Sobre el curso: En este curso vamos a adentrarnos durante dos horas y media o tres en las prácticas e ideas que giran en torno a la ecología profunda. Una propuesta que busca cambiar la narrativa de separación que tenemos con la naturaleza, con nuestros cuerpos y con todos los otros reinos, para adentrarnos en una más sensible, valiente y verdadera: de reconexión y reparación. Porque hoy hay una crisis ecológica, de salud y económica, pero antes, de sentido: es la propuesta de existir aislados en un mundo desencantado y roto lo que no nos cierra. La ecología profunda o espiritual es una respuesta que emerge para renovar todos los campos que hacen a nuestra civilización -cultural, alimentario, político- resituándonos en este planeta y devolviéndonos la fuerza e integridad para crear la renovación que hace falta. La invitación es entonces a todas las personas que busquen adentrarse en un hermoso y urgente proceso de deconstrucción para encarar este, nuestro trabajo de época: habitar el mundo con dicha, saludables y en paz. Nos conducirán diferentes autores como David Abram, Joanna Macy, Ailton Krenak, Emanuel Coccia, Dona Haraway, Suerly Rolnik y Rebecca Solnit. Habrá espacio de intercambio, bibliografía y quién sabe se arme alguna movida que trascienda la pantalla.
Más información: *Es el 16 de agosto entre las 19 y 21.30 hs. La sala virtual permanecerá abierta desde las 18.30 por si podés y querés ingresar antes. *El curso será a través de la plataforma zoom y el encuentro es en vivo: no permanecerá grabado. *Al finalizar se entregará bibliografía y acceso al material audiovisual que compartiremos en la jornada.
Medios de pago: $2500.- Por transferencia a través de este cvu de Mercado Pago: 0000003100045317179360
Brasil aprobó este jueves la comercialización de harina del trigo transgénico HB4 de la empresa Bioceres (donde son accionistas, entre otros, Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel). Al aprobarse la importación de harina y no del grano se abren interrogantes acerca de su liberación comercial efectiva en la Argentina. En el Ministerio de Agricultura, que conduce Julián Domínguez, respondieron que aún no hay confirmación oficial al respecto. En el cuestionado transgénico tuvo participación fundamental el Conicet y la Universidad Nacional del Litoral, mediante la investigadora Raquel Chan.
El HB4 es el primer trigo transgénico aprobado en el mundo, que viene acompañado de fumigaciones con glufosinato de amonio, un herbicida más tóxico que el glifosato. Debido al rechazo que esto genera en los consumidores, la Asociación Brasilera de la Industria del Trigo (Abitrigo) confirmó que apelará la aprobación. En la Argentina, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Defensoría Pública Oficial de la Nación pidieron a los tribunales federales que suspendan su aprobación por violar el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Cientos de organizaciones sociales de Latinoamérica llevan adelante una campaña para detener el transgénico.
La autorización para comercializar el trigo HB4 en la Argentina está condicionada a la aprobación de Brasil. Así lo determinó el Ministerio de Agricultura en su resolución 41/2020 de octubre del año pasado. En el Artículo 1º autorizó comercializar la semilla, sus productos y subproductos. Pero de inmediato, en el Artículo 2º, estableció que la empresa “deberá abstenerse de comercializar” el trigo HB4 “hasta tanto obtenga el permiso de importación en Brasil”. Esto se debe a que el país vecino es el principal comprador de trigo argentino.
Mientras tanto, Bioceres lleva dos años de cultivo de trigo HB4 en el país. En 2020 fueron 6000 hectáreas y, este año, 55.000, según informó la empresa.
Un transgénico con oposición en todos los frentes
El trigo HB4 de Bioceres, que se promociona como tolerante a la sequía y resistente al herbicida glufosinato de amonio, es rechazado tanto por el sector empresario como la sociedad civil.
Organizaciones de diversos países de Latinoamérica llevan adelante la campaña “Con nuestro Pan No”, en la que advierten que los transgénicos, tanto en la Argentina como en Brasil, son aprobados de manera poco transparente, en base sólo a los estudios que presentan las propias empresas. Al mismo tiempo, advierten que el trigo HB4 incrementará el uso de agrotóxicos, además del resto de los impactos que el agronegocio transgénico tiene en los territorios: desmontes, desalojos de poblaciones rurales, degradación del suelo y contaminación del agua, entre otros.
En Argentina, en las últimas semanas, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa de la Nación pidieron a los jueces federales que suspendan de inmediato la aprobación del trigo transgénico. Advierten que la autorización del Ministerio de Agricultura viola el Artículo 41 de la Constitución Nacional -que garantiza el derecho a un ambiente sano- y también, el principio precautorio dispuesto por la Ley General del Ambiente. Este principio establece: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Rechazo comercial al trigo transgénico
La industrial molinera de Brasil confirmó que apelará la aprobación. “Según lo previsto en la legislación brasileña, Abitrigo solicitará a la Casa Civil de la Presidencia de la República que convoque de inmediato al Comité Nacional de Bioseguridad, integrado por varios Ministros, para analizar, de manera más integral, las implicaciones de la presencia de trigo transgénico de Argentina en el mercado brasileño”, sostuvo en un comunicado Rubens Barbosa, presidente de Abitrigo y ex embajador brasileño en Inglaterra y Estados Unidos. Y agregó: “Abitrigo analizará solicitar la toma de medidas cautelares para suspender la implementación de la decisión de la CTNBio hasta el pronunciamiento del Comité Nacional de Bioseguridad”.
En Argentina, en tanto, las principales entidades del agronegocio, tanto de productores como de comercializadores, rechazan de manera enfática el trigo HB4 porque afirman que se cerrarán mercados de exportación.
Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Cereales dijo que esperan que el gobierno nacional clarifique la situación. “Brasil aprobó la importación de harina, no del grano. No sé cómo lo van a interpretar los funcionarios de Agricultura”, sostuvo ante la consulta de Tierra Viva. “Si es sólo la harina, Bioceres tendrá que moler en sus molinos y vender por su cuenta”, dijo. Y advirtió que, en ese caso, el problema será la posible contaminación del trigo no transgénico con el trigo que sí lo es. “Si se aprueba la comercialización del grano vamos a estar en el peor de los mundos, un desastre”, advirtió.
En un comunicado dado a conocer en septiembre pasado, la Comisión de Enlace, que reúne a las principales cámaras de productores del agronegocio del país, expresó su preocupación por lo que afirmó ya eran 50.000 hectáreas de trigo HB4 sembradas. “Aun suponiendo que Brasil aprobara la comercialización de estos trigos, hay que tener en cuenta que el resto de los destinos habituales de nuestra producción triguera directamente no aceptan trigos genéticamente modificados”, sostuvieron.
En cuanto a la superficie ya sembrada, alertaron: “Tan elevado nivel de producción hace realmente imposible su contralor por las autoridades oficiales, razón por la cual será inevitable que se genere un proceso de contaminación de los trigos no modificados genéticamente.”
SANAR, así se llama la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales. Una organización de profesionales de la nutrición creada en 2019 en Argentina. Un esfuerzo para promover la alimentación sostenible basada en alimentos naturales, garantizar la seguridad alimentaria y defenderla a través de la divulgación científica libre de conflictos de interés con las industrias.
El lunes 5 de octubre el Congreso de la Nación Argentina fue caótico. El proyecto de la Ley de Etiquetado, que cuenta ya con la media sanción del Senado, no obtuvo el quórum necesario para ser tratado en la Cámara de Diputados. Solamente 122 de los 257 diputados bajaron al recinto, faltando siete para poder sesionar.
La negociación fue un toma y daca continuo. Dentro del recinto se vivía un clima de incertidumbre. Por momentos se creía que se iba a dar el quórum, y por momentos se caía la esperanza. Organizaciones civiles como SANAR o Inconsciente Colectivo estuvieron presentes desde las 10:00 de la mañana militando.
Juntos por el Cambio, tras su victoriosa campaña en las PASO ante el Frente de Todos, optó por bloquear el tratamiento de la Ley de Etiquetado. Solamente dos diputados radicales mendocinos que forman parte del bloque de Juntos por el Cambio bajaron a ocupar sus bancas, mientras que todos los demás se abstuvieron de sentarse a legislar.
Lo paradójico es que no presentarse no es sinónimo de estar en contra de la ley. De hecho, varios legisladores que no bajaron al recinto ya habían dado su respaldo al proyecto. Lo ocurrido es una partidarización de la ley. El poder de lobby se intensificó indudablemente luego de la arrasadora victoria de Juntos por el Cambio.
El Frente de Todos, a pesar de lo ocurrido, no es en absoluto unánime en su postura con el etiquetado. Sergio Massa, en alianza con el lobby de la industria azucarera, se había encargado pocos meses atrás de dilatar el proceso para que el proyecto perdiera vigencia. Sin embargo, se dispusieron a debatir.
Para no sesionar, JxC se apoyó sobre la ausencia de consenso previo del temario. En la agenda que la oposición propone, temas como la Ley de Alquileres, la Boleta Única o la Ley Ovina requieren un enfoque prioritario. Presentaron una lista de exigencias al Frente de Todos, rechazada unívocamente en más de una ocasión.
Adentro del recinto se vivió un día de puesta en escena.
Fernando Iglesias, Diputado de Juntos por el Cambio, ingresó a la Cámara con un cartel con la foto de Marcela López, una mujer de 61 años desaparecida desde hace 100 días en Santa Cruz. Luego de dejar la imagen en su banca, afirmó que ahí había “otra ausente” ironizando con la propuesta de Moreau de exponer a los ausentes tomando lista.
Por su parte, Cecilia Moreau, militante y diputada del Frente de Todos, pidió a Sergio Massa que tomara lista de los presentes, para que así “quede en claro quienes estamos sentados hoy acá queriendo tratar estas leyes y quienes están escondidos detrás de las cortinas”.
Máximo Kirchner, promotor de la sesión, exclamó dentro de la Cámara: “No soportan la democracia a veces, porque esta ley, por ejemplo, lo que hace no es ni siquiera prohibir el azúcar, sino poder ser conscientes de qué consumimos, de cómo nos alimentamos.
“El oficialismo llamó a una sesión especial sin acordarlo con la oposición. El interbloque JxC apoya en su mayoría la ley del etiquetado frontal, pero exige que se traten otros temas importantes como la emergencia educativa” explicó Cristian Ritondo, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. “La agenda que el Gobierno nos planteaba en el Congreso, no tenía que ver con la agenda de la gente” sentenció horas después en La Nación.
Mijael Kaufman, integrante de Consciente Colectivo, estuvo dentro y fuera del recinto durante el caos. De fuera, le sorprendió la cantidad de gente convocada. Según Kaufman, las asociaciones se encontraron previamente para organizar el evento. Si bien lamentablemente no tuvo el desenlace que deseaban, Kaufman explicó que “es importante ver que en nuestro país se está hablando de etiquetado frontal como nunca antes. Hoy una gran parte de la población está hablando sobre etiquetado”.
Kaufman contó que las estrategias fueron variando. “Rodeamos al Congreso de la Nación, colgando distintos carteles con reclamos en las rejas. Hubo gente autoconvocada, organizaciones civiles y espacios políticos que apoyaron la causa.”
¿Por qué no se sesionó? Para Mijael Kaufman, la respuesta es clara: hay distintos diputados y diputadas de ambos bloques mayoritarios que poseen conflictos de interés, ya sea mediante vínculos con empresas azucareras o con el sector lácteo, o mismo con empresas como Molinos o Arcor. “Eso quedó en evidencia con quien preside la Cámara, y quien es la vicepresidenta de la comisión de salud, ambos opuestos al proyecto que ya cuenta con media sanción. Es una clara muestra de la gravedad de que quienes legislan por nuestra salud son quienes más palos en la rueda han puesto” explicó.
Kaufman dijo que no cesa de sorprenderse y emocionarse al ver que en muchísimos canales de televisión y radios se esté hablando de esto cuando antes no se hacía. “El clima se tornó alentador. Que el país entero hable de etiquetado frontal es un paso agigantado.”
Diez meses hace que el proyecto por el etiquetado frontal está detenido en el Congreso de Argentina. Una legislación ya en práctica en países como Chile o Uruguay, está frenada aquí debido a un lobby empresarial que apuesta por la desinformación. Por eso, Bocado se sumó al grupo de activismo socioambiental Consciente Colectivo para enviar a los diputados una investigación exclusiva que realizamos acerca del etiquetado.
Los 257 legisladores argentinos recibieron esta semana nuestro informe Qué hay detrás de una caja bonita, en el cual desmentimos las falsedades que se dicen en relación al etiquetado, desglosamos las estrategias más comunes de lobby utilizadas por empresas para impedir las políticas públicas en América Latina, y exigimos #BastaDeLobby. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, fue el primero en responder al correo. A través de sus cuentas de twitter lo hicieron Mónica Schlotthauer y Juan Carlos Giordano, del FIT, diciendo que votarán a favor.
La demora en tratar el proyecto no es ninguna casualidad. Desde el 29 de octubre del año pasado, día en que el proyecto recibió la media sanción por parte de la Cámara de Senadores, ha quedado estancado en la Cámara de Diputados.
Sergio Massa, quien preside la Cámara de Diputados, hizo saber a sus colegas de la industria azucarera tucumana que contaban con su respaldo, que estaban bien representados en el Congreso. Poco tiempo después de eso, el proyecto fue girado a seis comisiones diferentes en una auténtica maniobra de ralentización.
Gracias a la presión social, las comisiones fueron reducidas a cuatro y ya emitieron su dictamen. Es decir, todo estaría pronto para ser discutido pero existen conflictos de interés de algunos diputados, quienes condicionan sus votos.
La situación actual de la Cámara es un misterio. Desde Consciente Colectivo se organizó Activa el Congreso: una plataforma desde la que puede verse la intención de voto de cada diputado. El poroteo legislativo sirve para que la ciudadanía inquiera directamente a los congresistas que figuran como indecisos, o que aún no se han manifestado.
El mejor proyecto posible, porque en su redacción participaron varios sectores, ya está en manos del Congreso argentino. Y en su aprobación hay más que una simple ley: según el grupo Consciente Colectivo “la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es parte del camino que tenemos que transitar para tener un país más justo, más sostenible y en el que el comer bien no sea un privilegio que pocas personas se pueden dar”.
Desde Bocado nos sumamos a enviar información a diputados: combatimos la desinformación. Exigimos que nos representen. Que no caigan en las ya repetidas estrategias lobbistas. Que ya no dilaten el tratamiento del proyecto ni lo modifiquen para flexibilizarlo. Nos sumamos a la exigencia: #EtiquetadoClaroYA.
El gobierno argentino avanzó durante la última semana en un nuevo acuerdo con China: desarrollar a la acuicultura nivel nacional. Mientras que China es el principal productor acuícola en todo el planeta, en Argentina el sector no se encuentra del todo desarrollado, por lo que parece ser un blanco fácil para la inversión.
Si bien la propuesta propone la sustentabilidad, la acuicultura siempre es riesgosa. Para que el proceso funcione, debe llevarse a cabo un enriquecimiento excesivo del ecosistema y son comunes los casos de escape de peces al mar abierto, causando tanto depredación de otras especies como transmisión de bacterias que se encontraban dentro de la jaula.
Lo ocurrido en Chile en las últimas décadas es buen ejemplo de los desastres ambientales y económicos que la acuicultura puede causar. Y, además, hechos recientes demuestran que Argentina y China intentan impulsar acuerdos económicos no siempre son sustentables y no siempre respetuosos de los derechos de personas y animales.
En julio de 2020, Argentina intentó otro acuerdo económico con China que generó polémica. El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Felipe Solá, avanzó en un acuerdo que proponía duplicar la cantidad de carne porcina producida para exportar más a China con una inversión de 3.500 millones de dólares para la construcción de 25 granjas y frigoríficos. El plan era pasar de producir 700.000 a 1.3 millones de toneladas anuales.
Luis María Kreckler, embajador argentino ante China entonces, defendió el acuerdo, indicando que “La producción porcina promueve inversiones y empleo calificado y formal”. La cancillería aseguraba que no existía riesgo ambiental alguno. El gabinete del presidente Alberto Fernández se refería a las mega fábricas de carne porcina como fuentes de empleo, dinero y acceso al mercado internacional pero omitía los crueles métodos para la cría de cerdos así como los riesgos ambientales que ese modelo provoca.
Hoy en día, a más de un año, el memorándum de aquel proyecto aún no fue firmado. La tenaz oposición social obstaculizó lo que el gobierno argentino creía que era un camino allanado. Sin embargo, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, firmó un acuerdo con la empresa Feng Tian Food para instalar 3 plantas productoras de carne de cerdo en el territorio chaqueño.
Capitanich dijo que apuntan a “ser símbolo de la recuperación de la economía argentina a partir de la agroindustria”. Nuevamente, la difícil situación económica del país es utilizada como excusa para despiadados proyectos.
Desde el comienzo de la pandemia, China se ha mostrado solidaria con los países latinoamericanos mediante la facilitación de respiradores y vacunas. Fernando Lugris, embajador uruguayo en China y jefe allá de la misión diplomática de los países de América Latina y el Caribe, no dudó en agradecerle al gigante asiático por su activa ayuda durante el escenario pandémico. “Existe un gran agradecimiento de parte de las embajadas latinoamericanas y caribeñas en Beijing por el apoyo del Gobierno chino y las empresas chinas que desarrollan las vacunas que estamos recibiendo”, dijo.
Pero no todo es ayuda humanitaria: luego aparecen acuerdos de cooperación que implican la explotación de la fauna y flora de Argentina, por ejemplo. La cría intensiva cerdos y ahora también de peces en territorio sudamericano para alimentar luego a mercados y población en China.
Con una producción anual de 53 millones de toneladas de pescado, China supera a todos sus competidores siendo el principal productor acuícola de a nivel global. En Argentina, el sector no se encuentra explotado. De hecho, pocas semanas atrás, Tierra del Fuego fue pionera al prohibir la actividad para el cultivo y producción de salmón (o salmonicultura). A Matías Kulfas, Ministro de la Producción, no le agradó para nada la decisión fueguina, exponiendo así la mirada que el gobierno tiene sobre la producción de peces en jaulas.
Según explicó Guillermo Abdala, director nacional de acuicultura, el gobierno aspira a desarrollar industria y generar recursos: “El 54% de las proteínas acuáticas de consumo proviene de la acuicultura, no de la pesca. Mientras tanto, localmente, el 99,2% de las divisas del sector provienen de la pesca y representan unos u$s1.800 millones al año. Entonces, con el desarrollo acuícola local podríamos aspirar, al menos, generar ingresos por otros u$s1.800 millones”.
Obtención de divisas, el objetivo. Los animales y los efectos del modelo quedan en segundo plano.
Negociaciones en curso
Los embajadores de Argentina y China han tenido ya varias reuniones para el tema de producción intensiva de peces.
Según se informó, un primer encuentro el 28 de julio durante el cual el embajador Zou Xiaoli, dijo que China “está dispuesta a trabajar con Argentina para realizar estudios de recursos en áreas marinas relevantes como una oportunidad para intensificar los contactos y la cooperación entre instituciones de investigación científica acuática de los dos países”.
A la segunda reunión asistieron el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, Guillermo Abdala, el subsecretario de Pesca y Acuicultura Carlos Liberman y el subsecretario de Promoción e Inversiones de la Cancillería, Pablo Sívori. Al salir, el embajador dijo que trabajaban para “ultimar detalles de cooperación e intercambio de información para promover y fomentar el desarrollo de la acuicultura nacional”. Es decir, las negociaciones avanzan.
Expertos y activistas han advertido que los riesgos son varios. Porque la acuicultura puede causar una pérdida de funcionalidad del ecosistema, autopolución, la diseminación de parásitos o enfermedades a las especies silvestres y casos de desastres ambientales.
Según el medio Prensa Obrera, al ser China el país acuicultor más grande del globo, propone una sustentabilidad que ni siquiera aplica en su propio territorio: “China utiliza los mismos métodos de producción que cuestionan las organizaciones y especialistas ambientales. La excusa de que con la acuicultura descomprimen la extracción en los mares se desmiente con que alimentan a los peces de cultivo con harina de pescado, que se fabrica con el remanente de especies de la sobrepesca ilegal y que incluye al propio Mar Argentino”.
El movimiento artístico Voicot, por su parte, sentencia: “países como el nuestro empeñan sus recursos naturales para que los países que todo destruyen sostengan su status”.
Brasil continúa sin aprobar ni rechazar el trigo transgénico en ese país. De eso depende el rumbo que tomará la región sobre es cultivo que es rechazado por quienes cultivan trigo convencional tanto a gran escala como a pequeña. En ese contexto en Argentina, donde ha sido desarrollado el evento, La Plataforma Socioambiental, un grupo de organizaciones, asambleas y colectivos, convocó a expresarse en contra de la autorización del transgénico el martes 17 de agosto. El encuentro será en Plaza de Mayo, a las 12: un “#Panazo” en el que repartirán tortas fritas, panes y otros productos elaborados con trigo agroecológico, libre de cualquier tipo de pesticida.
Argentina se convirtió en septiembre del 2020 en el primer país del mundo en preaprobar el trigo transgénico HB4, en contrasentido de lo que están resolviendo otros países y grupos como la Unión Europea, que a fines de 2013 prohibió su comercialización. A poco menos de un año de aprobado aquí, se estima que hay sembradas alrededor de 25.000 hectáreas en 7 provincias.
El rechazo mundial está fundamentado. Porque el pesticida que lo acompaña, el glufosinato de amonio, diseñado para detener la fotosíntesis de las malezas, es altamente más tóxico que el glifosato. Estudios científicos han probado tanto su capacidad neurotóxica como su capacidad genotóxica.
El problema al que nos enfrentamos se encuentra en la raíz del sistema productivo que buscan imponernos. La creación de un pesticida hiperpoderoso -el glufosinato- y una semilla resistente a condiciones de sequía -el trigo HB4- provienen de una crisis en los cíclos del agua, que de no existir la tala indiscriminada de los bosques, no ocurriría.
La Plataforma Socioambiental busca intervenir en los debates y luchas socioambientales. Ahora, con el trigo transgénico entrando al país, resume: “Resistir su cultivo y lograr que se retire su autorización es un imperativo ético, social y sanitario”. Y en contraposición propone una solución agroecológica que se opone a la mirada empresarial, que intenta frenar la destrucción territorial y cultural que implica la dependencia de semillas transgénicas y superpotencias compradoras.
El #Panazo no ocurrirá sólo en Buenos Aires; movilizaciones del mismo tipo se llevarán a cabo también en Santa Fe, Tandil y Rosario, bajo la misma consigna: ¡con nuestro pan, NO!
La Precumbre de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU fue un evento abierto llevado a cabo en Roma entre el 26 y el 28 de julio del 2021. En él se buscó sentar las bases para el evento mundial que en septiembre reunirá a actores de todo el mundo con el propósito de sentar las bases teóticas que llevarían a los sistemas alimentarios a alinearse con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El evento fue inaugurado por Jeffrey Sachs, economista y profesor estadounidense destacado por sus trabajos en la lucha contra la pobreza. Fueron solo 10 minutos que desataron fervorosos aplausos de los presentes. A continuación, sus palabras:
Hasta el momento hemos estado escuchando cómo funciona el sistema. Y quiero ser enfático en esto: tenemos un sistema alimenticio. Está basado en grandes empresas multinacionales, está basado en el beneficio privado, está basado en una muy baja medida de transferencias hacia los pobres -en ocasiones inexistente-, está basado en la extrema irresponsabilidad de los países más poderosos con el medioambiente y está basado en una negación radical de los derechos de los pobres. Hemos preguntado hoy al Primer ministro de la República Democrática del Congo preguntarse: “¿qué sucede con tu país?”. Estaríamos solo comenzando si recordamos que el Rey de Bélgica creó una colonia de esclavos por 30 años, que el gobierno belga dirigió la colonia de esclavos por otros 40 años, que la CIA asesinó a su primer líder popular -Lumumba- y luego instaló otra dictadura por los próximos 30 años. Ahora Glencore y otros toman su cobalto sin darles ingresos fiscales. No reflexionamos sobre ello, sólo preguntamos: “¿Qué les sucede con tu país? ¿por qué no gobiernas correctamente?”.
Tenemos un sistema, pero necesitamos un sistema diferente. No podemos entregar esto al sector privado. Ya lo hicimos hace unos 100 años. Y no solo es al sector privado, es al sector privado con el ejército de los Estados Unidos detrás. Con la defensa de los derechos de la propiedad privada. En un país como Honduras el United Fruit Company dirigió al país por un largo tiempo, siendo su abogado el ministro del exterior de los Estados Unidos -John Foster Dulles- y su hermano era el jefe de la CIA. Incluso derrocaron al vecino de al lado, Arbenz, para asegurarse de que United Fruit pudiese tener su propiedad.
Entonces tenemos un sistema, pero necesitamos un sistema diferente. Y este sistema diferente debe estar basado en principios de dignidad humana volcados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los principios de soberanía, los principios de derechos económicos.
En 1948 todo el gobierno (estadounidense) dijo que la comida era un derecho, que la protección social era un derecho. No cosas bonitas, no cosas agradables; derechos. Eso fue 73 años atrás. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son otra cosa que el intento de nuestra generación de honrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Vengo de un país al que no solo no le importan los pobres del mundo, sino que ni siquiera le importan sus propios pobres. Uno de cada siete estadounidenses está hambriento ahora, ¡y no les importa! Todo lo que le interesa a cierto partido político es reducir los impuestos a los ricos y obstruir toda solución. Estamos en un mundo que es realmente duro, y el sector privado no va a resolver este problema. Lamento decirles a todos los líderes del sector privado que se comporten, que paguen sus impuestos, y que sigan las reglas. Eso deberían hacer.
Y lo que el gobierno debería hacer, aunque no lo harán, pero deberían, es, en primer lugar, cambiar el G20 a G21, invitando sistemáticamente al presidente de la Unión Africana a ser el vigesimoprimer país. La Unión Europea es miembro del G20, y si añadiesen a la Unión Africana al G21 estarían sumando a 1.4 mil millones de personas para ser representadas en ese crucial evento. Esto cambiaría decisivamente la discusión, ya que 1.4 mil millones de personas no están en la mesa para financiación, y tienen que estarlo. Por ello, mi primera recomendación es el G21. Amo el G20. Sumen un escaño, y representarán a 1.4 mil millones de personas de la Unión Africana.
En segundo lugar, necesitamos un cambio de orden de magnitud en la financiación del desarrollo. Los países ricos acaban de pedir prestados 17 trillones de dólares para el COVID, mientras que los países pobres nada. Esto se debe a que los países ricos pueden pedir préstamos a tasa cero, pero los países pobres deben pagar tasas de interés de 5 o 10%, o ni siquiera tienen acceso a pedir préstamos.
El mundo expuso su grotesca desigualdad en el último año y medio. Los países ricos no dijeron “nosotros nos ajustamos los cinturones, ¿por qué no lo hacen ustedes también?”, mi país gastó siete trillones de dólares de fondos de emergencia, pero ni un solo centavo para los otros. Siete trillones de dólares, y ni siquiera pasó por la imaginación del congreso estadounidense incluir algunas migajas para el resto del mundo. Los países pobres no pueden pedir préstamos. Eso deberíamos haber oído del Banco Mundial, y yo no escuché eso del Banco Mundial. No escuché cifras reales. Las cifras reales están en trillones a día de hoy porque la economía mundial es cien trillones al año. Pero no hablamos de cifras reales. Pero mi trabajo, y todo lo que sé en este mundo, es división larga. Divide por cien trillones y verás si estás hablando de algo real o no.
Entonces, ese es el segundo punto. Necesitamos incrementar masivamente la capacidad de solicitar un préstamo de países pobres con un interés alrededor del 0% como los países ricos hacen. Así podrán lograr las cosas.
Por otro lado, en cuanto a las vacunas contra el COVID, lo que realmente se necesita es que los Estados Unidos se sienten en la mesa con China, con Rusia, con la Unión Europea y el Reino Unido y distribuyan las vacunas en lugar de acumularlas. Eso es todo lo que tomaría.
Vamos a tener caminos nacionales, y ello es una maravillosa idea, pero necesitarán financiación. Sé los números acerca de todo lo que he dicho, por 40 años todo lo que he hecho es sumar lo que falta. Quieres electricidad, debes comprarla. Quieres acceso digital, debes comprarlo. Quieres riegos de agua potable, debes comprarlos. Esto es lo que yo hago para ganarme la vida. Sumar estos números y descubrir que alguien inventa algo y menciona la centésima parte de lo que realmente se necesita. No es ni siquiera difícil. El FMI ha hecho maravillosos estudios en los últimos dos años que muestran que tenemos un déficit financiero de alrededor de 400 a 500 mil millones de dólares por año para los básicos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¡Mostraron el déficit! Pero nadie viene con la solución, que no sería muy difícil porque sencillamente no es un gran número, en 0.5 del 1% de la producción total mundial. Si realmente nos importara no tendríamos al G7 diciendo “amamos la educación, y por ello daremos 3 mil millones de dólares para la educación”. Eso han dicho en la cumbre, pero la UNESCO mostró que se necesitan por lo menos 30 mil millones de dólares por año. ¡Cómo mínimo! Pero nadie mira los números, solo hacen una bonita palomita en la casilla. Necesitamos las verdaderas cifras de financiación para respaldar las vías nacionales.
Lo último es que necesitamos a la ONU como el núcleo y como la institución central de este mundo. La única manera en la que tendremos un mundo civilizado es con una sólida ONU, y no puede ser que todo el presupuesto de la ONU sea menos que el presupuesto de mi vecindario en Nueva York. El presupuesto central de la ONU este año es tres mil millones de dólares, y el presupuesto central de Nueva York es de 100 mil millones de dólares.
Y luego nos preguntamos por qué las cosas no funcionan bien. Las cosas no funcionan bien porque los ricos acumulan todo. En vez de tener a nuestros tres multimillonarios yendo al espacio podrían ir al espacio, quedarse allí y dejar su dinero aquí. Eso sería una idea. Otra idea es que tenemos 2775 multimillonarios en la actualidad, con un patrimonio neto combinado de 13.1 trillones de dólares. De fuentes confiables les puedo garantizar que no se necesitan más de mil millones para estar cómodo, pero tienen un exceso de 11 trillones de dólares sobre esos mil millones. Deberíamos estar gravando eso y teniendo un mundo civilizado.
Los agroquímicos no son inocuos, dañan. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) publicó un estudio que prueba lo nocivos que son en el desarrollo de los niños. Informe crucial porque Argentina es un país agroexportador que en 20 años (desde 1991 hasta 2011) ha aumentado un 1.279% su uso de químicos, según datos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Tan solo en el año 2018 se utilizaron 525 millones de kg/l de herbicidas en nuestros suelos, en información de la ONG Naturaleza de Derechos.
La falta de estadísticas oficiales acerca de efectos de agrotóxicos en niños hace que la investigación de la SAP sea un hito sin precedentes, algo que marca un antes y un después en la pediatría. Según los autores, “si bien hay múltiples publicaciones que dan cuenta de diversos efectos perjudiciales de los agroquímicos sobre la salud, no disponemos en el ámbito pediátrico nacional de un documento que resuma los hallazgos sobre los efectos de los agrotóxicos en la población infantil ni aborde esta problemática de modo integral”.
En su informe, la SAP advierte que la salud infantil está en riesgo porque los agrotóxicos son capaces de generar efectos tales como déficit de atención, autismo e hiperactividad, llegando incluso hasta enfermedades neurodegenerativas, cáncer hematológico y tumores sólidos. Alarmantes casos sobre los que poco se ha dicho, explica el doctor Pablo Cafiero, Pediatra del Desarrollo y Jefe de Clínica del Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Hospital Garrahan, quien trabajó en la realización del octavo capítulo del estudio. “Dentro de los agentes más relevantes por sus efectos en la salud humana se encuentran los agrotóxicos. Estos efectos han sido pobremente definidos y subestimados, y en general, no se incluyen en los programas de enseñanza formación de grado y post grado.”
La investigación recorre a lo largo de 12 capítulos un exhaustivo análisis de la incidencia de tóxicos en los niños pero también en la tierra, aplicando una lectura sistémica y multidisciplinaria porque participan ingenieros, médicos y científicos.
A fines del 2018, la Relatora Especial de ONU sobre el Derecho a la Alimentación reveló que el glifosato “se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías”, proponiendo a la agroecología como una solución exitosa y viable. Pero dejar de usar agroquímicos parece ser un tema tabú, algo inpensable, mientras en otros países como Francia o México han implementado proyectos con el objetivo de reducir a cero el uso de tóxicos para el año 2035.
Medrardo Ávila Vázquez, médico pediatra, neonatólogo y docente, explica en el séptimo capítulo del informe de SAP que los pueblos cercanos a donde se usan agrotóxicos están expuestos a un riesgo preocupante. Porque los pesticidas, ya examinados por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, son en su mayoría cancerígenos con distintos niveles de evidencia.
En Argentina el químico más utilizado es el glifosato, acerca del cual dice Ávila Vázquez: “Los estudios de genotoxicidad del glifosato enfatizan la ocurrencia de daño en las cadenas de ADN. Cuando el daño no puede repararse, cuando es irreparable, esas células no son eliminadas. Pueden aparecer y persistir mutaciones celulares que dan origen a un linaje autónomo de células sin control, conformando el comienzo de la biología manifiesta del cáncer”.
El asma es uno de los efectos más recurrentes de los químicos en cuestión. “La exposición a tóxicos ambientales puede explicar la tendencia en ascenso de las tasas globales de asma puesto que la investigación epidemiológica ha correlacionado la exposición a sustancias químicas ambientales como pesticidas y otros con tasas crecientes de asma. Y pruebas experimentales han documentado a algunos químicos como agentes causales capaces de producir desequilibrios inmunológicos característicos del asma” explica.
Dentro del informe, en el séptimo capítulo, se expone el caso de Monte Maíz, una ciudad del sureste de la provincia de Córdoba. Allí, en 2014 miembros de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC realizaron un estudio a solicitud del intendente de la localidad. Utilizaron la misma metodología que el Estudio Internacional sobre Asma y Enfermedades Alérgicas en Niños (ISAAC), y encontraron datos preocupantes: más de la mitad de los niños de 13 y 14 años de Monte Maíz debe usar bronco dilatadores inhalados. Es decir, alto riesgo de padecer asma por el simple hecho de vivir en ese lugar.
María Gracia Caletti, pediatra nefróloga y consultora del Hospital Garrahan, considera que el nuevo estudio de la SAP, titulado “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”, nació para cubrir una desatendida deuda del Estado argentino con sus ciudadanos: falta de leyes, incumplimiento de las existentes, ausencia de personal de salud capacitado en el tema, falta de concientización de la población y ausencia de registros médicos y estadísticas, entre otros factores. La actividad agropecuaria, dice la doctora Caletti, “está implementada según criterios principalmente económicos, y encuentra al país con una serie de deficiencias que impiden el control del uso de los agrotóxicos y así la protección de la salud de la población”.
Detalles de primera mano
Ignacio Bocles, médico y docente de la Cátedra de Embriología de la Facultad de Medicina de la UBA, se encargó del noveno capítulo del informe junto con el doctor Damián Markov. Estudiaron los efectos de los agrotóxicos en el desarrollo embrionario y en el sistema nervioso infantil. En diálogo con bocado, Bocles asegura que existe poca información para pediatras en cuanto a los daños que los pesticidas generan en el desarrollo embrionario debido a una óptica del trabajo: la medicina hospitalocéntrica, centrada en diagnóstico y tratamiento, olvida las causas.
“Frecuentemente pensar solo en el diagnóstico y el tratamiento te hace miope a una problemática mucho más rica”, dice y explica que por eso el estudio no solo aborda la cuestión médica, también otros espectros de un asunto complejo.
Bocles afirma que hay mucho que aún no se sabe, y que el escenario es altamente arduo. La carga de contaminación es en sí muy compleja, dice, ya que en el aire conviven interacciones de muchos químicos distintos, y cada combinación en cada cuerpo genera efectos distintos. Al preguntarle por qué esto afecta particularmente a los niños, el docente de embriología explica: “En un niño hay muchas más chances de generar un daño crónico con el que cargará con él por el resto de su vida”. Ello porque en los primeros años de vida, mientras se configuran importantes herramientas del desarrollo del menor, el niño presenta una vulnerabilidad particular. Y así “los elementos que están en el ambiente configuran las posibilidades de desarrollo en múltiples variables. Eso aumenta la probabilidad de aparición de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, la generación de alteraciones en la motricidad, o la afección de reguladores hormonales en el eje sexual o tiroideo, por ejemplo”.
Para elaborar la sección de embriología que compone al capítulo el estudio se nutrió de modelos animales, así como de estudios hechos en humanos. “Utilizamos muchos modelos animales ya que la forma de entender estas anomalías congénitas o estos problemas del desarrollo es a través de un modelo muy controlado”, explica Bocles porque ante la inserción de un agroquímico en el espacio de los animales los efectos son más fáciles de evaluar.
A un año y medio del primer caso de COVID 19 se han difundido numerosas estadísticas oficiales al respecto. Sin embargo, no hay estadísticas oficiales acerca de los efectos de los agroquímicos desde hace más de 20 de años. Consultado sobre esa falta de información, Bocles asegura que la existencia -o ausencia- de estadísticas tiene razones claras: “Si hay algo que la pandemia demuestra es que cuando la decisión de registrar activa y dinámicamente está, se ejecuta fácilmente. La falta de información es una decisión política”. Atender a los efectos de agrotóxicos resulta urgente porque no es un tema de pocos, concluye el experto. “Todos nosotros, población urbana y rural, estamos afectados por estos mismos químicos que llegan a nuestros organismos, y no tenemos ningún poder de decisión al respecto. No sabemos cuáles son los alimentos que más tóxicos tienen, y está fuera de la discusión institucional que decidamos si se produce así o no en nuestro territorio”.
Tierra del Fuego es una provincia que en las últimas horas convirtió a la Argentina en el primer país del planeta en frenar la salmonicultura. Esta ley en favor del medio ambiente representa la finalización de un largo proceso que comenzó en 2018.
La salmonicultura moderna es una actividad que se basa desde hace más de 50 años en encerrar a los salmones en jaulas flotantes en el mar, donde se los mantiene a base de alimento peletizado y antibióticos por el resto de sus vidas. Este proceso implica un alto riesgo para el medio ambiente, ya que el enriquecimiento excesivo de un ecosistema o los casos de escape de las especies de las jaulas al mar abierto, causan no solo la depredación de otras especies sino también la trasmisión de bacterias que se encontraban concentradas en la jaula, diseminando enfermedades.
La ley recientemente aprobada prohíbe tanto el cultivo como la producción de salmónidos en aguas fueguinas, a modo de poder “asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos”. Sin embargo, también se contemplarán actividades de cultivo para repoblar, y se reconocerán los proyectos existentes de acuicultura, por lo que no representa una prohibición total.
El caso de Chile ha servido a Tierra del Fuego como un modelo de lo que no debe ocurrir. Chile es el segundo productor mundial de salmón a nivel global. Tan solo hacia el año 2005 exportaba 614 toneladas de salmón anualmente, un 38% de la producción global. Para ello, esta industria que crece a pasos agigantados ha ido refinando sus técnicas de explotación. Para mantener sus números estratosféricos, en 2014, la industria chilena usó 567 toneladas de antibióticos, un número sin precedentes.
Además de esto, en Chile ocurrieron escándalos en los últimos años que generaron revuelo a nivel mundial. El más influyente para que en Tierra del Fuego pasara la legislación contra la salmonicultura fue el ocurrido hace pocos meses, en el que casi 6000 toneladas de peces murieron debido al crecimiento de una marea de algas nocivas generadas por la propia industria. Si bien en 2016 el florecimiento de algas se había llevado la vida de aproximadamente 40.000 toneladas, que al ecosistema se le sigan añadiendo cantidades descomunales de materia orgánica y no se tomen las medidas necesarias es alarmante.
Sin embargo, personas como Daniel Schteingart, director del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), se opusieron al cambio. Schteingart dijo al medio Futurock que no estaba bien festejar la prohibición de actividades productivas, explicando que “Si solo se pone el problema ambiental creo que estamos mirando el problema de forma incompleta”.
El paso que la provincia argentina de Tierra del Fuego dio es sin duda pionero en el área, y se espera que se acoplen otros territorios para seguir protegiendo el ambiente.
