta Ana Paula Bortoletto, integrante del Instituto brasileño de defensa del consumidor (Idec).

Pero aún tiene esperanzas: “Que más países estén trabajando en esto puede ayudar a que se aceleren estas medidas en la región por ejemplo, al entrar en vigor el etiquetado en Uruguay hace necesario discutir estas políticas porque eso ayudaría a reducir las barreras comerciales, las empresas son las mismas que trabajan en nuestros países.”

Es una batalla muy grande para la industria mundial, si América Latina adopta esta estrategia es muy serio para el mundo entero

El tema avanza, se cuela. Pese a los millonarios intentos de la industria, la necesidad de tomar medidas para regular el consumo de comida chatarra está en la mesa de las discusiones, ineludible. 

En Costa Rica ya se presentó un proyecto de ley con un etiquetado similar al chileno. En República Dominicana, durante la campaña electoral el colectivo la Alianza por la Alimentación Saludable convocó a los candidatos presidenciales a asumir el Compromiso por una alimentación saludable que entre otras medidas incluye un etiquetado correcto. En Colombia, la Red PaPaz pidió al Estado un etiquetado frontal y claro de advertencia, iniciativa que está siendo revisada por el Ministerio de Salud. La directora de la organización no gubernamental, Carolina Piñeiros, ve un creciente interés de los colombianos por saber qué consumen y de a poco hay legisladores que van apoyando estas iniciativas. Además, la ciudad de Bogotá está discutiendo la prohibición de venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en los colegios.

Como en un juego de estrategia, la industria presiona. Sin embargo, América Latina se mueve. Cuando se implementó el etiquetado en Chile los productores de comida chatarra “pensaron esta es la excepción, no va a ser la regla”, recuerda Enrique Jacoby, ex viceministro de Salud de Perú. Y en cada país en el que se ha discutido el tema, han encontrado resistencia. La industria ha intentado impedir las etiquetas claras. Por eso la batalla mexicana es fundamental: “La importancia y la expectativa que la región tiene con México es que ayude a inclinar una balanza, es una batalla muy grande para la industria mundial, si América Latina adopta esta estrategia es muy serio para el mundo entero.”

La batalla está en todos los frentes. En los gobiernos, en los congresos, pero también en las calles. Porque la comida chatarra no ha dejado de venderse, siguen las tienditas a reventar de bolsas y paquetes que son bombas de tiempo. 

Y la industria pelea con todo: durante el confinamiento ha aprovechado para hacer mercadeo “donando” sus productos, insumos de higiene y equipo al personal médico. Sólo en México se han contabilizado al menos cien donativos. Mientras intentan frenar impuestos, etiquetado y toda medida en favor de la salud, se publicitan como empresas supuestamente comprometidas con la salud. Más distópicas que el tiempo pandémico en sí, las imágenes de estos días: Coca Cola regalando refrescos a los médicos que atienden a enfermos de Covid, graves por padecer diabetes, sobrepeso y obesidad.

Pero también hay buenas noticias desde un frente, las redes sociales. Porque ahí,al parecer, la industria va perdiendo una batalla. Al día de hoy no he visto ni un solo mensaje de alguien lamentándose porque los sellos le hayan quitado la venda de los ojos y sí he visto a muchos celebrando que podrán ejercer su derecho a saber.

Sube el dólar, arde Brasil

El Estado ultraliberal de Jair Bolsonaro devalúa el real y, en consecuencia, la soja y las commodities brasileñas baten récords de precios en el exterior. Las cosechas están ya vendidas hasta el 2022, una situación inédita que, al revés de lo que pareciera, empeora ese panorama

Por João Peres

El dólar bate récord ante el real.

El precio internacional de la soja bate récord.

La cosecha brasileña de granos batirá récord.

La deforestación de Amazonia, los incendios provocados, quemas, en el Cerrado y en el Pantanal: todo bate récords o vuelve a niveles del inicio del siglo. Sobre una pila de 130 mil muertes por Covid-19, Brasil se transformó en una gran hoguera por segundo año seguido. Esta vez, sin embargo, es mucho peor. Tres de los principales ecosistemas arden en llamas; parques y reservas son devastados en semanas.

Conectar los puntos es tan sencillo como simplista. No, el dólar alto no es el único factor que eleva los precios internacionales de la soja, ni la soja es la única culpable por la tala de Amazonia. La ganadería y el extractivismo, el incentivo del gobierno de Jair Bolsonaro a la devastación, la desarticulación de los órganos de control ambiental y el peso del pensamiento retrógrado en el comando de Brasilia tienen una gran parte de responsabilidad.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) no duda en colocar al dólar valorizado en lo alto de la lista de motivos que llevan a un valor sin precedentes para la soja brasileña. Igual que para la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), vinculada al Ministerio de la Agricultura.

¿Pero qué tiene eso que ver con la devastación ambiental? El discurso oficial del gobierno de que el agronegocio no tiene ninguna relación con las quemas  y las talas puede ser útil para alimentar a las redes sociales afines al bolsonarismo, pero choca con la inteligencia (como casi todo lo demás en ese gobierno).

Hablaremos sobre la soja por su relevancia (que aumenta cada día), pero la reflexión y los reflejos negativos se extienden al modelo de agronegocio en su conjunto. Y se refieren a toda América Latina, que comparte los mismo problemas.

Es una cuestión de lógica: si no fuera para plantar o criar ganado, ¿por qué gastarían tanto dinero para talar la selva? Aunque Brasil sea gigante, el apetito por el aumento de territorio es tanto que avanza sobre el Cerrado, un ecosistema prácticamente exterminado en las últimas cinco décadas, y sobre Amazonia, el bosque tropical más grande y diverso del mundo. El área cultivada con soja se triplicó desde la década de los años 90 y hoy equivale a la mitad de las áreas utilizadas en plantaciones de Brasil.

En la otra punta, el real es una de las monedas que más sufren devaluación en el mundo, en particular desde el inicios de la gestión de Bolsonaro. En enero de 2019, un dólar valía R$ 3,70. El ministro de Economía, Paulo Guedes, aseguró en el inicio de 2020 que no pasaría los R$ 4 y, como en todo lo demás, erró groseramente: llegamos a casi R$ 6 en algunos momentos.

¿Por qué la soja?

Ese panorama es traducido al mundo agrícola por un informe publicado en junio por USDA: “el real perdió 32% de valor ante el dólar entre el inicio del año y la mitad de mayo, antes de retroceder ligeramente en las últimas tres semanas. Como resultado, las commodities (materias primas) y los productos agrícolas brasileños tuvieron una alta demanda de compradores de todo el mundo”.

Otro informe de USDA, publicado en abril, muestra que una tonelada de soja brasileña costaba US$ 313, contra US$ 337 y US$ 345 del producto en Estados Unidos.

Según el Censo Agropecuario de 2017 en valores, la soja supera los siguientes ocho ítemes de la lista.

Dados: Censo Agro 2017 / IBGE

De acuerdo con el gobierno, la cosecha de este año suma 120,9 millones de toneladas en 37,8 millones de hectáreas. Juntas, soja y maíz representan un  90% de la cosecha de total granos de Brasil. Sola, una cosecha de soja equivale a 40 cosechas de frijoles.

Esa es la lista de productos exportados por Brasil en 2020, según la Secretaría de Comercio Exterior. Se puede notar que la soja, sola, es responsable por casi 20% de toda la facturación mundial total de Brasil, en un crecimiento del 30% ante el año pasado. Entre los primeros ítems de la lista, solamente el azúcar, también beneficiado por el real devaluado, tuvo un desempeño semejante.

Dados: Secretaria de Comércio Exterior

La soja ya equivale a casi el doble del segundo ítem de la lista, mineral de hierro, y corresponde a cinco veces que los dos otros productos agrícolas de destaque (azúcares y carne de res). Y eso es apenas el grano in natura, sin procesamiento. Si le sumamos salvado de soja (o harina de soja) y aceites, la situación es aún peor: Brasil solo produce el 36% del total de la soja mundial.

Por un Brasil del siglo XVII

El Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea) de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP) es una de las principales referencias en el seguimiento de los precios del mercado agrícola. Veamos lo que dice el informe más reciente de la institución: “En la parcial de agosto (hasta el día 21), el indicador ESALQ/BM&FBovespa Paranaguá (PR) subió significativos 11,5% yendo a R$ 132,80/saco de 60 kg el viernes, 21  – nivel récord nominal de la serie histórica de Cepea, iniciada en marzo de 2006. En términos reales, los valores negociados en la última semana se acercan al nivel récord de la serie del Cepea, de R$ 139,29/saco, registrado en septiembre de 2012”.

¿Pero esa es una excelente noticia entonces? La soja está garantizando divisas fundamentales para que la gente pueda colocar frijoles en la mesa, ¿no?

Hum... En realidad, no. Comencemos por el lado positivo, que es justamente esa condición de sustento de la economía, el hecho es que Brasil se ha vuelto profundamente dependiente de productos primarios. Los primeros ítems de la balanza comercial del 2020 podrían ser los primeros ítems de la balanza comercial del 1600.

Por más tecnología que se emplee, la soja sigue siendo una cultura agrícola y, por lo tanto, pasible de sufrir con los fenómenos de la naturaleza. Una pequeña quiebra de cosecha puede tener un impacto gigantesco en la balanza comercial.

China se lleva más soja que la suma de todos los demás. Si los humores políticos chinos cambian, o si el gobierno de Pekín decidiera cambiar de proveedor podríamos tener serios problemas aunque, por ahora, nada indique esa posibilidad. En la balanza comercial general, China corresponde por un tercio de todos los productos que exportamos.

De Amazonia a la inflación

¿Y qué tiene eso que ver con tu vida, lector? Muchas cosas. Para que la soja siga avanzando, algo tiene que quitarse de su lugar. O bosques, o alimentos de verdad. Un reciente levantamiento de Forest and Finance (F&F) mostró que, en vez de disminuir, el financiamiento de commodities asociadas a la deforestación aumentó 40% desde diciembre de 2015. La organización contabilizó R$ 990 mil millones invertidos entre 2016 y 2020 en la producción de carne de res, aceite de palma, papel y celulosa, goma, soja y madera en tres regiones del mundo. Más de la mitad vino a Brasil, y una buena parte para inversiones industriales en áreas de deforestación.

Y, aquí, otra vez, podemos retomar el razonamiento básico en relación al dólar: el real desvalorizado hace que el dinero de esos fondos valga más. Por lo tanto, es posible que esos recursos acaben financiando más y más iniciativas y, por lo tanto, ejerciendo más presión sobre los bosques.

Es la hora de mirar a la inflación de alimentos básicos. Ante un escenario de retracción general de los precios, el índice específico para la alimentación se destaca. El arroz avanzó casi 20% en este año mientras que el frijol negro ya alcanza un 30%. Son dos ítems esenciales de la dieta brasileña y, no por casualidad, ese se volvió un debate tan relevante como la discusión sobre las quemas.

Sale el frijol, entra la soja

Recientemente, la Asociación Brasileña de Supermercados (Abras) renovó la queja en relación a la industria de alimentos, en un juego de acusaciones mutuas que ya se veía en el inicio de la pandemia, ante la perspectiva de inflación.

“El sector supermercadista ha sufrido fuerte presión de aumento en los precios de forma generalizada transferidos por las industrias y proveedores. Ítems como arroz, frijoles, leche, carne y aceite de soja con aumentos significativos”, afirmó, para complementar: “Por nuestros análisis, eso se debe al aumento de las exportaciones de estos productos y su materia prima y a la disminución de las importaciones de esos ítemes, motivados por la variación de la tasa de cambio que provocó valorización del dólar ante el real”.

Como sabemos, nuevamente sería simplista atribuir el alza de precios de alimentos únicamente al dólar elevado. Aunque, en esta situación, no hay duda de que es un factor central para explicar el problema. Pero no se trata apenas de importación y exportación de los alimentos en sí misma sino de una disputa territorial: los agricultores plantan aquello que tiene mayor mercado. En diez años, el área cultivada con arroz cayó un 40,9%. 

Como ya vimos, el real valorizado no sirve apenas para la soja. El arroz no contribuye casi nada a la balanza comercial, pero los R$ 270 millones exportados de arroz ya procesado este año representan un crecimiento de casi un 60% ante 2019. Ya el arroz bruto triplicó los envíos al exterior, llegando a los R$ 130 millones. Arroz que se va y hace falta en Brasil.

Es ese uno de los problemas de transformar alimentos en mercaderías que son comerciadas en el mercado financiero de la misma manera que automóviles, productos tecnológicos y minerales. Diferente de otras áreas, cuando se trata de alimentos, oscilaciones repentinas pueden condenar a millones de personas a pasar hambre. El gobierno de un país africano, de una isla en el Caribe o de una mega nación asiática tienen poca capacidad de controlar los precios cuando están enlazados a los mercados internacionales y, de esa manera, es posible que ítems esenciales de la dieta de una población se vuelvan inalcanzables de pronto. El alza en el precio del kilo de arroz en Brasil es un ejemplo muy claro.

La futura destrucción de los bosques está asegurada

Volvemos al análisis más reciente de Cepea. “Ante eso, las ventas de soja para entrega entre febrero y julio de 2022 también vienen siendo verificadas (cosecha 2021/22). Investigadores de Cepea indican que ese tipo de comercialización involucrando al producto que será cosechado dos temporadas a futuro es un hecho inédito”. ¿Qué significa eso? Pues que los agricultores buscarán expandir su área de plantío.

El gobierno proyecta un crecimiento del 2,8%, lo que significa que un millón de hectáreas más. Convirtiendo ese número en números accesibles, es exactamente todo lo que sobró para todas la primera cosecha de frijoles en 2020, o exactamente lo que fue talado en Amazonia entre agosto de 2019 y julio de 2020. Con China en primer lugar entre los compradores, Brasil venderá casi 87 millones de toneladas de soja, o cinco millones más que ahora.

Ante ese escenario, no es sorprendente que el gobierno federal no tenga ningún plan. Hay una serie de instrumentos que el poder público puede (y debe) usar para influenciar los precios, oferta y demanda en la producción y consumo de alimentos. Pero el Estado mínimo solamente logra producir exhortaciones, como pedir a los supermercados que tengan patriotismo y bajen los precios.

Como todo en la era Bolsonaro, la lógica falla. Aunque se pudiese creer que el problema puede resolverse con patriotismo, las dos principales redes de supermercados de Brasil, Casino (Extra-Pan de Azúcar) y Carrefour, son francesas.

Que la industria nos guie

En Brasil, desde el año 2014, la industria de comida chatarra intenta revocar el documento del gobierno que recomienda evitar alimentos ultraprocesados. Ahora se suma el propio gobierno, que otra vez pelea contra la ciencia al afirmar que una dieta a base de alimentos frescos es ‘peligrosa’.

Por Guilherme Zocchio

Elegido con la promesa de destruir todo lo que hicieron sus antecesores, Jair Bolsonaro ensaya ahora la realización de un antiguo sueño de la industria de alimentos: hacer caer la Guía Alimentaria para la Población Brasileña. El documento, publicado en 2014, se volvió una referencia global al emitir un mensaje claro: eviten alimentos ultraprocesados.

Ha sufrido muchos ataques y la ofensiva ganó un capítulo inédito esta semana cuando la ministra de Ganadería, Agricultura y Abastecimiento, Tereza Cristina, solicitó al Ministerio de la Salud la revisión de la guía. En la Nota Técnica nº 42/2020, funcionarios refutan argumentos contenidos en la guía. Se trata de un documento interno del gobierno, que obliga al Ministerio de Salud a contestar todos los elementos. 

La nota técnica se centra especialmente en la clasificación de alimentos llamada NOVA. Esa clasificación se basa en la teoría que divide a los alimentos de acuerdo con el grado y el propósito de procesamiento; teoría que creó el concepto de comida ultraprocesada. Se considera un marco en los estudios de nutrición y salud a nivel mundial e hizo caer ideas como la de la pirámide alimentaria.

El equipo de O Joio e O Trigo conversó con uno de los autores de la nota quien, a su vez, confirmó que fue elaborada a solicitud expresa de la ministra Tereza Cristina.

El documento está dirigido al ministro de la Salud, el general Eduardo Pazuello, y fue enviado a su consideración el lunes 14 de septiembre. Dice que “la clasificación NOVA es confusa, incoherente y perjudica la implementación de directrices adecuadas para promover la alimentación adecuada y saludable a la población brasileña”.

Además, la nota enfoca sus críticas en el concepto de alimento ultraprocesado. Afirma que la determinación de este ítem “por medio del conteo del número de ingredientes (frecuentemente cinco o más) parece algo cómico”.

“Las recetas domésticas que utilizan varios ingredientes no pueden en ninguna hipótesis ser rotuladas de esa manera, lo que demuestra un evidente ataque sin justificación a la industrialización”, añade el documento diciendo, también, que una dieta a base de alimentos in natura puede ser “peligrosa”.

La ministra de Agricultura, Tereza Cristina, y Jair Bolsonaro: siempre abiertos al lobby del agronegocio y de la industria de ultraprocesados

En su versión original, la Guía Alimentaria cita 110 veces el término ultraprocesado, iniciando con una presentación del concepto y retomando diversas veces. No se comparan preparaciones culinarias caseras con aquellas que pasan por procesos industriales estas, sí, consideradas ultraprocesadas.

El documento del Ministerio de la Salud hace uso de casos concretos para ilustrar el concepto. Cita fideos instantáneos, yogures saborizados, panes, snacks y galletas industrializadas, platos congelados, entre otros, como buenos ejemplos para identificar qué es un alimento ultraprocesado.

Además, la Guía Alimentaria para la Población Brasileña es una referencia internacional. Es considerada por investigadores y profesionales de la salud como uno de los más accesibles y amplios documentos con recomendaciones sobre comer de forma saludable. No sólo habla sobre evitar ultraprocesados, como también abarca el concepto de sistemas alimentarios justos y sostenibles como clave para una alimentación saludable.

En todo el mundo, la clasificación NOVA, en la cual se fundamenta la Guía Alimentaria, ya fue citada en diversas bases de datos científicas, en la plataforma PubMed aparece más de 400 veces. En este año solamente, cuatro publicaciones científicas revisan las evidencias disponibles sobre la asociación entre el mayor consumo de ultraprocesados y enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y riesgo de muerte.

Una solicitud de la industria

La industria de ultraprocesados nunca estuvo feliz con la Guía. Arthur Chioro había acabado de asumir el cargo de ministro de Salud, en febrero de 2014, cuando fue a un evento en Brasilia. Lo que se creía que sería apenas un momento relajado se convirtió en una reunión de improviso con Edmundo Klotz, el entonces presidente de Abia, la Asociación Brasileña de la Industria de Alimentos.

“Él me trajo una libreta. Una encuadernación muy bonita. Era algo que, al abrir el cajón de mi escritorio, reconocería al instante… Algo que realmente destacaba”, recuerda Chioro. Recuerda tres puntos claves en el planteo de la industria, tres ítems que no querían siquiera negociar, y uno era la Guía Alimentaria: exigían “que no se publicase, en ninguna hipótesis”.

Sucesivos ministros fueron blanco de investidas de Abia en un esfuerzo para revocar el documento. Defensores de las directrices siempre lograron frenarlas. Pero ahora, cuando los principales cargos del ministerio están ocupados por militares que no entienden nada de salud, mucho menos de alimentacion, una nueva ofensiva se abrió. Esta vez involucrando directamente al Ministerio de la Agricultura.

El Ministerio de Agricultura niega que el documento haya sido enviado al Ministerio de Salud. Pero la firma digital indica una fecha de envio. “El tema está siendo discutido internamente”, dice la asesoría de prensa. “Los textos que circulan en redes sociales son borradores de documentos internos. Sugieren la revisión de la guía, incorporando entre otros temas la participación de ingenieros de alimentos en la actualización del documento.”

Uno de los argumentos utilizados en la nota técnica dice que la Guía “disminuye la autonomía de las elecciones alimentarias sin informar correctamente qué es más importante para una alimentación adecuada y saludable”. Para el buen entendedor, media palabra basta. Esa afirmación es la misma usada de manera recurrente por representantes de la industria de alimentos.

En más de una ocasión, presenciamos a integrantes de Abia expresando críticas semejantes o declarando que el documento sobre alimentación necesitaba ser revisto, especialmente en relación a la clasificación NOVA, exactamente lo que dice la nota técnica.

El presidente-ejecutivo de Abia, João Dornelles, ya usó públicamente el mismo argumento “cómico” utilizado en la nota del ministerio. Erróneamente, dijo que un pastel de maíz casero, al tener más de cinco ingredientes, podría ser considerado un ultraprocesado, de acuerdo con la Guía.

Dos meses antes de que el documento del ministerio se hiciera público, Dornellas se reunió con la ministra Tereza Cristina. La pauta del encuentro era la Revisión de la Guía Alimentaria de la Población Brasileña, como bien apuntaron las reporteras de Outra Saúde, Maíra Mathias y Raquel Torres.

Conflictos de interés

Otra información relevante anticipada por Outra Saúde es la de que, para fundamentar el pedido de cambios en la Guía, los autores de la nota técnica del ministerio utilizaron solamente referencias bibliográficas atestadas de conflictos de intereses. 

Uno de los artículos fue escrito por investigadores que ya declararon haber recibido financiación de organizaciones financiadas, a su vez, por la industria de alimentos – como el Institute of Food Technologists (IFT), que tiene a Coca-Cola entre sus financiadores. Otro está en Brasil Food Trends, una publicación del Instituto de Tecnología de Alimentos patrocinado por Nestlé, Danone y, también, claro, Coca-Cola.

Otra fuente de información de la nota es el Instituto de Tecnología de Alimentos (Ital), que tiene un manual específicamente destinado a criticar a la Guía y es vinculado al Gobierno del Estado de São Paulo. 

La interferencia del Ministerio de Agricultura sobre un tema que le corresponde al Ministerio de la Salud, ha hecho saltar otra alarma. Sugiere un intento de la oficina que lidera Tereza Cristina por apropiarse de políticas públicas relacionadas a la alimentación, de la misma manera en que se dividen los ámbitos en los Estados Unidos.

En la tierra del Tío Sam, cabe al USDA , el Departamento de los Estados Unidos de Agricultura, definir las directrices sobre alimentación adecuada y saludable, organismo en el cual la independencia científica no es exactamente uno de los pilares para decisiones políticas. En los últimos años, una serie de directrices del órgano norteamericano han demostrado que es susceptible a estudios manchados por conflictos de intereses.

El Núcleo de Investigaciones Epidemiológicas en Nutrición y Salud de la Universidad de São Paulo (Nupens/USP), responsable por la elaboración de la clasificación NOVA y uno de los coordinadores del proceso de elaboración de la Guía Alimentaria para la Población Brasileña, publicó una nota oficial, este jueves 17 de septiembre, contra argumentando el documento del Ministerio de Agricultura.

Nupens discurrió punto a punto las afirmaciones de los técnicos de Agricultura e hizo un llamamiento para que el Ministerio de la Salud no acepte la solicitud. “Ante la fragilidad e inconsistencia de los argumentos presentados en la Nota Técnica del Ministerio de Agricultura y de la absurda e irrespetuosa evaluación de la Guía Alimentaria brasileña, confiamos que el Ministerio de la Salud y la sociedad brasileña sabrán contestar a altura lo que se configura como un inaceptable ataque a la salud y a la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro pueblo”. 

En tiempos de reforma administrativa y con Jair Bolsonaro  como presidente de la República, en Brasil todo puede ocurrir.