Por: Redacción Bocado
Era una noticia deseada por muchos, más no esperada: el último día de 2020 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prohibió la siembra y cultivo de maíz transgénico y el herbicida que los acompaña – el glifosato- de la región. Así López Obrador concretó uno de los avances más significativos en la lucha contra los transgénicos y estableció que, desde la entrada en vigor del decreto hasta el último día de su mandato (31 de enero de 2024), se realizará un período de transición con el fin de “lograr la sustitución total del glifosato por alternativas más sostenibles y adecuadas”. Y puso punto final a los permisos de siembras experimentales y siembras piloto otorgados en 2009 por el gobierno del ex presidente Felipe Calderón.
Para activistas campesinos, indígenas, intelectuales y cocineros nucleados desde 2007 en la campaña Sin Maíz no hay País, las medidas son un gran paso en la preservación de la soberanía alimentaria.
El presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Alejandro Espinoza Calderón, uno de los expertos que más de cerca ha seguido el proceso, explica a Bocado: “México produce 24,1 millones de toneladas de maíz de grano blanco, que destina a la elaboración del principal alimento de los mexicanos, las tortillas. Conociéndose este panorama, es de suma importancia el decreto en cuestión debido a que incide en la producción del alimento que consumirá el pueblo mexicano”.
Un alimento que, en versión trangsénica y en contacto con glifosato, implica riesgos. Porque la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC), de Estados Unidos, catalogó al glifosato como probable carcinogénico en humanos y, después de recibir 125 mil demandas, Bayer-Monsanto tuvo que indemnizar con 10 mil millones de dólares a víctimas del modelo tóxico.
Espinoza explicó: “En México el glifosato se utiliza en una gran variedad y cantidad de cultivos. En granos y cereales como el maíz, sorgo, arroz, trigo; oleaginosas como el cártamo, girasol, soya; frutales como el aguacate, mango, guayaba, papaya, manzana, plátano, vid, naranja, por señalar algunos”.
El decreto del presidente de México dice textualmente que además de prohibir se propone buscar alternativas que “permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y del ambiente”. Como inciativa, forma parte del apartado “Desarrollo Sostenible” dentro del plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, un proyecto que busca “alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria”.
México es un país con una amplia biodiversidad, sobre todo en el ámbito del maíz del que es centro de origen el teocintle – la forma que tenía el grano miles de años atras. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, se estima que en ese país hay 59 razas nativas de maíz.
Greenpeace México consideró que el decreto de López Obrador salda una deuda histórica con la diversidad genética. Sin embargo, al negocio agropecuario no le agrada esta noticia. El Consejo Nacional Agropecuario de México expresó su descontento mencionando la desventaja productiva que en su opinión significa en comparación a otros países.
Los encargados de implementar la medida son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que coordinará y promoverá investigaciones científicas que persigan la búsqueda de alternativas al uso del glifosato, emitirá recomendaciones anuales. Además, impulsará reformas constitucionales junto con las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y de Agricultura y Desarrollo Rural.
La batalla en defensa del maíz nativo, y con él de la cultura campesina y alimentaria de todo el país, también tuvo en diciembre 2020 un gran triunfo en Perú: se amplió la moratoria implementada en 2011, que impide la siembra de semillas modificadas genéticamente. Así queda firme la prohibición del ingreso al país y la producción de organismos vivos modificados (OVM) con el fin de “fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente de OVM”.
Así además ganó 15 años una lucha que parecía perdida a mediados del año anterior, cuando en plena pandemia el agronegocio quiso aprovechar la coyuntura para derribar la moratoria. Karla Gabaldoni, integrante de la red Slow Food en Perú y miembro del Consorcio Agroecológico Peruano explicó a Bocado: “La estrategia del lobby Monsanto-Bayer se dirigió al interior del Estado, colocando expertos cercanos en cargos públicos, por ejemplo en la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura y Riego hoy (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), en el Ministerio del Ambiente (MINAM) y en la Comisión Nacional para la Innovación y Capacitación en el Agro (CONICA) liderada por Alexander Grobman presidente de PeruBiotech, empresa cercana al lobby pro-transgénico. La participación activa de Bayer se dio mediante intervención directa en el Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la biotecnología para el desarrollo de actividades con organismos vivos modificados para el sector agrario, conocido como RISBA; conferencias en SENASA, INIA y presencia en medios de prensa.”
Perú también es un país con una tradición agrícola de más de 10 mil años y con una amplia biodiversidad de especies. Solo de papas cuenta con 4000 variedades. El ingreso de cultivos transgénicos pone en peligro su sistema alimentario, por eso encuentra sus resistencias más aguerridas en el interior del país y en las cocinas de las casas. En ese contextó Gabaldoni explicó: “El 50% de las niñas y niños peruanos padece de anemia y desnutrición, por lo cual la oportunidad de una alimentación saludable, nutritiva con una producción diversa local es necesaria y urgente”
Hoy la ampliación de la moratoria permite que ese país siga liberándose de manera paulatina del uso de semillas genéticamente modificadas con el fin de preservar una de las culturas alimentarias más valiosas de la humanidad.
Estos logros no significan que la amenaza desaparezca, porque con la moratoria en plena vigencia se supo que en localidades como la provincia peruana de Piura un 63,1% de los cultivos habían sido contaminados con genética de Monsanto y algo similar ocurrió en estos años en estados mexicanos a pesar de que rige desde 2013 una medida cautelar. Sin embargo, decreto y moratoria son un gran impulso para los activismos por el buen vivir y la soberanía alimentaria que tanta falta hacen en toda la región.
