Esta columna hace parte de una serie de video-podcast publicados en sumerce.news, un medio digital colombiano sobre temas ambientales y campesinos nacido desde una comunidad digital que se auto-identifica como “agro-descendientes”. La comunidad se formó en alrededor de la película Sumercé -de la cual el medio toma su nombre-, un documental acerca de la resistencia campesina en defensa de los páramos.
Hoy sumerce.news y Bocado mostramos las contradicciones de una reforma tributaria que pretende cobrarle a los campesinos colombianos las consecuencias de sus políticas alimenticias.
Por: Victoria Solano/Bocado
Nos han dicho que en Colombia habrá nuevos impuestos en medio de la pandemia, y eso de por sí ya suena mal. Pero también nos han dicho que hay unos nuevos impuestos “verdes” o “ambientales”, y eso suena bien. Incluso nos han dicho que habrá un nuevo impuesto por contaminar el suelo: un cobro del 8% a los plaguicidas no orgánicos. Sin embargo, ese impuesto esconde una jugada mortal a la siempre frágil economía campesina de Colombia.
En el año 1998, un grupo de investigadores encontró que en la Cuenca del río Magdalena Medio había 16 kilos de ingredientes activos de plaguicidas por cada hectárea. Un número escandaloso cuando, en ese mismo momento, en zonas consideradas de alta demanda de plaguicidas en Estados Unidos el índice era de seis kilogramos por hectárea. Casi tres veces menor al de Colombia.
El estudio realizado hace 23 años hizo evidente que Colombia ha llegado a tener uno de los más altos índices de uso de plaguicidas en el mundo. Pero los campesinos no llegaron por sí solos a este triste récord: los químicos fueron promocionados e importados directamente por el gobierno colombiano y distribuidos de cultivo en cultivo por sus propios funcionarios.
¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo pasamos de ser un país productor de alimentos sin químicos a ser una agricultura dependiente de los agrotóxicos?
Todo empezó en los años setenta, cuando el mundo sucumbía ante la promesa estadounidense de revolucionar el agro, hacer fortuna y acabar con el hambre mundial en una sola jugada. Funcionarios estatales y empresarios gringos iban de país en país ofreciendo un paquete de maquinaria pesada, semillas modificadas y un arsenal de agrotóxicos que comercializaban bajo el concepto de “Revolución verde”. Prometían duplicar la producción, lo que no decían tan claramente es que eso implicaba genera cultivos dependientes de insumos químicos cotizados en dólares, esos que el mismo Estados Unidos producía.
El Estado colombiano aceptó con docilidad la receta estadounidense y construyó un sistema de créditos, subsidios, asesoría técnica y certificación amarrado a esos paquetes tecnológicos. Tal fue la simbiosis y el matrimonio entre las políticas agroindustriales de Estados Unidos y Colombia que la Fundación Rockefeller (sí, el millonario magnate petrolero dueño de la Standard Oil) fue responsable de la creación del Instituto Agropecuario ICA. Es decir, la entidad encargada de la producción e investigación agropecuaria colombiana hasta el día de hoy nació bajo las órdenes y la filosofía empresarial de la familia Rockefeller.
Ahora el impuesto por contaminar el suelo que anuncia el gobierno del presidente Iván Duque suena prometedor, pero en el fondo solo persigue un objetivo concreto: recibir dinero del bolsillo de los campesinos. Algo que implica volver aún más imposible la producción agraria.
El impuesto aterriza en un país donde no existe una política agraria alternativa, agroecológica. Un país en el que no existe un programa serio de resguardo y producción de semillas limpias. Un país donde si un campesino quiere cultivar de forma agroecológica, no encontrará ningún banco que le otorgue un crédito ni funcionario que le de asistencia técnica. Por eso apenas el 1% del territorio nacional está destinado a la agricultura orgánica a pesar de la creciente tendencia de los países europeos de importar únicamente productos libres de agrotóxicos. Por eso aquí la mayoría de los cultivos orgánicos existentes son proyectos autogestivos e independientes con dificultades de financiación.
El porcentaje de pago de plaguicidas en el costo de producción del cultivo es del 31% para la papa, entre el 25% y el 35% para el arroz y un 24% en algodón, cítricos, plátano y maíz. Es decir, casi una tercera parte del costo de un producto corresponde a pagar plaguicidas. De aprobarse el nuevo impuesto, se cargará directamente a los bolsillos de los productores campesinos, quienes desde hace años realizan malabares para encontrar el equilibrio entre lo que invierten y lo que ganan en cada cosecha. Aumentarán los costos de producción, será aún más difícil competir con lo importado, que también es producido con plaguicidas pero llega libre de aranceles e impuestos porque así lo permite el gobierno colombiano.
Pero en el nuevo posible impuesto no hay sólo afán de recaudar, también contradicciones. Es paradójico que el mismo gobierno que ahora dice estar preocupado por el veneno en nuestros suelos haya expresado desde hace años la necesidad de retomar las aspersiones aéreas de glifosato para eliminar los cultivos ilícitos.
Sí glifosato, el peligroso herbicida promocionado en la Revolución verde pero concebido como arma de guerra. El derivado del Agente Naranja que Estados Unidos lanzaba en Vietnam y 50 años después sigue pudriendo el suelo de ese país. Glifosato, la sustancia que también se ha demostrado afecta de manera grave la salud humana. Ese producto al que solo sobreviven semillas transgénicas diseñadas para hacerlo. Eso, glifosato, es lo que el gobierno colombiano lanza desde avionetas de manera indiscriminada sobre cultivos ilícitos pero también sobre cultivos de comida, animales, personas, escuelas, casas.
¿Será verdad que el gobierno de Iván Duque está interesado en el Medio Ambiente? ¿Será verdad que al mismo gobierno del fracking le preocupa la salud de nuestros suelos? ¿Podemos confiar en que este impuesto no afectará sobre todo a la economía campesina que compite de manera desigual con las importaciones? ¿Por qué el presidente Duque busca recursos en el bolsillo de los campesinos en lugar de perseguir la fuga de capitales a paraísos fiscales? ¿Por qué los grandes acaparadores de tierras no pagan impuestos al patrimonio y a diario se expropian las tierras de los pequeños productores? ¿Por qué las grandes multinacionales mineras tienen exenciones millonarias de impuestos mientras el 89% de la población rural está en condición de pobreza?
El gobierno colombiano y el Congreso debatirán la Reforma Tributaria. Algunas de estas preguntas quizás tengan respuesta.
Amanecerá y veremos.
