La industria desnuda
por Gino Viglianco
Foto: Miguel Tovar
Publicado el 8 diciembre 2021
Hace unos meses en Bocado publicamos un informe agrupando las 10 estrategias del lobby contra las políticas públicas en América Latina. En noviembre The Global Health Advocacy Incubator nutrió esa información extendiéndola a otros países como Vietnam, Sudáfrica e India. El resultado es inapelable: las mismas marcas, las mismas estrategias y un único objetivo: que sigamos comiendo y bebiendo lo que ellos ofrecen por comida.
La historia es una y otra vez la misma, el mito de un eterno retorno donde un puñado de dioses todo poderosos buscan devolver a sus súbditos humanos al mismo lugar: el de la ignorancia del consumo basado en la fe. Los artilugios que emplean pueden ser encantadores y fantásticos. Inesperados y recibidos con la hospitalidad que solo tienen los creyentes.
No importa el país, Coca Cola, Nestle, Kellogg´s, Postobon, Mondelēz y PepsiCo -estos dioses contemporáneos- son siempre los mismos y lo que hacen para evitar quedar en evidencia, decíamos, es igual.
En Vietnam, la industria donó comida chatarra a los médicos que luchaban contra la pandemia por Covid 19. En India, las compañías de ultraprocesados encontraron nuevas y originales narrativas para inculpar a los consumidores por el aumento de consumo de chatarra. En Israel, las empresas rediseñan logos de sus marcas para camuflar las etiquetas frontales de advertencia.
Así lo revela una investigación de The Global Health Advocacy Incubator (GHAI) publicada en noviembre de este año que pone al desnudo cómo opera la industria para frenar las nuevas disposiciones, para impedir cualquier resguardo de los derechos y la salud de los consumidores.
Realizado en Argentina, Barbados, Brasil, el Caribe, Chile, Colombia, India, Israel, Jamaica, México, Perú, Sudáfrica, Uruguay, y Vietnam y naciones del Caribe, el informe contiene un análisis exhaustivo de manipulaciones mediáticas, campañas de difamación, marketing y artilugios increíbles de bufetes de abogados que muchas veces consigue lo que se proponen: ganar tiempo demorando leyes.
Las maniobras más usuales son estas:
- El “lavado corporativo” para proteger la reputación y las marcas de la industria.
- La influencia en órganos multilaterales para retrasar la implementación de políticas y amenazar a los países con que las regulaciones generarán desastres económicos y violarán leyes.
- La culpabilización sistemática a los individuos por sus comportamientos y así desviar la atención de su responsabilidad corporativa en daños a la salud humana.
- Dar a entender que sus productos contribuyen a la salud, el medio ambiente y la sociedad mientras bloquean el desarrollo e implementación de políticas alimentarias saludables.
- Aprovechar lagunas legales, es decir ámbitos sin regulación.
Abundan los ejemplos perturbadores. En Barbados, The Pine Hill Company, una empresa norteamericana que garantiza la rentabilidad de firmas alimenticias, organizó un concurso nacional de arte para estudiantes centrado en los beneficios del agua. Sin embargo, los premios que daba la empresa incluían cajas de sus jugos ultraprocesados que dañan la salud y el ambiente.
En Estados Unidos, la marca de cereales Kellogg’s aprovechó una movilización LGBTQ + para promover un cereal ultra procesado en el marco de la campaña “Together with Pride”, colgándose de movimientos sociales para impulsar sus ventas.
En Vietnam las industrias de alimentos nocivos hicieron donación de comida chatarra y bebidas azucaradas a trabajadores de la salud que combatían en la primera línea de los hospitales la pandemia de Covid-19.
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El adversario roto
Los ataques contra la sociedad civil, científicos y políticos comprometidos con políticas públicas como el etiquetado son sistemáticos.
En México, la industria los tildó de “enemigos del desarrollo económico”. En países como Argentina y Chile presionó con amenazas de que una ley como el etiquetado frontal de alimentos llevaría a una caída del consumo y una posterior pérdida de empleos. Los legisladores que los impulsaban eran expuestos como irresponsables y despreocupados. “Nos siguieron, nos pusieron gente que nos insultaba, nos ridiculizan. Contra mí se escribieron 30 columnas en medios: dijeron que era un loco, un antisistema, un comunista”, contó a Bocado el ex diputado Jaime Delgado, autor de la ley de Alimentación Saludable en Perú.
Hasta la violencia física y el espionaje ha llegado la industria. Ocurrió en Colombia: Medios de comunicación, redes sociales y hasta patotas rentadas son algunos de los métodos de ataque en el operativo para debilitar a la sociedad civil. Esperanza Cerón, directora de la ong colombiana Educar Consumidores, fue abordada por dos motociclistas que la amenazaron de muerte.
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La responsabilidad individual
Para evitar las regulaciones, la industria promueve el control de las porciones mediante la moderación individual y la actividad física. Sin embargo, al mismo tiempo busca evitar políticas en pro de entornos saludables, como la prohibición de ultraprocesados en colegios en Perú. Y en India, mientras los defensores trabajan para implementar políticas que protejan la población, las empresas culpan al consumidor por su supuesta preferencia de alimentos altos en grasa, azúcar y sodio.
Es un ataque a la libertad, gritan. Ejemplo claro es lo que hicieron algunos periodistas en México, defendiendo la idea de que la obesidad se debe a la dieta tradicional del país y a la falta de actividad física y no a lo que indica la evidencia científica: el aumento de consumo de ultraprocesados.
Con esta estrategia las empresas también ganan puestos en organismos del Estado. Coca-Cola se alió con el departamento de Salud de México al manifestar su compromiso con la lucha contra la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Los representantes de la empresa argumentaron que el consumo de azúcar está bien con moderación y que respetan las decisiones de los padres sobre la dieta de sus hijos.
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Dar la batalla
Hay tres pilares escenciales para romper con la hegemonía de la industria: información, creatividad y compromiso. Porque cuando se conocen los beneficios del etiquetado, los argumentos de las empresas se derrumban como un castillo de cartas. Eso ocurrió en la Argentina, en Chile, en México, en Perú y en Colombia. Sin embargo, llegar a las grandes mayorías de la población requiere de fortaleza y astucia debido a que los grandes medios de comunicación son comprados por la industria de los ultraprocesados mediante la publicidad.
Entre las estrategias más efectivas está crear vías de comunicación efectivas para concientizar acerca de las políticas públicas como el etiquetado frontal y conseguir adelantarse a las respuestas que dará la industria. Además es indispensable mostrar que las marcas actúan como un colectivo articulado y preciso: en el supermercado compiten pero al momento de destruir políticas públicas se alian como una gran familia de la mafia.
“Cambiar el sistema alimentario agroindustrial es sin duda un reto enorme, pero imprescindible para las generaciones presentes y futuras. Las grandes compañías intentan asustar a los gobiernos y a la sociedad civil con su poder económico pero los defensores todavía pueden encontrar formas innovadoras de exponer la falta de ética de la industria y apoyar a los gobiernos que promueven políticas alimentarias saludables”, concluye el informe de GHIA.
Las políticas públicas sirven.
No solo no hay una prueba en contra de las políticas públicas implementadas hasta el momento para desalentar el consumo de nutrientes críticos a la población sino que ya se puede hacer un ranking de cuáles resultan las más efectivas. La regulación de marketing y el etiquetado frontal de impuesto por primera vez en Chile, en 2016; el programa de alimentación escolar de Brasil; y los impuestos a las bebidas azucaradas (SSB) de Sudáfrica y México, que buscan estimular a las empresas a producir más saludable y a los consumidores a dejar de consumir bebidas con exceso de calorías. También la experiencia de Ecuador, uno de los pocos países de América Latina que cuentan con impuestos a bebidas azucaradas y que aumenta la carga de acuerdo al porcentaje de azúcar (18 centavos de dólar por cada 100 gr de azúcar).
En México el impuesto a las bebidas azucaradas generó aumentos en la compra de agua. En Sudáfrica el impuesto derrumbó el consumo de bebidas azucaradas a la mitad y logró una reducción del 51% en el consumo de azúcar, una reducción del 52% en las calorías y una reducción del 29% en el volumen de bebidas gravadas compradas por persona por día documentaron investigadores de las universidades de Witwatersrand, Western Cape,Carolina del Norte-Chapel Hill y la London School of Economics al analizar el impacto del impuesto un año después de su implementación.
Los dioses aun se muestran fuertes pero la evidencia los apunta con un reflector que tiene, para quien quiera verlos, el poder de mostrarlos desnudos y tambaleando.
