Una infancia comercializada

Por: Redacción Bocado

El 23 de febrero la asociación civil mexicana El Poder del Consumidor llevó a cabo vía remota una conferencia enfocada en la voraz publicidad que apunta su mira a los niños. Alejandro Calvillo, su director, se encargó de introducir y moderar el evento (disponible en YouTube). En cuanto a oradores, el encuentro contó con la presencia de dos figuras de directa conexión con el tema: la doctora Susan Linn, experta de porte mundial en el impacto de la publicidad en niños y docente en Harvard, y con el psicólogo Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

México se encuentra hace décadas en una situación crítica. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) arrojó en 2016 datos escalofriantes: el 33,2% de los niños entre 6 y 11 años presentan sobrepeso y obesidad. En el caso de los adolescentes de entre 12 y 19 años el 36,3% es poseedor de este problema. Según informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en septiembre de 2019, este país ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo obesidad adulta. Si bien el dato resulta alarmante, al saber que cerca del 40% de las calorías ingeridas al día por quienes están en edad preescolar son obtenidas de productos ultraprocesados, no puede resultarnos sorprendente. 

“Los niños son altamente vulnerables y las empresas aprovechan esta vulnerabilidad para manipularlos”, dijo Calvillo al momento de comenzar la conferencia. La niñez es tal vez la etapa de mayor riesgo de influencia en la vida de un ser humano. Nuevos en el mundo, todo estímulo del exterior resulta ser una nueva manera de percibir y comprender. En este período, en el que el niño presenta la capacidad de ser moldeable al gusto del publicista, el objetivo del marketing no parece ser otro que el de influir en su toma de decisiones para favorecerse a sí mismos. En términos sencillos, aprovechan la debilidad para llenar sus bolsillos.

Eso que les venden, según Alejandro Calvillo, “No son alimentos. Son comestibles y bebibles”. Es en perjuicio de su salud que las grandes compañías, para venderles ultraprocesados rebosantes de azúcar agregada, utilizan personajes ficticios con los que crean un vínculo, colores atractivos que se hacen imposibles de evadir en la góndola y canciones pegadizas que los niños, años después, seguirán teniendo en su memoria.

Una de las técnicas más prósperas de la mercadotecnia dirigida a los niños ha sido la elaboración de personajes ficticios a los que se les adjudica un nombre fácil de recordar y una personalidad. Estos personajes se vuelven la característicos del producto, como la mascota de los equipos de beisbol. Sin embargo, va más allá de lo esperado. Los niños forman un vínculo afectivo con estos personajes que los vuelve, en cierto modo, dependientes de que esa figura esté presente en momentos como su desayuno previo a la escuela. Chester Cheetos, el Tigre Toño, el Osito Bimbo o Pancho Pantera son ejemplos de cómo el marketing ha logrado introducirse en los cerebros de los niños, generando personajes que se vuelven inolvidables para ellos.

México ha debido accionar ante esta atroz realidad. Mediante la Norma Oficial Mexicana 051 de la Ley General de Salud, los productos preenvasados que ostentan uno o más sellos negros octagonales no pueden incluir en la etiqueta ni personajes infantiles, ni animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas. De esta manera, el gobierno de López Obrador (presidente de México) pone una traba a la feroz publicidad que apunta a los niños.

Muchas veces se entiende a la mercadotecnia como la oferta estratégica de un producto que tiene como fin venderlo a terceros. Sin embargo, no es este su único resultado. “El marketing no solo vende productos, también les vende a los niños comportamientos y valores” dijo Susan Linn durante su exposición. Además de obtener el apego de los niños al producto, la publicidad condiciona su manera de ser y su manera de entender.

Hoy en día la hiper conectividad provoca la posibilidad de generar perfiles específicos de cada individuo. Esto implica que la publicidad dirigida a cada persona será personalizada desde sus gustos, lo que permitirá una mayor precisión a la hora de ofrecer ciertos productos. La edad tampoco supone una restricción para los publicistas. “El marketing empieza en los bebés” explicó Linn.

Las campañas de marketing actualmente están divididas en distintos programas de acuerdo a las edades a las que apuntan, para poder “comenzar a entretejer la vida de los niños a la marca”.

¿Qué ocurre con la creatividad de los niños al encontrarse siempre con personajes ya armados? Susan hace referencia al tema con una analogía sencilla que consiste de tres partes. Al principio muestra al niño una marioneta conformada por una media y dos botones. Luego, muestra una marioneta en forma de caballo, y al final presenta a un muñeco icónico en los Estados Unidos, el monstruo de las galletas. El resultado arroja que los niños estimulan su creatividad de maneras sorprendentes al jugar con la media en forma de marioneta, inventándole distintos nombres y personalidades, mientras que, al tratarse del monstruo de las galletas, nada pueden crear. Todo lo referente al monstruo de las galletas ha sido creado por publicistas. Lo que se desprende de esta metáfora es que los personajes ficticios en cuestión no solo perjudican la salud de los niños, sino que provocan una clara erosión de su creatividad.

Por otra parte, existen consecuencias indirectas causadas por las lamentablemente efectivas estrategias de promoción que utilizan las grandes compañías de ultraprocesados. Una de ellas es el daño al medio ambiente debido a que usualmente es plástico el material de empaque de estos productos.

Dada la evidente efectividad del uso de personajes a la hora de publicitar un producto, parecería plausible aplicar el mismo sistema con alimentos saludables que aporten a la dieta del niño. Sin embargo, Susan Linn desaprueba la conducta en todos sus aspectos. El foco, según Susan, debe estar puesto en que los individuos elijan la comida que consumen en base a sus valores nutritivos, y no porque un personaje o una celebridad lo recomiendan. La construcción de buenos hábitos es la prioridad, y las estrategias nocivas de marketing no deben intervenir en ello. Para Susan el marketing debería estar regulado, ya que, a través de la publicidad, los niños aprenden que la felicidad viene de lo que uno tiene.

Vemos entonces un irresoluble cruce de intereses entre los niños y las corporaciones. “Los chicos necesitan amor, oportunidades para crecer y jugar, comida saludable y protección. Las corporaciones necesitan ganancias” explicó Linn. Las familias solas no pueden contra las grandes corporaciones. Son las regulaciones legislativas sobre la publicidad lo que genera un cambio en el consumo y en la vida diaria de cada niño.

Las cartas envenenadas de Bayer-Monsanto contra México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cerró 2020 prohibiendo la producción de maíz transgénico y la utilización de glifosato. En estos días una investigación publicada en el diario inglés The Guardian saca a la luz la feroz presión que la industria buscó ejercer en el gobierno en vísperas al decreto.

Por: Redacción Bocado

López Obrador puso fin al 2020 con un decreto en favor de la preservación de la soberanía alimentaria mexicana: prohibió de una vez por todas la siembra y cultivo de maíz transgénico (y el consecuente uso de glifosato) en el territorio mexicano. Así, se estableció el último día del mandato del presidente (31 de enero de 2024) como fecha límite de un período de transición que servirá a México para obtener alternativas que “permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y del ambiente”.

Decretado esto, queda claro que el glifosato Roundup, el herbicida más vendido del mundo, creado por la compañía Monsanto hoy en manos de Bayer, permanece afuera del país. Es un gran desafío para México: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que más de un 60% del territorio de producción mexicano utiliza herbicidas químicos.

Lo que a nadie podía escapársele era que la multinacional que hasta hoy, y pese a la clasificación de posible cancerígeno otorgada por el Centro Internacional de Investigaciones sonbre el Cancer (IARC, OMS),  sostiene la inocuidad de su producto, iba a dar batalla.

Hace al menos un año Bayer lidia con el fallo en contra que emitió la corte estadounidense tras una demanda multimillonaria encarada por usuarios del producto hoy víctimas de cancer. Y parece que ese contexto les ha ayudado a pulir sus argumentos a favor del glifosato, todos plasmados en correspondencias secretas sostenidas entre funcionarios del gobierno de Donald Trump y representantes de esa industria.

El periódico The Guardian expuso el martes por la mañana la correspondencia electrónica de la empresa químico-farmacéutica Bayer Monsanto y del lobby de compañías agroquímicas CropLife America con funcionarios de Estados Unidos que tenía como fin presionar al gobierno mexicano para que no llevaran a cabo el decreto que prohibía el herbicida. Estos e-mails fueron obtenidos mediante una solicitud de transparencia por parte de la ONG Centro para la Diversidad Biológica (CBD), y luego compartidos con el medio británico.

Es comúnmente sabido como el lobby industrial entabla una férrea relación con el poder a la hora de resolver sus problemas. Sin embargo, lo que olía a podrido en Dinamarca ahora está expuesto ante todos. Uno de los ejemplos más claros de esto es uno de los e-mails enviados por una representante de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) a un miembro de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) con un planteo crudo: “ver cómo podríamos usar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA) para resolver estos problemas”. Y es mismo Matthew Siordia, director de USMCA, quien había recibido un e-mail pocos meses atrás que indicaba como la industria agroquímica estaba “presionando” a los Estados Unidos para que incluyeran el asunto en el Tratado.

La alarma para la industria química se encendió a finales de 2019, luego de que México rechazara seguir importando glifosato de China. A fin de ese año Stephanie Murphy, ejecutiva de asuntos gubernamentales de Bayer envió un e-mail a una de las directoras de USTR, vaticinando que, si bien de momento los problemas económicos no habían llegado, llegarían en un futuro, y que ya se encontraban trabajando de manera cercana con el Servicio de Agricultura Extranjero (FAS) en la embajada de Estados Unidos en México.  

La alianza es clara. Correspondencia entre el presidente de CropLife y el embajador de USTR hablando de los 20 mil millones de dólares que estarían en riesgo si México avanzaba con el decreto nos demuestran una vez más como el interés económico es lo que rige la relación entre la industria y el poder político. “Le pido a México reevaluar estas solicitudes y otorgar permisos de importación”, decía Lightizer, en ese entonces representante de comercio estadounidense, luego de asegurar que el glifosato tenía un historial de seguridad demostrado.

Así como lo hicieron ahora lo habían hecho en 2019 en Tailandia, con el mismo modus operandi. Cuando los funcionarios de un país que cuenta con un 90% de maíz transgénico sembrado se alían con la industria que lo produce, solo se puede decir una cosa: los lobbies andan sueltos.

Para acceder al artículo de The Guardian: https://www.theguardian.com/business/2021/feb/16/revealed-monsanto-mexico-us-glyphosate-ban

Nutri-Score, el aliado de los ultraprocesados

Un sistema de etiquetado de alimentos significaría, para las grandes marcas de comida chatarra, el peor de los escenarios posibles. Porque un método capaz de exponer las indiscriminadas cantidades de azúcar o calorías que se encuentran en los ultraprocesados notificaría con claridad al consumidor acerca del contenido real de los productos. Entonces, la opción que impulsan es el “Nutri-Score”, un sistema hecho a su medida (e interés).

Por: Redacción Bocado

Nutri-Score es un sistema de etiquetado nutricional compuesto de 5 letras (de la A a la E), cada una con un color asignado en la escala del verde al rojo. Un modelo que,  tomando cantidades de 100g o 100ml, mide los aportes nutricionales positivos de cada producto en contraposición con los negativos para luego encasillarlo en una de las cinco posibilidades de etiqueta. Suena complejo, lo es.

Este sistema, elaborado hace 15 años por la Universidad de Oxford, solo se aplica en productos procesados y envasados. El fin de este tipo de rotulado es notificar al consumidor, con un simple vistazo, en qué categoría se encuentra determinado producto para que así si pueda decidir evitarlo o adquirirlo. Para simplificar con un ejemplo: en Francia el paquete coliflores recibe la mejor valoración (la A, con su respectivo fondo verde), mientras que el jugo para chicos Jafun obtiene una E roja.

Existen cinco modelos de sistemas de rotulados. Meses atrás la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó un documento en el cual explicó por qué el método de rotulado alimenticio mediante hexágonos es el más conciso e informativo entre las opciones existentes. Sin embargo, Nutri-Score es el más popular en Europa.

La Unión Europea no alcanzó un consenso por parte de todos los países en el polémico tema del etiquetado. En Alemania, Bélgica, Holanda, Francia y Luxemburgo ya se aplica el modelo Nutri-Score. En Portugal, Suiza y Austria, compañías como Nestlé y Danone anunciaron que, si bien no había sido reconocido oficialmente, utilizarían ese sistema. En Italia las autoridades han demostrado su oposición al método y España anunció que lo implementaría a partir del primer cuatrimestre del 2021.

Un ejemplo claro de los errores del modo de catalogar de Nutri-Score ha sido el del aceite de oliva. Porque en 2018 le dio la valoración D debido a que 100ml de aceite son, evidentemente, pura grasa. En contraposición, bebidas como la Coca Cola Zero mantenían una A como estatus. Al posicionar injustamente a una de las piedras angulares de la dieta mediterránea en una categoría negativa, el sistema demostró una de sus debilidades porque su gradación pone en totalmente positivo a un producto alto en aspartamo y acesulfamo-K, como es la Coca Cola Zero. Serge Hercberg, uno de los creadores de Nutri-Score, asumió públicamente el error.

De todos modos, este no es el error más grave del sistema en cuestión. El verdadero problema de Nutri-Score radica en su incapacidad de exponer de manera clara y concisa la información que el comprador necesita recibir. Porque de alguna manera, ocultan la complejidad de los ingredientes. Mediante la adición de nutrientes positivos, las productoras de ultraprocesados encuentran eficazmente la manera de esconder (pero nunca disminuir) los sorprendentes niveles de azúcar que abundan en sus productos. Y cuando se aplica el Nutri-Score el comprador jamás sabrá que está consumiendo un producto con altos niveles de azúcar, más bien se sentirá a gusto con su producto catalogado con una B en verde claro, que esconde una trampa.

Un ejemplo de este manejo es la línea BIO de los cereales Chocapic. Catalogados en la clasificación B de la escala de Nutri-Score, cualquier madre pensaría que este es un desayuno correcto para sus hijos. Pero en cada 100g de cereal encontramos 9g de proteína, 7,8g de fibra y 25g de azúcar. Los buenos porcentajes en materia de proteína y fibra opacan en cierto modo las cantidades de azúcar y le permiten obtener una buena valoración. Si en lugar del Nutri-Score al mismo producto se le aplicara el sistema de rotulado alimenticio por hexágonos el paquete tendría la advertencia “alto en azúcares”.

Otra debilidad es que Nutri-Score no establece niveles críticos cada 100g. Vale decir, si un ultraprocesado posee 25g de azúcar cada 100g no resulta un problema en sí y el ingrediente puede ser escondido mediante el suplemento de fibra o proteína, por ejemplo. Se pierde el parámetro cuando el otro sistema no tardaría en colocar un hexágono de advertencia de riesgo independientemente de la cantidad de proteína que este posea. Otro ejemplo ilustrativo: el yogurt Danone de fresa, que también logró mejorar su posicionamiento en el Nutri-Score al pasar de la categoría C a la B luego de disminuir su cantidad de azúcar de 12,5g a 11,9g.

“Natural”, “light”, “artesano” son palabras que la industria ha logrado instalar. Términos que nos hacen pensar que un producto es beneficioso para su salud. Sin embargo, detrás de  esos términos hay estrategias de venta e intereses, no la guía para  la alimentación diaria de un individuo.

El Nutri-Socre, que permite ocultar ingredientes y componentes dañinos, pareciera ser un nuevo avance del mercado. Lo respaldan las empresas que son dueñas de productos aultraprocesados. Tal vez por eso no informa al consumidor sino que lo pierde en un semáforo de cinco colores que no exponen la verdad con crudeza.

No más chatarra en las escuelas de Yucatán

México es el país que más padece los estragos del sistema alimentario: una población cada vez más enferma por lo que come (y por lo que no come). Pero es también el país que más y mejores políticas públicas está aprobando. Desde un etiquetado claro a nivel nacional hasta la prohibición de vender comestibles y bebidas a niños en siete Estados. La última medida es la “expulsión” de la comida chatarra de las escuelas de Yucatán.

Por: Redacción Bocado

Los datos son alarmantes. En Yucatán se han registrado casos de hipertensión arterial en chicos de entre 6 y 12 años, situación aterradora que resulta peor aún al asociarse con la tasa de obesidad. Porque según la Organización Mundial de la Salud (OMS), México es uno de los países con mayor índice de obesidad a nivel mundial — un 70% de su población con ese padecimiento — y Yucatán, uno de los 32 estados que lo conforman, una de las zonas donde las estadísticas generan mayor preocupación.

Para combatir la obesidad, indica la OMS, hay que comenzar desde edades tempranas porque los niños con sobrepeso poseen mayores probabilidades de luego ser adultos obesos. Y en México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) registró un crecimiento de 7.8% a 9.7% en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años, entre los años 1988 y 2012.

Se suman a los inquietantes datos ya mencionados que 1.2 millones de los menores de 5 años que viven en ese país presentan anemia crónica y 12,7% padece desnutrición crónica, según los datos proveídos por los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) entre 2012 y 2018.

Desnutrición, anemia, hipertensión, obesidad y sobrepeso son preocupantes padecimientos, y más si nos referimos a la realidad de preescolares. Tanto que las autoridades han aprobado medidas importantes de observar. Así como a nivel nacional dieron luz verde a un sistema de rotulado de alimentos que perfeccionó a su antecedente chileno, los gobernantes de varios estados mexicanos están dando más pasos todavía.

En Yucatán, el congreso local reaccionó ante los datos. El 26 de noviembre modificó su Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad con un agregado tajante: prohibió la distribución, venta, regalo y suministro de alimentos y bebidas no alcohólicas con exceso de sodio, grasas y azúcares en las escuelas de nivel preescolar y primaria. Es decir, prohibió que se entreguen productos ultraprocesados a niños y niñas menores de 12 años.

La medida resulta importante porque la escuela es la segunda casa de cada niño. Lo dice el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), ya que según sus datos los menores consumen el 50% de sus calorías diarias dentro del ambiente escolar.
Pero los cambios impulsados por el gobierno de Yucatán van todavía más allá: ordenan que las escuelas de educación básica fomenten competencias deportivas y buenos hábitos alimenticios; y promueven el consumo de agua potable o la ingesta de productos orgánicos cosechados por los mismos alumnos (aunque es sabido que son pocas las escuelas con bebederos y menos las que venden frutas o verduras). Otra nueva regla dictada por el gobierno de Yucatán es que los alumnos de la Licenciatura en Nutrición podrán poner sus servicios a disposición de la educación básica, con la posibilidad de hacer un seguimiento personal a los alumnos. El fin, prevenir casos de obesidad o desnutrición y, llegado el caso, tratarlos con precisión.

Yucatán está dejando claro en qué se enfoca. Demostrados sus índices altísimos de obesidad, combate a esa realidad con medidas concretas. Los objetivos se ven claros: concientizar y prohibir aquellos alimentos dañinos para el cuerpo desde edades tempranas. Es decir, formar a personas saludables.

Por qué la industria alimentaria adora las lupas de Brasil



Por: Bocado | Argentina

Un comprador tarda seis segundos en hacer una elección en la góndola. En este corto lapso los mensajes en los productos son un misil: inducen o frenan la compra.

Por eso, desde que existe el supermercado como espacio de consumo alimentario, los productos tienen publicidad en sus etiquetas. Y la gente compra y luego de comprar come (o invita a comer a bebés, a niños). Las elecciones comandadas por la publicidad no tendrían nada de malo si no fuera porque la población hoy muere más por la comida que por el cigarrillo. La combinación de azúcar, grasa, sal, calorías vacías, edulcorantes, todo maquillado con aditivos que rellena los paquetes nos está matando.

Frente a este panorama, los rotulados frontales de advertencia surgen como un intento de procurar verdad: una mediación entre lo que ofrece la marca y lo que realmente da. Un derecho: acceso a la información y, con ella, a la salud.

De acuerdo con estudios realizados en varios países de la región, los octágonos negros resultaron ser el rotulado de advertencia más claro, rápido y preciso para desalentar el consumo de los comestibles y bebidas más problemáticos. Desde que Chile lo puso en juego en 2016, lo adoptaron después Perú, Uruguay y México. Sin embargo, hay un país que tomó otro rumbo: Brasil, que se aventuró en un rotulado que nadie había probado antes, las lupas.

Un signo de menor tamaño que los octágonos — tan chiquito que se necesita una lupa de verdad para encontrar y entender qué dice la lupa impresa —; un dibujo complejo de descifrar y, por ende, de menor impacto. Algo tan complejo que, en los seis segundos frente al producto, probablemente el consumidor podría pasar por alto. “Más blanco que negro — explicaría un diseñador —, es menos intenso”. “Más amable”, dice la industria en defensa de un modelo que la mayoría de los países ha descartado.

Por otra parte, mientras que el octágono remite a señales viales que en todo el mundo significan “alto”, la lupa indica para el lector una invitación, un esfuerzo: deténgase,vamos a ver.

Tan favorables son las lupas para las empresas alimenticias que en Brasil quien primero la aplaudió fue la Rede Rotulagem, un grupo compuesto por 21 entidades que incluye asociaciones de supermercados, industrias lácteas,industrias cárnicas y farináceos. “El modelo aprobado por ANVISA (la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) cumple los objetivos propuestos desde el inicio del proceso normativo”, dijeron los portavoces de las grandes industrias.

Pero no han aclarado cuáles objetivos supuestamente cumplen las lupas.

De hecho, oficialmente en los debates que se han dado en el país, se ha aclarado bastante poco. ANVISA comenzó a hablar de rotulados en 2014, cuando Brasil publicó una versión actualizada de la Guía alimentaria. Con ese documento la directriz que daba el país a la población era tan clara como problemática para las marcas: “Para estar saludables hay que evitar los ultraprocesados”, decían las guías. Desde ese momento la industria se sentó a la mesa para intentar cambiar la directiva científica.

En ese contexto y luego de evaluar todos los rotulados que hay en el menú — desde los semáforos que tiene Ecuador, hasta el sistema NutriScore promovido por la industria láctea e implementado en algunos países de Europa, hasta los octágonos que tanto éxito mostraban en los estudios — eligieron las lupas: el rotulado menos probado, menos efectivo y por eso menos inconveniente para el negocio de vender ultraprocesados.

Se espera que las lupas lleguen a los supermercados brasileros en 2022. Sin embargo los estudios que se hicieron hasta ahora muestran que si el objetivo de un rotulado es ayudar a hacer elecciones informadas en la góndola, no lo cumplen. En una investigación canadiense con una muestra de 11.000 participantes, sólo el 12.7% de las personas identificó a las lupas como buen sistema mientras un 37% consideró que los octágonos eran más efectivos, mientras un 33.9%. opinó en favor de otros modelos con formas de alerta y un 15.6% dijo no saber al respecto.

Pero no es solo la parte gráfica lo que falla en Brasil, el modelo de las lupas también está tomando un perfil de nutrientes “débil”. Esto es, cómo se evalúa que un ingrediente sea excesivo. Si el límite permitido para entender un exceso de azúcar por ejemplo es laxo, permite que muchos de los alimentos que son nocivos para el consumidor puedan salvarse de ser rotulados. Eso es lo que ocurre con el sistema elegido en Brasil: es más blando que otros. El de la OPS (Organización Panamericana de la Salud)por ejemplo que ha sido el parámetro para el etiquetado en México, y que ha sido incorporado al proyecto de ley de rotulado que se debate por estos días en Argentina.

En Brasil la industria tomó tanto protagonismo en el debate legislativo que incluso se obturó la posibilidad de que hubiera dos instancias de aplicación de la norma, una más permisiva — aplicada para darle un tiempo de adecuación a las marcas — y otra más estricta — que hoy ya no existe más.

El perfil de nutrientes más débil posible y un signo de difícil interpretación: eso milita la industria y en Brasil lo está consiguiendo.

Según trabajos comparativos si se aplicara el perfil de la OPS un 61% de los productos de la góndola quedarían rotulados. Mientras que con el perfil aprobado por ANVISA la medida solo alcanzará al 41%.

Así, por ejemplo el polvo para leche chocolatada Nescau, a pesar de contener 13 gramos de azúcares agregados, no llevará el signo “exceso de azúcar agregada”. Y las galletitas Club Social estarán libres de portar un alerta de “altas en grasas saturadas”.

“Argentina debería seguir el camino de Brasil”, exigieron distintos representantes de la industria en estos días en que el etiquetado de alimentos se debate en el parlamento argentino dejando claro hacia dónde están orientando en este momento sus armas.

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¿La industria de comida chatarra es una amenaza a la democracia?

Por João Peres, de Bocado

Un documento lanzado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de Colombia, y por la organización El Poder del Consumidor, de México, lo dice claramente: los fabricantes de ultraprocesados amenazan la democracia al frenar la acción del Estado en políticas públicas que pueden salvar vidas.

El estudio “La interferencia de la industria es nociva para la salud” pasa en limpio las estrategias adoptadas por corporaciones como Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, Bimbo y Danone en los países que crearon sistemas de alerta sobre el exceso de sal, grasas y azúcar.

No es casualidad que ese modelo de etiquetado, en forma de alertas, haya sido creado en Chile y desde entonces haya sido analizado por otros países de América Latina: desde 1990 la región tiene una de las situaciones más graves en cuanto a  las enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer). Y en  la última década, los gobiernos han buscado medidas para desestimular el consumo de ultraprocesados e incentivar recetas  tradicionales con base en alimentos frescos.

El documento establece una presunción importante: “La industria, apoyada en su poder económico y su influencia social y política, pasó de ser un actor económico a un interlocutor autorizado, a pesar de su falta de credenciales fiables, en materias de salud pública.” De eso derivan dilemas éticos y políticas incoherentes como la que está siendo adoptada en Brasil.

No es casualidad que ese modelo haya sido creado en Chile y desde entonces haya sido analizado por otros países de América Latina (Foto: Miguel Tovar. Bocado)

Desde el inicio de la discusión sobre la creación de un nuevo sistema de rotulado frontal en ese país, en 2014, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) puso en la misma mesa a investigadores en salud pública, organizaciones no gubernamentales y fabricantes de ultra procesados. El peligro de la igualdad jerárquica se hizo más y más evidente a lo largo de los años, cuando Anvisa acabó por posicionarse a medio camino entre las presiones privadas y la salud pública. Al final, Brasil tendrá un sistema de rotulado que no está basado en las mejores evidencias científicas

El documento lanzado esta semana desde Colombia y México muestra sobre cuáles países  consiguieron aplicar el etiquetado. Mirando a Chile, Perú, Uruguay y México, el estudio enumera once estrategias utilizadas para frenar, retrasar o debilitar la opción del poder público sobre el rotulado.

Para analizar a fondo las prácticas adoptadas, se pueden revisar las páginas 72 y 72 del informe. 

  • En Colombia, el proyecto de ley orientado a la adopción del sistema de alertas ya está en el tercer intento de tramitación. Diputados y senadores sencillamente no permiten que la propuesta avance. El documento muestra cómo la industria de bebidas azucaradas se volvió la principal financiadora electoral de los mayores partidos políticos.
  • Si nada funciona, hable con el Presidente de la República: esa ha sido una estrategia exitosa en muchos lugares En Colombia, destaca el estudio, el acceso de la industria a Iván Duque fue fundamental. En Uruguay, el presidente Luis Lacalle firmó un decreto con el cual retrasa la adopción de los sellos, que debería haberse iniciado en marzo. Y puedo agregar: en 2018, la Asociación Brasileña de la Industria de Alimentos (Abia) accionó directamente al ex presidenteMichel Temer, y obtuvo dos reuniones en dos días, lo que es un logro notable al tratarse de un Presidente de la República. En esa época, Temer amenazó intervenir, lo que afecta la autonomía administrativa garantizada a Anvisa.
  • En Perú hubo un intento de aprobar una nueva ley, anulando la adopción de alertas y beneficiando un sistema más débil, es decir de acuerdo al  interés de la industria. La ofensiva fue coordinada por Keiko Fujimori, del partido mayoritario Congreso Fuerza Popular, que fue al Presidente Martín Vizcarra. Una situación auto explicativa: si Fujimori es la líder de su brazo de lobby, eso dice mucho sobre quién es.
  • Dice el documento: “Coca Cola es una de las empresas más activas en el bloqueo de las políticas de salud que pueden afectar los intereses de la industria de comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas. En el caso de México es sumamente activa y sus acciones se potencian en su alianza con FEMSA, la empresa embotelladora de Coca Cola más grande del mundo.”
  • El uso de amenazas económicas es un eje común a todos los países analizados. Se argumenta que la medida viola las reglas de libre comercio previstas por la Organización Mundial de Comercio, aunque este ya haya dicho que cada país tiene autonomía para definir su propio rotulado. El uso del Mercosur para presionar a Uruguay es narrado en una serie de videos que publicamos en el canal de Bocado en YouTube.

Además del relato acerca de las interferencias, el documento define una agenda concreta para prevenir el problema. Y esa es una de las partes más interesantes, sin duda, porque apunta al punto inicial: se trata de un conjunto de medidas que recolocan a la industria en el papel de sector regulado, y no de formulador de las propias reglas.

Dice, por ejemplo, que debería terminar “la falta de control sobre las actividades de cabildeo para favorecer el lucro privado, la posibilidad de llevar a cabo reuniones a puerta cerrada y sin registro, la posibilidad de financiar campañas políticas, la falta de regulación a las puertas giratorias, o la contratación de grandes firmas de abogados con estrategias legales a gran escala contribuyen a generar ambientes propicios para que malas prácticas de la industria queden en la impunidad o sean desconocidas para el grueso de la población.” 

El documento presenta medidas que deberían ser tomadas por diputados y senadores; ministros, secretarios y presidentes; como también jueces y fiscales, en el intento de evitar la acción indebida de la industria. Una de las recomendaciones más interesantes es la adopción de un protocolo de relacionamiento entre autoridades y  fabricantes de ultra procesados que dé transparencia a ese punto. Entre otras, prevé que:

  • ex funcionarios privados que ahora ocupan cargos públicos no se involucren en la discusión de medidas de interés del sector;
  • no participen  en eventos promocionados por la industria para discutir políticas públicas;
  • exista registro escrito de cualquier integración con agentes privados, dejando clara la intención de la conversación.

Es difícil encontrar, entre las recomendaciones, un punto en el cual Anvisa, de Brasil, no haya fracasado. Directores e integrantes de la Gerencia General de Alimentos participaron de una serie de eventos promocionados por el sector privado. Tuvieron reuniones a puertas cerradas cuyo contenido solamente fue revelado porque logramos acceso a las actas (y en una de ellas, un ex director señalaba la posibilidad de adoptar un sistema de preferencia de las corporaciones, algo que nunca había mencionado en público).

Pero más allá  de toda la agenda de recomendaciones, existe un paso simbólico que parece difícil de lograr  en buena parte de los países de América Latia: desnaturalizar el poder de las corporaciones para  moldear la acción del Estado. Varios de nuestros gobiernos están repletos de agentes que migran directamente de empresas a cargos estratégicos de intereses del sector en el cual trabajaban (y viceversa). La lógica de que esas fuerzas privadas son espontáneamente benéficas está profundamente arraigada en nuestras sociedades.

Marcados

Marcados

por Kennia Velázquez • México
fotos Kennia Velázquez
Publicado el 29 septiembre 2020

En los pasillos de los supermercados comienzan a verse sellos negros en algunos alimentos. Sellos que son calcomanías pegadas pero también son mucho más, una marca inocultable. La gente los toma, los analiza. Hay asombro y decepción al ver que sus productos favoritos tienen uno o hasta cuatro octágonos que les advierten ¡exceso de azúcares, grasas o sodio! Rápidamente su mirada se mueve hacia otra parte de la estantería, buscando opciones.

El descubrimiento de los contenidos ocultos en la comida ultraprocesada, los llamados nutrientes críticos, ha provocado cientos o tal vez miles de mensajes en redes sociales. “Esta advertencia me hizo reaccionar como si fuera veneno para mi niña (que en realidad lo es), y simplemente cambié de opción de inmediato. Está excelente que se advierta la nocividad de los productos”, dice un tuit de un padre de familia acompañado con imágenes de frituras marcadas con el nuevo etiquetado frontal que tienen los alimentos en México.

Y no es el único. Gente sorprendida, no sólo por los sellos en la comida chatarra, sino por los que encuentran en productos que, antes de tener etiquetas, consideraban como saludables: las barritas que suelen consumirse como colación o el amaranto con chocolate, aderezos para ensaladas, o productos ofertados para personas con diabetes que no contienen azúcar pero sí son altos en grasas saturadas. Muchos alimentos que parecían – o se vendían como – saludables, ahora están marcados con octógonos.

Desde que inició el confinamiento por la pandemia de Covid-19, el subsecretario de salud Hugo López Gatell realiza conferencias de prensa a diario. No hay día en que no mencione los efectos adversos que produce el consumo de comida chatarra y refrescos – a los cuales ha llamado “veneno embotellado”- y cómo se relacionan con el nuevo Coronavirus que a la fecha ha provocado la muerte de más de 75 mil mexicanos.

Sus declaraciones cotidianas han provocado enardecidos debates en redes sociales; columnistas han criticado la postura del funcionario a la que califican de “ideológica”; las cámaras empresariales han dicho que se estigmatizan sus productos y han pedido que se frene la medida que entrará en vigor en octubre. Piden que no existan etiquetas bajo pretexto de la gran crisis económica que provocaría la regulación, pero sin tomar en cuenta la crisis de salud que ya está aquí.

Más allá de posturas que responden a diversos intereses, en redes como en tienditas y hasta en la mesa familiar, los mexicanos están discutiendo sobre lo que comen y beben. Debaten sobre su derecho a saber y sobre el papel del Estado en la alimentación, temas que al menos hasta principios de 2020 no parecían tener relevancia hasta la llegada tanto de COVID-19 como de los sellos.

Pero el camino hasta aquí no fue fácil. Fue atropellado. En el año 2000, el llamado gobierno de la alternancia, fue encabezado por el entonces presidente derechista Vicente Fox, ex CEO de Coca Cola quien agradecido por el apoyo a su campaña presidencial apoyó a la refresquera y ésta creció como nunca antes. Lo mismo pasó con sus sucesores. En la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) la industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas se sentaban en la misma mesa que los altos funcionarios, quienes toman las decisiones. Y en esas mesas se  impedía cualquier medida que atendiera la grave situación de obesidad y enfermedades crónicas, como un impuesto más enérgico a bebidas con alto contenido calórico o un etiquetado claro.

Y no sólo frenaron cualquier regulación, además invirtieron grandes sumas en financiar “estudios científicos” que hacían ver a sus mercancías como inocuas y subsidiar a asociaciones médicas que promueven sus productos, confundiendo al consumidor que confía en las recomendaciones de su nutricionista. 

Fueron más allá, mucho más allá. Hubo espionaje a los activistas independientes de la industria. Si bien no se ha  probado aún la participación directa de compañías, es un hecho que desde el Estado y por medio del software -o malware- Pegasus se espió en 2014 a personas clave en la lucha por impuestos a bebidas azucaradas. Espiaron a Luis Manuel Encarnación, entonces coordinador de la Coalición Contrapeso; Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y al doctor Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública. Calvillo y Barquera enfrentan ahora ataques de las asociaciones refresqueras por impulsar el etiquetado y hablar de la evidencia científica del daño que provocan dichas bebidas. 

Esta advertencia me hizo reaccionar como si fuera veneno para mi niña (que en realidad lo es)

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Muchos alimentos que parecían – o se vendían como – saludables, ahora están marcados con octógonos

Mal de muchos

México es el mayor consumidor de comida chatarra de América Latina, el primero en obesidad infantil (y el segundo en adultos). Y es que este tipo de productos se encuentran en todos lados: en la fila de las cajas de los supermercados, en todas las tienditas de los barrios, en las escuelas y hasta en las farmacias. “Carga 9 dólares de gasolina y llévate gratis una bolsa de botanas”, “Por sólo 50 centavos de dólar extra crece tu refresco al doble”, son algunas de las promociones que diariamente nos bombardean en los espacios habituales. Está tan normalizado el consumo de estos productos que es inimaginable una reunión sin tener tres o cuatro botellas de 3 litros de refresco y bolsas gigantes de frituras.

México tiene un gran problema de alimentación.

Ahora, a partir de octubre, en teoría todos los productos que lo requieran deben contar con etiquetas con forma de octágono que advierten del exceso de azúcar, grasas y sodio pero también alertan sobre los riesgos de que los niños ingieran productos con cafeína y edulcorantes. Un etiquetado más potente que su antecesor, el logrado en Chile en 2016. 

La gravedad del problema hizo que dos estados prohibieran la venta de comida y bebidas chatarra a menores de edad; y la regulación podría multiplicarse en breve porque 17 congresos locales, de provincias, están estudiando iniciativas similares.

De avanzar las iniciativas en las 17 entidades, sería un avance importantísimo para los defensores de la salud, para la industria, se pondría en riesgo su mayor mercado pues los productos ultraprocesados estarían en el mismo nivel de daño que el alcohol y el tabaco. 

En América Latina, pareciera que fue necesario sufrir la peor pandemia de la era moderna para que una parte de la población escuchara advertencias con años de historia. Pareciera que apenas ahora, en los tiempos Covid, muchos escuchan lo que que desde hace años venían alertando  profesionales de la salud, activistas y académicos. Pareciera que recién ahora lo entendimos la mala alimentación mata.

 

México está en una situación delicada, pero también otros países. El mal afecta y acecha a toda la región. Desde hace tiempo, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido que la alta incidencia de diabetes, hipertensión y padecimientos renales pone en riesgo a una de cada tres personas en el continente -alrededor de 186 millones de latinoamericanos- que podrían enfermar gravemente de COVID-19. Hay que sumar otra de las principales comorbilidades, el sobrepeso, que en la región afecta a un 8% de los menores de 5 años, 28% de adolescentes, 53% de hombres y 61% de las mujeres. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que el 82 por ciento de las muertes en América Latina y el Caribe fueron a consecuencia de las enfermedades cardiovasculares y cáncer. Se calcula que en la región hay 41 millones de personas adultas con diabetes y la mitad no lo sabe, por lo que no podrá atenderse adecuadamente. Las muertes atribuibles a altos niveles de glucosa en la sangre aumentaron en la región 8% entre 2010 y 2019.

Antes de que el SARS-CoV-2 pusiera en jaque a los sistemas de salud del mundo, se preveía que serían las enfermedades no transmisibles las que lo colapsarían. Con ambas pandemias coexistiendo, la urgencia es mayor.

Chile fue el primer país latinoamericano en lograr el etiquetado en 2016, tres años después se redujo en un 25% el consumo de bebidas azucaradas. Perú fue el segundo, un estudio de hábitos indica que el 37% de los habitantes de Lima dejaron de consumir productos con octógonos. En plena cuarentena, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual declaró como barreras burocráticas ilegales a los sellos establecidos por el Ministerio de Salud, un hecho en el que hubo interferencia de la industria. Otra sala del mismo instituto apeló esta decisión, al día de hoy no se ha definido el futuro del etiquetado peruano, por lo pronto, los octógonos deben seguir apareciendo en los empaques.

Uruguay va en el mismo sentido, aunque con dificultades. Ordenó sellos que debían comenzar a pegarse el 1 de marzo, pero el cambio de gobierno lo postergó hasta febrero de 2021. Algunas de las razones que arguyen es esperar que se “armonicen” las normas de etiquetado con los demás países del Mercosur, aunque activistas denuncian es una práctica dilatoria porque este tipo de definiciones podría tardar hasta 6 años. 

 

Argentina y Brasil son dos países que llevan años intentando que las etiquetas lleguen a supermercados y tiendas. Como en Uruguay, la pertenencia al Mercosur también ha servido de pretexto en Argentina para no discutir la medida, más las piedras que va poniendo la industria, igual que ocurrió en México. ¿Por qué tanto esfuerzo por frenarlo? “El etiquetado es una puerta de entrada, una vez que lo tienes estableces cuáles son los productos saludables y cuáles no lo son”, explica Luciana Castronuovo, coordinadora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Actualmente en el país hay 45 iniciativas en discusión en diversos espacios de gobierno.

Brasil, un actor importante en la región, lleva 6 años trabajando para tener un etiquetado. También ha intentado impulsar el impuesto a bebidas azucaradas siguiendo el ejemplo de México y regular la publicidad, pero la “interferencia de la industria impide que se avance en el tema”, lamenta Ana Paula Bortoletto, integrante del Instituto brasileño de defensa del consumidor (Idec).

Pero aún tiene esperanzas: “Que más países estén trabajando en esto puede ayudar a que se aceleren estas medidas en la región por ejemplo, al entrar en vigor el etiquetado en Uruguay hace necesario discutir estas políticas porque eso ayudaría a reducir las barreras comerciales, las empresas son las mismas que trabajan en nuestros países.”

Es una batalla muy grande para la industria mundial, si América Latina adopta esta estrategia es muy serio para el mundo entero

El tema avanza, se cuela. Pese a los millonarios intentos de la industria, la necesidad de tomar medidas para regular el consumo de comida chatarra está en la mesa de las discusiones, ineludible. 

En Costa Rica ya se presentó un proyecto de ley con un etiquetado similar al chileno. En República Dominicana, durante la campaña electoral el colectivo la Alianza por la Alimentación Saludable convocó a los candidatos presidenciales a asumir el Compromiso por una alimentación saludable que entre otras medidas incluye un etiquetado correcto. En Colombia, la Red PaPaz pidió al Estado un etiquetado frontal y claro de advertencia, iniciativa que está siendo revisada por el Ministerio de Salud. La directora de la organización no gubernamental, Carolina Piñeiros, ve un creciente interés de los colombianos por saber qué consumen y de a poco hay legisladores que van apoyando estas iniciativas. Además, la ciudad de Bogotá está discutiendo la prohibición de venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en los colegios.

Como en un juego de estrategia, la industria presiona. Sin embargo, América Latina se mueve. Cuando se implementó el etiquetado en Chile los productores de comida chatarra “pensaron esta es la excepción, no va a ser la regla”, recuerda Enrique Jacoby, ex viceministro de Salud de Perú. Y en cada país en el que se ha discutido el tema, han encontrado resistencia. La industria ha intentado impedir las etiquetas claras. Por eso la batalla mexicana es fundamental: “La importancia y la expectativa que la región tiene con México es que ayude a inclinar una balanza, es una batalla muy grande para la industria mundial, si América Latina adopta esta estrategia es muy serio para el mundo entero.”

La batalla está en todos los frentes. En los gobiernos, en los congresos, pero también en las calles. Porque la comida chatarra no ha dejado de venderse, siguen las tienditas a reventar de bolsas y paquetes que son bombas de tiempo. 

Y la industria pelea con todo: durante el confinamiento ha aprovechado para hacer mercadeo “donando” sus productos, insumos de higiene y equipo al personal médico. Sólo en México se han contabilizado al menos cien donativos. Mientras intentan frenar impuestos, etiquetado y toda medida en favor de la salud, se publicitan como empresas supuestamente comprometidas con la salud. Más distópicas que el tiempo pandémico en sí, las imágenes de estos días: Coca Cola regalando refrescos a los médicos que atienden a enfermos de Covid, graves por padecer diabetes, sobrepeso y obesidad.

Pero también hay buenas noticias desde un frente, las redes sociales. Porque ahí,al parecer, la industria va perdiendo una batalla. Al día de hoy no he visto ni un solo mensaje de alguien lamentándose porque los sellos le hayan quitado la venda de los ojos y sí he visto a muchos celebrando que podrán ejercer su derecho a saber.

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Que la industria nos guie

En Brasil, desde el año 2014, la industria de comida chatarra intenta revocar el documento del gobierno que recomienda evitar alimentos ultraprocesados. Ahora se suma el propio gobierno, que otra vez pelea contra la ciencia al afirmar que una dieta a base de alimentos frescos es ‘peligrosa’.

Por Guilherme Zocchio

Elegido con la promesa de destruir todo lo que hicieron sus antecesores, Jair Bolsonaro ensaya ahora la realización de un antiguo sueño de la industria de alimentos: hacer caer la Guía Alimentaria para la Población Brasileña. El documento, publicado en 2014, se volvió una referencia global al emitir un mensaje claro: eviten alimentos ultraprocesados.

Ha sufrido muchos ataques y la ofensiva ganó un capítulo inédito esta semana cuando la ministra de Ganadería, Agricultura y Abastecimiento, Tereza Cristina, solicitó al Ministerio de la Salud la revisión de la guía. En la Nota Técnica nº 42/2020, funcionarios refutan argumentos contenidos en la guía. Se trata de un documento interno del gobierno, que obliga al Ministerio de Salud a contestar todos los elementos. 

La nota técnica se centra especialmente en la clasificación de alimentos llamada NOVA. Esa clasificación se basa en la teoría que divide a los alimentos de acuerdo con el grado y el propósito de procesamiento; teoría que creó el concepto de comida ultraprocesada. Se considera un marco en los estudios de nutrición y salud a nivel mundial e hizo caer ideas como la de la pirámide alimentaria.

El equipo de O Joio e O Trigo conversó con uno de los autores de la nota quien, a su vez, confirmó que fue elaborada a solicitud expresa de la ministra Tereza Cristina.

El documento está dirigido al ministro de la Salud, el general Eduardo Pazuello, y fue enviado a su consideración el lunes 14 de septiembre. Dice que “la clasificación NOVA es confusa, incoherente y perjudica la implementación de directrices adecuadas para promover la alimentación adecuada y saludable a la población brasileña”.

Además, la nota enfoca sus críticas en el concepto de alimento ultraprocesado. Afirma que la determinación de este ítem “por medio del conteo del número de ingredientes (frecuentemente cinco o más) parece algo cómico”.

“Las recetas domésticas que utilizan varios ingredientes no pueden en ninguna hipótesis ser rotuladas de esa manera, lo que demuestra un evidente ataque sin justificación a la industrialización”, añade el documento diciendo, también, que una dieta a base de alimentos in natura puede ser “peligrosa”.

La ministra de Agricultura, Tereza Cristina, y Jair Bolsonaro: siempre abiertos al lobby del agronegocio y de la industria de ultraprocesados

En su versión original, la Guía Alimentaria cita 110 veces el término ultraprocesado, iniciando con una presentación del concepto y retomando diversas veces. No se comparan preparaciones culinarias caseras con aquellas que pasan por procesos industriales estas, sí, consideradas ultraprocesadas.

El documento del Ministerio de la Salud hace uso de casos concretos para ilustrar el concepto. Cita fideos instantáneos, yogures saborizados, panes, snacks y galletas industrializadas, platos congelados, entre otros, como buenos ejemplos para identificar qué es un alimento ultraprocesado.

Además, la Guía Alimentaria para la Población Brasileña es una referencia internacional. Es considerada por investigadores y profesionales de la salud como uno de los más accesibles y amplios documentos con recomendaciones sobre comer de forma saludable. No sólo habla sobre evitar ultraprocesados, como también abarca el concepto de sistemas alimentarios justos y sostenibles como clave para una alimentación saludable.

En todo el mundo, la clasificación NOVA, en la cual se fundamenta la Guía Alimentaria, ya fue citada en diversas bases de datos científicas, en la plataforma PubMed aparece más de 400 veces. En este año solamente, cuatro publicaciones científicas revisan las evidencias disponibles sobre la asociación entre el mayor consumo de ultraprocesados y enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y riesgo de muerte.

Una solicitud de la industria

La industria de ultraprocesados nunca estuvo feliz con la Guía. Arthur Chioro había acabado de asumir el cargo de ministro de Salud, en febrero de 2014, cuando fue a un evento en Brasilia. Lo que se creía que sería apenas un momento relajado se convirtió en una reunión de improviso con Edmundo Klotz, el entonces presidente de Abia, la Asociación Brasileña de la Industria de Alimentos.

“Él me trajo una libreta. Una encuadernación muy bonita. Era algo que, al abrir el cajón de mi escritorio, reconocería al instante… Algo que realmente destacaba”, recuerda Chioro. Recuerda tres puntos claves en el planteo de la industria, tres ítems que no querían siquiera negociar, y uno era la Guía Alimentaria: exigían “que no se publicase, en ninguna hipótesis”.

Sucesivos ministros fueron blanco de investidas de Abia en un esfuerzo para revocar el documento. Defensores de las directrices siempre lograron frenarlas. Pero ahora, cuando los principales cargos del ministerio están ocupados por militares que no entienden nada de salud, mucho menos de alimentacion, una nueva ofensiva se abrió. Esta vez involucrando directamente al Ministerio de la Agricultura.

El Ministerio de Agricultura niega que el documento haya sido enviado al Ministerio de Salud. Pero la firma digital indica una fecha de envio. “El tema está siendo discutido internamente”, dice la asesoría de prensa. “Los textos que circulan en redes sociales son borradores de documentos internos. Sugieren la revisión de la guía, incorporando entre otros temas la participación de ingenieros de alimentos en la actualización del documento.”

Uno de los argumentos utilizados en la nota técnica dice que la Guía “disminuye la autonomía de las elecciones alimentarias sin informar correctamente qué es más importante para una alimentación adecuada y saludable”. Para el buen entendedor, media palabra basta. Esa afirmación es la misma usada de manera recurrente por representantes de la industria de alimentos.

En más de una ocasión, presenciamos a integrantes de Abia expresando críticas semejantes o declarando que el documento sobre alimentación necesitaba ser revisto, especialmente en relación a la clasificación NOVA, exactamente lo que dice la nota técnica.

El presidente-ejecutivo de Abia, João Dornelles, ya usó públicamente el mismo argumento “cómico” utilizado en la nota del ministerio. Erróneamente, dijo que un pastel de maíz casero, al tener más de cinco ingredientes, podría ser considerado un ultraprocesado, de acuerdo con la Guía.

Dos meses antes de que el documento del ministerio se hiciera público, Dornellas se reunió con la ministra Tereza Cristina. La pauta del encuentro era la Revisión de la Guía Alimentaria de la Población Brasileña, como bien apuntaron las reporteras de ‘Outra Saúde’, Maíra Mathias y Raquel Torres.

Conflictos de interés

Otra información relevante anticipada por Outra Saúde es la de que, para fundamentar el pedido de cambios en la Guía, los autores de la nota técnica del ministerio utilizaron solamente referencias bibliográficas atestadas de conflictos de intereses. 

Uno de los artículos fue escrito por investigadores que ya declararon haber recibido financiación de organizaciones financiadas, a su vez, por la industria de alimentos – como el Institute of Food Technologists (IFT), que tiene a Coca-Cola entre sus financiadores. Otro está en Brasil Food Trends, una publicación del Instituto de Tecnología de Alimentos patrocinado por Nestlé, Danone y, también, claro, Coca-Cola.

Otra fuente de información de la nota es el Instituto de Tecnología de Alimentos (Ital), que tiene un manual específicamente destinado a criticar a la Guía y es vinculado al Gobierno del Estado de São Paulo. 

La interferencia del Ministerio de Agricultura sobre un tema que le corresponde al Ministerio de la Salud, ha hecho saltar otra alarma. Sugiere un intento de la oficina que lidera Tereza Cristina por apropiarse de políticas públicas relacionadas a la alimentación, de la misma manera en que se dividen los ámbitos en los Estados Unidos.

En la tierra del Tío Sam, cabe al USDA , el Departamento de los Estados Unidos de Agricultura, definir las directrices sobre alimentación adecuada y saludable, organismo en el cual la independencia científica no es exactamente uno de los pilares para decisiones políticas. En los últimos años, una serie de directrices del órgano norteamericano han demostrado que es susceptible a estudios manchados por conflictos de intereses.

El Núcleo de Investigaciones Epidemiológicas en Nutrición y Salud de la Universidad de São Paulo (Nupens/USP), responsable por la elaboración de la clasificación NOVA y uno de los coordinadores del proceso de elaboración de la Guía Alimentaria para la Población Brasileña, publicó una nota oficial, este jueves 17 de septiembre, contra argumentando el documento del Ministerio de Agricultura.

Nupens discurrió punto a punto las afirmaciones de los técnicos de Agricultura e hizo un llamamiento para que el Ministerio de la Salud no acepte la solicitud. “Ante la fragilidad e inconsistencia de los argumentos presentados en la Nota Técnica del Ministerio de Agricultura y de la absurda e irrespetuosa evaluación de la Guía Alimentaria brasileña, confiamos que el Ministerio de la Salud y la sociedad brasileña sabrán contestar a altura lo que se configura como un inaceptable ataque a la salud y a la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro pueblo”. 

En tiempos de reforma administrativa y con Jair Bolsonaro  como presidente de la República, en Brasil todo puede ocurrir.