Por: Redacción Bocado
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es acusado de ecocidio por sus devastadoras acciones en el Amazonas, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) emitió las claves para proteger el suelo que aún queda sin deforestar en un reporte.
Sí, es mucho para digerir pero podemos ir por partes.
Bolsonaro, presidente de Brasil desde 2019, ha tenido un mandato marcado por la deforestación del Amazonas. Solo entre enero y agosto de ese año se arrasó con el equivalente a 60 campos de fútbol por hora. Ello porque el mercado demanda productos como soja, minerales o carne, para los cuales se utilizan estrategias como criados en territorios no permitidos, minería ilegal, y apropiación de tierras.
Brasil cuenta con políticas que tienden a controlar y reducir la deforestación, una forma de prevenir que desaparezca lo que de bosque amazónico queda. Sin embargo, poco parecen importarle estos objetivos a Bolsonaro: según la Política Nacional por el Cambio Climático, la tasa de deforestación debería haberse reducido a 3.925km2 para 2020. Lejos de esto, entre agosto de 2019 y julio de 2020 se llegó al pico de 10.129km2 de selva deforestados.
No es solo desde el gobierno de Bolsonaro que se descuida al Amazonas. Si bien el actual presidente brasileño ha hecho de la explotación del territorio un patrón estratégico recurrente, su predecesor Michel Temer tuvo una política similar. Tanto que resultó envuelto en causas de corrupción ligadas a la deforestación.
La toma de tierras deforestando y luego introduciendo ganado es una práctica común en la Amazonía brasileña por las empresas privadas y un decreto lleno de lagunas es lo que ha permitido que tenga amparo legal. Conocido como “el decreto para los acaparadores de la tierra”, la ley MP759 extendió la cantidad de hectáreas que se pueden reclamar como propias al Estado desde 1.500 a 2.500, y ofreció lo que en la práctica es amnistía para quienes cometieron este delito en tierras públicas entre 2004 y 2011.
Especialistas del mundo de la protección al medio ambiente han elevado su voz contra estos actos y en particular han denunciado la responsabilidad de Jair Bolsonaro en la deforestación. William Bourdon, abogado especializado en crímenes de lesa humanidad, y los caciques Raoni Metuktire y Almir Suruí, solicitaron que se investigara al presidente brasileño en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. “Considerando la devastación del Amazonas, estamos corriendo contra el reloj” explicó Bourdon. Acuden a instancias internacionales de justicia porque en Brasil es altamente dificultoso enjuiciar a Bolsonaro, junto con el riesgo que implica.
Otra voz crítica del gobierno brasileño ha sido el ambientalista Carlos Rittl: “El gran logro de Bolsonaro en términos de medioambiente ha sido la trágica destrucción de bosques que convirtió a Brasil en quizás uno de los mayores enemigos del medio ambiente global y en un paria internacional también”, dijo.
El peor enemigo del Amazonas (como lo describe Rittl) debe, de todos modos, mostrar una imagen de la selva que engañe al mundo, que conserve su flora y fauna. Como ejemplo, el recorrido turístico de tres días por el Amazonas que el vicepresidente Hamilton Mourão hizo con embajadores mostrándoles sólo las zonas más protegidas como la ciudad de Manaos y la región selvática del norte. Un evento criticado por ambientalistas.
Marcio Astrini, director ejecutivo de la coalición civil brasileña Observatorio del Clima, explicó: “El gobierno preparó un itinerario que no muestra la realidad de la Amazonía: el abandono de los pueblos indígenas, la apropiación de tierras, la minería ilegal y la deforestación incontrolada. Es una farsa.”
Greenpeace Brasil, también preocupado por la estrategia del presidente, publicó una carta en la cual ofrece un recorrido paralelo que mostraría efectivamente la desgarradora realidad amazónica. “Esto no es más que propaganda mediática que no representa la realidad” dijo Cristiane Mazzetti, activista por el Amazonas en Greenpeace.
Mientras el gobierno permite deforestación, el Amazonas está en riesgo. Se quema. Arde tanto que se está comenzando a considerar uno de los escenarios más penosos: el cambio de una selva cerrada a una sabana abierta con muchos menos árboles. Basados en experiencias anteriores, especialistas han concentrado esta teoría en un documento científico.
Brasil no muestra preocupación. Por el contrario, el gobierno federal redujo el presupuesto para la aplicación de la ley en un 27,4% este año.
Pero hay esperanzas, dice la Organización de Naciones Unidas (ONU). Y marca que “la clave para mitigar el cambio climático y conservar la biodiversidad” está en los pueblos originarios.
Con tradiciones milenarias, ellos han demostrado a lo largo del tiempo un concepto de la Tierra muy distinto al modelo capitalista. “Los bosques no son vistos como un lugar donde sacas recursos para aumentar tu dinero, son vistos como un espacio donde vivimos y eso se nos da para proteger a las próximas generaciones”, dijo Myrna Cunningham, la presidenta del Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe (Filac), uno de los organismos que cooperó con la FAO en el documento.
Las grandes empresas ven al suelo como un capital capaz de generar ganancia a toda costa mientras que los pueblos originarios lo ven como una entidad que los sostuvo desde el comienzo de sus días, alguien a quien deben respeto y rinden culto.
Más del 80% de la superficie que los indígenas ocupan en la Cuenca Amazónica está cubierta de bosques y esos territorios tienen más especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios que todas las áreas protegidas del país fuera de ellos, indica el reporte de la FAO titulado “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques – Una oportunidad para la acción climática en Latinoamérica y el Caribe”, basado en la revisión y análisis de cerca de 300 estudios. Hablamos de un territorio comparable al tamaño de Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Noruega y España juntas, porque el 60% de los 404 millones de hectáreas que los indígenas ocupan en América Latina está en la Cuenca Amazónica.
Otro dato sorprendente de la conservación que los pueblos originarios hacen del territorio son las emisiones de carbono. Entre 2003 y 2016, la vegetación amazónica capturó alrededor del 90% de las emisiones de carbono debido a la deforestación en zonas próximas haciendo que, en otras palabras, no se produzca casi ninguna emisión neta de carbono en sus territorios.
A pesar de esta información, existe en algunos casos una limitación de esfuerzos de los gobiernos en apoyo de los derechos colectivos a la tierra, o una reducción de la financiación de servicios ambientales para apoyar la generación y protección de bosques.
Entre el 2000 y el 2012, en las tierras indígenas a las que se les otorgaron títulos legales, las tasas de deforestación fueron de entre un medio y un tercio de lo que fueron en otros bosques con características ecológicas similares.
Los pueblos originarios cumplen un rol muy valioso al proteger a la tierra como lo hacen y costaría menos de 45 dólares por hectárea el trazado de un mapa y las gestiones que restan para otorgarles los títulos de propiedad que les corresponderían. En los lugares donde se les reconocieron sus derechos se obtuvieron resultados favorables a la biodiversidad y la conservación,
El reporte de la FAO plantea la necesidad de avanzar en cinco categorías determinadas para poder preservar la biodiversidad:
1. Fortalecer los derechos territoriales colectivos.
2. Compensar a las comunidades indígenas por sus servicios ambientales.
3. Facilitar la gestión comunitaria.
4. Revitalizar culturas y conocimientos tradicionales.
5. Fortalecer la gobernanza territorial y las organizaciones indígenas.
Los pueblos originarios poseen un conocimiento ancestral invaluable, el de vivir en armonía con la naturaleza. Sin embargo, durante los últimos años Brasil ha demostrad vivir en fuego contra la naturaleza.
